....EL GOBIERNO ASUME RESPONSABLEMENTE....G.DE PUJADAS.

El Proyecto de Ley General de la Educación enviado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet a la discusión del Congreso es legítimo, justificable y consistente con la necesidad de producir cambios en la educación chilena. Con esto el Gobierno asume responsablemente las transformaciones que desde hace años los entendidos en la materia y los usuarios del sistema educacional, han percibido como necesarias. Necesidades que no se ubican necesariamente en lo estructural, organizativo o la gestión del sistema, sino en lo propiamente pedagógico, factor fácilmente olvidable en los análisis educativos. Desde la perspectiva de educador, tenemos la impresión que el Proyecto de Ley se hace cargo de la comprobación de la necesidad de apuntar hacia un cambio que permita desarrollar una educación de calidad para las nuevas y actuales generaciones de chilenos y chilenas (mediante test nacionales e internacionales aplicados durante años sobre los aprendizajes que se producen en el sistema escolar). Por ejemplo, a mi juicio, una nueva mirada sobre la calidad de la educación nos conduce a que ésta deba cambiar el eje pedagógico utilizado hasta la fecha (que, por lo demás, constituye lo medular del sistema educativo), desde una focalización en la lecto-escritura, a una “pedagogía del aprender a aprender haciendo” desde los primeros años de la vida escolar. Esta nueva pedagogía ayudaría a una formación integral de las personas, pues conecta la realidad cotidiana con lo trascendente que existe en cada una de ellas. Con este tipo de educación lograríamos la superación de los bajos niveles de lecto-escritura y de cálculo que hoy existen, que sin duda son categorías importantes de una buena educación, pero que de ningún modo son las únicas ni las primeras. Solo con un cambio pedagógico de este tipo se tendrá una educación adecuada a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico, humano, cultural y espiritual que el país requiere, pues permite formar personalidades sólidas con sentido de identidad y realidad. Por otra parte, una Superintendencia de Educación Pública, idea sustentada por el magisterio nacional desde su último Congreso Nacional y retomada en este Gobierno, sería quizá una garantía adecuada para mejorar la calidad de nuestra educación desde esta nueva perspectiva.
De ahí que sea paradójico que la discusión pública sobre esta iniciativa se centre sólo en un aspecto parcial de este adecuado, pero perfeccionable Proyecto de Ley, como lo sería la idea del lucro usurero o excesivo, ya que éste no es tema suficientemente relevante para el debate educacional que el país requiere. Sería relevante si la realidad textual del proyecto nos mostrara que existe un atentado contra el derecho a la educación o a la libertad de enseñanza. Por el contrario, el Proyecto sólo intenta preservar explícitamente ambos principios, pero cuidando, a la vez, los recursos públicos que son de todos los chilenos y chilenas y que posibilitan, en muchos casos, hacer efectivos los principios mencionados, al exigir que no existan abusos o manejos impropios de los recursos públicos por parte de algunos pocos, vilipendiando de paso, el valioso aporte que la educación privada ha hecho al país durante toda su historia. No obstante, frente a un abuso no controlable de recursos, se abre la necesidad de que el Estado asuma, en aras del bien común y de manera descentralizada y regionalizada, un rol más activo en el quehacer educativo público, canalizando sus mejores esfuerzos hacia este tipo de educación, que puede garantizar una mayor igualdad de oportunidades a las nuevas generaciones de chilenas y chilenos.