El espejismo del voto voluntario. Fernando Paulsen y Kenzo Asahi*
Hablar
de voto obligatorio hasta ahora suena a retroceso antidemocrático. Eso han enarbolado los profesionales de la política. Sin embargo, hay evidencia que
demuestra que el sufragio voluntario aumenta la desigualdad del ingreso. Por
ende, los más perjudicados serían los sectores más pobres del país.
"Inscripción
automática y voto voluntario". Dos conceptos que han pasado a ser uno solo
en la mente de miles de personas y en la decisión política de decenas de
parlamentarios, dispuestos a aplicarlo como un mantra. Porque la idea de
voluntariedad asociada a un derecho democrático, como votar, trae poderosas
imágenes de libertad. Y es cierto: votar es un derecho que en muchos países
conquistarlo significó miles de muertos, postergaciones a minorías por siglos,
humillaciones aberrantes.
Pero
en la medida que se toma distancia del tiempo de la conquista del derecho a
voto, la épica asociada a ese momento, la conciencia de que también se
conquistó un deber cívico, comienza a diluirse, hasta que el derecho a voto, en
la rutina democrática, se aloja en la exaltación de la individualidad
posmoderna, de una decisión más entre tantas otras, dónde comprar o no comprar,
ir a la fiesta o no ir, llamar por teléfono al amigo enfermo o no llamar,
ponerse abrigo o no ponérselo, votar o no votar, todo parece que se mezclara
como parte de una misma lógica de decisiones soberanas del individuo.
Votar
en democracia es un acto de transferencia de confianza, una de las decisiones
más importantes del ciudadano. El votante deposita lo más valioso de su ser en
sociedad, su confianza en otra persona, para que lo represente y promueva su
bienestar. En muchos países se considera que votar no sólo es un derecho que
todos pueden ejercer, sino también un deber, que todos deberían ejercer. Por
eso se establece allí que el voto es obligatorio. Asumiéndose que esta
obligatoriedad realza la sensación de deber que se perdió el día en que la
memoria evaporó esa épica de cuando aspirar a votar era un sueño prohibido.
Lo
obligatorio como progreso
Desde
que en 2004 se presentó el primer proyecto de ley para tener en Chile
inscripción automática y voto voluntario, nunca se discutió ni comparó en serio
esta opción con la posibilidad de que el voto fuera obligatorio. La mera
referencia a un acto obligatorio emanado de un derecho parecía contradictoria.
Sonaba a retroceso antidemocrático. Y el voto obligatorio no fue tema.
En
esta elección, como nunca antes, porque Marco Enríquez-Ominami lo instaló desde
su crítica a las exclusiones del sistema, porque la Concertación quería atrapar
a la oposición en su rechazo y porque Sebastián Piñera lo asumió como parte de
sus ideas rupturistas con su sector, la inscripción automática y el voto
voluntario resucitaron. Y cada vez que se planteó ver las ventajas de que el
voto fuera obligatorio, transversalmente los profesionales de la política
rescataron la idea de retroceso asociada a la obligación de votar.
Desde
un punto de vista lógico resulta incomprensible que cumplir el deber de votar
se perciba como una imposición intolerable, distinta a tantas otras
obligaciones que no se discuten. No hay rebelión contra la obligación de que
los niños en edad escolar vayan al colegio. ¿Y si los padres quieren educarlos
ellos en su casa? Cuando el Estado promulga leyes que buscan proteger al
chileno de sí mismo -como en el caso de la obligación de usar cinturón de
seguridad; o casco si anda en moto- ¿por qué no se levanta un movimiento
promoviendo la libertad de cada cual de correr el riesgo personal que desee?
Ni
hablar de los impuestos, las contribuciones por lo que ya es propio, la
obligatoriedad de contar con seguro de salud o acumular dinero en una AFP para
cuando se deje de trabajar. ¿No debieran ser materias dejadas a la libertad del
individuo?
Todas
las medidas anteriores y muchas más se justifican en el beneficio común que
significan, en la protección de la vida y en la idea de darles a todos los
ciudadanos posibilidades equivalentes de crecer y compensar los desequilibrios
de su estado socioeconómico.
Postulamos
que en el caso del voto obligatorio, la evidencia empírica obtenida de comparar
sistemas voluntarios y mandatorios en muchos países, resalta la idea de que
éste es más efectivo que el voluntario para generar condiciones de
redistribución de ingreso en países con mucha desigualdad económica, tal como
es el caso de Chile.
Más
aún: postulamos que en esas condiciones de desigualdad, el voto voluntario a la
larga altera los incentivos de la política hacia la postergación de políticas
públicas redistributivas; éstas benefician a sectores pobres que
-voluntariamente- no participan en las elecciones como votantes en una mayor
proporción que quienes no votan y son de sectores más pudientes.
La
evidencia es clara y está disponible. A continuación, una reseña de sus
principales hallazgos.
Menores
ingresos y participación electoral
En
los países donde se ha implementado el voto voluntario, ello ha implicado, en
promedio, una menor participación electoral por parte de los ciudadanos con
menos recursos. Paradójicamente, quienes más podrían beneficiarse del sistema
político -los más desposeídos-, tienden a votar menos.
Los
investigadores chilenos Alejandro Corvalán y Paulo Cox (1) concluyen que la
proporción de jóvenes chilenos del quintil más pobre, entre 18 y 19 años, que
se inscribe en los registros electorales, es la mitad de la que lo hace en el
quintil más rico. A modo de ejemplo, plantean en una columna reciente (2) que,
si bien en La Pintana hay 8.000 jóvenes entre 18 y 19 años, sólo 300 se
registraron para votar en estas elecciones. En contraste, en Las Condes, donde
también hay 8.000 jóvenes de la misma edad, 4.000 se registraron para votar (en este ejemplo,
la diferencia en la proporción es más de 13 veces).
La
tendencia en la así descrita participación electoral en Chile confirma una
amplia literatura existente acerca del sesgo social en la probabilidad de
acudir a las urnas (3). Sin embargo, existe un acuerdo amplio entre los
investigadores que la forma más efectiva de disminuir ese sesgo social es instaurando el voto
obligatorio (4).
Voto
Voluntario y menor inversión en políticas sociales
Como
consecuencia de lo anterior, los gobiernos de países que introducen el voto
voluntario terminarían invirtiendo menos en políticas sociales con respecto a
países con voto obligatorio.
El
investigador chileno Juan José Matta (5), en un riguroso estudio (6) a partir
de evidencia para 70 países, concluye que los países que tienen voto voluntario
destinan 16% menos del gasto total del gobierno a gasto social con respecto a
países que tienen voto obligatorio. (7)
En
la práctica, el voto voluntario podría implicar no sólo una menor inversión en
políticas sociales sino, peor aún, una distribución del ingreso más desigual.
Los investigadores Chong y Olivera (2008), en otro estudio y a partir de
evidencia para 91 países, concluyen que cuando éstos implementan un sistema
donde el voto es un deber cívico y donde el incumplimiento de dicho deber va
asociado a costos reales -multa, no acceso a servicios gubernamentales-, la
distribución del ingreso (medida mediante el coeficiente de Gini) mejora.
A
modo de ejemplo: si extrapolamos el aumento en la desigualdad calculado por
Chong y Olivera a raíz de la implementación del voto voluntario, Chile podría
empeorar su ya desigual actual coeficiente de Gini (54.9), acercándose al de
Bolivia (60.1). De esta forma, nuestro país pasaría a estar dentro del 5% de
naciones más desiguales del planeta. Hoy está dentro del 12% (8).
La
razón por la cual planteamos la conveniencia del voto como un deber cívico no
es debido a que pensemos que es positivo per se aumentar la participación
electoral, sino porque cuando un país concibe e implementa el voto como un
deber, mejora la representación política de la sociedad en su conjunto y, en
especial, de los más desposeídos. Paralelamente, la implementación del voto
como un deber cívico podría mejorar la distribución del ingreso, aportando a la
formación de una sociedad más justa.
A
la luz de toda esta evidencia, creemos que es imperativo evaluar seriamente la
opción de inscripción automática y voto obligatorio como deber cívico
progresista -en contraste con la característica regresiva del voto voluntario-
y desapegarlo de las actuales coyunturas ansiosas y oportunistas derivadas de
la contingencia presidencial.
*
Máster en Administración Pública y Desarrollo de la U. de Harvard e Ingeniero
Civil Industrial y Magíster en Ingeniería de la UC
1.
Corvalán, A. y Cox, P. (2010). "Turnout Decline in a Transitional
Democracy: Generational Replacement and Class Bias in Chile". Documento de
trabajo.
2.
El Mostrador (11/01/2010). "Voto voluntario o el desinterés por la
igualdad" .
3.
Para seis países centroamericanos: Seligson et ál. (1995); para países
europeos, Linder (1994) y Powell (1986).
4.
Lijphart, A. (1997). "Unequal participation: democracy's unresolved
dilemma". American Political Science Review 91, 1-14.
5.
Matta, J. J. (2009). "El Efecto del Voto Obligatorio sobre las Políticas
Redistributivas: Teoría y Evidencia para un Corte Transversal de Países".
Tesis de Magíster, Universidad Católica, Instituto de Economía.
6.
Por riguroso, nos referimos al hecho de que el autor controla las variables más
relevantes que podrían sesgar los resultados del estudio (ingreso per cápita,
índice de libertades civiles, si el gobierno es presidencial, edad de la
población, gasto del gobierno como porcentaje del PIB). Asimismo, para
controlar por variables no observadas y/o por una posible causalidad inversa
(donde, en realidad, fuera un mayor deseo por redistribución lo que causa un
mayor gasto social y la implementación del voto obligatorio), el autor utiliza
variables instrumentales teóricamente adecuadas y obtiene resultados similares
a los obtenidos mediante métodos más simples (regresión múltiple).
7.
El resultado es consistente con otros estudios como el de O'Toole y Strobl
(1995).
8.
Las cifras del coeficiente de Gini para Chile, Bolivia y su posición relativa
mundial fueron obtenidas a partir de datos del Informe sobre Desarrollo Humano
2007-2008 (PNUD).
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