La necesidad de debatir. Gonzalo Martner.

Con Girardi, Ominami, Silber y Vidal hemos planteado en días recientes que el gobierno de Sebastián Piñera y su coalición de derecha han utilizado el aumento de 1,1 puntos porcentuales registrado por el índice de pobreza monetaria medido por Mideplan para darle una connotación de fracaso global a las políticas sociales durante los últimos 20 años.

 Esto resulta clamorosamente incongruente con el 45,1 por ciento de pobreza y el 17,4 por ciento de extrema pobreza registrado hacia 1987, que fue el legado que la dictadura le dejó a la democracia, con cerca de la mitad del país viviendo en condiciones pauperizadas y uno de cada seis chilenos sumido en la miseria.

Los causantes de esa gigantesca regresión social fueron los neoliberales y Chicago Boys que desmontaron las políticas sociales construidas con mucho esfuerzo durante sucesivos gobiernos democráticos desde 1920 hasta 1973. No tienen hoy demasiada autoridad moral para juzgar una baja sistemática de la población que vive con ingresos inferiores al doble del costo de una canasta alimentaria básica desde un 45,1 por ciento en 1987 a un 13,7 por ciento hacia 2006, aunque en medio de la crisis se haya ahora experimentado lamentablemente un incremento al 15,1 por ciento de la población. No tiene presentación que se descalifique el esfuerzo social de los último años, que se saludaba durante la campaña electoral, y menos que se insista en que “falta focalización”, como si hubiera un exceso de prestaciones sociales en Chile cuando lo que existe es aún una clara insuficiencia de las mismas.

No cabe tampoco reaccionar con una actitud defensiva del tipo “siempre supimos que la lucha contra la pobreza es larga” o que “esto se debe a que en 2009 subió el desempleo y el precio internacional de los alimentos”, lo que traduce la idea de que este incremento de la pobreza era inevitable. Y manifiestamente no era inevitable, máxime cuando el país, con nuestro decidido apoyo, había acumulado reservas fiscales y holguras macroeconómicas considerables.

Se debió actuar con mayor prontitud en materia de política monetaria, cambiaria y fiscal y con mayor profundidad frente a la grave crisis de 2008-2009, como lo sostuvimos en su momento (vease el artículo publicado el 11-08-2008 en este mismo blog, sin ir más lejos). Las autoridades económicas, está a la vista, se equivocaron al actuar tardíamente, al focalizar en exceso en el peligro de inflación por el aumento de los precios del petróleo y los alimentos en la etapa previa a la gran recesión y llevaron al país a tener uno de los comportamientos menos exitosos en Sudamérica frente a la crisis, solo acompañados en la caída del PIB por Venezuela y Paraguay, lo que no fue el caso de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, que crecieron en medio de la crisis global. El propio Banco Central proyectaba a inicios de 2009 que Chile no tendría una recesión, en circunstancias en que finalmente el PIB cayó en un -1,5 por ciento. Muy tarde y muy poco, esa es la lección a aprender en materia de política económica reciente. Este error de los economistas neoliberales que han conducido la política económica desde el Ministerio de Hacienda y el Banco Central en el pasado reciente, que ya se había cometido de manera similar en 1999 frente a la crisis asiática, no debe volver a repetirse: Chile debe ampliar y no restringir el carácter anticíclico de su política económica. No haber utilizado los instrumentos que hemos construído provocó el incremento de la pobreza que hoy lamentamos.

Quien reconoce errores no se humilla sino que se enaltece. Y especialmente porque al hacerlo está en mejores condiciones de sacar lecciones positivas para el futuro. Lo contrario ocurre con quienes se niegan a asumir responsabilidades y transforman su gestión en un dogma de fe, empobreciéndose moral e intelectualmente. Toda obra humana es imperfecta, y si la realizada desde 1990 está llena de realizaciones positivas, también tiene zonas grises y oscuras que deben ser corregidas por una nueva mayoría que se constituya como alternativa a la derecha en los próximos eventos democráticos en el país y a la que nos proponemos contribuir activamente.

Entre las lecciones a sacar está que el programa Chile Solidario creado por el Presidente Lagos y que apoya a los 200 mil familias de menores ingresos, parece haber estado en condiciones de contener el nivel de indigencia, medido como el porcentaje de familias cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta de alimentación básica: aunque aumentó levemente, es cinco veces menor que el existente en 1987. Por su parte, la reforma a las pensiones impulsada personalmente por la Presidenta Bachelet –el anterior Ministro de Hacienda fue reacio a que esta medida estuviera siquiera incluida en su programa, así como cualquier reforma tributaria progresiva- , contribuyó a que la pobreza medida por Mideplan afecte solo al 8,9 por ciento de los mayores de 60 años, la mitad menos que al resto de la población. Se debe perseverar por ese camino y seguir extendiendo y aumentando la Pensión Básica Solidaria.

Muy preocupante resulta por su parte que la pobreza monetaria alcance aún al 24,5 por ciento de los jóvenes menores de 3 años o al 21,5 por ciento de los niños entre 4 y 17 años. Esto es moralmente inadmisible. Si bien es cierto que el Subsidio Único Familiar se extendió durante 2009 de 1,3 a 1,7 millones de causantes, su monto, al igual que el de la Asignación Familiar, es manifiestamente insuficiente. Debe ser aumentado con prontitud. Lo propio puede decirse del seguro de cesantía, que solo cubrió a menos de uno de cada cinco cesantes en la crisis reciente. No es de extrañar que entre los cesantes la pobreza haya alcanzado un 51%. El dispositivo creado en 2002 debe fortalecerse sustancialmente, así como los programas de creación directa de empleo, que mostraron su fortaleza en evitar aumentos de la pobreza en la crisis de 1999-2000.

El país debe además revisar la metodología de medición de la pobreza. Ninguna metodología cubre todas sus facetas, según muestra la experiencia comparada y especialmente la de los países de la OCDE. La medición vigente de la pobreza monetaria absoluta con la canasta de alimentos de 1988 no debe suprimirse sino complementarse con mediciones adicionales utilizando una canasta de consumo básico actualizada. También debe utilizarse líneas de pobreza relativas (como las que calcula la Unión Europea, con líneas de 40%, 50% y 60% del valor de la mediana de los ingresos por unidad de consumo o la que calcula la CEPAL con 50% de la mediana) y así enriquecer la percepción de esta realidad compleja y multifacética. Especial relevancia tiene la medición por tramos de edad y por estructura familiar, pues la experiencia comparada indica que los niños, las familias uniparentales y las personas solas son las que más sufren de pobreza y requieren de programas especializados en su apoyo. Asimismo, la experiencia comparada –y las pocas investigaciones de panel existentes en Chile- demuestran que la rotación de personas que entran y salen de situaciones de pobreza es muy alta, por lo que fortalecer la protección social frente a los ciclos económicos y del empleo sigue siendo una tarea crucial y nuestra seña de identidad en materia de políticas económicas y sociales frente al dogmatismo neoliberal que se opone a las intervenciones públicas necesarias sobre la economía en aras del bienestar de las mayorías