DEPRECIACION ACELERADA Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA...HBosellin.

EL Proyecto de Ley sobre depreciación acelerada, promovido por el Supremo Gobierno, a través de su Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco y que ha logrado el apoyo de los Presidente de los Partidos de la Concertación nos plantea el tema de las gruesas deficiencias y deudas de la democracia representativa. Como dicho proyecto de ley tuvo algunos inconvenientes la semana recién pasada, especialmente la oposición que respecto del mismo presentó el Senador Adolfo Zaldívar, en cuanto a que tal iniciativa, sólo favorecería a los grandes conglomerados financieros, el Ministro de Hacienda, según expresan los medios de comunicación ha realizado una intensa operación destinada a obtener el apoyo de los dirigentes empresariales de la Confederación de la Producción y el Comercio y de la Sociedad de Fomento Fabril entre otros. Dicho apoyo se busca para que tales dirigentes empresariales obtengan, a su vez que los partidos de la alianza, UDI y Renovación Nacional, terminen plegándose a la iniciativa del gobierno de la señora Bachelet; Así, un medio de comunicación, titula dichas gestiones como “El Lobby para Convencer a la Alianza”.La iniciativa sobre la depreciación acelerada, de ser aprobada, representaría una rebaja tributaria equivalente a aproximadamente doscientos sesenta millones de dólares en el 2008 y doscientos treinta millones de dólares el 2009, de acuerdo a cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Estudios autorizados consideran que los sectores más beneficiados con esta medida tal como está presentada hasta el día de hoy serían aquellos cuya función de producción es intensiva en bienes de capital y/o que concreten su plan de inversiones durante el período 2007 y 2008. En particular, se verían beneficiados los sectores de: construcción, en especial aquellas empresas dedicadas a las grandes obras (Salfacorp) y en menor medida Besalco y Paz; retail (debido a los agresivos planes de inversión que mantienen para el período 2007 y 2008; eléctrico, que podría adelantar proyectos de construcción de centrales (Colbún y Gener); minero-industrial (SQM, Cap, Enaec); y transporte (Lan). En tanto, si bien el sector forestal es intensivo en activos de capital, se verían menos beneficiados debido a que los grandes proyectos de inversión se concentraron durante el período 2003 -2006 (Inversiones Security, Correo, Security).No cabe la menor duda que la democracia representativa tiene algunas promesas que no ha podido cumplir. Postulaba ella que los representantes elegidos por el pueblo no estarían sujetos a un mandato vinculado a los intereses de sus electores exclusivamente y velarían por el bien general o común de la sociedad. Sin embargo, lo que ha ganado terreno es la representación de intereses, con el agravante de cada grupo de presión tiende a identificar el bien nacional con sus propios y particulares intereses. A la vez la democracia representativa no ha podido derrotar a las oligarquías; en teoría la democracia promueve una identificación entre quien da y quien recibe las normas que deben ser cumplidas al interior de cada sociedad, es decir, la identificación entre gobernantes y gobernados, y lo que hoy tenemos mas bien son elites que adoptan las decisiones normativas y grandes masas de ciudadanos que deben cumplirlas sin más participación que el depósito de su voto en la urna el día de las elecciones.El intenso lobby desarrollado entorno al proyecto de depreciación acelerada ensombrece a la democracia representativa, por cuanto en lugar de acudir los representantes del poder ejecutivo directamente a los Senadores y Diputados, han seguido el camino oblícuo de reclamar la intervención de los gremios representativos del gran empresariado, para que éste interponga sus altos oficios ante los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional.El procedimiento que se ha seguido para obtener la mayoría parlamentaria, seguramente se pretenderá justificar con la afirmación que el proyecto en comentario podría producir, de ser aprobado un incremento no sustancial en materia de inversiones y un crecimiento de medio punto en el PIB. Por muy encomiable que sea tal fin, el mismo no justifica el camino erróneo e indebido que se ha seguido por parte del Ministerio de Hacienda: reclamar la intervención de los intereses particulares que serán beneficiados, de las oligarquías que hay detrás de ellos, para que ésta ponga en acción sus herramientas tradicionales y logren convencer a sus agentes políticos. En consecuencia, otra vez el fin aparece justificando los medios.Desde esta perspectiva resulta plenamente alentador la reacción enérgica del Senador Adolfo Zaldívar que con franqueza expresó su malestar, en público, y directamente al Ministro de Hacienda, con la presencia del Ministro del Interior. La franqueza siempre es bienvenida en política y le hace muy bien a ésta. No compartimos la opinión de la Presidenta del Partido Demócrata Cristiano que ha criticado al Senador Zaldívar por su franqueza y honestidad pública.Estas materias, como muchas otras, tales como el Proyecto de Reforma Previsional, el Proyecto de Reforma del Sistema Binominal, la nueva iniciativa legal sobre la Ley Orgánica Constitucional de Educación y los Proyectos de Ley relacionados con la Elección de los Cores, debieran ser debatidos y discutidos a través de los mecanismo propios de la democracia representativa, y no mediante el expediente insólito de acudir a los organismos corporativos que representan los poderes fácticos, a los cuales el poder soberano del pueblo no les ha otorgado su representación. Sólo a modo de ejemplo, en el partido Demócrata Cristiano, ninguno de estos temas ha sido llevado al seno de su Consejo Nacional, cuerpo político colectivo permanente que está encargado de señalar las orientaciones de éste partido político. Ello está revelando que nos encontramos ante una situación muy crítica, ya que no se establece una relación fluída entre los representantes y los representados, entre los dirigentes y la sociedad civil y por ello los partidos políticos tienden cada vez más a dejar de ser los legítimos representantes del pueblo soberano. Tal tendencia que es perjudicial para la democracia tendrá que ser modificada, por cuanto nuestro sistema político no puede funcionar legal y legítimamente sobre la base de la acción exclusiva de los poderes fácticos. El Supremo Gobierno en esta materia ha cometido un grave error.