Los comunistas en un futuro gabinete ministerial. RODOLFO FORTUNATTI

Si un grupo de partidos políticos comparte un programa, un liderazgo y un gobierno, esto es una coalición. Las coaliciones no se constituyen para otra cosa sino para conquistar o para conservar el gobierno. No van más allá del gobierno. No se proponen la construcción del socialismo, ni de la nueva cristiandad, y menos aún del reino de la felicidad. Sus fines son políticos; no ideológicos. Y pueden ser todavía más modestos —y a menudo ni siquiera programáticos—, como los fueron, gobierno tras gobierno, durante veinte años, los fines de la Concertación. 

Los fines de una coalición pueden no tener más alcance que el de asegurar la estabilidad de una administración. Por eso, lejos de un enredoso juego de palabras, la pregunta política concreta es si la Democracia Cristiana está o no dispuesta a sentarse en un futuro gabinete junto a ministros comunistas. El presidente de la DC, pero no sólo él —otros tres dirigentes lo hicieron explícito en la última junta nacional de la colectividad—, rechaza un eventual gobierno  con los comunistas. Sus razones pueden ser legítimas, pero no son elocuentes. Walker se pregunta: ¿Qué haría el PC en un gobierno conjunto, cuando el ministro del Interior saque la fuerza pública a la calle para reprimir algún hecho de violencia vinculado con movimientos sociales? ¿Qué pasaría si se aplica la ley antiterrorista, como lo hizo el ex Presidente Lagos o la ex Presidenta Bachelet? ¿El PC va a solidarizar con ese gobierno del que forma parte?

El senador falangista cree que los comunistas actuarían con un pie en el gobierno y otro en la calle, como lo habrían hecho durante el periodo de González Videla… ¡hace más de sesenta años! Sólo que esta sospecha de desdoblamiento puede recaer sobre cualquier partido, y no sólo sobre el Comunista. ¿No vimos acaso al alcalde Manuel José Ossandon, militante de Renovación Nacional, discrepar del modo en que el gobierno de Piñera enfrentaba los conflictos de Magallanes, La Araucanía y Aysén? ¿Dejó de aplicarse el principio de autonomía de los movimientos sociales, cuando fueron democratacristianos y socialistas los que otrora lideraron la protesta social, no obstante sus colectividades formar parte del gobierno?

El timonel DC exige como condición para la incorporación de los comunistas una mayor afinidad en materia de derechos humanos y de democracia política. Digamos que esta mayor afinidad es, nuevamente, una exigencia que pende sobre todas las fuerzas políticas, incluidas, claro, las comunistas, porque siendo el discurso sobre derechos y garantías lo esencial del programa de gobierno en cierne, es un hecho que los consensos alcanzados dentro de los partidos, y entre los partidos, resultan aún insuficientes, como lo ha demostrado el debate sobre la Ley de Pesca. Sin ir más lejos, en las 127 páginas de las Bases Programáticas del PDC, la palabra  «pesca» aparece sólo una vez escrita, y nada más para indicar que se implementará un sistema que permita al Estado participar de las rentas económicas de los recursos naturales. Un epígrafe para todo lo que hay que decir del sector pesquero.

Lo paradójico de esto no es que los vetos salgan a relucir después que la Democracia Cristiana concordó con los comunistas la reforma de la educación, la reforma tributaria, el pacto municipal y los programas locales, lo que en sí mismo reviste un contrasentido, y así lo han advertido los demás partidos de la Concertación. 

La verdadera paradoja estriba en que la postura de la Democracia Cristiana frente a la virtual coalición de gobierno, al contenido de su programa, y a sus límites, esté siendo definida por una conducción partidaria cuyo mandato vence el 17 de marzo de 2013. 

Una conducción política que, además, no alza banderas en las primarias del 19 de enero, puesto que Walker cree que Bachelet es la mejor candidata. Lo razonable es que quien deseara influir sobre el destino de la colectividad durante los próximos cinco años, bajara al 

llano y sometiera su propuesta estratégica, y su propio liderazgo, al juicio de las urnas.