G-20: profesión de fe que desafía la realidad.Crisóstomo Pizarro .Aporte enviado por Jaime Esponda
El primer paso serio es dotar a la ONU de competencias reales, no sólo para preservar la paz, sino para promover una solidaridad cosmopolita de carácter obligatorio. Esto exige al menos dos acciones más.
Los acuerdos del G-20 están precedidos por la siguiente declaración: "Una economía mundial abierta basada en los principios del mercado" es el "fundamento más seguro para una globalización sostenible y creciente prosperidad para todos". Esta es una cándida profesión de fe que desafía todo lo que conocemos sobre los resultados del mercado en el bienestar y que desconoce la fragilidad de sus mecanismos de operación, lo que los tecnólogos de la economía llaman engoladamente "la imperfección de los mercados".Si el mercado no ha logrado el bienestar prometido en cinco siglos de evolución, ¿por qué habría de suceder ahora? Esta declaración no es consistente con los problemas de desempleo, pobreza y desigualdad destacados por la Cepal, la OIT y la ONU e indicados en columnas anteriores. En concordancia con la fe en el mercado, las medidas del G-20 persiguen reparar las fallas del sistema financiero de los países centrales, mejorar las capacidades de las instituciones financieras multilaterales de ayuda al desarrollo, en especial a los países más pobres, observar los principios de la OIT, promover el comercio internacional, rechazar las políticas proteccionistas y fomentar un desarrollo económico sustentable.
Pero la aplicación de estas medidas enfrenta serios obstáculos. Destaquemos algunos: 1. En el mismo momento en que se reconocía la necesidad de reparar las fallas del sistema financiero, EEUU decretaba un cambio en las reglas contables que permitía a los bancos asignar de modo discrecional precios a sus activos, incluyendo los tóxicos. Para muchos, si algo se hubiese aprendido de la actual crisis financiera, esto era precisamente lo que no se debía haber hecho. 2. Los mismos países que condenan el proteccionismo son los que más lo practican. 3. Es muy dudoso que las empresas estén dispuestas a sacrificar sus ganancias para impedir que el desempleo siga creciendo y asuman el costo de la restauración del desequilibrio ecológico y de la protección social, que siguiendo los principios de la OIT, el G-20 recomendó observar. No olvidemos que había tratado de incluir en los acuerdos la flexibilización del mercado laboral. La medida fue retirada a instancias de Brasil y Argentina. La flexibilización ha sido responsable de un desconocimiento de los derechos laborales, desempleo y aumento de la pobreza en varios países de la región. 4. Es casi impensable que durante la recesión, los estados se dispongan a promover reformas tributarias para financiar los costos de la restauración del desequilibrio ecológico y de mínimas medidas de protección social. 5. Para que la ayuda al desarrollo llegue a los países más pobres, las instituciones financieras deberán someterse a profundas reformas de sus estructuras, modos de operación y concepción del progreso económico y social. ¿Serán capaces de superar el fracasado Consenso de Washington?
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no se equivocó cuando dijo en la cumbre progresista de Viña del Mar que todos estaban trabajando para corregir el ciclo recesivo del comienzo de una crisis y que seguíamos reticentes a buscar soluciones estructurales y profundas. Concuerdo con sus dichos. Los acuerdos del G-20 se concentran básicamente en las instituciones financieras y no obligan a los estados. El G-20 no es el lugar para ocuparse de los cambios políticos requeridos para someter al mercado a las exigencias de la justicia distributiva universal.
El primer paso serio es dotar a la ONU de competencias reales, no sólo para preservar la paz, sino para promover una solidaridad cosmopolita de carácter obligatorio. Esto exige al menos dos acciones: desarmar el acuerdo geopolítico de 1945 como base para la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad y subordinar el poder de las instituciones guiadas por el mercado (la OMC, el FMI y el Banco Mundial) a las demandas de justicia universal. Otro paso sería reunir en una convención internacional la agenda de seguridad y la de derechos humanos. A esto se han opuesto los más poderosos países del G-20.
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