GADDAFI HA MUERTO: VIENE EL REPARTO DE LIBIA. Giovanna Flores Medina

Mientras, este jueves 20 de octubre, irrumpe en la prensa 

internacional la noticia que avala la muerte de Muammar Gadafi, 

poco se reflexiona sobre la actual justicia de derechos humanos y el 

futuro de la Primavera Árabe. Con la muerte del dictador, Libia aún 

tiene un largo camino que recorrer: la conquista de su propia 

soberanía y el fin de un sistema autárquico que nunca fue una 

verdadera revolución social. Del mismo modo, hoy, el desafío 

político de la Corte Penal Internacional y de la ONU es redefinir su 

rol en Medio Oriente. En un mundo en crisis resulta vergonzante la 

forma en que los países amigos de Libia han querido repartir su 

tesoro, pero es mucho más deleznable la exhibición de las imágenes 

del ex gobernante mal herido y agonizante. Aquella es la práctica de 

un modelo de conducción de las relaciones internacionales que debe 

erradicarse. Nada más contrario a los derechos humanos que la 

aclamación triunfalista y apasionada de las fotografías de los 

cadáveres, por ejemplo, del Che Guevara  — a quien emulara 

públicamente en su juventud— o del ejecutado Sadam Hussein de 

Irak.

Libia, cuya historia de colonia y trofeo de oriente data del imperio 

griego,  es un caso paradigmático por varias razones. En lo político, 

porque  fue el gobierno más extenso de la zona. Durante casi 42 años 

Muammar Gadafi,  fue el dueño de la nación más rica de África y el 

mejor amigo de Europa en el último decenio. Recordemos que 

proclamó a su gobierno el de la juventud y la revolución socialista del 

Sahara, pero con los años mutó hacia una autocracia maquillada de 

tercera vía con el mismo Anthony Giddens como asesor de gobierno. 

En lo económico, logró consolidar su industria petrolera de la mano 

de capitales europeos y bajo las tesis de la London School Economics. 

Tanto que después de 8 meses de quebranto provocado por una 

guerra civil sostenida por la  soft intervention de la OTAN, existe un 

“grupo de naciones amigas para la reconstrucción de Libia”. Esta 

conferencia liderada por Francia, Inglaterra y Qatar, desarrolla a sus 

anchas una nouvelle diplomacia. Es decir, una diplomacia paralela a 

la ONU como en los mejores tiempos de Lawrence de Arabia. Lo que 

más las motiva: apoyar al Consejo Nacional de Transición Libio en la 

reinversión de sus casi 50 mil millones de dólares congelados al 

comienzo de la guerra en febrero.

En materia de justicia penal internacional también es un modelo. Fue 

con las resoluciones n°1970 y  n°1973 del Consejo de Seguridad de 

la ONU en febrero de este año que se invocó por primera vez la 

“responsabilidad internacional de proteger”. Es ésta la institución que 

justifica la intervención de la OTAN y otorga competencia universal 

a la Corte Penal Internacional para perseguir crímenes en el Estado 

libio. Esto es importante, porque existiendo las mismas razones de 

derecho que en Siria, Baréin o Túnez, las soluciones han sido 

arbitrariamente diversas por parte de la ONU. En este sentido, fue 

polémica la admisión del Consejo Nacional de Transición libio como 

parte de su Asamblea General, mientras Palestina lleva décadas 

pidiendo lo mismo. Tan errática ha sido la conducción de este 

organismo que sólo una vez que los amigos de Libia y el Banco 

Mundial se pronunciaron sobre la suerte del erario público, se dictó 

una nueva  resolución. Esta es la n° 2.009 —del 16 de septiembre—

que sin dar por terminada la guerra, estableció una misión 

humanitaria de apoyo en Libia (UNSMIL) por un período de tres 

meses. Además, ordenó el desbloqueo de los preciados 50 mil 

millones de dólares que debían ser restituidos al nuevo gobierno. Esto 

significó que entraron en operaciones la  Libyan National Oil 

Corporation, el Banco Central de Libia y la Dirección General de 

Inversiones, entre otros.

En dicho escenario, la certeza de la muerte de Gadaf i no implica que 

termine la guerra. A partir de este momento, la lucha ha cambiado de 

eje. El pueblo Libio ya fue convocado a elecciones presidenciales y 

parlamentarias en un plazo de 20 meses. En este período deberá librar 

una férrea batalla por alcanzar su soberanía y democracia,

independiente de la influencia de las potencias “amigas”. Si la 

comunidad internacional acepta que se impongan modelos foráneos 

de parlamentarismo o democracias liberales, deberá cargar entonces 

con la responsabilidad de apoyar el debilitamiento de los derechos 

humanos. La Corte Penal Internacional tendrá la oportunidad 

histórica de aplicar la justicia que el pueblo libio merece respecto de 

gaddafistas, rebeldes y soldados de la OTAN.

Finalmente, la comunidad internacional, más allá de la diplomacia 

oficial, deberá estar atenta. La Primavera Árabe no puede desaparecer 

de la historia como una revuelta más. La población libia no puede ser 

un experimento de políticas públicas, intervención diplomática y 

reparto de sus tesoros por los países en crisis de balanza de pagos. La 

razón: un atentado contra los derechos humanos afecta a todo el 

mundo, la restricción a la libertad política y económica de un 

ciudadano libio es también un delito flagrante que no puede sustentar 

el poder de otro Estado. Esa es la mirada del derecho universal de 

derechos humanos.