DIPUTADO BURGOS INGRESA PROYECTO QUE FACILITA COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Iniciativa introduce modificaciones al Código Penal, suspendiendo la prescripción en delitos contra la Administración Pública.

Un nuevo proyecto en materia de probidad y combate a la corrupción, en la administración pública, comenzará a tramitarse en la Cámara de Diputados. Lo anterior, tras el ingreso de una moción que, en el ámbito estrictamente penal, incorpora una nueva hipótesis “que de lugar a la suspensión de la prescripción, en consideración a los delitos cometidos en el ejercicio de una función pública”.

Lo anterior, “atendida la posición que pueden favorecer condiciones que permiten dificultar el ejercicio de la acción o denuncia de los hechos delictivos que pudieran tener lugar.”

El proyecto, ingresado por el diputado DC Jorge Burgos, si bien señala todos los avances en materia de probidad registrados en los últimos años, se detiene en este concepto, el de la prescripción, pidiendo agregar en el artículo 96 del Código Penal: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública o con abuso de ésta, respectos de los autores y partícipes, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.

La moción, que firmada también por los diputados Matías Walker (DC), Marcelo Díaz (PS), Mario Venegas (DC), Marcelo Schilling (PS) y Carlos Montes (PS), explica en detalle el fenómeno de la corrupción, explicitando sus causas y efectos. Al respecto, se agrega que “desde el punto de vista estrictamente económico, existe una íntima relación entre corrupción y estancamiento económico” y, que en el  ámbito político, “la corrupción resquebraja la legitimidad de las instituciones estatales, debilita el sistema democrático y genera desconfianza en los ciudadanos.”

“La suspensión de la prescripción consiste en la cesación del curso del plazo de prescripción, que deja subsistente todo el plazo anteriormente transcurrido y que permite que éste se reanude”

El proyecto complementa las reformas  sobre Probidad Pública implementadas en las anteriores administraciones, entre otras, la ley 20.050 que eleva a rango constitucional el principio de probidad y publicidad; las leyes 19.653 sobre probidad administrativa, que reformó varios cuerpos normativos, regulando sistemática y coherentemente el principio de probidad administrativa, incorporando el principio de transparencia, reformando las inhabilidades e incompatibilidades funcionarias; y las reformas de la ley núm. 20.088, y la ley de transparencia.