Las AFP en el banquillo. Con razón. Edgardo Riveros

Hace más de treinta años entró en funcionamiento el sistema de capitalización individual para la previsión social. Fue una idea más presentada en la dictadura como modernización. De esta forma, todos quienes obtuvieran una remuneración como dependientes, excepto quienes formaran parte de las Fuerzas Armadas, quedaron obligados a afiliarse a alguna Administradora de Fondos de Pensiones.

Transcurrido el tiempo es posible hacer una evaluación, particularmente de si se cumple lo que en ese momento se señaló como un objetivo central: obtener pensiones cuya tasa de reemplazo, teniendo como referente el promedio de las últimas remuneraciones, sería a lo menos de un 70%. ¿Cuál es la realidad? Hoy esa tasa, en promedio, no supera el 40%.

Conscientes de esta situación, autoridades han comenzado a lanzar ideas. Una apunta a que la densidad de cotización, basada en el 10 % de la remuneración, no es suficiente y, por tanto, habría que aumentarla. Indignante iniciativa, en la medida en que se recuerde que uno de los grandes anzuelos para atraer afiliados desde el antiguo sistema era señalar, precisamente, que la cotización en el nuevo era más baja y aseguraba, sin embargo, una tasa de reemplazo como la ya indicada. No se requiere ser mal pensado para darse cuenta de que lo que buscaba dicha aseveración era hacer viable el negocio de la administración, porque sólo con la afiliación obligada de quienes se incorporaban a la vida laboral a partir de 1 de mayo de 1981 el asunto no funcionaría.

Hoy cobra especial relevancia la rentabilidad. Al respecto, se debe partir de la base de que cada afiliado paga, y caro, para que le administren sus dineros y le brinden la asesoría adecuada. No basta que se usen como excusa realidades de crisis o las maniobras dolosas de determinada empresa en que se invierten los recursos para quedar sin responsabilidad ante el mal resultado. 2011 es un período en que los fondos han sido nuevamente golpeados. De ellos, sólo el E, compuesto esencialmente de renta fija, no tendrá pérdidas. No obstante, las AFP, en cuanto sociedades anónimas, tienen utilidades para sus propietarios, como queda de manifiesto al observar que ellas llegaron al 12,2% sobre patrimonio en el primer semestre de 2011 y, si se hacen algunos ajustes, pueden llegar al 20%. ¿Significará esto que los altos ejecutivos de dichas administradoras obtendrán el equivalente a "bonos de productividad" por su desempeño? Es de esperar que no, porque el abuso sería completo.

En esta perspectiva las normas sobre transparencia que se aplican a los órganos del Estado es preciso extenderlas a aquellos que, como las AFP, prestan un servicio público tan significativo como es el previsional. Más aún cuando en breve será obligatorio afiliarse para quienes tienen remuneración a honorarios.