LOS LÍMITES DEL ESTADO. Andres Rojo

Tres son los hechos más importantes de las últimas semanas: El rescate de los mineros, la huelga de hambre de los presos mapuches y el intento de sancionar a un programa de televisión por parodiar a Jesús.   Los tres tienen como elemento común una fuerte injerencia del Estado en asuntos que, en estricto rigor, no le competen.

            Evidentemente, este juicio es arriesgado si se piensa que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas y el bien común, pero el análisis cuidadoso permite comprobar lo contrario y si se tiene en cuenta que la ley es precisamente para proteger la libertad de las personas frente a un Estado omnipotente, es conveniente reflexionar sobre este asunto, por muy impopular que resulte.

            Primero, el rescate de los mineros.   Se trata de un accidente ocurrido al interior de la propiedad de una empresa privada y respecto al cual la Justicia deberá determinar la responsabilidad de los empresarios.   De hecho, parece evidente que el Estado intervino ante la desconfianza sobre el interés y la capacidad de los dueños del mineral para rescatar a los 33 hombres atrapados.  Se presume que, al final de los trabajos, el Estado cobrará a la empresa el valor de los trabajos desarrollados, pero en la práctica reemplazó la iniciativa privada por la pública.

            Luego, la huelga de hambre, que fue un medio de presión -legítimo e ilegal, lo que demuestra que los temas de debate más difíciles de definir se producen en las áreas en que colisionan ley y moral- respecto al procedimiento judicial seguido en su contra por delitos que no niegan.  El conflicto es entre particulares y el Poder Judicial, o el Ministerio público con más exactitud.  El Estado, entendido como el Poder Ejecutivo, poco tiene que hacer.

            Finalmente, el castigo que aplicaría en Consejo Nacional de Televisión contra un programa humorístico, en defensa de las creencias de una confesión religiosa determinada, siendo que desde 1925 Estado e Iglesia están separados y que los representantes de esa Iglesia no presentaron ninguna queja formal por el contenido de la parodia a Jesús.

            En cada uno de estos casos, la intervención del Estado ha sido aplaudida o criticada de acuerdo a criterios humanitarios, políticos o religiosos, pero eso no quita que el Estado haya reemplazado la decisión de los particulares, trastocando la libertad individual en nombre de un bien superior que sólo ha resuelto valorar de esa forma por sí mismo.   El Estado no es un ente que pueda ni deba hacer valoraciones morales sino que debe atenerse estrictamente a lo que le mandan la Constitución y las leyes.   La posibilidad de que el Estado intente interpretar la normativa legal y la realidad de acuerdo a criterios que escapan a sus facultades es un camino peligroso para el sistema democrático, y el hecho de que parte de los ciudadanos respalde sus decisiones no las legitima, sino que introduce una variable adicional a través del populismo.