LA OPOSICIÓN SE UNE FRENTE A LA REFORMA EDUCACIONAL Y EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

La necesidad de una reforma que reoriente el funcionamiento de la educación chilena es ampliamente compartida por los chilenos y chilenas, y se ha expresado en los últimos meses en uno de los movimientos sociales y ciudadanos más significativos que haya conocido nuestro país en su historia. Entendemos que la educación es un bien público, cuya calidad y equidad deben estar apropiadamente garantizadas por el Estado. Debemos conciliar de manera adecuada el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, con un activo y claro compromiso del Estado en términos del fortalecimiento de la educación pública y la regulación de la educación privada.

El gobierno del Presidente Piñera ha cerrado el paso a las reformas y ha buscado derrotar al movimiento estudiantil en lugar de escucharlo. Ha querido transformar el movimiento estudiantil en un “problema” de orden público, ha apostado a su desgaste y ha pretendido endosar el tema al Parlamento, eludiendo su propia responsabilidad como gobierno. Dicha actitud se ha reiterado en la presentación del Presupuesto 2012, que no introduce ningún cambio relevante y contiene el reajuste más bajo de los últimos años en el ámbito de la educación (el gobierno propone un reajuste del 7,2%, lo que contrasta con el 13% que, en promedio, se aprobó como reajuste de le educación bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet).

Como partidos políticos y parlamentarios de oposición nos asiste el deber de actuar unidos y con firmeza ante esta situación. Compartimos las principales demandas que el movimiento estudiantil y la sociedad chilena han planteado en este campo y nuestro rol consiste en abrir paso a esas reformas que Chile está esperando.

Con ese propósito, hemos acordado trabajar juntos y coordinar diversas iniciativas legislativas y políticas que ayuden a destrabar las demandas educacionales. Ello incluye una plataforma común para enfrentar la discusión del Presupuesto 2012, que se traducirá en un planteamiento claro al gobierno y en una acción decidida para lograr que éste contenga las prioridades y el incremento de los recursos necesarios para responder a las aspiraciones que los chilenos mayoritariamente compartimos.

Este documento resume los principales acuerdos que hemos logrado respecto a la orientación que debe tener la reforma a la educación y en los próximos días daremos a conocer la expresión concreta que ello debiera alcanzar en el Presupuesto 2012.

1. EDUCACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA

  EDUCACIÓN:

Daremos respaldo y prioridad a las reformas que resguarden constitucionalmente a la educación como un bien público, que den precisión y protección al derecho a una educación de calidad y que se orienten a la regulación del sistema privado.

El Ministerio de Educación debe cumplir a cabalidad su rol como ente rector del sistema educativo. La libertad de enseñanza no puede seguir teniendo supremacía respecto al derecho a la educación, el cual está hoy definido en forma débil y no cuenta con instrumentos eficaces para asegurar su protección.

2. FIN AL LUCRO CON FONDOS PUBLICOS EN EDUCACIÓN:

Buscaremos aprobar los proyectos que buscan poner fin al lucro con fondos públicos en la educación.

Ello debe traducirse en un sistema serio y transparente de fiscalización en el caso de las universidades, donde el lucro está prohibido, sancionando a las instituciones que infrinjan la ley. Respecto de los institutos profesionales, centros de formación técnica, y de los establecimientos de la educación particular subvencionada, hay que establecer un proceso gradual que asegure el término del lucro con fondos públicos.

En el Presupuesto 2012 presentaremos indicaciones para garantizar que en el intertanto se exija transparencia total, y una adecuada fiscalización, en el manejo financiero de los establecimientos educacionales. Exigimos que el ministerio de educación cumpla desde ahora, el deber establecido en el sistema de aseguramiento de la calidad, en tanto se implementa la nueva institucionalidad que prevé dicho sistema (Superintendencia y Agencia). El mismo ente deberá implementar un registro público con balances y estados financieros de los sostenedores.

Conjuntamente, las instituciones educacionales deberán garantizar el derecho a la organización y participación de los estamentos en sus respectivas comunidades.

3. FIN A LA MUNICIPALIZACIÓN Y CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR.

Como oposición, formularemos una propuesta propia, en diálogo con los actores sociales, que contenga nuestra visión respecto a cuál deberá ser el nuevo régimen de la educación pública en el ámbito preescolar y escolar. En particular, no aceptaremos que la educación pública se desmiembre en diversas modalidades inconexas. Como oposición somos partidarios de que la nueva institucionalidad contemple un Sistema Nacional de Educación Pública, que sea autónomo y descentralizado, pluralista, laico y democrático. Lo anterior implica establecer una responsabilidad clara y exigible del Ministerio de Educación en términos de garantizar el buen funcionamiento, el financiamiento, la calidad y equidad del sistema, resguardando un funcionamiento descentralizado y con participación de las comunidades locales. La transición al nuevo sistema deberá hacerse de manera tal de evitar la generación de una deuda histórica producto de este cambio institucional.

 4. GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA EL SEPTIMO DECIL, SISTEMA DE CRÉDITOS BLANDOS, Y GARANTÍA DE ACCESO PARA ESTUDIANTES MERITORIOS.

Debe existir un solo sistema de becas y créditos para los estudiantes de educación superior.

El CAE (Crédito con Aval del Estado) deberá ser sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario y ser accesible desde el inicio a todos los estudiantes de educación superior. Dicho sistema deberá asegurar que el cobro del crédito sea contingente al ingreso, para garantizar que las cuotas nunca excedan un cierto porcentaje de los recursos percibidos mensualmente, y que tengan un periodo máximo de cobro, después del cual el crédito se extinga. Además, se deberá establecer que el nuevo crédito sea gestionado por una agencia pública.

El sistema de becas deberá otorgar de manera efectiva la gratuidad, en los términos que se indica a continuación. En una primera etapa, aspiramos a garantizar gratuidad para los estudiantes hasta el séptimo decil de menores ingresos que cursen estudios en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, en el entendido que las casas de estudio que se beneficiarán con dicho aportes se encontrarán sometidos a controles y regulaciones públicos más rigurosos.

Concurriendo los requisitos de exigibilidad, este beneficio se extenderá, en forma gradual y en un plazo razonable, a los estudiantes pertenecientes hasta el séptimo decil de menores ingresos de toda la educación superior. Así también, se deberán considerar apoyos adicionales a las familias de los últimos 3 deciles cuando cuenten con varios hijos en la educación superior y su nivel de recursos lo haga necesario.

Para que el nuevo sistema de financiamiento de las ayudas estudiantiles propuesto antes, se haga extensivo a los estudiantes pertenecientes a las otras instituciones de educación superior no incluidas en el Consejo de Rectores, esas instituciones estarán condicionadas al cumplimiento de un conjunto de requisitos mínimos. Entre estos:

a) Acreditación de instituciones y carreras;

b) Hacer efectiva la prohibición de lucrar que hoy obliga a las universidades;

c) Garantía de la libertad de cátedra;

d) El derecho de asociación y organización de las comunidades educativas, y;

e) Transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos, la que debiera operar para toda la educación superior a la creación y puesta en operación de la superintendencia de educación superior.

Todo lo anterior, vinculado a un sistema de acreditación que asegure estándares más rigurosos, defina con seguridad y rigor el principio de calidad, considere los resultados de los egresados de estas instituciones y fortalezca el rol de la agencia pública encargada del tema a través de la creación de una Superintendencia de Educación Superior.

En el Presupuesto se deberá avanzar hacia una mayor exigencia en materia de acreditación de las instituciones que utilicen los instrumentos de financiamiento estudiantil en tanto el ejecutivo no envíe el proyecto de ley para perfeccionar el actual sistema.

Además, las nuevas ayudas estudiantiles deberán estar vinculadas a un mecanismo de control de los aranceles, ejercido desde el ministerio de Educación en base al informe de una comisión independiente, para evitar que éstos sigan subiendo sin fundamento. Las instituciones de educación superior que reciban a los estudiantes poseedores de estas ayudas estudiantiles, no podrán realizar cobros adicionales por este concepto.

Por otra parte, exigiremos que en el Presupuesto se destinen los recursos necesarios para poner en marcha una nueva modalidad de acceso a la educación superior destinada a los estudiantes destacados o meritorios de los establecimientos que reciben financiamiento público, orientada a mitigar las distorsiones e inequidades del sistema PSU. Para ello, nos proponemos como meta llegar a que un 10% (la ley actual habla de 5%) de alumnos que puedan acceder a la educación universitaria en base al ranking de notas de la educación media, con programas propedéuticos y de nivelación que garanticen su inserción efectiva. Para garantizar la inserción de estos alumnos, proponemos que las universidades del Consejo de Rectores deban reservar un porcentaje de su matrícula para esta modalidad de acceso.

El nuevo sistema de becas deberá contemplar modalidades de retribución a la comunidad de los egresados que hayan recibido estos beneficios.

5. MAYOR COMPROMISO DEL ESTADO EN EL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO Y NUEVO TRATO A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO.

En materia de financiamiento universitario, el gobierno debe cumplir los compromisos ya adquiridos, que incluyen recursos especiales para la reconstrucción, fondos para las ciencias sociales, programas de retiro para académicos, aportes extraordinarios para las universidades estatales y las del Consejo de Rectores. No permitiremos que en este presupuesto se intente nuevamente abrir los instrumentos de financiamiento antes referidos a todas las instituciones sin distinción, porque ello solo redunda en un desfinanciamiento de las universidades tradicionales.

Somos partidarios de dar una señal clara de reajuste de los fondos del Aporte Fiscal Directo (AFD), destinado a todas las universidades del Consejo de Rectores, incluyendo mecanismos para corregir su asignación, haciéndola más equitativa considerando especial atención a las universidades regionales.

Junto con ello, en este presupuesto deben crearse Aportes Basales para las Universidades Estatales. Estos se justifican en que dichas instituciones en su misión expresan las prioridades que el Estado acuerda con las instituciones que le pertenecen, en la perspectiva del desarrollo nacional y regional, resultados de calidad exigibles respecto de los profesionales y técnicos que forman y que debieran estar enfocados a hacerlas crecer y ampliar sus actividades tanto en materia docente como de investigación y extensión, así como a garantizar su carácter intercultural, siempre sobre la base de la responsabilidad financiera.

6. MEDIDAS INMEDIATAS A NIVEL DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y PARVULARIA.

En el Presupuesto se debe garantizar una adecuada reposición de la infraestructura escolar dañada por el terremoto. Existe preocupación porque el presupuesto del programa 02 (de Infraestructura educacional) cae 17,5% respecto de la ley 2011, y presenta una baja ejecución a agosto (23,5% respecto del presupuesto aprobado; 27,8% respecto de presupuesto ajustado).

Somos partidarios de un Plan Inmediato de fortalecimiento de la educación pública escolar que permita avanzar en las tareas más urgentes a la espera de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad que reemplazará a la municipalización.

Es necesario destinar recursos adicionales significativos para este objetivo. Entre otros objetivos, dicho plan debiera enfocarse a tareas como la reducción del número de alumnos por curso ahí donde sea necesario, el fortalecimiento de los equipos directivos para permitir que los directores se concentren en el liderazgo educativo derivando las tareas administrativas, la asignación de mayor cantidad de horas para la preparación de clases a los profesores y el desarrollo de actividades deportivas y culturales.

Ingresaremos indicaciones destinadas a establecer requisitos claros para la creación de nuevos establecimientos particulares subvencionados, para impedir que la sobre- oferta escolar siga profundizando el desfinanciamiento de los establecimientos ya existentes. Así también, exigiremos que se reconozcan y respeten los beneficios por los profesores en materia de bono post laboral y de incentivo al retiro.

Además, buscaremos avanzar en el progresivo aumento de los recursos para la educación escolar para alcanzar un nivel que garantice los costos de operación de las escuelas en el estándar de calidad que aspiramos para Chile. Ello nos permitirá ir disminuyendo el financiamiento compartido, hasta su extinción, por llegar a ser innecesario. Del mismo modo, impulsaremos el cambio del sistema de subvenciones para lograr su sustentabilidad y evitar la inestabilidad y el déficit que hoy enfrentan muchos establecimientos debido a las fluctuaciones del financiamiento en base a la asistencia.

Asimismo, se deberá reponer la prioridad -abandonada por el actual gobierno en el presupuesto 2011- en materia de educación parvularia, para lo cual se debe aumentar progresivamente el presupuesto asociado a fin de que se alcance, a lo menos, la meta de 60% de menores ingresos de la población y la universalización de pre-Kínder y Kínder, que son los objetivos planteados en la Ley Chile Crece Contigo. Adicionalmente, se deben inyectar los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados (coeficientes técnicos, fiscalización, etc.).

7. REFORMA PROFUNDA A LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA TRANSFORMARLA EN PRIORIDAD DEL PAÍS.

En este Presupuesto se deben dar las primeras señales a favor de una verdadera reforma a la educación técnico-profesional.

Es necesario actualizar la oferta de carreras en este sector y modernizar las existentes. Hay muchos ámbitos laborales de alto interés y proyección que no están siendo cubiertos. Tanto en estas nuevas especialidades como en las existentes, se debe hacer una inversión sustantiva en el mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y los insumos con que trabajan los estudiantes y en el perfeccionamiento de los docentes que las imparten, contando con una adecuada regulación.

Somos partidarios de evaluar la situación de los establecimientos del Decreto 3166, asegurando niveles mínimos de transparencia y aseguramiento de la calidad.

Las nuevas políticas de acceso a la educación superior deben poner especial énfasis en llegar a este sector y permitir que los estudiantes puedan continuar sus estudios después de egresados de la enseñanza media.

Proponemos como política la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter estatal, ello en las regiones donde existan necesidades de esta modalidad de formación. Acompañado a esta iniciativa se debe realizar una revisión de los mecanismos de transición y acceso desde la enseñanza media, de los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparten.

Todo lo anterior debe expresarse en mayores recursos en el Presupuesto 2011.

Como mínimo, se debiera llegar a los niveles presupuestarios del año 2010 que inexplicablemente fueron rebajados el año anterior y que, si bien experimentan un aumento en el proyecto de presupuesto 2012, aún no se equiparan con el piso del 2010.

8. REFORMA TRIBUTARIA PARA GARANTIZAR UN FONDO NACIONAL PARA LA EDUCACÓN QUE FINANCIE REALMENTE Y EN FORMA SUSTENTABLE LOS REQUERIMIENTOS DE LA REFORMA

Para hacer posibles metas de la profundidad que estamos proponiendo, es indispensable construir un Fondo de Reforma de la Educación real, permanente, con reglas claras de funcionamiento (como las tiene el Fondo de Reserva de Pensiones) y con recursos estables que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles.

En lo inmediato, haremos ver al gobierno que debe mantener el impuesto a la renta en un 20% con el objeto de financiar en parte las medidas inmediatas que deben tomarse en respuesta a los cambios que el país espera en materia educacional. Así también, propondremos que una parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento que se forma con el 10% de los recursos del cobre que van a las FFAA, se destine a financiar la reforma educacional (tal como se hizo el año pasado con el terremoto).

Somos partidarios de impulsar una reforma tributaria que nos permita generar los mayores recursos fiscales necesarios para dar sustentabilidad fiscal en el mediano plazo a este Fondo, garantizando ingresos permanentes para gastos permanentes.

Dicha reforma deberá permitir una estructura tributaria más justa, que no sólo aumente la recaudación de recursos públicos sino que distribuya de una forma más equitativa la carga fiscal.

Nuestro compromiso con esta Reforma va más allá de lo que logremos avanzar en el actual gobierno. Por ello, establecemos desde ya que ésta será una prioridad de nuestros respectivos proyectos de gobierno, y estará al centro de los programas de nuestros candidatos presidenciales.