LA PLAZA. Andres Rojo.

Desde tiempos antiguos, la plaza ha sido el lugar en el que los ciudadanos se reúnen para intercambiar información, exponer sus problemas y buscar acuerdos que hagan posible su convivencia.  En la medida en que las ciudades fueron creciendo, estas responsabilidades que son indispensables para el funcionamiento de las sociedades, fueron siendo delegadas en los profesionales de la información y de la política, aunque la plaza nunca ha dejado de ser el espacio lógico de encuentro de las personas.

            Cuando los profesionales, los encargados de proporcionar la circulación de los nutrientes que requiere la comunidad en su calidad de cuerpo vivo, comienzan a fallar en el cumplimiento de sus responsabilidades, es normal que la gente vuelva a la plaza para suplir sus necesidades por sí misma, y por eso que es importante la preservación de los lugares públicos como espacios comunes abiertos a todos.

            Las plazas no se pueden privatizar, no son de propiedad privada ni pueden ser restringidas al libre acceso de los ciudadanos porque, aunque puedan parecer un simple pulmón verde para las ciudades contaminadas o una vía de paso, siempre guardan en sí el potencial de ser el lugar que constituye el núcleo de la comunidad.   Tienen que estar disponibles de manera permanente y eso implica que nadie se puede arrogar derechos sobre ellas, y mucho menos quienes han recibido el mandato del conjunto de la sociedad para resolver sus problemas y, al no hacerlo, vuelven a hacer necesarios los encuentros en la plaza.

            La plaza está sobre la autoridad e incluso sobre la ley, porque es en ella en donde se congregaban las personas para definir la ley.  Esa tarea fue delegada luego al Parlamento.   Si los parlamentarios tienen inviolabilidad ante la ley, es lógico presumir que sus antecesores y mandantes, es decir los ciudadanos, también son inviolables ante la ley, al menos mientras no transgredan la legalidad de manera grave y flagrante.

            La necesidad de volver a la plaza se produce precisamente cuando no se las respeta como el lugar de encuentro ciudadano que es, porque la gente percibe como un asunto de vital importancia su derecho a reunirse, a expresar sus opiniones y exigir soluciones.

            Las normas que se deben cumplir -no escritas pero más válidas que las consideraciones reglamentarias y burocráticas, basadas en la débil excusa de resguardar el orden público precisamente del propio público- son las mismas del diálogo democrático, es decir: Respeto por el adversario ocasional, la sincera disposición a avanzar en la solución de los problemas, la coherencia entre los dichos y los actos.  Es respecto a estas exigencias que estamos fallando, de una y otra parte.