Gobierno y conflictos de interés. Guillermo Larraín.

El subsecretario de Deportes ha señalado en televisión que no tenía intenciones de vender sus acciones de Colo Colo por tres razones: porque la ley no lo obliga, porque tiene 30 años de conducta intachable en los negocios y porque ha decidido no tener injerencia alguna en la administración. ¿Son suficientes estas razones para una democracia moderna, miembro de la OCDE y que goza de altos niveles de transparencia? La respuesta es no. En parte por ello el Gobierno discute ahora una modificación al proyecto de fideicomiso ciego, que es perfectible, pero va en la dirección correcta.

Me voy a referir únicamente a la segunda y tercera razón del subsecretario, por cuanto ya ha sido debatido si cumplir el estándar legal mínimo basta para que una autoridad pueda desempeñar sus deberes de resguardo del interés público a cabalidad (la respuesta es no: se espera de ella un estándar superior al mínimo).

Una autoridad política que mantiene en su patrimonio una empresa o parte relevante de ella podría enfrentar un conflicto entre su interés privado con el interés público. El interés privado de la autoridad es evidente, puesto que su patrimonio está en juego. Dicho interés puede o no coincidir con el interés general.

Una democracia moderna requiere que los intereses privados de la autoridad y los del país sean separables, de manera que si coincidieran no sea porque la autoridad influyó deliberadamente en la toma de decisiones con el fin de favorecer sus intereses privados. Este tema es más apremiante cuando un gobierno, como el actual, toma la opción estratégica de tener altas autoridades con altos patrimonios.

¿Basta la reputación de buena conducta pasada en el ámbito privado para garantizar la buena resolución de conflictos de interés en el ámbito público? No. La buena conducta depende de una decisión personal de difícil monitoreo por parte de la opinión pública, y además se hace en un contexto distinto: el de un conflicto entre el interés privado de la autoridad y el interés público que la misma autoridad debe proteger.

Al mantener la propiedad de sus acciones en Colo Colo, el subsecretario se expone a tomar una decisión que quizá coincida con el bien común, pero quizá no. La duda quedará sembrada. ¿Qué pasa si Mayne-Nicholls no es reelecto? Alguien entonces podrá preguntarse, ¿habrá sido porque el subsecretario influyó en la elección, dado que el señor Mayne-Nicholls se opone a que los tres clubes grandes reciban una participación superior en los excedentes del CDF?

Esto puede no ocurrir, pero es un riesgo que el subsecretario y el Gobierno corren. Alguien puede decir que si no coinciden los intereses privados y públicos sería notoria la influencia de la autoridad. Ello no es así: la potencial influencia indebida tendría que ser grosera para que se note, pero no tiene por qué serlo. Así, la mantención de esta situación solo enturbia las cosas y lleva, hasta los más altos niveles de la nación, las dudas sobre el buen uso del poder público.

La segunda razón esgrimida por el subsecretario es errónea, pero más sutil, y se aplica en el caso del Presidente a su propiedad de Chilevisión. Siendo el interés privado de la autoridad conocido por todos, lo más probable es que, aunque no ejerza influencias directas, el proceso de toma de decisiones en torno al interés de la autoridad se sesgue normalmente a favor del dueño de la empresa, en este caso la autoridad. El hecho de que ésta mantenga la propiedad de una empresa la politiza y la daña.

El proceso de influencia de una autoridad no requiere de un pronunciamiento explícito para que produzca un efecto. John Baldoni en “The Smart Way to Influence your Boss” señala como primer paso adoptar el punto de vista del jefe, o sea, internalizar como propios sus intereses y visión del mundo. Es natural que los subordinados hagan su trabajo para que el jefe esté satisfecho. De eso dependen promociones u otros incentivos y estímulos. Si opera este mecanismo, en el caso en cuestión puede favorecer a una autoridad, eventualmente en contra del interés público y sin dejar rastro.

El Gobierno parece no sopesar bien los riesgos de conflictos de interés de varias altas autoridades. No necesariamente éstos se resolverán mal, pero enturbian la toma de decisiones y enrarecen el ambiente político.