Carta a funcionarios de ex-autoridades de salud. Fabrega, Erazo, Barria,Vega,Amarales.

A LOS PROFESIONALES, PERSONAL TÉCNICO, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS  DE LA SALUD PÚBLICA

Ante las reiteradas declaraciones de las nuevas autoridades de salud, y de trascendidos citados como “fuentes ministeriales” que opinan en relación a las políticas y gestión en salud llevadas a cabo por los Gobiernos de la Concertación, y en especial durante la última administración, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:

Se ha hecho un hábito comunicacional argumentar desacreditando públicamente la labor de las anteriores autoridades en las áreas más sensibles de la sociedad, que son sus políticas sociales. Hasta ahora se ha visto una descalificación sistemática al esfuerzo sectorial que se ha venido realizando para fortalecer y mejorar el sistema de salud con todas las dificultades que esto conlleva.

 Estas descalificaciones sistemáticas hacia administraciones anteriores, más allá de intentar poner en tela de juicio las gestiones realizadas por quienes ejercimos un rol directivo en el Ministerio de Salud, genera un clima de desconfianza y descrédito, dañando profundamente la credibilidad de las Instituciones y de sus funcionarios.

Este documento entrega los antecedentes que en su momento hemos intentado transmitir a los medios de comunicación para que, como es su deber, informen a la opinión pública en forma veraz y oportuna, sin recibir mayor eco que el de un número minoritario de éstos.

La información que damos a conocer se sustenta en la veracidad de los procedimientos y actos administrativos, y al apego consciente del quehacer en materia de políticas públicas que ha dirigido nuestras funciones como autoridades en Salud. Nuestro propósito no es otro que el continuar aportando a la Salud Pública, siempre confrontando con ideas e iniciativas, más que con juicios y acusaciones infundadas e irresponsables.

1.- Las nuevas autoridades se han referido a las contrataciones de personal de salud como algo innecesario, creando la sensación que esos médicos, enfermeras, químicos, ingenieros, tecnólogos u otros profesionales técnicos y administrativos, por sobre su vocación profesional, se desempeñaban como operadores políticos. Al respecto se ha dicho que “en este ministerio hay mucho personal que está de más y cuyas funciones están duplicadas. El año pasado, por ejemplo, en el edificio del ministerio se contrataron a 450 personas. Un número parecido de funcionarios es el que se ha despedido en la nueva administración...”. Hoy se despide a cientos de ese personal de alta calidad técnica, base de la capacidad de acción del sector público de salud, reconocido en el mundo entero.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al Informe de Auditoría Interna Nº 4 de la Auditoría de Objetivo Ministerial 2010, “Validación de Información Entrega de Gobierno”, el Ministerio en la casa central contaba con una dotación de 630 funcionarios. En ningún caso se podría producir de un año para otro el aumento de dotación que se imputa (450 el año 2009). De ser efectivo, este supuesto aumento correspondería al 71,4% del total de la dotación que realizaba sus funciones en el nivel central. Cabe destacar que no es posible contratar más personal que el que expresamente autoriza la ley de presupuestos para el sector público, tanto para contratas, como para honorarios, existiendo para esos efectos una rigurosa vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, a través de los trámites de toma de razón y de registro. Una vez más se desinforma, entendemos que esos contratos corresponden a la renovación anual, habitual de contratos, y no de personas nuevas.

Los datos son categóricos, no existe duplicación de personal en el Minsal. Por lo mismo nos causa una preocupación y tristeza el ver cómo se ha despedido a funcionarios de carrera, técnicos de excelencia que entregaron su vida como servidores públicos. Ellos no se merecen ese trato y el país no se merece perder sus capacidades.

2.- En cuanto a lo señalado en relación a las “19 cuentas corrientes que tiene el Ministerio de Salud (…) cuentas que habían paralizado 55 millones de dólares (30 mil millones de pesos) y que no se estaba invirtiendo ni aprovechando los intereses”, cabe señalar lo siguiente:

No existen ni han existido jamás dineros empozados. Este es un ejemplo de aseveración que no tiene ningún asidero con la realidad y sólo demuestra el desconocimiento en el funcionamiento de la administración pública. Se falta a la verdad y se ignora el estatuto administrativo. Los saldos en las Cuentas Corrientes reflejan movimientos normales de fondos, conforme a las transferencias que se reciben desde el Ministerio de Hacienda para la ejecución de los programas ministeriales. Lo que existen son transferencias de fondos que están comprometidos en la Ley de Presupuestos y que se gastan de acuerdo vayan ejecutándose los programas.

En el Ministerio de Salud existen 17 cuentas corrientes (7 de redes y 10 de la subsecretaría de salud). Se destinan distintas cuentas para determinados programas, justamente para mantener un orden contable. Cuentas que son autorizadas por la Contraloría y monitoreadas constantemente.

Los supuestos “dineros empozados” son remesas normales de dineros. Por ejemplo, del saldo de la Subsecretaría de Salud, la mayor parte corresponden a los Programas Nacional de Alimentación Complementaria y de Vacunas, y su ejecución se efectúa de acuerdo a la planificación que éste requiere.

El Ministerio de Salud no tiene facultades legales para reasignar fondos ni utilizarlos en otra finalidad que no sea aquella que determina la ley de presupuesto. Sólo la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda está facultada para realizar operaciones en el mercado financiero.

3. Las nuevas autoridades señalan metódicamente que ha encontrado un verdadero desorden administrativo.

Una vez más se falta a la verdad. Las anteriores autoridades hicieron la entrega de toda la información sectorial y central con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, la cual se contuvo en más de 10 tomos de información auditada con tres fechas de corte (31 de dic, 28 febrero y 10 marzo), conforme a las normas en vigor, y con total transparencia, rigurosidad e independencia. Ésta puede ser revisada por cualquier persona que la solicite al Ministerio de Salud, a la Contraloría General de la República, como asimismo, requerir la información entregada trimestralmente a las Comisiones de Hacienda y de Salud de ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Por tanto, una entrega de la magnitud de la efectuada no hubiese sido posible si existieran los desórdenes administrativos de los que se acusa.

Si las nuevas autoridades tienen dudas del manejo es su obligación informar a la Contraloría para que, de ser consistentes, se inicien los procedimientos correspondientes.

4.- Al 28 de febrero de 2010 la deuda hospitalaria con que se entregó el Gobierno ascendía a $55.973 millones. Entre Marzo y Mayo de 2010, la deuda se ha duplicado de acuerdo a las propias declaraciones de las actuales autoridades, señalando que ésta ya supera los $100.000 millones.

Se ha informado a la opinión pública que el año 2009 se habría sobre ejecutado el presupuesto en un 25% que equivale a un US$1.440 millones, cifra que en moneda nacional asciende a $763.200 millones. No hay supuesto posible para haber entregado esa cifra.

El Ministerio de Salud siempre ha informado con fundamento las proyecciones reales respecto a los gastos sectoriales, tanto en prestaciones de salud, como en subsidios, las que son ajustadas en la formulación presupuestaria en la discusión parlamentaria de la Ley de Presupuestos, o finalmente en los ajustes de aporte fiscal en el curso del año. El Ministerio siempre se ajustó plenamente al ordenamiento legal y “el sobregasto” no es legal.

Para el manejo de la deuda, en los gobiernos anteriores se realizaban cuentas trimestrales sobre su comportamiento, informándose rigurosamente a las comisiones de salud de la Cámara y del Senado, además se mantuvo un fluido canal de comunicación con los principales prestadores de servicios de salud para monitorear el nivel de deuda con clínicas y hospitales privados.

5.- Se han denunciado miles de viaje al extranjero dando a entender que éstos corresponden a despilfarro de recursos.

Los viajes a los que se alude corresponden a capacitación del personal, dentro del objetivo de Modernización y Fortalecimiento del Ministerio de Salud, incluyendo nivel central, regional, servicios de salud y municipios de todo el país. El resto de los viajes corresponden a obligaciones de representación del Gobierno de Chile en las diferentes instituciones internacionales de las cuales Chile forma parte: Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre muchas otras.

En este contexto, se ha denunciado con carácter de escándalo el viaje durante los meses de febrero, mayo y septiembre de 2009, de 67 profesionales y técnicos de todo el país a una estadía de capacitación de tres semanas en la Escuela Andaluza de Salud Publica. Al respecto cabe precisar que el programa se financió en su totalidad con recursos del PMG (Programa de Mejoramiento de Gestión) de capacitación que por ley sólo se pueden ocupar en este ítem como un derecho de los trabajadores. Es importante destacar que estos funcionarios capacitados se transformaron, a su vez, en capacitadores replicando sus conocimientos a 900 profesionales y técnicos en todo el país.

6.- Las nuevas autoridades han señalado que el ejemplo más significativo de desorden administrativo se encontró en el área de informática, indicando que es “el centro de informática más grande de Chile”, comparándolo incluso con Sonda, empresa que cuenta con más de 1500 funcionarios.

Utilizar al Departamento de informática como ejemplo de desorden administrativo es una falta de respeto para los casi 40 profesionales que trabajaban allí (hoy quedan 16) y que sacaron adelante importantes proyectos como la Ruta 5D, que es la red de comunicaciones más grande de América Latina, con 110.000 puntos de voz y datos, instalados en más de 1.500 establecimientos. Esta red durante el año pasado permitió, por ejemplo, realizar más de mil videoconferencias, siendo vital durante la Pandemia.

Desgraciadamente desconocer las importantes funciones que realizaba cada uno de esos profesionales que fueron apartados de sus labores podría mermar la importante labor que se realizaba para robustecer los sistemas de información y así fortalecer el trabajo de la red asistencial, permitiendo mejorar la atención integral de los usuarios del sistema público de salud.

7.- Finalmente, hasta ahora, el “anuncio” de querella por mal uso de recursos por parte de Fonasa.

Las acusaciones hechas en los medios de comunicación son una vez más totalmente falsas. Efectivamente, ENTEL S.A. no había dado cumplimiento cabal al contrato con Fonasa, razón por la cual se gestionó una transacción extrajudicial que puso término al contrato, antes de que se iniciara cualquier auditoría. Dicha transacción contó con la aprobación del Ministerio de Hacienda y fue tomado de razón por la Contraloría General de la República. Asimismo, la propia Contraloría visó los nuevos contratos, vigentes en la actualidad.

En este caso llama la atención que el dictamen de la Contraloría sea confiable para algunas situaciones y que para otras se relativice su juicio. Ello, pues luego de un exhaustiva investigación, Contraloría ha recomendado solamente una sanción administrativa y al hacerlo excluye toda otra acción legal, lo que habría sido su obligación en el caso de que se hubiera constatado daño al patrimonio fiscal o cualquier acción dolosa.

Nos cabe advertir que al igual que lo ocurrido por el tratamiento de los nueve niños con Tirosinemia, donde la administración pasada responsablemente comprometió una parte del tratamiento y producto de ello, las muevas autoridades anunciaron la presentación de una denuncia para perseguir responsabilidades penales, que carecían de argumentos jurídicamente sólidos, en este caso nuevamente estaríamos en presencia de acusaciones sin fundamento legal.

Queremos señalar que se ha intentado desacreditar el trabajo de la salud pública en nuestro país. Nos cabe la legítima duda de los objetivos que esto persigue, cuando en pleno Invierno y con la urgente tarea de reconstruir la red hospitalaria afectada por el terremoto, la prioridad del Ministerio en la agenda pública ha sido la de desacreditar al sistema de salud.

Nunca hemos negado las dificultades, los problemas que existen en los hospitales, en nuestro sistema de Salud. Hemos reconocido lo que queda por avanzar. Las listas de espera son un ejemplo de cómo a partir de reconocer un problema nos hemos aplicado en ir a resolverlo; ahí está la incorporación de los 500 especialistas, el fortalecimiento de la Atención primaria. Ahí está lo que logramos como sistema de salud para enfrentar la Pandemia, las Campañas de Invierno. Ahí está el AUGE como uno de los precedentes más importantes en materia de derechos explícitos. Todo ello gracias al esfuerzo de miles de funcionarios y profesionales a lo largo del país. Pero las brechas y las carencias existen, y deben ser un desafío y tarea permanente.

Olvidar o ignorar que en todo el mundo los sistemas de salud más eficientes y eficaces son aquellos que se organizan en torno a un sector público fuerte, con financiamiento solidario, en que los más ricos, más jóvenes y más sanos subsidian a aquellos más pobres, enfermos y ancianos, es no reconocer el sentido de la solidaridad.

Nuestro compromiso será estar atentos y responder a la acusaciones, denuncias y a las descalificaciones sin fundamento, informando con verdad y transparencia.

Álvaro Erazo

Soledad Barría

Jeanette Vega

Ricardo Fábrega

Lidia Amarales