ESTIMADAS Y ESTIMADOS CAMARADAS. ADJUNTO MUY INTERESANTES IDEAS DE NUESTRO CAMARADA RICARDO HORMAZAVAL RESPECTO DE NUESTRAS PROXIMAS ELECCIONES DEL PARTIDO DEL 17 DE MARZO.

MINUTA CON INTERVENCIONES EN LA DISCUSIÓN DE LA ACUSACIÓN

CONSTITUCIONAL CONTRA EL DICTADOR PINOCHET RECHAZA DA CON

LOS VOTOS DE LA DERECHA Y UNA PARTE DE LA CONCERTACION.

Extractada del diario de sesiones de la Cámara de Diputados.

SESIÓN 9ª, EN JUEVES 9 DE ABRIL DE 1998 103

La DC tenía entonces 37 diputados. 10 no votaron a favor de ella.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg

(Presidente).- Tiene la palabra, hasta por trece minutos, el Diputado señor Ignacio

Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención todas y cada una de las

intervenciones que han tenido lugar en este debate. Quiero decir que con mucha

serenidad y libertad de espíritu -hablo en mi nombre y en el de mis colegas,

Diputadas señora Eliana Caraball, señorita Antonella Sciaraffia, Diputados señores

Edmundo Salas, Aldo Cornejo, Enrique Krauss, Jaime Mulet, Roberto León y

Waldo Mora- que también hemos querido compartir una reflexión, en el contexto

de este importante debate.

Quiero plantear en forma breve algunas cuestiones previas, a modo de

introducción, y un argumento sobre el fondo del tema.

En primer lugar, está claro que es absolutamente legítimo el derecho de los

acusadores a deducir este libelo en uso de sus prerrogativas constitucionales

irrenunciables, lo que merece todo nuestro respeto, especialmente cuando ha sido

presentado de modo formalmente correcto y han seguido esta convicción.

Hoy no se triza la Democracia Cristiana, como dice un titular de la tarde en forma

arrogante. La Democracia Cristiana ha decretado libertad de acción, lo que

significa que ambas posiciones son legítimas y deben ser vistas con respeto.

Lamento decir a los agoreros de siempre que hay Democracia Cristiana y

Concertación para mucho rato. En segundo lugar, tenemos discrepancias de fondo

en relación con la defensa del acusado.

No tengo tiempo para referirme a ello, pero al menos hay cuatro o cinco aspectos

que quiero mencionar.

Primero, no hay lugar para impugnar el procedimiento de la Comisión informante,

en la medida en que fue plenamente garantizado el debido proceso y el derecho a

la defensa.

Segundo, mal se puede invocar la inacusabilidad del acusado, que contradice el

propio libelo que reconoce que para ser comandante en jefe hay que ser general.

Pinochet es sujeto pasivo de una acusación constitucional.

Tercero, la supuesta desviación del fin o del poder de parte de los acusadores

no ha existido, porque el objeto de la acusación constitucional es obtener una

declaración de culpabilidad. Los efectos jurídicos pueden ser: destitución,

inhabilitación, responsabilidad penal o civil.

Cuarto, contrario a lo que comúnmente se cree, éste no es un juicio político -en

el sentido en que corrientemente se le entiende-: de aprobación o rechazo, de

confianza o desconfianza o de opinión en relación con una persona determinada,

sino un juicio constitucional, referido no a una persona,

sino a actos o conductas de esa autoridad habiendo existido una correspondencia

entre los cargos que se formulan y la causal que seinvoca. Ésa es la ponderación

jurídicopolítica que debemos hacer. No es un juicio político, sino constitucional.

Quinto, también contrariamente a lo que se cree en forma usual, los diputados

no estamos llamados a votar en conciencia; es el Senado el que, al votar como

jurado, vota en conciencia. Los diputados estamos llamados a votar por imperativo

de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, artículo 41, inciso segundo, con arreglo

a derecho, en especial, cuando hace un mes juramos respetar la Constitución y la

ley.

Respecto del fondo del tema. Aquí no se está acusando a Pinochet por la

dictadura de diecisiete años o por las violaciones a los derechos humanos

cometidas durante ese período, porque no habría dos voces al interior de la

Concertación. Se está acusando a Pinochet por el período 1990-1997. No es una

acusación dirigida contra el Pinochet de la dictadura, sino contra el Pinochet en

democracia.

De allí que la línea divisoria entre el juicio a Pinochet y el del proceso democrático,

sea tan tenue.

Y en este sentido, atendiendo el mérito de la acusación, nuestra argumentación

central es la siguiente: si bien los cargos que se formulan contra Pinochet en

los tres capítulos de acusación corresponden efectivamente a conductas y

declaraciones graves irregulares y ofensivas, no han significado poner en grave

riesgo el honor o la seguridad de la Nación. Claramente, en el

capítulo I de la acusación -referido a la imagen internacional de Chile-, y la forma

que habría comprometido gravemente el honor de la Nación, queda de manifiesto

lo anterior.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, fue elocuente al

decir: “Es tan grande el desprestigio internacional de Pinochet, que no ha podido

comprometer el honor de la Nación”, cuyo prestigio -me atrevería a agregar- en la

Comunidad de Naciones está a salvo y existe a pesar de Pinochet. La reputación

o buen nombre de la Nación -y eso es el honor de la Nación-

no ha podido estar en grave riesgo por los dichos del ex dictador.

El Capítulo III es, tal vez, el más grave de todos: “Ofensas a la memoria de las

víctimas de las violaciones a los derechos humanos”.

Obviamente, las declaraciones no sólo son graves y ofensivas, como en los

Capítulos I y II, sino que, además, crueles e hirientes en relación con la memoria

de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a la vez que ofenden a

sus familiares.

Excúseme, señor Presidente, pero hay que ser muy miserable para referirse en

esos términos a tan dolorosas situaciones. Una persona que ha sido incapaz de

gesto alguno en el sentido del reencuentro y la reconciliación.

Afortunadamente, respecto de las violaciones a los derechos humanos del período

1973-1990, Pinochet ya ha sido juzgado moral e históricamente por el Informe

Rettig.

Tan graves son las declaraciones del Capítulo III y tan distantes, afortunadamente,

de lo que representa la Nación chilena, con su historia y sus valores que, más que

comprometer el honor de ésta, dan cuenta del deshonor y desprestigio de quien

las profiere, salvo que quisiéramos confundir el honor de la Nación chilena con el

de Pinochet, lo que sería un claro despropósito.

En los breves minutos que me restan, pasemos al meollo de esta discusión: el

80 ó 90 por ciento de la discusión al interior de la Comisión se ha referido a los

ejercicios de enlace de 1990 y al “boinazo” de 1993.

Les propongo, estimados colegas parlamentarios, el siguiente ejercicio para la

ponderación

jurídico-política y de fondo que estamos llamados a hacer respecto de este hecho.

¿Cómo resolver este tema? A mi juicio, escuchando y haciendo fe de los testigos y

actores más calificados de ese proceso -los ejercicios de enlace y el boinazo-:

¿Qué nos han dicho esos testigos de la Concertación -que, por lo menos a mí y a

quienes

represento, nos merecen toda la confianza-? Los subsecretarios Marcos Sánchez,

Mario Fernández y Jorge Burgos. No hay una sola afirmación en sus testimonios

que pudiera, ni remotamente, llegar a la conclusión de que la institucionalidad

democrática estuvo en peligro, sin desconocer, por cierto

-para ser fiel a su testimonio-, la gravedad de los hechos de que se diera cuenta.

El testimonio pormenorizado y extenso del Ministro de Defensa de la época, don

Patricio Rojas, dice lo mismo.

¿Y qué dice el vocero de la época, Secretario General de Gobierno, militante y

dirigente

del Partido Socialista, Enrique Correa? A pesar de la alarma, el temor en la

población y los actos inusuales de que se trata, “la institucionalidad del país no

estaba en peligro y la autoridad del Presidente de la República no había resultado

vulnerada en estos acontecimientos”. Y agrega, recordando la situación: “De lo

que sí estoy seguro es que, si bien generaron alarma pública, si

bien tuvieron trascendencia y gravedad, no constituyeron una violación explícita y

formal

de la legalidad”. Y concluye: “Se generó una cantidad de hechos que, reitero,

estuvieron

siempre en la frontera de lo que pudiera ser calificado de legal o ilegal. En opinión

del gobierno de la época y en relación con la situación de ese momento, no

traspasaban la frontera y no se constituyeron en actos ilegales”.

¿Y qué dice, no en esa época -porque uno podría decir que no había otra

posibilidad-, sino cinco años después, el Ministro Secretario General de la

Presidencia de ese entonces, Edgardo Boeninger, citando el Mensaje de 1993

del ex Presidente Aylwin, que habla de un “claro progreso en las relaciones cívico

militares, tendencia nítida hacia la armonía, la debida subordinación y la confianza

en las relaciones entre la sociedad, el Gobierno y las Fuerzas Armadas” -palabras

de

Aylwin-, añade Boeninger: “El hecho de que, después de esta afirmación, se

hayan

producido dos de los momentos más conflictivos en la relación política y militar,

como

el boinazo y la condena del caso Contreras, no resta validez a este aserto. Lo que

importa,

desde el punto de vista del análisis del proceso de normalización, es que los

hechos, sin perjuicio de la tensión generada en cada caso, se desarrollaron

invariablemente, con respeto formal al estado de derecho, y su desenlace se

mantuvo siempre dentro del marco de la Constitución y con

ejercicio efectivo de las prerrogativas constitucionales”.

Anteayer, Enrique Krauss, a la sazón Vicepresidente de la República, Ministro del

Interior, dijo: “Nuestra conclusión es que cada uno de los hechos invocados

existió, pero careció de la entidad para comprometer gravemente el honor o la

seguridad de la Nación. En todo caso, cada una de las situaciones invocadas, de

las que fuimos testigos, cuando no protagonistas, jamás, desde nuestro punto de

vista, perturbaron, amenazaron o afectaron la institucionalidad vigente”.

Como si todo lo anterior fuera poco, Patricio Aylwin nos entrega un testimonio

elocuente. No hay un Aylwin del lunes y un Aylwin del martes; no hay un Aylwin

que haya borrado con el codo lo que escribió con la mano. Efectivamente, los

ejercicios de enlace y el “boinazo” fueron graves, fueron presiones indebidas.

¿Pero cómo califica estos hechos Patricio Aylwin, entonces Presidente

de la República? “Fueron actos irregulares indebidos, pero que no afectaron el

funcionamiento del régimen constitucional, no comprometieron el prestigio ni el

honor de la Nación, es decir, la imagen de Chile”.

Termino diciendo que no he citado a las más altas autoridades políticas de la

Concertación de la época con el objeto de dar un argumento de autoridad, sino

porque creo que en esa situación, con el contexto político de la época, estos

testimonios demuestran que no se ha comprometido gravemente la seguridad de

la Nación, como ellos mismos lo señalan.

Seguridad, según el diccionario, significa “firme, constante y que no está en peligro

de faltar o caerse”. ¡Qué descripción más acertada del proceso democrático que

hemos vivido en la década de 1990, que a pesar de todos estos tropiezos; que

a pesar del “boinazo”; que a pesar de los ejercicios de enlace; que a pesar de

Pinochet, ha sido un proceso democrático “firme, constante y que no

está en peligro de faltar o caerse”.

Por esas razones, votaremos por la inadmisibilidad de esta acusación.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

-Suenan timbres

Diputado Espina: a quien creerle? ¿A Andrés Zaldívar, Presidente del Senado, o

a los acusadores? Andrés Zaldívar dice: “Llamo a poner fin a las querellas y a las

acusaciones con las que se pretende reanudar los serios conflictos que afectaron

a los chilenos en el pasado, reabriendo heridas

y poniendo en riesgo los avances logrados para mejorar la convivencia nacional”.

Pero

no sólo eso. ¿A quién también tenemos que creerle? ¿Al ex Senador Frei Bolívar

o a los

acusadores? El ex Senador Frei Bolívar expresa: “Augusto Pinochet facilitó

enormemente

la transición y colaboró activamente en que fuera tranquila y sin salirse en

momento alguno de la legalidad vigente”.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por

ocho minutos, el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, creo que éste es un día del

cual todos nos vamos a felicitar. No es raro que se hayan vertido expresiones tan

contradictorias.

El Diputado señor Espina defendiendo al ex Presidente Aylwin y al Presidente

plebiscito. El Diputado Ignacio Walker contradiciéndose con sus camaradas

acusadores.

Mucha aclamación; gente en las tribunas, que tiene en el pecho el rostro de sus

familiares

desaparecidos, y otros, el rostro del que los hizo desaparecer.

-Manifestaciones en la Sala y en las tribunas.

El señor PALMA (don Andrés).- Éste es el Chile de hoy, el Chile que estamos

viviendo

y que hemos construido entre todos.

Es el Chile de la transición, que empieza a vivir, aunque algunos se sorprendan y

no lo

crean, una cierta normalidad democrática. Y la empieza a vivir, entre otras

razones, y no

es menor, porque Pinochet, aunque esté en el Senado en un cargo vitalicio, ha

dejado de

tener poder real sobre esta sociedad. Y eso, a todos -a los de allá, a los de acá y a

los de

las tribunas- nos hace más libres.

No hay dos Pinochet, como dijo Ignacio Walker. Hay uno solo. Lo nombró el

Presidente

Allende, y lo traicionó; lo dejó Carlos Prats en su cargo, como hombre de

confianza, pero lo mandó a asesinar, y constituyó una Junta de Gobierno, invitado

por Merino y por Leigh, y todos sabemos lo que pasó después. Ninguno de estos

hechos los podemos juzgar; tampoco es posible

reflexionar sobre los mismos, porque estamos impedidos por una ley que nos dejó

Pinochet.

Después, este mismo Pinochet –querida Diputada Pía Guzmán- no se fue porque

renunció, sino porque perdió un plebiscito en el cual se impuso como candidato.

Tampoco dejó la comandancia en jefe el 10 de marzo por estimar que había

cumplido una etapa; la dejó porque la Constitución lo

mandaba. Es decir, nunca tuvo un acto de renunciamiento, un acto voluntario ni

de reencuentro. Este señor ha sido un actor fundamental en nuestro proceso de

transición.

De eso, no cabe ninguna duda.

En esta Sala se ha hablado del “ejercicio de enlace”, del “boinazo”, del

encarcelamiento del asesino Contreras y de la ofensa a los alemanes. Incluso la

Derecha nos ha dicho que fueron actos imprudentes, anormales, irregulares e

inconvenientes, pero dentro del marco reglamentario. ¿Cuál es la realidad de todo

esto? El Diputado señor Alberto Espina se pregunta: ¿dónde está la

responsabilidad de las autoridades? Las autoridades que gobernaron el país no

quedaron en silencio ante estos hechos. Primero, forzaron un cambio de actitud en

el Ejército, por lo cual terminaron el “boinazo” y el “ejercicio de enlace”; obligaron a

que cumplieran con la ley, y por eso Contreras está

en Punta Peuco; exigieron disculpas para los alemanes, y las relaciones con

Alemania no se deterioraron. Por lo demás, así quedó claramente establecido en

las versiones de las sesiones de la Comisión Acusadora. Entonces, si los hechos

se resolvieron, fue por la acción del Gobierno, por Aylwin, por Frei, por Krauss, por

Rojas, por Pérez y por Correa, y no por Pinochet, sino pese a Pinochet, porque él

provocaba los hechos y generaba las amenazas no sólo por temas institucionales.

¡Qué vergüenza!

Me avergüenza que los diputados de Derecha defiendan a Pinochet por los

“pinocheques”.

Si lo defendieran por la obra de la cual participaron, muy bien; los comprendería.

El “ejercicio de enlace” y el “boinazo” - lo señalaron Aylwin, Correa, Pérez, Rojas y

Krauss- fueron por los “pinocheques”. Por los intereses particulares de su hijo, se

hace

un “ejercicio de enlace” y se acuartela al Ejército en grado uno. Así lo confirman

los

recortes de prensa que ha mostrado la Diputada señora Pollarolo. Se realizan no

por un

motivo de interés nacional, no por el país ni por el Ejército, sino -cito al Diputado

señor

Ignacio Walker que decía que no hubo violación explícita y formal de la legalidad,

los

resquicios legales por los cuales, según él, dio el golpe de Estado- ¡por su hijo!,

¡por

los robos de su hijo! Y eso es una vergüenza. Todos los que estamos en esta Sala

debiéramos

reconocerlo.

Pero hay hechos mucho más graves que ésos. Aquí se podrá decir qué es una

palabra para el honor de una Nación. Bien citó Ignacio Walker la intervención

del subsecretario Mariano Fernández; pero bajo esa premisa, querido Diputado

Ignacio, nunca nadie podría afectar la honra de Chile, porque la

honra de esta Nación es muy grande y Pinochet es pequeño para ella. Pero sí se

ve afectada, porque todos nosotros, y estoy seguro de que también Julio Dittborn,

Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Carlos Ignacio Kuschel, cuando un general

de Ejército o el comandante en jefe del Ejército dice, con sorna, como quedó

acreditado: “Es que los enterrábamos de a dos por economía”.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Resta un minuto a su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).- Cuando se habla de los derechos humanos

consagrados en el artículo 5º de la Constitución, ¿qué son? Si decimos que

aquí no ha pasado nada, que todos estos dichos son intrascendentes, estamos

afectando el honor y la moral de nuestro país.

En otro contexto, una vez cité en esta Sala al filósofo chileno Eduardo Devés.

Él dijo hace un tiempo: “Y espero que una vez que el dictador ya no esté no nos

dediquemos a ocultarlo, a decir que no existió, que aquí no ha pasado nada y que

todo comienza de nuevo.

No, lo primero -y yo me voy a comprometer a ello- es levantarle una estatua en un

lugar importante, para que no se nos olvide ni nos dé por sepultarlo en el fondo de

nuestras conciencias, como algo que pasó sin dejar huellas, como algo casual y

sin importancia.

“Levantadle una estatua colectiva a la que contribuyan diversos escultores,...

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg

(Presidente).- Señor diputado, se ha cumplido

su tiempo.

El señor PALMA (don Andrés).- ...de los

que estuvieron contra él, de los que fueron

más o menos indiferentes,...

-Hablan varios señores diputados a la

vez.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg

(Presidente).- Señor diputado, ha terminado

su tiempo.

El señor PALMA (don Andrés).- Termino, señor Presidente -los demás podrán

leer este artículo-, con una sola frase: por esta sesión, mañana todos nosotros

seremos más libres.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor ROCHA.-( Diputado del PRSD) Señor Presidente, como no quiero que

mi abstención se sume al rechazo, con su venia, me retiro de la Sala.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Conforme.

-Hablan varios señores diputados

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg

(Presidente).- En virtud de lo dispuesto en el artículo 160 del Reglamento, me

excuso de

votar. Terminada la votación.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg

(Presidente).- Ordeno desalojar las tribunas.

Resultado de la votación.

-Efectuada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente

resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- De conformidad con el

resultado

de la votación, queda rechazada la acusación.

Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 21.50 horas.

Diario El País, España, Domingo 12 abril 1998 - Nº 709

Ocupada la sede de la Democracia Cristiana tras el juicio a Pinochet

MANUEL DÉLANO, Santiago

La coalición gobernante en Chile se enfrenta a una grave crisis a causa

de la división interna de la Democracia Cristiana (DC), un tercio de cuyos

diputados votó el jueves junto con la derecha para exculpar definitivamente

al ex dictador Augusto Pinochet en el juicio político que le había abierto

la Cámara de Diputados. Medio centenar de militantes de las juventudes

de la DC mantienen tomada desde ese día la sede del partido en Santiago,

en protesta por la actitud del presidente de la organización, Enrique

Krauss, partidario de retirar la acusación constitucional contra Pinochet.

Los ocupantes piden a Krauss que explique porqué se alineó con el

pinochetismo y quieren renovar el partido.

La Democracia Cristiana, el mayor partido de la coalición gobernante, que ya

se dividió a raíz del golpe militar de 1973, se halla sumida en una agria disputa

interna. Los partidarios de mantener la acusación contra el ex dictador critican

la «traición» de sus correligionarios al hacer naufragar la iniciativa parlamentaria.

Los 11 diputados democristianos que votaron con la derecha sostienen que sólo

respaldaron al Gobierno, que siempre rechazó la iniciativa de acusar al general.

De hecho, después de la sesión parlamentaria del jueves, el presidente Eduardo

Frei les agradeció su votación.