QUIERO SER PRESIDENTE: LA REFORMA QUE FALTA. Andres Rojo

Muy bien por la inscripción automática y el voto voluntario.   Eso obligará a los candidatos tanto a captar las preferencias del electorado como a motivarlos a concurrir efectivamente a marcar su voto.

Bien porque se esté discutiendo la posibilidad de reformar el sistema binominal, aunque hasta ahora no hay nada concreto y da la impresión de que el tema esté siendo utilizado para que los partidos hagan un ejercicio de fuerza entre ellos.

Faltan sin embargo, otras reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia y, dentro de ellas, una que posibilite la real participación de la ciudadanía.

En teoría, para ser candidato presidencial basta con tener 35 años de edad y cumplir con los requisitos mínimos para ser ciudadano, esto es básicamente no estar condenado por la justicia por un delito con pena aflictiva.   Hay una letra chica, que dice que los candidatos que no tengan el respaldo de un partido político constituido, deben reunir un porcentaje determinado de firmas para poder inscribir su postulación.  En la elección presidencial pasada, ese porcentaje correspondía a 36 mil firmas.   Evidentemente, en parlamentarias y municipales la cifra es menor.

            Este requisito tiene como propósito evitar que cualquiera pueda competir, cuestión que es, en sí, una discriminación absurda.   Si todos pueden votar, todos deberían poder ser votados.   ¿Quién dice que el ciudadano común y corriente, letrado y mayor de edad, no tiene el derecho a ser candidato presidencial?  Otra cosa es que sea electo, pero su presencia en el voto y los foros obligará a los demás a actuar con mayor empatía por los votantes.   Adicionalmente, se podría ofrecer a los sufragantes un abanico más amplio de alternativas.

            La exigencia de firmas presenta una exigencia adicional porque hay que pagar lo que cobren los notarios por legalizar las firmas e incurrir en los gastos necesarios para comprobar que no más del 5 por ciento de las adhesiones corresponda a militantes de partidos políticos, es decir varios millones de pesos.

            Al margen de que los ciudadanos puedan ser candidatos presidenciales, o al Parlamento o a los municipios, resulta evidente que cualquier postulación recibe una atención especial de los medios de comunicación, así como que nuevas personas traen, por lo general, nuevas ideas y eso son argumentos que deberían recoger los que dicen aspirar al permanente perfeccionamiento de la democracia.   Si se trata de equiparar los derechos, es obligación de las instituciones equiparar también el acceso a su ejercicio y asegurar las oportunidades correspondientes.