Despidos en el sector público Se viene un "noviembre negro": 105 mil funcionarios públicos sabrán si continúan o no. Desde la oposición señalan: “Este fin de año va a ser muy difícil para miles de familias”

En la actualidad existen aproximadamente 105 mil funcionarios -97 mil que se desempeñan a contrata y 8 mil a honorarios-  en la administración central y que, en su mayoría, lo han hecho por varios años. De conformidad a la normativa vigente dichas contrataciones no pueden exceder del 31 de diciembre de cada año y su prórroga debe solicitarse con, a lo menos 30 días de anticipación a su vencimiento. Es decir, que en noviembre debieran saber si continúan o no en sus puestos de trabajo.

 La situación crea un ambiente de gran inseguridad en los trabajadores, la misma que ya se vivió con aquellos cuyos contratos caducaron en junio de este año y que finalmente no fueron renovados. Aunque durante el último tiempo depender de un contrato no ha sido la gran solución tampoco, puesto que muchos son los casos dentro de los ministerios que despiden a los funcionarios sin motivo alguno y sin respetar el contrato vigente.

Frente a esto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ya ha realizado dos paros (uno a fines de agosto y el otro a principios de septiembre), para intentar revertir la situación, sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

El caso más reciente se registró en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), cuando el director  nacional del organismo, Guillermo Donoso, informó el viernes 10 de septiembre que una comisión de 4 personas, y sin la participación de los directores regionales, realizaron la selección de los profesionales despedidos, con criterios que tampoco fueron clarificados, pese a existir en INIA un sistema objetivo de evaluación de desempeño vigente. Fueron 39 los profesionales desvinculados de un total de 73, que incluyeron también a administrativos, técnicos y operarios altamente especializados.

En las ùltimas horas, tambièn se conocoeron otros despidos masivos en distintas entidades pùblicas como ChileDeportes y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap. En esta ùltima reparticiòn fueron desvinculados cerca de 20 trabajadores y se esperan que los despidos continùen.

Respecto al tema, la diputada y miembro de la comisión de Trabajo, Adriana Muñoz, pidió al gobierno terminar con los despidos injustificados en el sector público. En esta línea, la parlamentaria manifestó que “hay fallos de varios tribunales que han dado orden de reintegro de estos funcionarios, debido a que las causales de despido están mal formuladas y son ilegales”. Además, sostuvo que “en una democracia es inaceptable que sus autoridades gobiernen de espalda a los trabajadores”.

En conversación con Cambio21, el diputado Fuad Chaín señaló que “este fin de año va a ser desastroso. Lo que ocurre es que el gobierno quiere sacar a las personas que no son de su color político y están colocando a verdaderos operadores políticos”.

“Uno ve a quien tienen en el ministerio del Interior y que hoy es vocero del Presidente Piñera en la mina San José, el señor Cristián Barra, que con sólo cuarto medio gana más de 5 millones de pesos”, añadió.

Para el también diputado René Saffirio, “es evidente que está en la mente del gobierno  dejar sin efecto los contratos de quienes están en modalidad a contrata. Ahora lo que van a hacer no será despedirlos, sino que el día del vencimiento del contrato, se les dirá que no continuarán”.

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo a Cambio21 al comentar sobre la situación que el panorama "lo veo difícil, muy difícil, porque el gobierno sin necesidad de esperar la renovación de los contratos, ha despedido a más de 3 mil personas. El propio INE ha demostrado que el desempleo se mantiene".

"Vemos con mucha preocupación el tema y que 105 mil funcionarios se encuentren en jaque. Estamos preparando una dura batalla para enfrentarlo", añade. De la Puente señala que "se le enviaron dos cartas al Presidente Piñera para que nos reciba, una en julio y la otra en agosto, sin embargo, aún no tenemos respuesta y este gobierno dice que está abierto al diálogo". Asimismo, el presidente de la ANEF, no descartó otra movilización.

Querellas

No obstante y pese a la alta cifra de desvinculaciones, funcionarios de diversos organismos han acudido a la justicia para denunciar lo que ocurre al interior de cada institución.

Fue así como en septiembre llegaron hasta las dependencias del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago los funcionarios del Instituto de Previsión Social a presentar una querella contra el recién asumido director de la institución, Juan Bennett, bajo las agravantes de injurias y calumnias, acoso laboral y maltrato.

La querella busca que la Fiscalía Centro Norte indague la conducta del director de la repartición, a quien estos trabajadores sindican una serie de comportamientos fuera de lugar. Según relataron, el directivo que asumió hace un mes y medio el cargo ha tildado de “corrupto” al servicio, denigrando así la condición laboral de los empleados de esta repartición.

Asimismo, cuatro asociaciones de funcionarios y profesio nales del INIA, presentaron una querella por fraude al Fisco en contra del director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA) ante el VIII Juzgado de Garantía de Santiago.

En lo central, la acción dirigida contra el titular de este organismo Guillermo Donoso, afirma que este último ha realizado fuertes au mentos en las remuneraciones de su staff de asesores sin justificación, que ha pedido présta mos a la banca privada sin cumplir lo procedi mientos administrativos y que ha desvinculado personal que se encontraba ejecutando progra mas de investigación que ya contaban con re cursos públicos.

Respecto a acciones a futuro por parte de la ANEF, De la Puente afirmó que "nos parece que aquí este es un gobierno empresarial y de gerentes y que no conoce al servicio público y lo quiere desprestigiar. Vamos a interponer querellas y vamos a defender al Estado".