EL NUEVO “CLIVAJE” ACTUALES AMENAZAS Y DESAFÍOS A LA DEMOCRACIA CHILENA. Ignacio Balbontin.

1/ Las movilizaciones han puesto en evidencia una brecha  trascendente

En este año 2011, en cortos nueve meses los chilenos y chilenas hemos tenido un giro colectivo de conciencia cívica que es fundamental. Como consecuencia de las sorprendentes, múltiples, reiteradas y heterogéneas movilizaciones sociales, especialmente las estudiantiles y de las reacciones del Gobierno de derecha, debemos reconocer y asumir que ha surgido un nuevo “clivaje” socio-político. Hay una nueva frontera divisoria entre los chilenos.

Este nuevo escenario será estructural y demarcador. Se mantendrá por largo tiempo, pasando por sobre los accidentes y lamentables pérdidas de vidas, sucedidas a comienzos de septiembre. 

En este nuevo ciclo histórico de desarrollo, las diversas injusticias provenientes de las numerosas desigualdades acumuladas por largo tiempo, han adquirido el significado social de una nueva frontera intolerable para la inmensa mayoría. La nueva visión colectiva que se ha construido, ha tendido a unir en el imaginario social y en la cultura ciudadana, los diversos factores de injusticia antes dispersos. El sorprendente giro, tiende a superar la pulverización social y la pasividad predominante hasta hace poco.  Sin embargo, expresa de modo conjugado y de múltiples formas, el profundo quiebre social que hasta ahora, sólo estaba latente.

Desde hace más de un lustro, diversas publicaciones académicas nacionales e internacionales ya venían señalando que Chile a pesar de sus logros en materia de crecimiento económico y superación de la pobreza, mantenía uno de los peores niveles de distribución del ingreso, comparado con los  demás países de América Latina, la OCDE e incluso del Mundo. Más aún el índice de Gini parámetro internacional reconocido, aplicado a la distribución de ingresos, había permitido observar que los márgenes de diferencias no se habían podido disminuir significativamente en Chile, a través del tiempo. Se han mantenido por dos décadas, comparativamente donde mismo, en materia de desigualdades. Hasta ahora estas disparidades sólo habían producido heterogeneidades, dispersión y pasividad social.

El hecho duro con el que hoy nos vemos enfrentados como Nación, es que una mayor “igualdad de oportunidades”, no ha producido igualdad de resultados y que para seguir avanzando armoniosamente requerimos de un nuevo espíritu unitario más justo. Nuevamente, como antes del Golpe del 73, es la Justicia Social la que adquiere centralidad política.

Hasta ahora en el 2011, esta realidad históricamente pendiente desde los comienzos de la recuperación democrática, no produjo reacciones mayores de manera continuada y generalizada. Sólo tuvo algunas expresiones esporádicas, espontáneas y discontinuas, como aquella de los “Pingüinos. Las injusticias se habían asumido con cierta tolerancia, siendo acompañadas con pasividad. Al correr del tiempo, la conciencia colectiva de injusticia se ha generalizado mayoritariamente y ha tendido a volcarse en expresiones con ritmo más persistente, a raíz de la mayor evidencia de las diferencias, las comunicaciones “on line” y la llegada de una nueva generación, nacida y criada en democracia.

La nueva cohorte ha hecho salir a todos del estado de ánimo anterior, caracterizado por el “no estoy ni ahí”, desplegando una gran capacidad de movilización social activa. Se ha producido así, una nueva gran frontera social de separación entre los chilenos; los que aceptan y los que rechazan las grandes injusticias heredadas por el actual sistema vigente.

Durante todo el autoritarismo y en gran medida en las dos décadas de  la transición,  la principal brecha de separación de Chile como Nación, se mantuvo entre quienes defendían la dictadura y quienes pugnaban por la democracia y su consolidación. Hoy la frontera que impide la Unidad Nacional, el desenvolvimiento de la madurez cívica y el desarrollo armónico, ha pasado a ser la injusta e inmoral desigualdad, que también afecta a la democracia. La amenaza como forma inaceptable de convivencia.

El nuevo límite se ha trazado, entre una gran mayoría que se siente injustamente postergada, marginada, excluida por la concentración de poderes y una pequeña minoría progresivamente enriquecida que se ha apropiado del mando, en una diversidad de planos.

Al recuperar la democracia, el sueño que se tejió y se intentó construir, fue el de un Chile “noble y justo”: “Una Patria para Todos”. La frustración de ese ideal unitario, con esta brutal evidencia “segregacionista” hecha manifiesta, se ha tornado en una sensación de estafa o de engaño. La conciencia de la desigualdad ha politizado las diferencias sociales. Aparecen como la exclusión del derecho a participar en el patrimonio común democráticamente construido por todos y para todos. La inmensa mayoría, ha adquirido velozmente conciencia colectiva del abuso del que ha sido objeto. Aparece transparente el hecho que dentro de la actual democracia, de una u otra manera, hemos pagado un altísimo precio por mantener por demasiado largo tiempo, un orden político transitorio injusto. La paciencia terminó por agotarse.

Por múltiples motivos que no es del caso analizar, después de la recuperación de la democracia fuimos incapaces de corregir a tiempo, gradual y sustancialmente, nuestra estructura institucional democrática. No fuimos capaces de abrir “la llave” política para lograr mayor igualdad social. Por estas mismas razones, a través de distintas vías, el sistema jurídico actual, está siendo superado. Ha pasado a ser un lugar común, apuntar hacia su  injusticia, ineficiencia y pérdida de vigencia. El paradigma o modelo institucional básico, diseñado para un proceso de transición de la dictadura a la democracia, está sobrepasado.

Este análisis, quiere decir que no fue una exageración lo que  algunos sostuvimos en su debido tiempo. En 1997 algunos de los miembros de la Concertación  manifestamos reparos de fondo al diseño de estructuración del poder y fuimos motejados de “autoflagelantes” siendo desplazados de lugares de conducción. Nuestra advertencia cierta y anticipatoria, se tradujo en propuestas que luego fueron demandadas y acordadas con urgencia en el V Congreso de la Democracia Cristiana, en el año 2007 pero ellas fueron ignoradas. Su síntesis fue ilustrada en el planteamiento de Una Nueva Constitución para Chile, pero fue desconocida y ocultada. También sucedió lo mismo, en otros partidos de la Concertación.

Ahora en tan solo seis meses del presente año, la inmensa mayoría, por distintos medios, movilizada o no, ha volcado su rechazo a la conducción política actual y está dando por agotado e injusto, el núcleo distributivo de facultades y derechos que tiene la arquitectura de convivencia, aún vigente. Lo que hoy agudiza la situación es que los puntos neurálgicos del conflicto, han tomado fuerza afectiva.  Han adquirido sentido pasional y carácter ético central, transformándose en una cuestión de fuerte contenido emocional.

Hay una pérdida colectiva de la confianza, ahora dirigida hacia todos los que de alguna manera mandan.  Esto es lo que está en la base, de la profunda división que hoy aqueja a Chile, generando un grave problema de representatividad. Dicho de otro modo, hay una pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder.

Esta conciencia de ruptura o de grave frontera social, está derivando rápidamente en la deslegitimación de las actuales autoridades institucionales en ejercicio del poder, convirtiéndose en la pérdida de representatividad de las mismas. Se tiende a desconocer no el origen del mandato, sino la validez de su ejercicio y su sentido de orientación.

La gente perdió la confianza en la modalidad, en la manera en que se ejerce el mando, porque la institucionalidad se mantiene básicamente inspirada en los mismos motivos ideológicamente sobrepasados. Enmarcada en procedimientos decisorios, semejantes a los de antes de 1990.  No se acepta “Más de lo mismo”. La gran mayoría, considera que las reglas del juego, son ventajosas y útiles para unos pocos y no para la gran mayoría.

Estos meses de movilizaciones masivas de estudiantes, profesores, trabajadores, defensores del medio ambiente, en fin, de vastos sectores de capas medias y populares, han provocado el surgimiento de nuevos sentidos comunes mayoritarios. Ellos están dando significado de urgencia a las demandas sociales, interpelando tanto al Gobierno como a aquella parte de la Oposición constituida por la dirigencia de la Concertación, a las que de algún modo, justificadamente o no, se les responsabiliza de  intentar mantener el pacto inicial.

La larga pasividad organizacional, derivada de la dispersión progresiva y de la falta de aglutinamiento, fue el elemento contenedor por veinte años. Durante los Gobiernos de la Concertación se adormeció la conciencia cívica, pero ahora, con las nuevas formas de comunicación, despertó.

Lentamente la desconfianza y la sed de justicia se fueron manifestando y acumulando en la falta de apego hacia las viejas prácticas pactadas.  Hay rechazo a ciertas formas de convivencia consideradas ahora injustas. También crecientes conductas trasgresoras, carentes de respeto a la institucionalidad política y sus autoridades. No hay que olvidar que ella había sido diseñada sólo para hacer un traslado breve, desde la dictadura a la democracia, pero se pretendió mantener por demasiado largo tiempo.

Esta dejación o insensibilidad de largo plazo que fuera compartida en su momento tanto por la dirigencia o “clase política” de la Concertación así como la del actual Gobierno,  provocó primero malestar e incomodidad, luego cansancio y finalmente ha terminado por agotar políticamente la paciencia de la mayoría. La desconfianza  que hay es respecto de toda la “clase política”. Esto es lo que vienen diciendo las encuestas hace largo tiempo, pero este año se expresa en la caída vertiginosa tanto de la Alianza como de la Concertación.

Las demandas claves ahora han derivado en tres grandes temas trasversales generalizados: término de las desigualdades indignantes, mayor participación política-social para garantizar mayor transparencia y control popular del poder y en fin, el perfeccionamiento del sistema democrático, para abrir cauce institucional a otras reformas sociales, económicas y culturales que urgen.

La desconfianza acumulada y generalizada, convertida en sensación de engaño dirigida hacia toda la clase política, es la mayor amenaza que entraña la coyuntura para el funcionamiento democrático.

2/  ¿Qué contuvo la explosión de las expectativas durante la Concertación?

Lo que contuvo la explosión de expectativas y su expresión política, fue la heterogeneidad social creciente y precisamente la confianza depositada en ese entonces en la Concertación.

La confianza política provino de un  capital social dolorosa y largamente acumulado por la brega en contra de la dictadura, en la defensa de los Derechos Humanos y tras la recuperación de la Democracia. Esa asignación de múltiples y variadas responsabilidades, pasó a través de innumerables liderazgos, puntos de encuentro y redes de organizaciones que sirvieron de nexo y articulación socio-política.

Los nexos fueron de muy variada índole y estirpe: el Comité Pro Paz, la Vicaría, el Grupo de los 10, la Coordinadora Nacional Sindical, el Grupo de los 24, la Asamblea de la Civilidad, la Alianza por la Democracia, el Movimiento por las Elecciones Libres, el Acuerdo Democrático, en fin muchas más generadas en la base social. Esa confianza sirvió  de contención por veinte años, fue inicialmente depositada en la dirigencia social y luego traspasada a los gobiernos encabezados por la Concertación de Partidos por la Democracia.

Con el tiempo, la pérdida de esperanza ha tenido al menos dos fuentes: la pérdida de carisma sufrida por los liderazgos y la incredulidad en la capacidad de cambio que tiene el diseño del poder político. La confianza se fue perdiendo al comienzo con los nuevos liderazgos que asumieron el poder bajo la condición de técnicos o de “cuadros de refresco”. Varias de estas designaciones y representaciones se consideraron impropias, debido a que no habían ganado su reconocimiento en la “lucha contra la dictadura” y no tenían la consistencia ni el compromiso moral con los ideales de los que habían estado en “el fragor del combate”.  Por su parte la estrategia de la gradualidad técnicamente necesaria para hacer los cambios en democracia, se fue desgastando en su credibilidad política, tanto por los obstáculos insalvables que dejó  la derecha  en el sistema institucional, como por el “compromiso tácito” de muchos dirigentes con la idea del Estado Subsidiario ultraliberal, que asumieron para mantener el esquema de poder. 

La confianza depositada al comienzo, condujo a la aceptación de las incomodidades y desencantos de grandes sectores, por largo tiempo. Pero esa fuente no era  inacabable ni renovable. Los lazos de reconocimiento que restaban, estaban ligados a los líderes con carisma original y se fueron desvaneciendo en los veinte años de ejercicio del poder. Al no llevarse a cabo los cambios institucionales fundamentales, los comportamientos políticos no correspondieron plenamente con los compromisos iniciales. La confianza institucional se desvaneció. La velocidad y profundidad del cambio se detuvo.La inconsistencia demostrada por varios de los liderazgos seleccionados y la lentitud de los cambios de orientación hacia una sociedad de mayor calidad de vida y más garantías en derechos sociales, provocaron frustración y desconfianza.

Llegamos al momento actual con que al parecer, ahora no hay otro camino que  el de reemplazar el viejo pacto de convivencia por otro. ¿Cómo hacerlo sin provocar una dolorosa ruptura para la inmensa mayoría? El problema parece estar en la confianza que se le asigne a los “puentes de intercambio” y a la vía o estrategia de sustitución del diseño.

La condición de duda se ha generalizado en la gente, por la sensación de abandono político. Por la separación progresiva entre “la política y la gente”. Este descontento con la “clase política” terminó por romper las pocas redes sociales que se habían mantenido firmes y que sirvieron de represa hasta el 2010. Se disolvió la magia de la confianza de los primeros días de democracia. Hoy se cuestiona a muchos liderazgos políticos y sociales a quienes se dio crédito moral en el pasado reciente. De poco sirven los antiguos lazos de liderazgo para lograr reconocimiento en las actuales redes sociales, pues la confianza cambió de residencia generacional. Todos debemos reconcursar. Ahora se trata de lograr un pacto horizontal entre iguales.

La diferencia sorprendente entre la situación de hace un año atrás y la actual, se encuentra en que lo que estaba latente en el pasado, ahora se expresa abiertamente en desconfianza generalizada. Todos los actores que participaron en la ingeniería del actual esquema de poder hoy se encuentran cuestionados.

La mala sorpresa, para quienes mandan hasta hoy, tanto en el Gobierno como en la Concertación, consiste en que  ahora al poco tiempo de cambiar las autoridades políticas y quedar gobernando la derecha, se cayó por completo el velo de ambigüedad y la pasividad. Quedaron en evidencia quiénes son realmente los detentores del poder transicional entrelazado. Están cuestionados todos quienes  mantienen ventajas y pueden cometer abusos, tratando de eternizar el actual esquema de poder.

¿Quiénes pueden traspasar la barrera de la desconfianza?

Hay al menos dos posibles fuentes de intercomunicación: la de quienes logren ser reconocidos por la nueva generación y la de quienes se anticipen y hagan propuestas válidas para superar  la actual brecha de injusticia. Quedan al menos dos caminos válidos: el reconcurso de liderazgos hecho con plena transparencia y la creación de una nueva plataforma programática que involucre a toda la oposición.

Las dos “Almas de la antigua Concertación” han quedado transparentadas. Quienes denunciaron a tiempo los factores de crisis estructural y que hasta hace sólo un año eran desautorizados, ahora tienen pase libre y pueden ser reconocidos por la gente que ha sufrido la injusticia y el desamparo.  Ahora tienen la oportunidad de ser escuchados y de reinsertarse en la sociedad actual, si se dan a la tarea de hacer pedagogía democrática con paciencia y humildad. Al menos con estos dos elementos se puede reconquistar la confianza perdida, en la base social.

3/ Hay que salir urgentemente de la “Parálisis de Angustia” generada por la desconfianza entre Gobierno y Oposición

Al parecer lo sorpresivo del cambio de orientación social, ha producido una profunda angustia por la sensación de “complicidad latente” entre quienes tienen poder y conforman la actual “clase política”, salvo muy honrosas excepciones.  La conjunción de diferentes crisis, al mismo tiempo, ha producido la “crisis de angustia” del círculo político, llevándolo a su paralización.

La actual “clase política”, es decir quienes toman las principales decisiones, están sometidos a un “empate” de fuerzas, derivado de los propios procedimientos instaurados en el sistema político. Básicamente originados en el sistema binominal y de los quórum calificados de las leyes orgánicas constitucionales que impiden validar y legitimar la representatividad de las propuestas, tanto del Gobierno como de la Oposición. “Angustia por incomunicación” que impide la retroalimentación del sistema.

Esto está produciendo la paralización del sistema político. Genera esta especie de empate entre los actores al interior del hemiciclo que impide los cambios de fondo indispensables. Las dos partes que tienen participación definitoria en “la cancha de juego” carecen de nexos válidos o “cables a tierra”. Ambas se culpan mutuamente de la inmovilidad, desgastando e incrementando el clima de las desconfianzas. 

Se ha generado así una verdadera “crisis de angustia” por incomunicación, que impide los cambios, al interior del escenario institucional. Esto separa más al sistema político de la base. Obstaculiza nuevos nexos sólidos con la sociedad de modo de pactar los cambios imprescindibles y urgentes para ella.  Así, parece políticamente inmaduro pretender ahora, entre los pocos deslegitimados, hacer aceleradamente las reformas sustantivas que se requieren.

Todas las políticas sociales o de líneas de desarrollo económico, tienen naturales  complejidades, sobre todo en este mundo moderno. Demandan, análisis y deliberación pormenorizada para involucrar a las nuevas mayorías. Requieren de una “maduración social” que garantice su socialización y representatividad.

Por estas mismas razones que parecen bien fundadas, se argumentó en el pasado  que se requería gradualidad para procesarlas y hacer los cambios institucionales de fondo, en un país como el nuestro que se encuentra a medio camino del desarrollo. Lo que hoy queda claro es que gradualidad, no significa una parálisis como la que existe.

La estrategia pausada es necesaria en democracia, pero no se condice con la actual paralización, producida por la crisis de angustia. Menos cuando se sabe que hay más recursos económicos disponibles y se trata de ver mejor, como se distribuyen de manera más justa.

Al mismo tiempo, en razón de la misma urgencia crítica que vivimos, tampoco parece realista intentar una vez más, repetir los fracasos de las muchas reformas  que se han intentado hacer, a través de la actual institucionalidad paralizada.

Hoy parece que hacer cambios de fondo, como los de la educación, por la vía puramente legislativa, parece inalcanzable si no se cambian las reglas del juego, es decir los procedimientos de resolución política.

Este camino ha sido reiteradamente bloqueado por la derecha, haciendo abuso de la propia institucionalidad. Parece absurdo pretender compadecer la necesaria rapidez, intentando la eventual canalización de todos los cambios necesarios, por la vía de las mismas instituciones que ya están desprestigiadas y deslegitimadas por su falta de representatividad.

A lo mejor ahora, dada la urgencia, es el momento y la oportunidad política para conjugar soluciones de distinto orden. Distinguiendo las cuestiones de procedimiento político de aquellas otras materias de complejidad sustantiva.

Dejar en poder del pueblo soberano que resuelva como árbitro superior, aquellas materias de procedimiento que no ha sido posible decidir en veinte años y llevar paralelamente por la vía legislativa las cuestiones de contenido complejo que requieren mayor deliberación.

Esto posiblemente permitiría “licuar” el conflicto. Ligar gradual pero aceleradamente a plazo concordado, las cuestiones de procedimiento electoral democrático de jerarquía decisoria, con aquellas otras que por su sentido valórico, requieren una deliberación legislativa más acabada.

Parece ser ésta la coyuntura para concebir un mecanismo que legitime popularmente un nuevo ordenamiento decisorio del régimen democrático y que, al mismo tiempo, abra un cauce confiable para lograr mayor representatividad en la resolución de las materias de fondo. Que flexibilice la institucionalidad para que adquiera velocidad decisoria en asuntos donde la mayoría democrática debe predominar. El objetivo sería:recuperar legitimidad y a la par regular deliberativamente los cambios.  

Esto requiere distinguir, separar y entrelazar las cuestiones de procedimiento democrático, con aquellas destinadas a la discusión de los asuntos sustantivos, generando pactos o garantías mutuas de buena fe, tanto en los plazos  y tiempos como en  la transparencia.

Creemos que es posible concebir pactar en conjunto y concordar un procedimiento de arbitraje colectivo. Uno que combine la consulta popular excepcional como el plebiscito, con el compromiso del tratamiento parlamentario de urgencia  para ocuparse de las cuestiones de fondo.

 Se trata de hacer confiable, es decir de concordar una fórmula que permita resolver legítimamente el nudo procesal del problema, junto con  diseñar un camino para enfrentar institucionalmente los contenidos valóricos de justicia que dan sentido y están en el corazón del sistema.

 Para hacer aquello hay que destrabar el núcleo del procedimiento electoral, sustituyendo el binominalismo por un sistema proporcional corregido y al mismo tiempo hacer lo propio con la jerarquización rígida que actualmente tiene el sistema legal. Rebajar los quórum que requieren mayorías inalcanzables por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.

Esto requiere de un pacto solemne previo entre el Ejecutivo y el Parlamento. Que ambos se inhiban de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar dicho Plebiscito, pues serviría para zanjar las claves procesales del sistema político. Este plebiscito excepcional significaría correr el riesgo democrático solemne, de dejar que el Pueblo Soberano arbitre. El momento histórico requiere de gran  Coraje y Generosidad cívica para favorecer el Bien Común de Chile.  El gran desafío consiste en atreverse a hacer el llamado al pueblo, para que arbitre la fórmula.

Está de por medio la clave del problema de la legitimidad y representatividad del sistema. El riesgo nos debe llevar a enfrentar el desafío del cambio con coraje. La incapacidad para procesar el conflicto generalizado actual, está produciendo una peligrosa acumulación de tensiones, la que puede desatar tarde o temprano una crisis social incontrolable. Primero porque la propia institucionalidad política impide resolver con rapidez los problemas de contenido clave, debido a su lógica ideológica sesgada, inspirada en un ultraliberalismo mercantilista y financierista que está desprestigiado después de la gran crisis que aún se arrastra hasta ahora. Este diseño está protegido por el procedimiento político que adultera la realidad. Segundo, porque la desconfianza que se ha acumulado en la sociedad por demasiado largo tiempo, está sobrepasando los cauces formales del sistema, provocando crecientes faltas de respeto mutuo que se pueden extrapolar. Todo esto conlleva el desgaste progresivo de las instituciones democráticas y profundos obstáculos al desarrollo.

 En una sociedad enormemente injusta y desigual como la actual, la gente ha comenzado a cuestionarse “hacia donde van las cosas y en beneficio de quien”. Se puede considerar justo o injusto lo que ahora sucede con la desconfianza, pero ya no se puede escabullir más. Es preferible correr un riesgo democrático.  

Ahora es cuando, toda la “clase política” debe estar dispuesta a revalidarse y reconcursar. Debe dar la cara con humildad y estar dispuesta a perder poder relativo, para hacer espacio para todos.

4/ ¿Cómo descomprimir el clima de rabia para evitar una explosión, recuperando la Confianza que permita la Convivencia?

Para apuntar en el sentido de los cambios de fondo y no de apariencias, hay que repartir la tarea entre Gobierno y Oposición haciendo cada cual lo suyo: El Gobierno debe estar dispuesto a abrir y flexibilizar la actual estructura jurídica para que recupere representatividad y, la Oposición, a fortalecer la democracia promoviendo nuevas prácticas horizontales y transparentes, en la base social de modo de darle solvencia al proceso de cambio, profundización y perfeccionamiento

Hoy la gran mayoría está movilizada porque se siente empoderada, frente a un conjunto de los “poderosos” que  se encuentran “descolocados”. Hay un diálogo de sordos, lo que es tremendamente peligroso para la solvencia democrática. Ambas partes pueden cometer eventuales trasgresiones y ya se han cometido varias.

La mayoría movilizada, se siente en condiciones de hacer justicia directamente, lo que tiende a romper los cauces democráticos.  En esto consiste la indignación chilena y ahí está el riesgo de explosión que involucra para la Oposición. Por su parte, el Gobierno puede reprimir de manera encubierta y pretender pulverizar los movimientos para desgastarlos, cosa que favorece las posturas más ultras y radicales, sin acallar la ebullición ni terminar con las graves injusticias.

 Hay una manifestación coetánea y conjunta contra las injusticias del sistema de poder, en una triple dimensión: política, económica y social.

 En sociedades en rápido cambio,  donde se llega abruptamente al agotamiento de las estructuras políticas, como sucede con el nuestro, hay que construir nuevas herramientas. Esto mismo ya  ha ocurrido en muchos casos en Latinoamérica y hay que  reconocer las lecciones útiles. Actuar con creatividad y sentido de urgencia colectiva. Con moderación, velocidad calculada, cautela y gradualidad, pero también con pasión, voluntad de cambio, coraje y decisión.

En varios casos semejantes, nos encontramos con que la angustia y el miedo generalizados, de origen en la desconfianza e incomunicación, han sido los principales riesgos y desafíos para mantener el orden democrático. Paralizan el funcionamiento de los instrumentos tradicionales de la democracia y por falta de creatividad  y de decisión frente a las circunstancias imprevistas, se termina concentrado el poder en manos “cesaristas” de diverso tipo. Conocemos los resultados de los cesarismos populistas de derecha y de izquierda y sabemos que son igualmente insanos.

Chile, pareciera estar “vacunado” recientemente frente a este tipo de crisis. Creemos que fue suficientemente traumática su mala experiencia autoritaria de los años 70. Confiamos, por lo tanto, que aún es tiempo de superar la parálisis que nos aqueja.

Para superar la coyuntura es necesario actuar con la responsabilidad y con el sentido de urgencia democrática que el caso merece. Ellas nos deben llevar a reaccionar de modo pertinente y en conjunto, sincronizado hasta donde se pueda, tanto al Gobierno como a la Oposición, asumiendo precisamente las lecciones del pasado reciente.

 Debemos tener mucho en cuenta tanto nuestras experiencias, como aquellas de nuestros congéneres latinoamericanos. La parálisis por angustia, es una experiencia vital que surge del miedo a lo desconocido. En este caso, proviene del hecho que el empoderamiento social, ha aparecido “sin permiso previo”, repentina y sorpresivamente, para el sistema. Esto no ha dado lugar a un reconocimiento mutuo de los actores claves y al no haber formas institucionales de resolución de los conflictos más importantes, estos tienden a explotar. Esto ha provocado un clima de prejuicios, incomunicaciones  y descalificaciones, altamente peligroso, que recuerda el clima de fines de los años 60.

Por eso el camino de solución podría ser lograr decisiones de procedimiento legítimas conectadas en su lógica con cambios de fondo. Para esto hay que darse garantías creíbles y aceptables por ambas partes.

Si revisamos brevemente y comparamos los casos semejantes en Latinoamérica, nos encontramos con algunas pistas. Los grandes conflictos parecidos al nuestro por su sorpresa, complejidad, turbulencia y acumulación de tensiones, han tenido resultados diferentes. En unos ha fortalecido la democracia por la consistencia de los procedimientos con que se ha actuado para respetar la voluntad mayoritaria del pueblo. 

La clave parece estar en la magnitud de las mayorías que respaldan las soluciones consecuente y consistentemente. Algunos casos han sido más venturosos que otros.  En Brasil, Argentina y Uruguay los movimientos de amplio espectro y solvencia democrática con consistentes procedimientos, han resultado mejores que en los otros del Perú de Fujimori, Bolivia, Ecuador, Honduras y Venezuela. Ninguna salida ha sido perfecta pero algunas han sido mejores que otras.

En los primeros, del Cono Sur y de Brasil, se actuó consistentemente cautelando el principio democrático del respeto por las grandes mayorías durante todo el proceso y con diversos procedimientos de consulta popular. Se respetó la voluntad popular desde el comienzo hasta el final de los acontecimientos. Hubo comunicación entre las partes en conflicto y se crearon para los respectivos casos fórmulas de solución, respaldadas mayoritariamente. Así, los conflictos se descomprimieron resolviéndose en mayor o menor medida, en cada una de las instancias o escenarios donde se dieron  y fueron correspondientemente pactados.

 En los otros casos, al someterse los lineamientos más a la voluntad de liderazgos individuales carismáticos y coyunturales que a los mecanismos representativos u orgánicos, el respaldo se fue diluyendo o dividiendo y debilitándose la democracia.

El pueblo fue objeto de diferentes manipulaciones. Se produjeron choques frontales y graves tropiezos democráticos entre las partes que postulaban cambios. Una vez en el poder varios líderes intentaron generar mayorías estables, pero no lo lograron de modo duradero. Muchos líderes han abusado reiteradamente de los mecanismos de las “democracias directas” como los plebiscitos, desacreditándolos. Varios han manipulado sus reelecciones mediante diferentes argucias. Sin una mayoría sólida y representativa, democráticamente organizada, la Democracia se ha empobrecido. Los obstáculos al desarrollo político democrático institucional, han sido numerosos y evidentes, impidiendo la maduración de la conciencia y la cultura democrática.

En nuestro caso, la sorpresa y la angustia nos afectan tanto al oficialismo como a quienes conducen la Concertación.

 Los liderazgos en ejercicio, confiaron y apostaron a la solidez del pacto o ensamblaje transicional, convenido en 1990 bajo condiciones de presión ilícita, y se equivocaron. Tras los Plebiscitos de 1980, 1988 y 1989 y las numerosas reformas constitucionales posteriores, los mismos, supusieron que esa ingeniería política se sostendría por largo tiempo y nuevamente se equivocaron. A algunos, incluso les llegó a parecer que Chile podía ser conducido “casi con piloto automático ultraliberal a perpetuidad”. Desgraciadamente para ellos, ahora el timón se cortó, surgió la desconfianza y ella les ha producido una crisis de pánico.

Fue precisamente la forma de conducción política pactada por pocos y entre cuatro paredes lo que se agotó.  La sorpresa, ha producido la paralización de los principales artífices y “sostenedores” del sistema, pues se encuentran “perdidos en la bruma”, “sin coordenadas de navegación, en un mar tempestuoso y lleno de arrecifes”. Con todo, hay que evitar que el desorden conduzca al “motín”  y a la anarquía,  pues pueden hundir el barco.  Son destructores del Bien Común.

Como el resultado de esta pérdida de legitimidad, ambas partes tendrán que aceptar ceder excepcionalmente el poder decisorio al pueblo soberano, para que éste arbitre y recupere la legitimidad perdida por el sistema. 

El problema es encontrar ésta u otra solución pertinente, eficiente y viable para deshacer el “Nudo Gordiano” del procedimiento político democrático.  Nuevamente es válida aquella frase de Renan Fuentealba Moena, pronunciada  años antes del 73: “Sólo la democracia salva la democracia”.