REFORMA PENAL JUVENIL CON PROBLEMAS...El Mercurio

Las conclusiones del segundo informe de la comisión de expertos a la que se encomendó evaluar la implementación de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente fueron entregadas esta semana al Senado, y han causado considerable preocupación. En lo sustancial, su voto de mayoría sostiene que a esta fecha "no se dan las condiciones mínimas necesarias desde el punto de vista del texto de la ley, y no es posible garantizar que la infraestructura, el estado de los programas y la administración general del sistema permitan una adecuada puesta en funcionamiento integral" de la reforma en junio próximo. Dado esto, y como una forma de facilitar la aplicación de la reforma, la comisión propuso restringir su entrada en vigencia sólo para los menores de entre 16 y 17 años y postergarla para los de entre 14 y 15 años.El ministro de Justicia no se ha manifestado expresamente partidario de una aplicación gradual de la reforma, pero se abrió a la posibilidad de estudiar un proyecto que incluya ajustes legales que contribuirán a facilitar la interpretación de sus normas. Estos cambios a la ley son necesarios, pero no solucionarán los atrasos y problemas estructurales de fondo que presenta el sistema, cuya corrección requiere más tiempo.Uno de los mayores defectos puestos en evidencia por la comisión radica en los problemas detectados para la aplicación de una de las penas claves de la reforma: la "internación en régimen semicerrado". Esta sanción, que la ley ofrece siempre como alternativa a la pena más dura (régimen cerrado de encierro), consiste en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un programa de reinserción social que se desarrollará tanto dentro del recinto como en el medio libre. Para que sea efectiva y permita la rehabilitación de los infractores, esta pena supone una ejecución cercana a la comunidad de residencia del adolescente, y en espacios de convivencia que favorezcan dicha reinserción.Ocurre, sin embargo, que el número de centros semicerrados -uno por región- es insuficiente y hace inaplicable esta medida en muchos lugares, porque la distancia impediría que el menor tenga un contacto cercano con su grupo familiar y pueda mantener sus estudios. Es indispensable, pues, que el Ministerio de Justicia haga todos los esfuerzos para establecer un mayor número de centros semicerrados, con una mejor distribución. Naturalmente, esto ya es imposible antes de junio y, entretanto, la aplicación de esta ley lesionará gravemente el principio de igualdad, porque la magnitud de la pena dependerá también de un factor aleatorio, como lo es el lugar de residencia.