¿Capitán planeta?

Por supuesto que nos sorprendió el nombramiento del ex presidente Ricardo Lagos en el cargo de enviado especial para el cambio climático de la ONU. La sorpresa, naturalmente, se funda en que él no tiene trayectoria positiva en materia ambiental, y su mandato significó al país el inicio de graves conflictos ambientales y un retroceso en materia de legitimidad y credibilidad de esta institucionalidad. Que él diga hoy que, gracias a la gestión de su gobierno, el caso Celco habría significado “un antes y un después” en la forma en que las empresas entienden el cuidado ambiental, es un despropósito, porque fue precisamente su administración la que posibilitó en buena medida la existencia de un caso Celco. Entonces quedó en evidencia cómo el gobierno ejerció una discrecionalidad política excesiva, rayana en la ilegalidad, pues el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental fue completamente sobrepasado y dañado por la celulosa del grupo Angelini, con la complicidad de las autoridades del momento. La administración Lagos no ejerció una vocería unificada, puesto que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Intendencia de Los Lagos entregaron versiones contradictorias y contrapuestas.La empresa inauguró una planta excedida en más de 40% en su capacidad de producción de celulosa y obviamente en sus descargas de sustancias órgano-cloradas al estuario del río cruces, en Valdivia. Además, la firma instaló un tubo no declarado para sus descargas y en virtud de que la planta ya estaba funcionando, no se suspendió el permiso ambiental, sino que el gobierno de Lagos concedió una “situación especial de contingencia” con cierto rango de operatividad. Con auténtico interés por hacer respetar la legalidad, lo correcto hubiese sido suspender dicho permiso.
En consecuencia, Lagos ni siquiera debió haber mencionado el caso Celco al momento de sus réplicas, pues aquel llevó a la legalidad ambiental a su máxima distorsión, lo que terminó por acrecentar los problemas que sus decisiones significaron para la legitimidad de estas normativas. En definitiva, si hubo “un antes y un después”, este se debió al descontento de las comunidades que viven cerca de estos proyectos, y que al manifestarse lograron la atención y el consenso de los candidatos a las pasadas elecciones presidenciales. Que Lagos optó abiertamente por una agenda pro-crecimiento económico, en desmedro de la institucionalidad ambiental, también quedó en evidencia con la expansión urbana de la Región Metropolitana en 90 mil hectáreas, en 11 comunas con –según su ministro de Agricultura, Jaime Campos- “el mejor suelo agrícola” del país y contraviniendo, además, al Plan de Descontaminación, en cuanto a limitar el crecimiento de la ciudad.Otro ejemplo dramático es la aprobación del tranque El Mauro, de Minera Los Pelambres, con una adulteración del informe científico arqueológico que permitió la remoción de más de 100 sitios de origen diaguita, incaico y molle; la falta de fiscalización de la línea de base -asumida por el Consejo de Monumentos Nacionales; y un permiso de la DGA que afecta derechos de aprovechamiento de agua de vecinos de Pupío, en la IV Región. Rememorar otros tantos daños ambientales dejados por la administración Lagos (Pascua Lama, crisis energética, etc.) puede incluso llevarlos a la redundancia, pero sí debe quedar claro que dicho gobierno sacrificó al medio ambiente, y está lejos de merecer el título de la ONU.Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable .