¿Quo vadis Salud Pública?. Sebastian Pavlovic

La semana pasada fue aprobado en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto para el año 2011, y con ello terminó la que fue anunciada como la madre de todas las batallas legislativas. El proceso no defraudó, tuvo todos los ingredientes de un debate democrático: temas de fondo en la mesa, descalificaciones cruzadas, negociaciones extenuantes y de última hora, acusaciones de incumplimiento de acuerdos y de otro tipo, trasnoche, consomé, amanecida en el puerto y abrazos finales. Una mezcla de obra griega con lucha libre, tan real y tan ficticia como los actores y el público quieran que sea.

 

Pero más que analizar los aspectos políticos de este rito republicano, mi intención aquí es comentar una de las Partidas más debatidas, la Partida 16, Ministerio de Salud, con un peso específico dentro del presupuesto nacional de 14,7%, y que involucra 3.911.943 millones de pesos para el 2011.

 

Si bien la propuesta presentada representa un crecimiento de 12,5% real respecto del presupuesto 2010, el debate suscitado fue tan intenso que algunos elementos se transformaron en caballo de batalla de las negociaciones entre Gobierno y Oposición.

 

Tres fueron los temas más complejos en este proceso: 1) el aporte llamado per cápita, instrumento mediante el cual se entregan los recursos del Estado a las Municipalidades para el funcionamiento de la Atención Primaria de Salud (Consultorios y Centros de Salud, en su rica variedad de denominaciones); 2) la incorporación de un Bono Automático AUGE que permitiese resolver listas de espera en el sector público facultando a las personas a buscar atención de salud en el sector privado; y 3) el aumento de los aportes al FONASA para que efectuase transferencias al Sector Privado.

 

Los aportes a la atención primaria de salud crecen alrededor de un 9,5% real, transformándose en uno de los reajustes más interesantes en varios años, pues el grueso son aportes frescos. Pero al ser menor que el ajuste total del Sector, se traduce en una disminución del peso específico del gasto en atención primaria, lo que sumado a una fuerte ralentización del gasto en infraestructura (disminuye más de un 16%) hace cuestionarse cuál es el modelo de salud que este Gobierno quiere favorecer. Esta pregunta no es pura retórica: desde la declaración de Alma Ata en 1978, existe un amplio acuerdo de que una de las herramientas de salud pública y de equidad en el acceso a salud más poderosa, es la promoción de redes de atención primaria y  con buena capacidad resolutiva, lo que, además de ser más económico, es muchísimo más eficiente que llenar de hospitales de gran complejidad y miles de camas.

 

Después de la discusión presupuestaria lo del bono automático Auge quedó sólo como un nombre de fantasía, ya que se aclaró expresamente que para su utilización se debe aplicar la norma de la ley Nº 19.966, que exige del agotamiento de la oferta pública antes de la derivación al sector privado y, además, se hace por el propio sistema de salud y no por libre decisión del beneficiario.

 

Si lo que se pretende es evitar la fuga de recursos al sector privado por esta y otras vías de compra de servicios, es urgente fortalecer la oferta pública, tanto en materia de infraestructura, como en recursos humanos calificados y motivados. Esta última parte de la ecuación, no parece completamente resuelta a la luz del presupuesto aprobado, pues se disminuyen los recursos destinados a la capacitación de  personal, y el aumento de horas médicas no se compara con  el incremento de los fondos para transferencias a privados. Además, no está del todo resuelto aún el ambicioso plan de inversiones en infraestructura hospitalaria (ya sea por la inyección de recursos sectoriales o por la incorporación más decidida del esquema de concesiones).

 

En relación con  las transferencias al sector privado el sistema de salud está -¿cómo decirlo sin ofender?- cruzado por conflictos de intereses en distintas direcciones, vgr.: algunos abominan de las clínicas privadas que pertenecen a grandes holding, pero no ven problemas en las sociedades de profesionales que venden servicios a los mismos establecimientos donde éstos trabajan como funcionarios. Por ello, más que negar la posibilidad de que el FONASA transfiera recursos al sector privado, la exigencia fundamental que se debe hacer es que ello se haga con total transparencia, que se respeten los procesos de licitación pública de Chilecompra, y que se agote el uso de los recursos disponibles antes de externalizar acciones de salud que son parte del giro principal.

 

Tanto en el tema presupuestario como en un sinfín de materias sectoriales se hace complicado generar un debate mientras el Ministerio de Salud no muestre sus cartas. Del presupuesto se pueden deducir cosas, pero es necesario saber a ciencia cierta qué proponen en materia de gestión hospitalaria, formación y retención de profesionales de calidad, conflictos bioéticos, relaciones entre sector público y privado, transparencia en el mercado de los medicamentos y de los seguros privados, enfrentamiento de los eventos adversos en salud, estrategias para el problema de los perros vagos y peligrosos, y una larga lista de interrogantes.

 

Han pasado ocho de los cuarenta y ocho meses que el Gobierno tiene para hacer las cosas, y salvo querer vender medicamentos en los supermercados, no sabemos mucho más. Ya es hora de preguntarle ¿A dónde quiere llevar a la salud pública?