Alta Dirección Pública: Sectarismo y doble discurso de la derecha. Por Ricardo Hormazábal S

En el Mercurio se lee este titular: "53% de los directivos elegidos por Alta Dirección Pública han sido desvinculados". Asimismo, señala que "Los primeros en encender las alarmas fueron los cuatro integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública ratificados por el Senado, esto es, los consejeros Beatriz Corbo, María Lira, Rafael Blanco y Rodrigo Egaña, las dos primeras pro alianza gobernante y los varones, calificados académicos concertacionistas. Ellos advirtieron que "estaba amenazada la credibilidad del sistema".

En Economía y Negocios de El Mercurio del 01.10.10, se lee  este titular: "53% de los directivos elegidos por Alta Dirección Pública han sido desvinculados". Asimismo, señala que "Los primeros en encender las alarmas fueron los cuatro integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) ratificados por el Senado, esto es,  los consejeros Beatriz Corbo, María Lira, Rafael Blanco y Rodrigo Egaña,  las dos primeras pro  alianza gobernante y los varones, calificados académicos  concertacionistas. Ellos advirtieron que "estaba amenazada la credibilidad del sistema".

Recordemos que "La Alta Dirección Pública (ADP) es un sistema especial creado por la ley 19.882 del 23 de Junio de 2003 para los funcionarios públicos que, cumpliendo los requisitos que allí se exigen, les protege con una modalidad de inamovilidad, por lo que he reiterado en varios trabajos que las  peticiones de renuncia a funcionarios regidos por esa norma, "aduciendo la necesidad de contar con personas "afines "a sus opción políticas" o por no obedecer una orden ilegal, constituían violaciones de las leyes y de los acuerdos políticos adoptados solemnemente"

En la discusión que tuvo a lugar en el Senado el día 10.05.2010, el Senador Mariano Ruiz-Esquide profundizó esta argumentación, sin que pudiera ser rebatida por los Senadores de la derecha y los actuales Ministros. El Senador DC fijó un marco doctrinario de gran valor para analizar la conducta de los parlamentarios: Afirmó "que es un desafío ético para los que concurrimos a su  discusión, y de manera especial para los que votaron a favor, ya que expresó:"

Tenemos la obligación moral de ser coherentes. Los chilenos se merecen una conducta sujeta a la ética."

Es en este marco valórico, particularmente graves resultan las conductas de parlamentarios de derecha que avalan y promueven   declaraciones como las  de dos personeros de derecha, que cita El Mercurio. Uno del Instituto Libertad y Desarrollo y el otro, lo que es más grave, ocupa el cargo de Director del Servicio Civil. Veamos sus afirmaciones y examinemos los antecedentes que las contradicen.

El director del Servicio Civil, Carlos Williamson, afirma en el artículo citado "Desconozco las razones esgrimidas para desvincular, sin embargo, la autoridad tiene todo el derecho a hacerlo si juzga que el directivo no comparte las directrices políticas del programa de Gobierno" El artículo en comento señala, sin citar fuente,"A decir verdad, cuando el Congreso legisló para crear el sistema de Alta Dirección Pública no alteró un ápice las facultades de la autoridad para remover directivos que no comparten la sensibilidad política del Gobierno, aun cuando esa persona haya sido elegido en un concurso público y transparente"

Esas declaraciones reflejan ignorancia, en el mejor de los casos o un doble estándar inaceptable. En efecto, el año 2003 se acordó entre las entonces fuerzas de gobierno y oposición un conjunto de medidas para fortalecer la probidad, estimular el buen servicio público y ampliar la carrera funcionaria. Una manifestación concreta de ello, fue la  aprobación de la  actual ley Nº 19.882. Esta ley limitó las atribuciones del Presidente de la República respecto a cargos que tuvieron la calidad de exclusiva confianza, por lo que sólo se les puede pedir la renuncia por las razones establecidas en las normas especiales, esto es, por incumplimiento de los convenios suscritos, normados por el Reglamento contenido en el decreto de Hacienda Nº 1.500, de  29 de diciembre de 2005 y por no recibir calificación que los ubique en la lista 1 de mérito.

El Tribunal Constitucional, por su parte,  dictaminó en el considerando 18º de la sentencia que recayó en el control de constitucionalidad de la ley en análisis:

[1] "Que, analizadas las normas del proyecto sobre funcionarios de la Alta Dirección Pública, a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, debe concluirse que lo que ha acontecido es que dichos funcionarios han dejado de ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República y que han quedado sometidos a un régimen legal estatutario propio que,

precisamente, es el que establece el proyecto en estudio."

El Ministro de Hacienda de esa época, Nicolás Eyzaguirre, expresó durante la discusión parlamentaria: "Los cargos del tercer nivel de responsabilidad son (en esa época) de exclusiva confianza del Presidente de la República y de libre designación. Por lo tanto, las personas que están allí pueden ser removidas en cualquier momento, sin expresión de causa, por la sola voluntad presidencial. Mediante la ley en proyecto, mil funcionarios que estaban en esa categoría pasarán a formar parte de la carrera funcionaria. Por lo tanto, gozarán de inamovilidad."

No hubo detractores de las expresiones del Ministro, por el contrario, las actas del Senado  dan cuenta de sendas intervenciones de Senadores de la UDI y de RN enfatizando esta interpretación. El Senador Novoa

[2]dijo,: "El artículo 27 modifica el Estatuto Administrativo y elimina del rango de funcionario de exclusiva confianza a más de mil empleados importantes, a quienes incorpora en la carrera funcionaria. Me parece que viene a limitar la atribución exclusiva de nombrar a 3 mil 500 a 4 mil funcionarios, la cual, desgraciadamente, se ha transformado en fuente de problemas". El Senador Coloma[3], Presidente de la UDI,  señaló: "Yo creo que eso es un paso gigantesco respecto a lo vigente; gigantesco respecto de quienes se encuentran en el Gobierno, que se están desprendiendo de grados de poder; gigantesco respecto de quienes aspiran a llegar al Gobierno, que están renunciando anticipadamente a grados de mayor poder.

El Senador ESPINA, por su parte, dijo:" Porque hoy día estos cargos son de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien contrata y echa a quien quiere y cuando quiere;  "Ahora el Gobierno y el Parlamento les están diciendo.

"¡Eso se acabó. Tales nombramientos no serán más por cuoteo político. "Además, se les dice que el funcionario estará tres años en el ejercicio del nuevo cargo, con garantía de que si lo cumple bien tendrá autonomía para tomar decisiones, sin depender de los gustos de una autoridad superior. La senadora Matthei señaló: "Ha renunciado a su derecho a nombramiento el Gobierno de turno, como también lo han hecho quienes esperan que en algún momento este último cambie.El senador Mariano Ruiz presentó, con otros dos colegas.

[4] una indicación para hacer permanente la posición de los funcionarios elegidos en un procedimiento tan especial, mientras cumplieran con los requisitos exigidos. El ex Ministro de Hacienda y la mayoría del Senado no estuvieron de acuerdo y se rechazó la indicación.

Los Gobiernos de la concertación, por su parte, cumplieron  con el acuerdo, según lo reconoce un artículo de la periodista Pilar Molina, publicado en  El Mercurio del domingo 9 de mayo. "Al momento de los balances...todas las opiniones sobre el desempeño que ha tenido el Consejo son favorables..." Uno de los ejecutivos de las empresas que trabaja para el sistema citado en ese  artículo expresa "el hecho de que estemos todas las grandes empresas de head hunters, salvo una, ratifica que el sistema garantiza que seleccionamos los candidatos en función a sus méritos y que nunca hemos tenido una indicación política incómoda".

En "El Mercurio" del pasado 26 de septiembre, Nicolás Eyzaguirre señaló: "Me da mucha pena ver cómo ahora se han estado cambiando las personas que fueron elegidas con concursos transparentes. ¡Qué paradoja que todos los que habían sido seleccionados como buenos hay que echarlos!"

Debemos señalar que algunos de los elegidos pudieron tener conductas  criticables en cuanto al trato con sus funcionarios, lo que solo confirma que lo que "Per natura non da, Salamantica non presta", pero que esas deficiencias son mínimas respecto a lo positivo del derecho al trabajo y a la carrera funcionaria.

Ratificando el doble estándar y contradiciendo las declaraciones de sus propios líderes, el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, declara que "el modelo no se hizo para reemplazar la voluntad de las autoridades, sino simplemente para garantizar competencias mínimas para ocupar un cargo y desterrar la figura de los operadores políticos.

Y agrega esta aberrante opinión: "Puedo tener todas las competencias, pero si no adhiero al proyecto del gobierno, no puedo seguir, aunque eso implique desvincular al 100%". Cómo se ve, la derecha llegó al poder y se olvidó de los compromisos. Expulsa a los que no son incondicionales, contrariando la ley y la palabra empeñada y, además,  se llenan de nuevos "operadores políticos".

Con toda razón el Senador Mariano  Ruiz-Esquide y el diputado Jorge Burgos, ambos de la Democracia Cristiana, han denunciado estos hechos. Este último en el artículo que comentamos señala fundadamente" Ahora habrá que sincerar las cosas y decir que el sistema está hecho para reclutar a los mejores, "pero a los mejores dentro de cierta sensibilidad política. Eso es grave". Creemos que si alguno de los afectados decide  cuestionar la petición de renuncia ante los  Tribunales, podría obtener un fallo favorable, sobre todo si recurre al Tribunal Constitucional