...Opinión sobre el Proyecto LOCE...M.ALYWIN...

El gobierno decidió poner su prioridad en la reforma a la LOCE que ha sido la demanda política más fuerte de los estudiantes y los docentes. En definitiva, se trata de una reforma más simbólica que efectiva ya que, los principales problemas de la educación chilena actualmente son mucho más de financiamiento y de gestión-tanto en el ámbito público como privado- que de sistema. No obstante, el proyecto contiene propuestas valiosas para mejorar nuestra educación, en especial porque otorga al Estado mayores facultades para orientar acerca de la calidad y garantizar el cumplimiento de estándares aceptables para todo el país. Entre ellos, establece sanciones e incluso revocación del reconocimiento oficial, a quienes no cumplan reiteradamente con ellos. Sin embargo, tanto la Ministra, como la Presidenta han puesto énfasis en los dos puntos más conflictivos del proyecto: la prohibición de seleccionar hasta 8º básico y la eliminación del fin de lucro para los sostenedores privados.
Respecto de la primera, ésta se ha constituido en un argumento simplista para explicar las grandes desigualdades en la educación chilena. Hace algunos años, la falta de colegios era un problema y efectivamente los procesos de selección en el sector subvencionado se prestaban para discriminaciones y segregaciones. Hoy día la situación es distinta. La inmensa mayoría de los establecimientos no selecciona a los estudiantes. Al contrario, en el sector subvencionado ha aumentado mucho la competencia porque se han construido más colegios y además, porque hay una tendencia a la baja en la demanda de educación básica por factores demográficos. Por lo tanto, los establecimientos que seleccionan son aquellos que tienen sobre demanda. En este contexto, lo que hay que resguardar es la transparencia de los procesos de selección, que no se produzcan discriminaciones arbitrarias y que se respete la dignidad de las personas involucradas. Difícil será resolver cómo conciliar esta medida con los liceos emblemáticos que seleccionan en 7º básico, como el Instituto Nacional. En todo caso, éste es un tema que se puede justificar en algunos lugares, aunque no esperemos que sin selección la educación chilena sea mejor ni más igualitaria.
El problema es más serio con la propuesta de terminar con el fin de lucro de los sostenedores privados. Una cosa es sostener que la educación no puede ser un negocio en el sentido de que por ganar dinero, se sacrifique el servicio para el cual recibe recursos. Otra muy distinta es impedir que empresas privadas, la mayoría de las veces pequeñas, de profesores y familias que han hecho un esfuerzo emprendedor, se han endeudado y se ganan la vida con esta actividad, no puedan seguir ejerciéndola. La forma en que se ha planteado el tema denota desprecio y desconfianza por la actividad privada. Tampoco hay evidencias de que el sólo hecho de ser sin fines de lucro haga que las instituciones tengan una oferta educativa sea mejor. En cambio, son claras las consecuencias negativas. Una de ellas es que pase lo que ha sucedido con las universidades que, por ley, no pueden ser instituciones con fin de lucro. Como estamos en el mundo real, es ilusorio pretender que todos los privados que participan en educación lo hagan por beneficencia. Como ello no ocurre, para obtener ganancias y a veces inmensas ganancias lo hacen “a la chilena”, a través de subterfugios, como las nulidades matrimoniales. ¿No es mejor para toda la sociedad que esto se transparente? La otra consecuencia es simplemente que la participación privada se debilite. Chile necesita más inversiones en educación y el sector público no puede financiar sólo las inversiones que se necesitan para abordar los tremendos desafíos que tenemos por delante. Por eso no es llegar y prescindir del aporte privado. Pero más que eso, la participación del sector privado en educación es la que garantiza la diversidad de opciones educacionales. Por lo tanto, de prosperar esta iniciativa, esa diversidad se verá limitada ya que, en la práctica, solamente podrán entregar educación los colegios públicos, confesionales o movidos por motivaciones ideológicas.
Con todo, la solución la contiene el mismo proyecto que – como ya señalamos- establece que el Ministerio de Educación deberá fijar estándares de calidad que todos los establecimientos deberán cumplir y el que no lo haga, su sostenedor correrá el riego de perder su condición de tal. A ello podría agregarse que , además del registro público del Ministerio que contempla este proyecto, las sociedades comerciales publiquen sus balances.
Por último, los énfasis debieran estar en sacar adelante la ley de Subvención Preferencial (ese si que va a ser un cambio que puede impactar en la calidad), en la creación de la Superintendencia o Agencia de aseguramiento de la Calidad y en aquello que parece olvidado en medio de la discusión que se ha suscitado: desatar los tremendos nudos que tiene la educación municipal. Todos ellos son temas sobre los cuales podría haber más elementos de unión que de confrontación.