Tarea pendiente. Pensiones dignas para la clase media. Ricardo Hormazábal.
Subiendo las escaleras de nuestro Instituto, una colega me dice: ¡Me acabo de enterar que mi pensión será de poco más de 200 mil pesos mensuales y ahora gano $ 800.000! ¿A quién le puedo reclamar? El rostro de mi colega, distinguida profesional funcionaria de la Universidad de Chile, mostraba su comprensible preocupación de lo que será su vida futura, después que deje de prestar servicios.
Mi respuesta fue que este era uno de los grandes déficits dejados por los gobiernos concertacionistas, que, en esta materia, siguieron la orientación esencial que José Piñera hizo aprobar para los civiles en la época dictatorial, materia que he abordado en innumerables artículos y en un libro.
La Reforma Previsional de la Presidenta Bachelet y que seguiré profundizando en el futuro. Por supuesto hubo modificaciones importantes en estos 20 años. Sobre todo la Pensión Básica solidaria para los chilenos de menores ingresos, financiada con fondos públicos, pero muy poco para la clase media.
Por ejemplo, el Gobierno del Presidente Aylwin benefició a los funcionarios públicos que aún permanecían en el entonces INP, una parte de los chilenos afectados por el denominado “Daño Previsional”. La ley Nº 19.200, cambió el mecanismo de cálculo de sus pensiones. Su artículo 5º dispuso:
“Para los efectos del cálculo de las pensiones que otorgue el Instituto de Normalización Previsional (…) se entenderá que a partir del 1º de enero de 1988, tales trabajadores han efectuado imposiciones sobre la totalidad de las remuneraciones”. Es decir, se hizo como que habían cotizado siempre en esa forma y se benefició a cerca de 50 mil funcionarios, asumiendo el Estado el costo.
El cambio fue espectacular, un profesional del sector público, grado 12, que antes jubilaba con más o menos 35 por ciento de su remuneración, pasó a jubilar con un 80 por ciento de ella. El año 1992 no se abordó la situación de los empleados públicos, profesionales, administrativos y de servicios que se encontraban afiliados a las AFP, ya que aún no había suficiente conciencia de lo dañino de este sistema.
Incluso en Julio del 2010, hay medios de comunicación que hablan de sus supuestas ventajas, a pesar que numerosas entidades, el Banco Mundial entre ellas, ha hecho presente sus carencias. En Mayo del 2010, la pensión promedio alcanza a $ 172.608 mensuales, lo que representa menos del 40% del promedio del ingreso de los chilenos. José Piñera, Ministro del Trabajo de Pinochet prometía entonces que “los trabajadores obtendrían pensiones equivalentes al 70% del ingreso imponible”.
En lo que constituye casi un insulto para la cruel realidad, este personaje agregaba que esta pensión,” permite al trabajador un nivel de vida igual al de antes, ya que el pensionado tiene menos gastos que el trabajador activo”. Mi colega ciertamente y miles de profesionales del sector público chileno no comparten esos juicios.
Tampoco que el sistema de AFP sea mejor que el que existe para las Fuerzas Armadas y para cerca de 200 mil chilenos que se mantuvieron en el INP. Allí, una enfermera universitaria con cerca de 800 mil pesos de remuneración, que cotiza en el INP puede terminar pensionándose con alrededor de 700 mil pesos; pero si se encuentra afiliada a una AFP, solo le será factible obtener una pensión del orden de 250 mil pesos.
Una parte de los funcionarios públicos de menos ingresos, podrán obtener un bono vitalicio de $50.000, como paliativo y los funcionarios públicos, incluidos los que trabajamos en las universidades estatales tendremos derecho, además, a unos bonos de desvinculación si jubilamos a la edad legal, 60 las mujeres y 65 los hombres.
Pero el efecto positivo de estos remedios desaparece para los que jubilen en los próximos 5 años, a lo menos, ya que las pérdidas de los Fondos a de pensiones en los dos últimos años, significarán una disminución de cerca del 10% del monto de las pensiones estimadas. Entre tanto, las AFP tienen más rentabilidad para sus dueños que los Bancos. El tema previsional tiene que ver con conceptos doctrinarios, sin duda.
Pero como no hay bonos especiales por ser de derecha, de centro, de izquierda o independiente, será posible generar un movimiento muy amplio para exigir al conjunto de la clase política una mejor respuesta para personas cuya dignidad no puede ser atropellada nunca, menos en la etapa final de sus vidas. El día llegará.Cambio 21
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