Casen, pobreza y políticas sociales . Sergio Micco, Andres Velazco

La pobreza en Chile nos preocupa a todos. La publicación de las cifras de la encuesta Casen 2009 es una oportunidad para entender mejor las causas de la pobreza y avanzar en su reducción. Pero a juzgar por la gran parafernalia comunicacional y las interpretaciones entregadas, el Gobierno parece estar más interesado en sacar ventajas políticas.

El Presidente Piñera planteó que los resultados de la encuesta son una prueba del fracaso de las políticas aplicadas en Chile y de la ineficiencia del gasto social. Tal conclusión es incorrecta.

El incremento en el porcentaje de pobreza tiene una causa principal: un tremendo salto en el precio internacional de los alimentos. La canasta básica usada para medir la línea de pobreza subió 36% entre 2006 y 2009, mientras el índice de precios al consumidor creció 14%.

El salto en el precio de los alimentos fue tan grande que sólo por ese concepto la pobreza habría llegado a más de 19%. Que la encuesta 2009 arroje una cifra del 15,1% demuestra que los ingresos de las familias más pobres subieron. A su vez, ello se debe a que esas familias recibieron mayores ingresos laborales y más transferencias sociales.

A pesar de la peor crisis internacional de los últimos 80 años, la tasa de ocupación —el porcentaje de la población activa que tiene trabajo— fue la misma en 2006 y en 2009. La tasa de ocupación no se mantuvo estable por una baja de los salarios. Al revés, el poder adquisitivo de las remuneraciones creció 8% entre esos años. Y gracias al perfeccionamiento del seguro de cesantía, los trabajadores que perdieron su empleo recibieron mayores beneficios.

Según la Cepal, en América Latina la crisis destruyó nueve millones de empleos. Chile, a diferencia de las crisis anteriores, logró mantener el empleo relativo a 2006 e incrementar los ingresos de los trabajadores. ¿Puede alguien seriamente sostener que éste no es un logro de las políticas contracíclicas aplicadas?

Las políticas sociales también contribuyeron a aliviar el impacto de la crisis en la pobreza. Un análisis definitivo deberá esperar la publicación de la encuesta Casen 2009 completa —no deja de sorprender que el Gobierno se haya apresurado a sacar conclusiones cuando todavía no se conoce el grueso de los datos—, pero ya se pueden efectuar algunos cálculos.

Para una familia con dos cargas, los bonos especiales pagados en 2009 implican un aumento de 3.400 pesos mensuales por persona. Ello equivale a que la canasta que consumen hubiese subido 6% menos. Para una familia de cuatro personas, la reforma previsional implica 18 mil pesos mensuales —es decir, una compensación total del alza de los alimentos—. El subsidio al trabajo, para la misma familia de cuatro con un joven, equivale a siete mil pesos por persona, o una baja de 13% de la canasta.

Y no es correcto, como ha pretendido hacer el Gobierno, sacar conclusiones apresuradas respecto de la eficiencia del gasto social. Se argumenta que estas platas no llegan a la gente. Eso no es cierto de la reforma previsional, que hoy entrega una pensión básica solidaria a cerca de 600 mil personas e incrementa las pensiones a otras 400 mil, con un costo de administración de menos de 0,5% de los montos entregados. Tampoco es cierto del subsidio al empleo, que ya cubre a más de 150 mil jóvenes y cuyos costos administrativos tampoco superan el 0,5% de los beneficios.

Hagamos, entonces, un diálogo serio sobre cómo avanzar frente a la pobreza. Es lo que las familias pobres de Chile merecen.