¿Es necesario que Chile siga regalando su riqueza minera?. Gonzalo Martner. Ex embajador y ex presidente del PS.

Chile es un país que prácticamente regala a terceros su riqueza minera. Y para los que nos gobiernan la idea parece ser que esto siga ocurriendo. El jueves 12 de agosto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín ha declarado: “Lo importante es cerrar una discusión en un tema importante para un sector que tiene cerca de US$ 50 mil millones de inversión proyectada”. He aquí develado, y se agradece la franqueza, el fondo del tema: cerrar la discusión.

Chile tiene la más competitiva industria del cobre del mundo gracias a sus minerales de alta calidad. Y al mismo tiempo tiene una de las menores tributaciones mineras. Y si el país ha estado anestesiado en este tema, es probable que no lo siga eternamente: de ahí, probablemente, la premura del Ministro Larraín.

No existen razones valederas para mantener el carácter indefinido de las concesiones mineras, que al ser tales no son sino una transferencia gratuita ilegítima de derechos de propiedad que pertenecen a la Nación.

En los años 1950-1970, es decir antes de la nacionalización, la tributación representó del orden de 60% de las utilidades brutas de la gran minería del cobre, según Patricio Meller en su texto Un siglo de economía política chilena (1890-1990).  En 2008-2009, los impuestos (a la renta y especial) de las 15 mayores compañías mineras privadas promediaron apenas un 13% de las ventas.  El costo medio de la minería del cobre es del orden de 1,3 centavos de dólar la libra. La principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años.  Con ese precio, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Si se considera una utilidad más que razonable de 30% sobre las ventas, que justifica desde luego cualquier decisión de inversión, entonces con el cobre a tres centavos de dólar la utilidad de la gran minería privada no explicada por capacidades empresariales sino por el valor del recurso minero que pertenece a todos los chilenos, sería de nada menos que 4.700 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, que bien utilizada permitiría sacar a Chile del subdesarrollo en plazos breves. Como se observa, no es poco lo que está en juego.

Frente a semejante perspectiva, el gobierno de Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento temporal del impuesto especial a la minería vigente desde 2005 con una nueva tasa para dos años sobre las utilidades operacionales de entre 4%y 9%.

Como las empresas mineras están acogidas a una invariabilidad del tributo  de 4% de las utilidades operacionales hasta 2017, la moneda de cambio era ampliar esa invariabilidad hasta 2025, de modo que las empresas acepten pagos voluntarios por unos 600 millones de dólares durante 2011 y 2012. Claro, a partir de ahí el gobierno actual y los próximos tres gobiernos democráticamente elegidos nada tendrían ya que decir en la materia.

La invariabilidad tributaria no existe en ningún país maduro. En Chile no hemos logrado (¿no hemos querido? ¿tan capturado está nuestro sistema político por la gran minería privada?¿tan graves siguen siendo las secuelas del golpe de 1973?) evitar sustraer del gobierno y del parlamento, depositarios de la soberanía popular, la potestad de cambiar normas en la materia, lo que es una anomalía democrática manifiesta. La Concertación se opuso a su ampliación y la votó en contra en julio, pero en su seno hoy se la discute de nuevo. ¿Qué pasó entre medio? Recordemos que se prevé una década de altos precios del cobre, que podría llevar a una monumental transferencia de utilidades al exterior.

En algunos países desarrollados se grava el valor de las ventas mineras, lo que lleva con el resto de mecanismos normales la tributación a las utilidades a niveles de 40-60% en el sector. ¿Por qué no pensar para la minería chilena de gran escala un régimen como el noruego, que grava la explotación privada del petróleo con una regalía (“royalty”) de entre 8 y 16% de las ventas, además de un impuesto a las ganancias de hasta 78%?

Adicionalmente, no existen razones valederas para mantener el carácter indefinido de las concesiones mineras, que al ser tales no son sino una transferencia gratuita ilegítima de derechos de propiedad que pertenecen a la Nación.

Si se plantea un problema jurídico con la invariabilidad tributaria otorgada, ello no impide que se establezcan desde ya reglas más exigentes para las nuevas inversiones y para las actuales a partir de 2018, con un premio en tasas menores para las compañías que se acojan desde ya a ellas. Lo que no cabe desde el punto de vista del interés nacional es ampliar la invariabilidad a cambio de una recaudación temporal de poca monta.

Cualquier combinación de mecanismos que llegara a gravar, por ejemplo, solo un 45% de las utilidades extraordinarias (llevando del 13% al 30% la tributación total sobre ventas) permitiría recaudar más de dos mil millones de dólares al año. Esa sería una batalla digna de grandes chilenos como Radomiro Tomic y Salvador Allende. En contraste con los poco dignos arreglos menores a los que estamos asistiendo.