lunes, marzo 11, 2013

ESTIMADAS Y ESTIMADOS CAMARADAS. ADJUNTO MUY INTERESANTES IDEAS DE NUESTRO CAMARADA RICARDO HORMAZAVAL RESPECTO DE NUESTRAS PROXIMAS ELECCIONES DEL PARTIDO DEL 17 DE MARZO.


MINUTA CON INTERVENCIONES EN LA DISCUSIÓN DE LA ACUSACIÓN
CONSTITUCIONAL CONTRA EL DICTADOR PINOCHET RECHAZA DA CON
LOS VOTOS DE LA DERECHA Y UNA PARTE DE LA CONCERTACION.
Extractada del diario de sesiones de la Cámara de Diputados.
SESIÓN 9ª, EN JUEVES 9 DE ABRIL DE 1998 103
La DC tenía entonces 37 diputados. 10 no votaron a favor de ella.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg
(Presidente).- Tiene la palabra, hasta por trece minutos, el Diputado señor Ignacio
Walker.


El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención todas y cada una de las
intervenciones que han tenido lugar en este debate. Quiero decir que con mucha
serenidad y libertad de espíritu -hablo en mi nombre y en el de mis colegas,
Diputadas señora Eliana Caraball, señorita Antonella Sciaraffia, Diputados señores
Edmundo Salas, Aldo Cornejo, Enrique Krauss, Jaime Mulet, Roberto León y
Waldo Mora- que también hemos querido compartir una reflexión, en el contexto
de este importante debate.
Quiero plantear en forma breve algunas cuestiones previas, a modo de
introducción, y un argumento sobre el fondo del tema.
En primer lugar, está claro que es absolutamente legítimo el derecho de los
acusadores a deducir este libelo en uso de sus prerrogativas constitucionales
irrenunciables, lo que merece todo nuestro respeto, especialmente cuando ha sido
presentado de modo formalmente correcto y han seguido esta convicción.
Hoy no se triza la Democracia Cristiana, como dice un titular de la tarde en forma
arrogante. La Democracia Cristiana ha decretado libertad de acción, lo que
significa que ambas posiciones son legítimas y deben ser vistas con respeto.
Lamento decir a los agoreros de siempre que hay Democracia Cristiana y
Concertación para mucho rato. En segundo lugar, tenemos discrepancias de fondo
en relación con la defensa del acusado.
No tengo tiempo para referirme a ello, pero al menos hay cuatro o cinco aspectos
que quiero mencionar.
Primero, no hay lugar para impugnar el procedimiento de la Comisión informante,
en la medida en que fue plenamente garantizado el debido proceso y el derecho a
la defensa.
Segundo, mal se puede invocar la inacusabilidad del acusado, que contradice el
propio libelo que reconoce que para ser comandante en jefe hay que ser general.
Pinochet es sujeto pasivo de una acusación constitucional.
Tercero, la supuesta desviación del fin o del poder de parte de los acusadores
no ha existido, porque el objeto de la acusación constitucional es obtener una
declaración de culpabilidad. Los efectos jurídicos pueden ser: destitución,
inhabilitación, responsabilidad penal o civil.
Cuarto, contrario a lo que comúnmente se cree, éste no es un juicio político -en
el sentido en que corrientemente se le entiende-: de aprobación o rechazo, de
confianza o desconfianza o de opinión en relación con una persona determinada,
sino un juicio constitucional, referido no a una persona,

sino a actos o conductas de esa autoridad habiendo existido una correspondencia
entre los cargos que se formulan y la causal que seinvoca. Ésa es la ponderación
jurídicopolítica que debemos hacer. No es un juicio político, sino constitucional.
Quinto, también contrariamente a lo que se cree en forma usual, los diputados
no estamos llamados a votar en conciencia; es el Senado el que, al votar como
jurado, vota en conciencia. Los diputados estamos llamados a votar por imperativo
de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, artículo 41, inciso segundo, con arreglo
a derecho, en especial, cuando hace un mes juramos respetar la Constitución y la
ley.
Respecto del fondo del tema. Aquí no se está acusando a Pinochet por la
dictadura de diecisiete años o por las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante ese período, porque no habría dos voces al interior de la
Concertación. Se está acusando a Pinochet por el período 1990-1997. No es una
acusación dirigida contra el Pinochet de la dictadura, sino contra el Pinochet en
democracia.
De allí que la línea divisoria entre el juicio a Pinochet y el del proceso democrático,
sea tan tenue.
Y en este sentido, atendiendo el mérito de la acusación, nuestra argumentación
central es la siguiente: si bien los cargos que se formulan contra Pinochet en
los tres capítulos de acusación corresponden efectivamente a conductas y
declaraciones graves irregulares y ofensivas, no han significado poner en grave
riesgo el honor o la seguridad de la Nación. Claramente, en el
capítulo I de la acusación -referido a la imagen internacional de Chile-, y la forma
que habría comprometido gravemente el honor de la Nación, queda de manifiesto
lo anterior.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, fue elocuente al
decir: “Es tan grande el desprestigio internacional de Pinochet, que no ha podido
comprometer el honor de la Nación”, cuyo prestigio -me atrevería a agregar- en la
Comunidad de Naciones está a salvo y existe a pesar de Pinochet. La reputación
o buen nombre de la Nación -y eso es el honor de la Nación-
no ha podido estar en grave riesgo por los dichos del ex dictador.
El Capítulo III es, tal vez, el más grave de todos: “Ofensas a la memoria de las
víctimas de las violaciones a los derechos humanos”.
Obviamente, las declaraciones no sólo son graves y ofensivas, como en los
Capítulos I y II, sino que, además, crueles e hirientes en relación con la memoria
de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a la vez que ofenden a
sus familiares.
Excúseme, señor Presidente, pero hay que ser muy miserable para referirse en
esos términos a tan dolorosas situaciones. Una persona que ha sido incapaz de
gesto alguno en el sentido del reencuentro y la reconciliación.
Afortunadamente, respecto de las violaciones a los derechos humanos del período
1973-1990, Pinochet ya ha sido juzgado moral e históricamente por el Informe
Rettig.
Tan graves son las declaraciones del Capítulo III y tan distantes, afortunadamente,
de lo que representa la Nación chilena, con su historia y sus valores que, más que
comprometer el honor de ésta, dan cuenta del deshonor y desprestigio de quien
las profiere, salvo que quisiéramos confundir el honor de la Nación chilena con el

de Pinochet, lo que sería un claro despropósito.
En los breves minutos que me restan, pasemos al meollo de esta discusión: el
80 ó 90 por ciento de la discusión al interior de la Comisión se ha referido a los
ejercicios de enlace de 1990 y al “boinazo” de 1993.
Les propongo, estimados colegas parlamentarios, el siguiente ejercicio para la
ponderación
jurídico-política y de fondo que estamos llamados a hacer respecto de este hecho.
¿Cómo resolver este tema? A mi juicio, escuchando y haciendo fe de los testigos y
actores más calificados de ese proceso -los ejercicios de enlace y el boinazo-:
¿Qué nos han dicho esos testigos de la Concertación -que, por lo menos a mí y a
quienes
represento, nos merecen toda la confianza-? Los subsecretarios Marcos Sánchez,
Mario Fernández y Jorge Burgos. No hay una sola afirmación en sus testimonios
que pudiera, ni remotamente, llegar a la conclusión de que la institucionalidad
democrática estuvo en peligro, sin desconocer, por cierto
-para ser fiel a su testimonio-, la gravedad de los hechos de que se diera cuenta.
El testimonio pormenorizado y extenso del Ministro de Defensa de la época, don
Patricio Rojas, dice lo mismo.
¿Y qué dice el vocero de la época, Secretario General de Gobierno, militante y
dirigente
del Partido Socialista, Enrique Correa? A pesar de la alarma, el temor en la
población y los actos inusuales de que se trata, “la institucionalidad del país no
estaba en peligro y la autoridad del Presidente de la República no había resultado
vulnerada en estos acontecimientos”. Y agrega, recordando la situación: “De lo
que sí estoy seguro es que, si bien generaron alarma pública, si
bien tuvieron trascendencia y gravedad, no constituyeron una violación explícita y
formal
de la legalidad”. Y concluye: “Se generó una cantidad de hechos que, reitero,
estuvieron
siempre en la frontera de lo que pudiera ser calificado de legal o ilegal. En opinión
del gobierno de la época y en relación con la situación de ese momento, no
traspasaban la frontera y no se constituyeron en actos ilegales”.
¿Y qué dice, no en esa época -porque uno podría decir que no había otra
posibilidad-, sino cinco años después, el Ministro Secretario General de la
Presidencia de ese entonces, Edgardo Boeninger, citando el Mensaje de 1993
del ex Presidente Aylwin, que habla de un “claro progreso en las relaciones cívico
militares, tendencia nítida hacia la armonía, la debida subordinación y la confianza
en las relaciones entre la sociedad, el Gobierno y las Fuerzas Armadas” -palabras
de
Aylwin-, añade Boeninger: “El hecho de que, después de esta afirmación, se
hayan
producido dos de los momentos más conflictivos en la relación política y militar,
como
el boinazo y la condena del caso Contreras, no resta validez a este aserto. Lo que
importa,
desde el punto de vista del análisis del proceso de normalización, es que los
hechos, sin perjuicio de la tensión generada en cada caso, se desarrollaron

invariablemente, con respeto formal al estado de derecho, y su desenlace se
mantuvo siempre dentro del marco de la Constitución y con
ejercicio efectivo de las prerrogativas constitucionales”.
Anteayer, Enrique Krauss, a la sazón Vicepresidente de la República, Ministro del
Interior, dijo: “Nuestra conclusión es que cada uno de los hechos invocados
existió, pero careció de la entidad para comprometer gravemente el honor o la
seguridad de la Nación. En todo caso, cada una de las situaciones invocadas, de
las que fuimos testigos, cuando no protagonistas, jamás, desde nuestro punto de
vista, perturbaron, amenazaron o afectaron la institucionalidad vigente”.
Como si todo lo anterior fuera poco, Patricio Aylwin nos entrega un testimonio
elocuente. No hay un Aylwin del lunes y un Aylwin del martes; no hay un Aylwin
que haya borrado con el codo lo que escribió con la mano. Efectivamente, los
ejercicios de enlace y el “boinazo” fueron graves, fueron presiones indebidas.
¿Pero cómo califica estos hechos Patricio Aylwin, entonces Presidente
de la República? “Fueron actos irregulares indebidos, pero que no afectaron el
funcionamiento del régimen constitucional, no comprometieron el prestigio ni el
honor de la Nación, es decir, la imagen de Chile”.
Termino diciendo que no he citado a las más altas autoridades políticas de la
Concertación de la época con el objeto de dar un argumento de autoridad, sino
porque creo que en esa situación, con el contexto político de la época, estos
testimonios demuestran que no se ha comprometido gravemente la seguridad de
la Nación, como ellos mismos lo señalan.
Seguridad, según el diccionario, significa “firme, constante y que no está en peligro
de faltar o caerse”. ¡Qué descripción más acertada del proceso democrático que
hemos vivido en la década de 1990, que a pesar de todos estos tropiezos; que
a pesar del “boinazo”; que a pesar de los ejercicios de enlace; que a pesar de
Pinochet, ha sido un proceso democrático “firme, constante y que no
está en peligro de faltar o caerse”.
Por esas razones, votaremos por la inadmisibilidad de esta acusación.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan timbres

Diputado Espina: a quien creerle? ¿A Andrés Zaldívar, Presidente del Senado, o
a los acusadores? Andrés Zaldívar dice: “Llamo a poner fin a las querellas y a las
acusaciones con las que se pretende reanudar los serios conflictos que afectaron
a los chilenos en el pasado, reabriendo heridas
y poniendo en riesgo los avances logrados para mejorar la convivencia nacional”.
Pero
no sólo eso. ¿A quién también tenemos que creerle? ¿Al ex Senador Frei Bolívar
o a los
acusadores? El ex Senador Frei Bolívar expresa: “Augusto Pinochet facilitó
enormemente
la transición y colaboró activamente en que fuera tranquila y sin salirse en
momento alguno de la legalidad vigente”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por
ocho minutos, el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, creo que éste es un día del
cual todos nos vamos a felicitar. No es raro que se hayan vertido expresiones tan
contradictorias.
El Diputado señor Espina defendiendo al ex Presidente Aylwin y al Presidente
plebiscito. El Diputado Ignacio Walker contradiciéndose con sus camaradas
acusadores.
Mucha aclamación; gente en las tribunas, que tiene en el pecho el rostro de sus
familiares
desaparecidos, y otros, el rostro del que los hizo desaparecer.
-Manifestaciones en la Sala y en las tribunas.
El señor PALMA (don Andrés).- Éste es el Chile de hoy, el Chile que estamos
viviendo
y que hemos construido entre todos.
Es el Chile de la transición, que empieza a vivir, aunque algunos se sorprendan y
no lo
crean, una cierta normalidad democrática. Y la empieza a vivir, entre otras
razones, y no
es menor, porque Pinochet, aunque esté en el Senado en un cargo vitalicio, ha
dejado de
tener poder real sobre esta sociedad. Y eso, a todos -a los de allá, a los de acá y a
los de
las tribunas- nos hace más libres.
No hay dos Pinochet, como dijo Ignacio Walker. Hay uno solo. Lo nombró el
Presidente
Allende, y lo traicionó; lo dejó Carlos Prats en su cargo, como hombre de
confianza, pero lo mandó a asesinar, y constituyó una Junta de Gobierno, invitado
por Merino y por Leigh, y todos sabemos lo que pasó después. Ninguno de estos
hechos los podemos juzgar; tampoco es posible
reflexionar sobre los mismos, porque estamos impedidos por una ley que nos dejó
Pinochet.
Después, este mismo Pinochet –querida Diputada Pía Guzmán- no se fue porque
renunció, sino porque perdió un plebiscito en el cual se impuso como candidato.
Tampoco dejó la comandancia en jefe el 10 de marzo por estimar que había
cumplido una etapa; la dejó porque la Constitución lo
mandaba. Es decir, nunca tuvo un acto de renunciamiento, un acto voluntario ni
de reencuentro. Este señor ha sido un actor fundamental en nuestro proceso de
transición.
De eso, no cabe ninguna duda.
En esta Sala se ha hablado del “ejercicio de enlace”, del “boinazo”, del
encarcelamiento del asesino Contreras y de la ofensa a los alemanes. Incluso la
Derecha nos ha dicho que fueron actos imprudentes, anormales, irregulares e
inconvenientes, pero dentro del marco reglamentario. ¿Cuál es la realidad de todo
esto? El Diputado señor Alberto Espina se pregunta: ¿dónde está la
responsabilidad de las autoridades? Las autoridades que gobernaron el país no
quedaron en silencio ante estos hechos. Primero, forzaron un cambio de actitud en
el Ejército, por lo cual terminaron el “boinazo” y el “ejercicio de enlace”; obligaron a
que cumplieran con la ley, y por eso Contreras está

en Punta Peuco; exigieron disculpas para los alemanes, y las relaciones con
Alemania no se deterioraron. Por lo demás, así quedó claramente establecido en
las versiones de las sesiones de la Comisión Acusadora. Entonces, si los hechos
se resolvieron, fue por la acción del Gobierno, por Aylwin, por Frei, por Krauss, por
Rojas, por Pérez y por Correa, y no por Pinochet, sino pese a Pinochet, porque él
provocaba los hechos y generaba las amenazas no sólo por temas institucionales.
¡Qué vergüenza!
Me avergüenza que los diputados de Derecha defiendan a Pinochet por los
“pinocheques”.
Si lo defendieran por la obra de la cual participaron, muy bien; los comprendería.
El “ejercicio de enlace” y el “boinazo” - lo señalaron Aylwin, Correa, Pérez, Rojas y
Krauss- fueron por los “pinocheques”. Por los intereses particulares de su hijo, se
hace
un “ejercicio de enlace” y se acuartela al Ejército en grado uno. Así lo confirman
los
recortes de prensa que ha mostrado la Diputada señora Pollarolo. Se realizan no
por un
motivo de interés nacional, no por el país ni por el Ejército, sino -cito al Diputado
señor
Ignacio Walker que decía que no hubo violación explícita y formal de la legalidad,
los
resquicios legales por los cuales, según él, dio el golpe de Estado- ¡por su hijo!,
¡por
los robos de su hijo! Y eso es una vergüenza. Todos los que estamos en esta Sala
debiéramos
reconocerlo.
Pero hay hechos mucho más graves que ésos. Aquí se podrá decir qué es una
palabra para el honor de una Nación. Bien citó Ignacio Walker la intervención
del subsecretario Mariano Fernández; pero bajo esa premisa, querido Diputado
Ignacio, nunca nadie podría afectar la honra de Chile, porque la
honra de esta Nación es muy grande y Pinochet es pequeño para ella. Pero sí se
ve afectada, porque todos nosotros, y estoy seguro de que también Julio Dittborn,
Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica, Carlos Ignacio Kuschel, cuando un general
de Ejército o el comandante en jefe del Ejército dice, con sorna, como quedó
acreditado: “Es que los enterrábamos de a dos por economía”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Resta un minuto a su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).- Cuando se habla de los derechos humanos
consagrados en el artículo 5º de la Constitución, ¿qué son? Si decimos que
aquí no ha pasado nada, que todos estos dichos son intrascendentes, estamos
afectando el honor y la moral de nuestro país.
En otro contexto, una vez cité en esta Sala al filósofo chileno Eduardo Devés.
Él dijo hace un tiempo: “Y espero que una vez que el dictador ya no esté no nos
dediquemos a ocultarlo, a decir que no existió, que aquí no ha pasado nada y que
todo comienza de nuevo.
No, lo primero -y yo me voy a comprometer a ello- es levantarle una estatua en un
lugar importante, para que no se nos olvide ni nos dé por sepultarlo en el fondo de
nuestras conciencias, como algo que pasó sin dejar huellas, como algo casual y

sin importancia.
“Levantadle una estatua colectiva a la que contribuyan diversos escultores,...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg
(Presidente).- Señor diputado, se ha cumplido
su tiempo.
El señor PALMA (don Andrés).- ...de los
que estuvieron contra él, de los que fueron
más o menos indiferentes,...
-Hablan varios señores diputados a la
vez.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg
(Presidente).- Señor diputado, ha terminado
su tiempo.
El señor PALMA (don Andrés).- Termino, señor Presidente -los demás podrán
leer este artículo-, con una sola frase: por esta sesión, mañana todos nosotros
seremos más libres.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor ROCHA.-( Diputado del PRSD) Señor Presidente, como no quiero que
mi abstención se sume al rechazo, con su venia, me retiro de la Sala.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- Conforme.
-Hablan varios señores diputados
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg
(Presidente).- En virtud de lo dispuesto en el artículo 160 del Reglamento, me
excuso de
votar. Terminada la votación.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg
(Presidente).- Ordeno desalojar las tribunas.
Resultado de la votación.
-Efectuada la votación en forma secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente
resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- De conformidad con el
resultado
de la votación, queda rechazada la acusación.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.50 horas.

Diario El País, España, Domingo 12 abril 1998 - Nº 709

Ocupada la sede de la Democracia Cristiana tras el juicio a Pinochet

MANUEL DÉLANO, Santiago
La coalición gobernante en Chile se enfrenta a una grave crisis a causa
de la división interna de la Democracia Cristiana (DC), un tercio de cuyos
diputados votó el jueves junto con la derecha para exculpar definitivamente
al ex dictador Augusto Pinochet en el juicio político que le había abierto
la Cámara de Diputados. Medio centenar de militantes de las juventudes
de la DC mantienen tomada desde ese día la sede del partido en Santiago,
en protesta por la actitud del presidente de la organización, Enrique
Krauss, partidario de retirar la acusación constitucional contra Pinochet.
Los ocupantes piden a Krauss que explique porqué se alineó con el
pinochetismo y quieren renovar el partido.

La Democracia Cristiana, el mayor partido de la coalición gobernante, que ya
se dividió a raíz del golpe militar de 1973, se halla sumida en una agria disputa
interna. Los partidarios de mantener la acusación contra el ex dictador critican
la «traición» de sus correligionarios al hacer naufragar la iniciativa parlamentaria.
Los 11 diputados democristianos que votaron con la derecha sostienen que sólo
respaldaron al Gobierno, que siempre rechazó la iniciativa de acusar al general.
De hecho, después de la sesión parlamentaria del jueves, el presidente Eduardo
Frei les agradeció su votación.