martes, noviembre 03, 2009

El intervencionismo y nuestro Berlusconi . Ricardo Solari

El desalojo no ha caminado como estrategia electoral. Piñera en ninguna encuesta supera la votación histórica de su sector. La encuesta UDP lo ratifica una vez más. La Presidenta alcanza una aprobación que se acerca al 80 %. Por eso nuevamente el tema de moda es la intervención electoral. Y el contralor general de la República se instala en el centro de un escenario donde deberían estar los programas. Pero el candidato de la derecha, en su transformismo, no sólo critica en un debate en televisión al «sector financiero», sino que promueve iniciativas liberales que su sector político ha rechazado sistemáticamente y votado en contra, recurriendo en algunos casos al Tribunal Constitucional y a su mayoría conservadora para usurpar decisiones propias de los ciudadanos, o políticas públicas, como la distribución de la píldora del día después, que fortalecen la autonomía individual.
Por eso, el lloriqueo algo histérico de la intervención electoral encubre no sólo un intento de arrebatar a un conjunto de ciudadanos, los funcionarios públicos, sus derechos civiles, sino también de eludir otros debates.

La prohibición de usar recursos públicos para fines particulares es parte esencial de un Estado de derecho. Respetar esta regla es también propio del comportamiento que los funcionarios están legalmente obligados a exhibir. Existe, qué duda cabe, la obligación ética de éstos de no usufructuar de sus privilegios. Es bueno que este principio esté consagrado por la ley, y que existan organismos públicos eficientes que velen por su cumplimiento. Es bueno también que los medios de comunicación y que la sociedad civil en su conjunto fiscalicen. Respecto del uso de recursos fiscales para hacer proselitismo político, la oposición denuncia y persigue hasta la más leve infracción a la ley y a la probidad. Y nada hay que objetar: es parte legítima de la reglas del juego y por muy menor que sea la falta, ella no puede ser tolerada.

Transparencia Internacional ubicó a Chile en el lugar número 20 de 133 en su ranking de probidad pública. Las cifras del Banco Mundial indican algo similar. El gobierno de la Presidenta más popular en la historia republicana dio pasos trascendentes para fortalecer esta tendencia: La ley de acceso a información pública y la formación del Consejo de la Transparencia.

Esto no significa negar casos ocurridos ni dejar de luchar contra este flagelo: evidentemente, no vivimos en un país perfecto. Pero tampoco vivimos en un país corrupto. Es falso afirmar lo contrario y es malo, por infinitas razones, propagar esa percepción, especialmente para promover intereses electorales.

Parte igualmente esencial de un Estado de derecho es su legitimidad democrática. La democracia es un concepto susceptible de innumerables interpretaciones, pero su núcleo radica en la protección que ofrece frente a la arbitrariedad de unos pocos. En la actualidad, el poder económico se ha consolidado como la máxima forma de poder.

Y precisamente un periódico extranjero, Financial Times, probablemente uno de los medios escritos más influyentes y respetados del planeta, pone el dedo en la llaga cuando, en un artículo de esta semana, se refiere a Sebastián Piñera en dos oportunidades como el Berlusconi chileno. Y la analogía no constituye precisamente un halago.

De modo que una de las principales obligaciones de nuestra democracia es impedir que la sociedad quede sometida al arbitrio de esos pocos y que ese poder se extienda a otras áreas: por ejemplo, poder para infringir la ley impunemente, poder para imponer su concepción de la vida al resto. Por ello, es bueno que la ley consagre, en la totalidad de las áreas donde sea pertinente, la independencia del poder político frente al poder económico.

¿Hasta qué punto las reglas del juego protegen a la democracia del poder económico, como lo hacen respecto del abuso de poder por parte de los funcionarios públicos? ¿Ha sido la derecha, sus múltiples voces y sus parlamentarios, consistente en su defensa del Estado de derecho? ¿Es igualmente celosa a la hora de proteger a los chilenos de este inmenso riesgo?
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