CASEN: Pobreza y rigor. Ciper.

El aumento de la pobreza que mostró la última encuesta CASEN ha sido atribuido por el Presidente a la dilapidación de recursos públicos, programas sociales ineficientes y la corrupción. Los datos conocidos hasta ahora no entregan argumentos para sustentar esa tesis, sino que más bien apuntan al impacto del alza del valor de los alimentos y la crisis internacional. Lo que parece una estrategia para desprestigiar a la administración de Bachelet demuestra falta de rigor del mandatario y pone en riesgo su credibilidad.
A juzgar por la cobertura de prensa, los comentarios en las redes sociales y la cadena televisiva del Presidente Sebastián Piñera, el aumento de la fracción de pobres de un 13,7% de la población en diciembre del 2006 a un 15,1% en diciembre del 2009 tuvo un impacto comunicacional significativo. Para los entendidos, no hubo sorpresa alguna. Quizás la única sorpresa del anuncio del Presidente el día martes 13 de julio fue su falta de rigor.

Esta última afirmación requiere fundamento. Tras anunciar la mala noticia del aumento de la pobreza, el mandatario se refirió a la dilapidación de recursos mal focalizados y declaró que el gasto social “desgraciadamente muchas veces no llega a quienes realmente lo necesitan porque los recursos se quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.” Haciendo eco, la vocera de gobierno señaló que “si las políticas sociales se estuviesen haciendo bien no tendríamos un aumento en la pobreza”. Ni el Presidente ni la vocera hicieron mención a la crisis económica u otros factores como el alza del precio de los alimentos a raíz de una crisis alimentaria mundial como posibles explicaciones.

Si hubiese que guiarse por la autoridad que le confiere a Sebastián Piñera no solo el cargo presidencial, sino también el conocimiento técnico de un empresario exitoso con un doctorado en economía de Universidad de Harvard, un observador ingenuo se vería obligado a aceptar dos hipótesis. Primero, el aumento en la pobreza se debió fundamentalmente al fracaso de las políticas sociales del gobierno anterior. Segundo, las prácticas administrativas de ese gobierno fueron menos que aceptables.

La primera hipótesis es cuestionable por a lo menos tres razones independientes. La condición de pobreza se determina en base a un ingreso de corte –algo más de $64,000 por persona en zonas urbanas, la línea de pobreza. Ese monto corresponde a dos veces el valor de una canasta de necesidades básicas y es más intensiva en alimentos que la canasta usada para el IPC y la inflación. Entre el 2006 y el 2009 el mundo enfrentó una crisis alimenticia que se reflejó en un aumento desproporcionado del precio de los alimentos como los vegetales y el pan. El valor real de la canasta usada para fijar la línea de la pobreza subió 18% (es decir, creció 18% “por encima” de la inflación de la economía). Una estimación conservadora, es que una línea de pobreza 18% más alta puede explicar 4 puntos de la pobreza medida para el 2009. En consecuencia, el alza desproporcionada del precio de los alimentos por sí sola puede explicar el aumento de la pobreza (y tal vez más), algo que podrá confirmarse cuando todos los datos de la CASEN estén disponibles (hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados generales). Esta alza es pobreza nueva, pero se origina en los mercados internacionales y la crisis alimentaria mundial. No puede achacarse a políticas sociales.

El segundo factor es la crisis financiera internacional cuyo impacto en Chile fue más moderado que en otras economías pero que igualmente estuvo asociado a un alza del desempleo y posiblemente caídas en el ingreso. No es obvio cuán importante es la contribución de la crisis financiera a la pobreza, pero sin duda aportó.

La tercera razón no dice relación con las posibles causas del aumento. El índice de pobreza se basa en mediciones de ingreso. Sin embargo, muchos de los programas sociales de la administración de Bachelet (y de cualquier gobierno) no afectan directamente el ingreso autónomo. Ejemplos incluyen la expansión de prestaciones de salud y el AUGE, el acceso a jardines infantiles, políticas de vivienda. Esto no es una crítica al índice de pobreza como un indicador válido. Es una crítica del uso de ese indicador para enjuiciar políticas sociales que, por definición, no se verán reflejadas en ingresos, a lo menos en el corto plazo. Un juicio sobre esas políticas requiere ya sea de una evaluación específica o bien complementar los datos de ingreso autónomo de la encuesta CASEN con otros datos de la misma u otras encuestas.

Por último, aunque los argumentos anteriores fueran desmentidos, eso sólo podría hacerse sobre la base de un análisis cuidadoso de la evidencia. El perfeccionamiento de las políticas públicas exige que se evalúen en su mérito. Si una evaluación seria de los programas sociales, una que apunte no solo a cuantificar el impacto en los ingresos de un programa sino también en otras variables de bienestar –incluyendo los efectos para las comunidades– demuestra que hay programas ineficientes o que sería mejor refocalizar el gasto en programas de mayor impacto, bienvenido.

Aunque en comparaciones internacionales Chile aparece consistentemente en la última década entre los 25 países menos corruptos del mundo y con índices comparables a los de Francia o Japón, hay consenso sobre la necesidad de una política de tolerancia cero contra la corrupción. Lo inaceptable es saltarse el más mínimo rigor en un tema tan delicado, hacerlo en forma deliberada y con la intención principal de golpear a los gobiernos anteriores. Para la galería. Es más, en lo sustantivo, la propia propuesta del gobierno sugiere la necesidad de profundizar la red de protección social instalada en los gobiernos de la Concertación. En concreto, el Ingreso Ético Familiar que se propone es bastante continuista y sus fundamentos se hallan en conclusiones y propuestas del Consejo Presidencial Trabajo y Equidad encargado por la administración anterior (Ver capítulo 1 del informe de la llamada Comisión Meller). Esto sugiere que más que demoler lo anterior, se trata de perfeccionarlo. ¿Por qué no plantearlo así? ¿No es esa una forma más constructiva de apelar a la unidad necesaria para erradicar la pobreza? ¿Por qué estimular la retaliación y exponerse a la pérdida de credibilidad?

En suma, los dichos del Presidente y su vocera no gozan de soporte técnico. Es plenamente factible que al analizar la evidencia y controlar por el efecto del alza del precio de los alimentos y el ciclo económico descubramos que el impacto de las políticas sociales del gobierno anterior sobre la pobreza fue positivo en lo grueso y que no hubo un cambio “estructural” en la tendencia. O tal vez sí, lo dirá el análisis. También es factible que refocalizar el gasto conduzca a mejoras. La opción del Presidente por enlodar la gestión anterior puede surtir el deseado efecto de reducir la popularidad de Michelle Bachelet. Al mismo tiempo siembra más dudas sobre su credibilidad. Esta vez, no se trata del incumplimiento de una promesa de campaña y, aunque no es el primer argumento falaz y populista que hemos escuchado, se ha ido un paso más allá. La desprolijidad del Presidente en este episodio es un pasivo para la credibilidad de sus técnicos, muchos de los cuales admiro tanto profesional como humanamente. Si el Presidente sugiere que el alza en pobreza se debe a la dilapidación y las “garras de la corrupción”, sus ministros pueden matizar sus dichos pero no contradecirlo.

Es de esperar que un tema tan serio como la pobreza y la distribución del ingreso, donde entender los determinantes y evaluar las políticas es de primer orden, el gobierno piense y hable con todo el rigor de quienes aspiran a la excelencia. La popularidad Bachelet, Lavín o Piñera, la mezquindad política, no afectan la realidad de la pobreza. Más allá de las legítimas diferencias que existan sobre la visión de sociedad que queremos, erradicar la pobreza es un anhelo compartido. Todos deben estar a la altura de esa tarea.