El Cobre Traicionado. Las conquistas (Chilenización y Nacionalización) comienzan a perderse.

Pero esas legítimas conquistas, ya tan internalizadas entre los chilenos como un digno logro nacional de la mayor envergadura histórica para la economía, y que fue resistida por las compañías norteamericanas, apoyadas por su gobierno, comenzaron a desvanecerse a partir de 1974, cuando se dictó el Decreto Ley 600 con el fin de atraer inversionistas extranjeros a un Chile políticamente marginado en el plano internacional y estableció beneficios tributarios y otras garantías a los particulares.
Luego la Constitución de 1980, aunque mantuvo los principios nacionalizadores del cobre, dio paso a la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, llamada Ley Minera de 1983, con la que se abrieron las puertas a las concesiones plenas en la minería, vigentes hasta hoy. Hay quienes hablan de "desnacionalización del cobre”, puesto que volvió, afirman, mayoritariamente a quedar en manos de las compañías privadas extranjeras, en desmedro de Codelco.
La Constitución de 1980 recogió las disposiciones sobre la propiedad minera aprobadas por unanimidad con la ley de la nacionalización de la gran minería: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas".

Yendo aún mas lejos que la Constitución de 1925, agregó en el inciso 7" del No 24 del art. 19 una disposición que establece que el concesionario minero, para poder conservar su concesión, tenía la obligación de "desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento".

Pero antes que se plebiscitara la Constitución, las presiones norteamericanas se hicieron sentir con el viaje a Chile del presidente de la multinacional Exxon, para exigirle al general Pinochet que cambiara las disposiciones de la Constitución sobre la minería. El general Pinochet no aceptó cambiar el texto de la Constitución pero accedió a que la ley minera - que tenía que promulgarse posteriormente - morigerara y flexibilizara las obligaciones que la Constitución imponía a los concesionarios mineros. Para redactar las leyes mineras y allanarse a los deseos de Exxon, en vez de escoger a juristas en derecho minero, Pinochet escogió a los economistas Hernán Buchi y José Piñera, designando a este último como Ministro de Minería.

En relación a la forma como se promulgaron estas leyes, en un artículo de análisis en el diario La Tercera llamado “Otro error histórico”, el 20 de noviembre de 1983, Pablo Rodríguez Grez decía entre otras cosas lo siguiente: "Con amargura veo que se comete ahora otro error histórico que no puedo dejar pasar Me rejero a la promulgación de la Ley N018. 097, de 21 de enero de 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Esta ley es, a mi juicio, abiertamente inconstitucional y pone en inminente peligro una riqueza que pertenece a todos los chilenos. Por lo mismo, no podemos mantener un silencio que, a la postre, será aprovechado por los grandes consorcios internacionales en desmedro del patrimonio nacional.. . En suma, estamos en presencia de una ley contraria al interés nacional, que rompe la tradición de la legislación chilena sobre la materia, que abre camino a los intereses de las grandes transnacionales para dominar esta riqueza en Chile y que hipoteca, sin el menor beneficio, el futuro de nuestro país en un área de fundamental importancia económica. ¿Será ésta la última 'gracia' de los economistas transformados en legisladores?".

En ese momento también fue rechazada de manera radical por Radomiro Tomic como relata en su artículo Leopoldo Muñoz: "(. . .) El carácter profundamente antinacional de esta ley fue enérgicamente denunciado por diversas personalidades del país, uno de los personajes más prominentes y comprometidos en esta lucha fue sin lugar a dudas Radomiro Tomic. (. . . )".

El sagaz Radomiro Tomic fue un tenaz crítico y opositor a estas leyes mineras antinacionales. En un artículo publicado en la revista Hoy, sostuvo que estas leyes eran tan favorables al capital extranjero, que incluso las mismas transnacionales extranjeras no creían que ellas pudieran perdurar. Y para demostrarlo retorna un reportaje del diario The Washington Post, que resumió así la opinión de una transnacional interesada en el cobre chileno: "No necesitamos esta habilidad. La ley minera no puede asegurarla. It is too good to be true", ("Es demasiado buena para ser verdad").

¿ Por qué no se cumplió el programa de la Concertación?

Es necesario recordar al respecto que, una vez aprobadas estas leyes mineras y hasta el término del régimen militar, fuera de La Escondida, no hubo ninguna otra inversión en la gran minería del cobre, porque las mismas transnacionales pensaban que existía el riesgo que se modificaran esas leyes mineras. Y tal es así, que en el programa de La Concertación, con el cual se ganó el plebiscito y las elecciones de 1 989, estaba claramente definido que se debían modificar las leyes mineras.

Aquí cabe entonces la pregunta: ¿Por qué no se cambiaron estas leyes si ello estaba en el programa de gobierno respaldado por las más diversas opiniones políticas, como aquí se ha testimoniado?. ¿Acaso había algún tipo de compromiso político o económico con el gobierno norteamericano para tratar de no hacerlo?. ¿ O este olvido es el finito solamente de la acción que se hizo hacia escogidos miembros de los gobiernos de la Concertación, a través de un poderoso lobby del cobre con mucho dinero de por medio?.

“It is too good to be true”

Estas son las preguntas que hay que responder porque no tan sólo hubo abandono a nuestro programa y a nuestra historia sino que además la Concertación aparece, lo haya querido o no, abriendo amplia la puerta al capital extranjero en la minería sin ninguna regulación. Capitales probablemente innecesarios para que Chile desarrollase su minería. Ahí está el ejemplo de Codelco que con recursos propios casi ha triplicado su producción desde la nacionalización. En los últimos años no sólo se autorizó una cuestionable y ¿por qué no?, innecesaria inversión extranjera en la minería sino además, en medio de la ausencia de una política de Estado, con condiciones y leyes aprobadas que facilitan la depredación de nuestros recursos naturales. Por esta maciza síntesis es que he sostenido que, desde los presidentes y todos los que hemos tenido algún grado de responsabilidad en esta coalición, hemos tenido alguna complicidad en estos hechos.

Nota: Este documento es un extracto textual, del libro “Royalty, Regalía o Renta Minera” publicado por del ex senador Sr. Jorge Lavandero (Germán Díaz).

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