Sobregiro presidencial. Jorge Navarrete

COMO CONSECUENCIA de las quejas y espontáneas movilizaciones ciudadanas, en lo que prometía ser el inicio de una polémica pública de envergadura, el Presidente de la República anunció un acuerdo para trasladar la ubicación de la planta termoeléctrica Barrancones. Aunque muchos han celebrado la decisión, pienso que se cometió un grave error, especialmente de cara a las consecuencias para la política pública.

Vamos por partes. Quizás por ignorancia o inexperiencia, amén del talante del personaje, el candidato Sebastián Piñera asumió un compromiso que no estaba en posición jurídica de poder cumplir: oponerse a la instalación de una central térmica a 22 kilómetros de la bahía de Punta de Choros. En efecto, nuestra legislación no contempla ninguna norma que permita la intervención discrecional del Primer Mandatario en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Quizás debidamente alertado por sus asesores, el Presidente entonces optó por convocar a los dueños de la empresa y negociar el traslado de la planta a otro lugar del país. En los hechos, eso significa iniciar un nuevo proceso, tanto en lo que se refiere a los estudios de impacto ambiental como al otorgamiento de los otros permisos correspondientes.

Debido a que la información entregada por el gobierno ha sido en extremo opaca, especialmente en lo que atañe al contenido de las tratativas con Suez Energy, surgen importantes preguntas. ¿Fue una petición del gobierno o derechamente una negociación? En el primer caso, ¿qué argumento se le dio a la empresa para que renunciara a la materialización de un proyecto cuya aprobación había cumplido con todas las exigencias legales? Y si fue lo segundo, ¿a cambio de qué? ¿Acaso se les ofreció alguna facilidad para el futuro proceso?

Hace pocos meses nos felicitábamos por la aprobación de una reforma ambiental sin precedentes en nuestra historia, cuya nueva institucionalidad -ministerio, superintendencia y tribunales especializados- tenía justamente por objeto reducir los grados de discrecionalidad e incertidumbre, garantizando a todos los actores procesos más rigurosos y transparentes. Frente a su inminente entrada en vigencia, la maniobra presidencial conspira, cuando no derechamente sabotea, el cumplimiento de dichos objetivos.

Todavía más, se hace insostenible la posición en que han quedado las autoridades ambientales y todos los otros funcionarios que intervinieron en el proceso de evaluación de dicho proyecto, cuyo desempeño técnico -en el marco de procedimientos y normas previamente establecidos- queda ahora supeditado al buen entendimiento o a la capacidad negociadora de su excelencia. Pensémoslo por un momento al revés: ¿cuál sería nuestra reacción si la intervención de Piñera hubiera sido para aprobar un proyecto que no superó las exigencias técnicas y ambientales del proceso de evaluación? Sinceramente, se trata de un precedente nefasto.

Como si fuera poco, existe más de una decena de otros proyectos de centrales termoeléctricas -varias ya aprobadas- que me imagino deberán revisarse a la luz de esta jurisprudencia de facto. Al parecer, el Presidente nos ha revelado otra dimensión de la nueva forma de gobernar; aquella que, emulando a Luis XIV, dice algo así como "el Estado soy yo".La Tercera.