Acuerdos del V Congreso Ideológico y Programático Democracia Cristiana

I. Nuestra identidad

Nosotros, los democratacristianos, portadores de una historia que nos enorgullece, 70 años después de la fundación de la Falange y a 50 años de vida de la Democracia Cristiana, venimos a reafirmar nuestros principios renovando nuestras propuestas para responder a los nuevos desafíos y nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más libre, más justa y más humana.

Nuestros Principios: Sentido ético de la política

1. Somos un partido doctrinario e ideológico, que orienta sus acciones en principios y valores fundamentales. Creemos en el sentido ético de la política, noble expresión de servicio público, de amor a Chile, a su gente y a su territorio, encaminado a la construcción de un mundo mejor. Ese sentido se expresa en la búsqueda del bien común y de la verdad.

Nuestras fuentes filosóficas

2. Nuestras raíces se fundan en la tradición del humanismo y la doctrina social cristiana que, desde fines del siglo XIX, denunció las injusticias del mundo moderno invitando a luchar por una nueva sociedad- distinta del liberalismo individualista y el socialismo marxista- a partir del mandato evangélico del amor al prójimo, expresado en los valores de la libertad, la justicia social y la solidaridad. Hoy nos proponemos integrar a esta visión, los aportes de las diferentes comunidades religiosas y de nuevas fuentes del pensamiento intelectual.

Somos Personalistas

3. Somos personalistas. Inspirados en la doctrina del humanismo cristiano afirmamos la dignidad de toda persona, lo que obliga al respeto por la vida desde el inicio hasta la muerte. La persona humana, en su dimensión física, psíquica, espiritual y social, es el centro de nuestras preocupaciones. Asumimos este compromiso a desde la “norma personalista de la acción”.

Todos nuestros esfuerzos y acciones deben considerar al ser humano como el fin y jamás como un medio para el logro de cualquier objetivo.

Derecho a la vida

4. Reconocemos la naturaleza espiritual y trascendente del ser humano, concebimos la vida como una identidad continua desde la fecundación hasta la muerte natural. La libertad e igualdad en dignidad y derechos con que nacen todos los seres humanos es compartida por los seres humanos que están por nacer. Por eso, defendemos su vida. El aborto es una atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el

Estado acerca de cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no.

Propiciamos la existencia de mecanismos de discernimiento para resolver los casos excepcionales y complejos que se presentan desde el punto de vista médico. La sociedad debe procurar que cada niño sea aceptado aun en las condiciones más difíciles para sus padres.

Prevención del aborto

5. Una efectiva lucha en favor del derecho a la vida, junto a otras medidas, debe contemplar el fortalecimiento de la familia y de los programas de educación sexual. Para la Democracia Cristiana, no basta la preocupación por los abortos. Las políticas deben incluir también una preocupación por las mujeres que abortan y focalizarse en grupos de mayor riesgo. Especial atención debe ponerse en el embarazo no deseado en adolescentes, por sus graves consecuencias en sus proyectos de vida y en el de sus hijos. La mayoría de los embarazos adolescentes ocurren en comunas de más bajos ingresos. La inequidad no se resuelve sólo con el acceso sin restricciones a los métodos de anticoncepción. Es preciso garantizar atención profesional especializada y entrega de información adecuada, haciendo posible la toma de decisiones informadas y concientes.

Defensa irrestricta de los derechos humanos y condena a la pena de muerte

6. La defensa de la dignidad humana se expresa también en nuestra defensa irrestricta de los derechos humanos y la condena a la pena de muerte. La Democracia Cristiana incorpora en su marco conceptual la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros pactos, declaraciones y tratados vigentes cuyo fundamento principal es la defensa de la dignidad de toda persona humana, sin distinción, discriminación o exclusión de ninguna especie.

Perspectiva ética del desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología

7. Frente al desarrollo de la ciencia la tecnología y su uso, consideramos que – como toda actividad humana- debe ser analizado desde una perspectiva ética. El desarrollo del conocimiento científico es fruto de la libertad humana. Esta libertad debe ejercerse con responsabilidad considerando sus consecuencias en los seres humanos, el medio ambiente y las generaciones futuras. Los nuevos dilemas éticos por el vertiginoso avance científico y tecnológico, como la utilización de seres humanos para la investigación científica, la clonación, la manipulación genética de seres humanos, animales y vegetales y otros que aún no somos capaces de imaginar, nos obligan a proponer al país los caminos más adecuados para compatibilizar el desarrollo de las ciencias y la medicina, con el respeto irrestricto de la persona humana y la búsqueda del bien común. Promoveremos la investigación de todo aquello que contribuya a mejorar la vida humana, como curar enfermedades que antes no tenían remedio y aumentar la producción de alimentos que contribuyan a garantizar la vida y la calidad de la misma. Pero seremos claros en resguardar siempre y en toda circunstancia el respeto a la dignidad de las personas y la sobrevivencia de la creación

Diversidad genética, patrimonio de la humanidad

8. Reivindicamos la diversidad genética como un patrimonio de la humanidad.

La clonación humana, la creación de seres humanos diseñados genéticamente o la intervención de su individualidad son atentados contra la naturaleza humana y actos de tiranía brutal en contra de los seres surgidos de dichas técnicas. Por lo tanto, promovemos el desarrollo de las tecnologías que permitan la producción de tejidos humanos con fines terapéuticos, sólo cuando éstos no impliquen la destrucción de seres humanos.

Muerte Digna

9. Aspiramos a que todas las personas puedan concluir su vida dignamente y morir en paz. Rechazamos la eutanasia y cualquier forma de suicidio asistido y defendemos el derecho a enfrentar la muerte con dignidad, reconociendo el que asiste a todas las personas para oponerse a la obstinación terapéutica que prolonga artificialmente la agonía. El Estado debe reconocer la autonomía de las personas y también el rol de las familias. Todos los enfermos terminales deben tener garantizado el acceso a cuidados paliativos y al acompañamiento permanente de sus familiares. Postulamos la existencia de comités de ética clínica en todos los centros asistenciales del país para apoyar las decisiones complejas propias del final de la vida. Nos comprometemos con el refuerzo de las políticas orientadas a aumentar donantes de órganos. Todos los chilenos y chilenas debieran tener acceso a transplante de órganos en caso de necesitarlos. Nuestra convicción de limitar la obstinación terapéutica, especialmente en aquellos casos con muerte cerebral, justifican tomar medidas más agresivas que generen debate en la sociedad y la adopción de posiciones más generosas al interior de las familias.

Diferencias sí, desigualdad, no

10. Promovemos una sociedad donde la dignidad de cada persona sea respetada independiente de su raza, sexo, orientación sexual, edad, religión y opciones políticas. Las diferencias no pueden ser fuentes de desigualdad. La diversidad representa una riqueza, no una fatalidad.

Igual dignidad y derechos de hombres y mujeres

11. Nos comprometemos a erradicar todas las formas de discriminación que aún afectan a las mujeres en el ámbito de la familia, el trabajo, la política y otros ámbitos de la sociedad. Fomentamos el pleno respeto a la igual dignidad y derechos de hombres y mujeres y una relación basada en el compañerismo y la colaboración entre ambos.

Somos Comunitaristas

12. Somos comunitaristas. Concebimos una sociedad que contenga una red de comunidades. Creemos en el sentido comunitario de la vida humana puesto que la plena realización de la persona se logra en la convivencia en el seno de las múltiples comunidades de las que cada cual forma parte. Promovemos y cuidamos esta dimensión comunitaria especialmente en tiempos en que un exacerbado individualismo tiende a debilitar los lazos sociales. Las organizaciones comunitarias de distinta índole representan espacios para la expresión de la solidaridad, el emprendimiento y la paz social. Comunidad es unidad en diversidad. Comunidad es una común unidad de afectos, objetivos, tareas y valores compartidos.

La familia es la primera comunidad

13. La familia es para la Democracia Cristiana la primera y más importante comunidad, base sólida para el desarrollo de la persona y la vida en común; el espacio del cuidado de los hijos, del afecto y la protección entre sus miembros; de la formación de valores y transmisión de la cultura; de la construcción de confianza y conciencia de derechos y responsabilidades sociales. La familia juega un papel importante en el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y con igualdad de oportunidades

.

Nuestro ideal de familia se afirma en el matrimonio

14. Promovemos la búsqueda del amor estable y la familia unida que tiene su expresión ideal en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Reafirmamos la protección de todas las situaciones familiares especialmente de aquellas más vulnerables. El Estado y las instituciones deben fortalecer la familia y promover especialmente el matrimonio.

Valoramos el aporte de las iglesias y comunidades religiosas

15. Valoramos y apoyamos la existencia de iglesias y comunidades religiosas que forman parte de nuestra tradición cultural. En un contexto de creciente secularización, debemos asegurar el respeto por el sentido religioso de las personas y el aporte que ellas hacen en la promoción de valores y prestación de servicios en el ámbito social y educacional.

Respaldamos el fortalecimiento de las comunidades

16. Creemos y respaldamos el fortalecimiento de la sociedad civil y de las comunidades intermedias. Entre el Estado y la persona, existen un sin número de comunidades que son fuente de desarrollo humano. Postulamos la promoción de la capacidad creativa, libre y responsable de las personas y comunidades y promovemos la organización de la sociedad como expresión de defensa de sus derechos y compromiso con la sociedad. Especial importancia le asignamos a las organizaciones laborales, medioambientales, de defensa de los consumidores y de voluntariado.

El principio de la Subsidiariedad: desarrollo de la iniciativa privada y las organizaciones sociales.

17. Sobre la base de la libertad responsable, descansa el principio de subsidiaridad, que favorece el desarrollo de la iniciativa privada y de las organizaciones sociales. Hay que dejar que las personas hagan todo aquello que son capaces de realizar por sí mismas. El Estado debe cautelar este principio de subsidiaridad. Este mismo principio exige que el Estado, o las comunidades superiores realicen aquello que, siendo necesario para el bien común, supere la capacidad de los individuos o de las comunidades menores.

Participación para alcanzar el bien común

18. La participación comunitaria es el medio por el cual se contribuye de mejor forma a alcanzar el bien común. El partido reafirma su compromiso con la participación y el mundo social, para impulsar el gran cambio que la sociedad chilena necesita para transformar el actual modelo político, cultural y económico, en la búsqueda de un desarrollo humano.

Nuestros valores

19. Nuestro partido basa su acción en cuatro valores esenciales: la libertad, la justicia. la solidaridad y la fraternidad. Ellos se reflejan en una sociedad democrática. Tenemos como misión contribuir a construir una sociedad solidaria, fraterna, justa, democrática, igualitaria y libertaria, en la que hombres y mujeres puedan desarrollarse espiritual y materialmente.

Libertad

20. El ser humano necesita de la libertad para poder desarrollarse en plenitud.

Propugnamos una libertad sustantiva, que se traduzca en oportunidades reales y que incluya -simultánea e integralmente- la libertad política, económica, social y cultural. La libertad importa tanto derechos como obligaciones. Quien exija libertad para si mismo, debe reconocer la libertad de los demás, teniendo como límite el derecho del otro. Rechazamos el individualismo que se olvida de los demás. Así también ratificamos el amor a la verdad como fundamento y garantía de la libertad y la paz.

Pluralismo

21. De la libertad, deriva el pluralismo. Propiciamos la expresión de los diversos sectores, con sus posiciones e intereses, en nuestra sociedad. Creemos firmemente en el pluralismo religioso, étnico, social y cultural. Es función de la política integrar esas diversas visiones e intereses en torno a un proyecto común de Nación. Nos alejamos de las visiones integristas que buscan la armonía a través de la exclusión y de las visiones relativistas que, al amparo del pluralismo y la tolerancia, otorgan un valor absoluto a la autonomía personal.

Apertura a los diversos credos

22. La Democracia Cristiana postula una política de apertura e integración hacia los diversos credos religiosos, incluyendo las visiones del mundo judío e islámico y otras fuentes del pensamiento intelectual y cultural que buscan la dignificación y el respeto por la vida humana. Defendemos la libertad de culto y la igualdad jurídica de las iglesias que se han formado al amparo de las leyes vigentes. Somos contrarios a toda forma de discriminación y exclusión en razón de las creencias religiosas de los ciudadanos. Continuaremos profundizando las relaciones con los diversos credos religiosos del país, para acoger sus propuestas, anhelos y aspiraciones respecto del desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país.

Justicia Social

23. Cada ser humano, en su condición de persona, tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que la sociedad y el estado generan, sin otra limitación que sus propias capacidades. La justicia social como derecho de cada persona, no puede ser discriminatoria bajo ningún caso. Debe existir la posibilidad de que ésta sea dada a cada uno cada vez que la requiera en igualdad de condiciones. Reconocemos que la pobreza y desigualdad de oportunidades limitan la libertad. La justicia exige también proteger a quiénes no se pueden valer por sí mismos: los más débiles, los minusválidos y otros sectores marginados de las oportunidades que ofrece la vida social.

Solidaridad

24. Solidaridad significa estar al servicio de los demás y comprometerse con el destino de los otros. La solidaridad es expresión de la naturaleza social del ser humano. La solidaridad es especialmente necesaria para ir al cuidado de aquellas personas que no pueden valerse por si mismas. Expresa una responsabilidad recíproca de la persona con su comunidad que se aparta tanto del individualismo, como del colectivismo. Aspiramos a lograr que las estructuras sociales sean solidarias en lo social, político y económico.

Solidaridad intergeneracional: el cuidado del patrimonio natural

25. La fuente moral de nuestro respeto al ambiente y al patrimonio natural descansa en el principio de la creación como una obra de Dios y en el destino universal de los bienes. La Tierra y sus recursos son un bien común, regalado a todos los seres humanos de todos los tiempos, que nos ha sido entregado en usufructo, no como propiedad irrestricta ,que puede ser dominada y usada sin reparos, sino como un patrimonio para ser administrado solidaria y responsablemente para beneficio de ésta y de las futuras generaciones. La creación es una obra de Dios , el ser humano es co-creador y los bienes de la creación tienen un destino universal .La protección del ambiente por lo tanto debe ser una dimensión fundamental en las decisiones de política

Fraternidad

26. Fraternidad significa reconocer al otro como igual persona, en sus legítimas aspiraciones y convicciones, lo que implica el deber de respetar y colaborar en su derecho de manifestarlas. En nuestra acción social, política e ideológica tenemos que valorar a nuestros iguales y relacionarnos con ellos afectuosamente y con respeto.

Nuestros valores se expresan en la Democracia

27. Nuestros principios se expresan en lo político, en un firme compromiso con la democracia. Valoramos la democracia representativa y sus instituciones, nos opusimos a las seudo-democracias del siglo XX, como las democracias "populares" (comunismo), "corporativas" (fascismo) o "protegidas" (autoritarismo). Hoy nos oponemos a las democracias populistas y/o plebiscitarias que ensombrecen el horizonte de algunas naciones. Nuestro compromiso con la democracia no puede ser conservador. Siempre hay espacios para mejorar y profundizar la democracia.

Ciudadanos responsables del bien común.

28. Postulamos una ciudadanía plena, en que los ciudadanos son portadores

de derechos que derivan de su dignidad de personas, pero también son

responsables en la construcción del bien común y el cumplimiento de las leyes.

Ello exige nuestra participación en los procesos electorales y contribución a la

comunidad, en todas las instancias de participación social.

Desarrollo integral y opción por los pobres.

29. Queremos para Chile un desarrollo integral, iluminado por el concepto de

justicia social, que permita a cada persona desenvolverse plenamente

conforme a su dignidad humana y realizar su proyecto de vida, con su esfuerzo

personal y su compromiso con la comunidad y tenemos una opción

preferencial por los más pobres. El desarrollo integral se expresa en una

estrategia que promueve conjuntamente el crecimiento económico, político,

social y cultural. Así mismo, rechaza el asistencialismo permanente como

política para abordar la pobreza.

Derecho a la propiedad común a todos los seres humanos

30. Reafirmamos que el derecho de propiedad es común a todos los hombres y

mujeres sin excepción, por lo que un orden social que, valiéndose de tal

derecho excluya prácticamente del acceso a ella a la gran mayoría y permita a

unos pocos representar, dirigir y dominar a los demás, es un orden injusto y

contrario a la naturaleza del derecho de propiedad.

Nuestra historia Herederos de una tradición

31. Somos portadores de una gloriosa historia, herederos del espíritu de los

jóvenes que hace 70 años fundaron la Falange Nacional y de los hombres y

mujeres que hace 50 años alzaron las banderas de la Democracia Cristiana e

impulsaron la Revolución en Libertad bajo el liderazgo de Eduardo Frei

Montalva y tantos otros. Somos herederos también del dolor que nos llevó al

quiebre de la democracia, tiempo de polarización y división, que nos

compromete a cuidar la convivencia democrática como un valor fundamental.

Nos reconocemos en la lucha por los derechos humanos y por el

restablecimiento de la democracia a través de métodos pacíficos, lo que fue la

razón de ser de nuestro partido bajo la dictadura militar. Sentimos orgullo de

haber sido capaces de recuperar la democracia, junto a otros partidos que

antes fueron nuestros adversarios, y de haber liderado junto a ellos una

recuperación y consolidación democrática exitosa, bajo los gobiernos de

Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachellet.

Articuladores de consensos

32. Somos un partido político nacional y popular inspirado en el humanismo

cristiano que convoca a chilenos y chilenas a la tarea de construir una

sociedad libre, democrática, justa y solidaria. Hemos sido y queremos seguir

siendo un partido articulador de consensos y factor de equilibrio en la sociedad

chilena, capaces de integrar nuestras propias visiones con las de otros actores

políticos y sociales para la construcción de acuerdos básicos en defensa de

valores fundamentales y del progreso del país.

Política de alianzas sujeta a la búsqueda del bien común

33. Hoy formamos parte de la Concertación de Partidos por la Democracia,

alianza política que ha dado estabilidad, progreso y prestigio a Chile y que ha

hecho posible la democracia, dando gobernabilidad, creciendo

económicamente y disminuyendo significativamente la pobreza en nuestro

país. Nuestra política de alianzas siempre estará sujeta a la búsqueda del bien

común, de los principios que sustentamos y del rol que la Democracia

Cristiana pueda ejercer en su interior.

II. Chile 2027: fijando el rumbo

Nuestro país y nuestra región en el mundo

34. Somos un país pequeño y alejado de los grandes centros del poder

mundial. En veinte años más, Chile tendrá una población de poco más de

veinte millones, en un continente de 700 millones y un mundo de 7 mil

millones. Formamos parte de una de las regiones con mayores índices de

pobreza y desigualdad.

Vivimos un tiempo de cambios asombrosos.

35. Nuevas tendencias marcan inevitablemente un futuro distinto, con nuevas

oportunidades y amenazas. Los escenarios del futuro estarán dominados por

la fuerza de los cambios tecnológicos El conocimiento ha llegado a duplicarse

cada cuatro años. Vivimos en una sociedad más interconectada, física y

virtualmente; más abierta y más diversa. Crecen las expectativas de vida de

las personas y nuestra población envejece. El ser humano ha logrado la

capacidad de intervenir genéticamente incluso la vida humana, planteando

dilemas éticos inéditos en la historia.

Más libertad y bienestar, más soledad e incertidumbre

36. Las mujeres asumen un nuevo protagonismo, las familias son más

pequeñas y se organizan de distintas formas. Surgen nuevos actores sociales

y las personas ejercen una autonomía mayor, al mismo tiempo que buscan

sentido en una espiritualidad que se abre a distintas formas de expresión. El

desarrollo ha traído más bienestar, pero también plantea serias interrogantes

acerca de su sustentabilidad, tanto ecológica como energética. Frente a estos

cambios, los chilenos y chilenas se sienten más libres, aunque más solos.

Confían en que pueden forjar una vida mejor para ellos y sus hijos pero

esperan más protección frente a las incertidumbres de este mundo más

complejo.

Mirar con una nueva mentalidad.

37. En este contexto, setenta años después que un puñado de jóvenes fundó la

Falange para dar nuevas respuestas a su tiempo y construir un orden social

distinto, los herederos de esa tradición nos preguntamos - desde los mismos

principios y valores -sobre las oportunidades de un país pequeño como el

nuestro en este mundo globalizado. Lo hacemos con fe en nuestros ideales y

confianza en el porvenir, inspirados en el ejemplo de nuestros fundadores que

rompieron con las respuestas tradicionales desde una nueva mentalidad.

El futuro está en nuestras manos

38. Nuestro convencimiento es que Chile tiene en sus manos la oportunidad de

alcanzar el anhelado bienestar para toda su gente y demostrar que es posible,

en esta región del mundo, ser un país desarrollado, derrotar la pobreza y

reducir significativamente la desigualdad. Esta es la misión que le proponemos

a los chilenos. Para emprenderla, entendemos que las recetas del pasado no

son las mismas para enfrentar el futuro. El porvenir que queremos depende de

nuestra capacidad de innovar y hacer las cosas bien, para aprovechar las

oportunidades y dar respuestas adecuadas a las amenazas de este tiempo

nuevo. De nosotros depende.

Nuestros desafíos: cuatro grandes tareas

39. Desde nuestros ideales y principios de siempre, en esta nueva etapa nos

disponemos a encauzar el esfuerzo de los chilenos y chilenas en cuatro tareas

fundamentales:

1) Construir un país para todos, impulsando una estrategia de

desarrollo integral y sustentable que logre la equidad social y el crecimiento

de cada uno de los chilenos y chilenas. Un país que se inserta exitosamente

en la economía global y asume con fuerza los cambios tecnológicos para

desarrollarse integradamente y para derrotar la pobreza y reemplazar la

desigualdad por la meritocracia. Un país para todos.

2) Hacer de Chile un país con más y mejor democracia, con

instituciones legitimadas, sólidas y representativas del conjunto de la toda la

sociedad que hacen posible la paz social, la gobernabilidad, el crecimiento

económico y el progreso social para todos. Un país reconocido por la calidad

de su política. Un país en que la calidad de la política se expresa también en

honestidad y bajos niveles de corrupción.

3) Poner a Chile en un nivel de liderazgo en el ámbito internacional,

respetado por su defensa de valores permanentes , por sus logros económicos

y sociales, por su independencia y por la búsqueda de acuerdos en el

concierto mundial, demostrando que también es posible para un país pequeño

integrarse al mundo globalizado con identidad y voz propia.

4) Hacer de Chile un país con una buena vida humana, donde vale

la pena vivir, valorado por el esfuerzo, solidaridad y creatividad de su gente,

que construye con optimismo su porvenir y pone siempre en el centro a la

persona humana..

III. Construir un país para todos

Desde los avances

40. Chile es hoy un país confiable internacionalmente, con una democracia

estable y con bases sólidas de gobernabilidad. En lo económico ha

consolidado su estrategia exportadora y el crecimiento productivo nos abre la

posibilidad de alcanzar, en un lapso razonable, los ingresos de países que hoy

se consideran desarrollados. La economía chilena, durante los gobiernos

democráticos, ha logrado un progreso sustancial: El crecimiento económico

promedio ha duplicado el crecimiento alcanzado en los dieciséis años de

dictadura. En lo social ha reducido significativamente la pobreza y la

indigencia, y ha ido paulatinamente implementando una más amplia y eficiente

red de protección social. En lo ambiental, ha sentado las bases y dado pasos

hacia la sustentabilidad del conjunto de sus políticas públicas y sus acciones

privadas. Chile es otro país, con otro nivel de desarrollo y de bienestar. Ello

permite y nos obliga, enfrentar con mayor fuerza y eficacia las tareas

pendientes y los nuevos desafíos.

Asumiendo los problemas

41. No obstante los progresos, el chileno promedio dispone de apenas un

tercio del ingreso promedio de un ciudadano de los países desarrollados; en

distribución y equidad estamos aun más lejos. Tenemos una gran brecha de

desarrollo económico y una mayor brecha social. Hemos perdido el impulso

inicial. Este hecho, ligado a la insuficiente capacidad para manejar los efectos

de la globalización, no puede ignorarse en nuestros planteamientos para el

futuro. La enorme desigualdad distributiva que exhibe nuestra patria genera

exclusión social y económica. Surge aquí un imperativo moral de primer orden

que emplaza a las fuerzas políticas progresistas a adoptar las medidas

destinadas a provocar los cambios necesarios. En esta línea, agradecemos la

permanente intervención de la Iglesia Católica quien ha ayudado a relevar los

problemas de justicia social que habitan en nuestra realidad.

Asumiendo las oportunidades y las amenazas de la globalización

42. Entendemos la globalización como un proceso en que la economía se hace

global abarcando medios de transporte, tecnologías, información y

comunicaciones y mercados globales comerciales y financieros. Nos alegra el

hecho de que avancemos hacia una mundialización en que la humanidad sea

una comunidad de comunidades. Lamentablemente, la globalización

hegemonizada por las finanzas volátiles o capitales golondrina, reproduce o

amplifica las desigualdades, destruye el medio ambiente, ataca la diversidad

de las culturas y excluye a vastos sectores de la población. Por ello

reclamamos una mundialización sin pobreza, libre de desigualdades

aberrantes, sin destrucción del medio ambiente ni de las culturas locales.

Pensando en lo global y en lo local.

43. Entendemos que la globalización es un medio y no un objetivo. No obstante

la inserción activa de Chile en la globalización, convive con un Chile en que

más de dos tercios de nuestra actividad económica y empleo se desenvuelve

en el medio local con toda la diversidad que ello involucra. Tenemos que

pensar en lo global, pero actuar en lo local. Así podremos hacer globalización

consolidando nuestra identidad.

Siendo efectivos y consecuentes

44. Debemos y queremos avanzar siendo efectivos en el paso del pensamiento

a la acción, de manera consecuente con los principios. Valoramos el aporte del

conocimiento, de la ciencia y tecnología, pero rechazamos el pensamiento

tecnocrático que pone los medios sobre los fines y la gente al servicio de la

economía y no la economía al servicio de las personas.

Reduciendo las profundas asimetrías

45. Un desafío importante de la globalización es cómo contribuimos a un

desarrollo integrado de nuestro país. A una globalización que reduzca en vez

de incrementar las profundas asimetrías de nuestra sociedad.

Algunas de ellas:

a. Entre oportunidades de hijos de pobres y de ricos; entre nacidos

en regiones y en la capital.

b. Entre quienes viven en barrios y poblaciones que no reúnen las

condiciones mínimas de calidad de vida y quienes habitan espacios urbanos y

viviendas de alto lujo (o estándar).

c. Entre pequeñas y micro empresas y grandes empresas.

d. Entre el mundo rural campesino y la agricultura moderna.

e. Entre la situación tributaria del contribuyente honesto y sin

franquicias y el que goza de franquicias regresivas.

f. Entre el desmedro y sub-valorización de lo local frente a una

sobre-valoración de lo global.

g. Entre la limitada organización de los trabajadores y pequeños

empresarios en contraste con la efectiva organización del gran empresariado.

h. Entre la voz potente del mundo financiero y su intenso lobby y la

voz debilitada de la innovación productiva.

i. Entre la explotación de recursos naturales tradicionales y los que

pueden agregarle valor a las exportaciones y desarrollar recursos no

tradicionales.

Y tantas otras expresiones de desigualdad tanto o más graves,

señal de subdesarrollo, pues la modernidad va de la mano con la equidad. La

desigualdad laboral en el trato entre hombres y mujeres; entre metrópoli y

regiones; entre municipalidades ricas y cientos de municipios pobres; la

creciente segmentación en las ciudades.

Pasando de una sociedad desigual a una sociedad fundada en la

meritocracia.

46. Queremos una sociedad fundada en la meritocracia. Romper la desigualdad

es el principal desafío del próximo tiempo; es un imperativo ético y un

imperativo político, porque representa un freno para el desarrollo y una

amenaza para nuestra convivencia. Construir un país moderno para todos,

poniendo en el centro a la persona humana, será la misión principal de la

Democracia Cristiana para las próximas dos décadas. Si lo hacemos bien,

podremos demostrar al mundo que es posible crecer económicamente,

derrotar la pobreza y reducir las desigualdades en nuestro continente

latinoamericano.

Lejos del neo-populismo y del neo-liberalismo

47. Desde nuestra visión, rechazamos las respuestas tanto populistas, como

mercantilistas. Se requiere una mirada estratégica a nuestro futuro nacional,

políticas de inclusión deliberadas, de estabilidad de la economía real y de

nivelación del terreno. Proponemos una estrategia de desarrollo, que se

contrapone tanto a las visiones neo-populistas que desconfían de la libertad y

recurren a excesivos controles y regulaciones del Estado, como a las neoliberales,

que postulan una libertad de mercado y una competencia sin

restricciones, al margen de todo concepto de bien común.

Impulsando una nueva estrategia de desarrollo integral: más desarrollo

productivo y más desarrollo social

48. Necesitamos crecimiento y equidad. Necesitamos una convergencia de una

agenda de desarrollo social y una agenda de desarrollo productivo. Las

limitaciones del crecimiento y la equidad se originan fundamentalmente en el

funcionamiento deficiente de los mercados, particularmente en los enfoques

neo-liberales y en los populistas. Nuestro enfoque no consiste en mantener

esas deficiencias, y limitarse a intentar corregir la desigualdad resultante expost

con asistencialismo. Por el contrario, junto con transferencias selectivas,

para abordar las urgencias sociales principales (adultos mayores e infantes y

escolares), es preciso atacar las graves asimetrías que prevalecen en el

funcionamiento de los mercados nacionales, en particular el laboral y de las

MIPYMEs. Ello significa impulsar una nueva estrategia de desarrollo integral,

que involucra reformas que perfeccionen la acción pública en los ámbitos

macroeconómicos y microeconómicos.

Una estrategia de desarrollo integral supone:

49. i) Avanzar hacia un nuevo cuerpo normativo constitucional que defina a

Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho. ii) Realizar cambios

en la estrategia de desarrollo seguida desde 1990 con el objeto de adecuarla a

la nueva etapa de desarrollo integral que debe enfrentar el país en el próximo

decenio, en la cual las MIPYMES deben tener prioridad. iii) Otorgar al Estado

los medios para participar en forma directa y eficiente de bienes y servicios de

interés social cuando ésto sea necesario. iv) Limitar la concentración

económica en los casos que se ponga en riesgo la libre competencia y/o se

pueda generar un poder político que atente contra la libre expresión de los

derechos de las personas. v) Promover la cooperación público-privada como

una política permanente para lograr un desarrollo económico equilibrado y

sostenido.

Una economía al servicio del bienestar de la gente

50. La motivación central es lograr una economía al servicio del bienestar de la

gente. Entendemos el desarrollo como un proceso en que pasamos de

condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Se trata de un

crecimiento con todos y para todos. Es decir, se trata de promover el bienestar

material, intelectual y espiritual de todo el hombre y toda la mujer y de todos

los hombres y mujeres

Una nueva macroeconomía

51. Promovemos una nueva macroeconomía que se preocupe de los

equilibrios globales, que van más allá de una inflación baja y cuentas fiscales

equilibradas. Necesitamos y queremos más. Necesitamos también estabilidad

para la economía real, esto es, para los que producen riqueza, para los

trabajadores y los empresarios. Queremos una macroeconomía que contribuya

más eficazmente al desarrollo productivo y la generación de empleo en Chile.

Esto involucra una redefinición de los objetivos del Banco Central,

ampliándolos hacia el crecimiento y el empleo.

Una economía integral.

52. Concebimos una economía en que el Estado, las empresas y las

comunidades actúen concertadamente. Queremos un Estado que sea garante

de la protección social en un mundo global.

Una economía social de mercado

53. Los demócratas cristianos creemos en una economía social de mercado,

donde puedan convivir y cooperar grandes, medianas, pequeñas y

microempresas. Valoramos el emprendimiento y la capacidad humana de crear

riqueza y oportunidades. Propiciamos un país de emprendedores, los que

asumiendo riesgos son capaces de generar bienestar personal, para sus

familias y la sociedad. Se trata de ensanchar la base productiva y empresarial

del país junto con eliminar la excesiva heterogeneidad estructural de nuestra

economía.

Un mejor Estado

54. El crecimiento integral requiere un Estado fuerte, amable y eficiente. De allí

surge la urgente necesidad de generar una mayor capacidad de diseño y

ejecución de programas públicos para las rectificaciones requeridas. Se

requiere una mayor profesionalización de la administración pública, la

exigencia de transparencia y rendición de cuentas, dureza con la corrupción, la

rápida corrección de fallas que se detecten y revisión de la vigencia u

obsolescencia de programas públicos.

Un financiamiento adecuado

55. Para que el Estado sea eficiente y eficaz en este rol se requiere que cuente

con el financiamiento adecuado. Contamos para ello con el destino del actual

superávit estructural; debemos avanzar al equilibrio estructural. Pero, más allá

de ello, el actual sistema tributario debe corregirse para mejorar su

progresividad y su rendimiento. Lugar prioritario ocupa un combate

intensificado a la evasión tributaria, la eliminación de franquicias regresivas y el

aumento de la progresividad efectiva. Nunca cargarle la mano al contribuyente

honesto.

Afirmamos con convicción que Chile requiere:

a. Más y mejor Estado que fomente la profundización democrática

y resguarde la estabilidad macroeconómica; que garantice la sostenibilidad de

un sistema de promoción y protección social no sólo focalizado en la población

más pobre sino también que provea de los medios para la movilidad social a

los sectores medios de la población; que regule el buen y correcto

funcionamiento de los mercados; que provea eficientemente los bienes y

servicios que la sociedad le demande; que articule la cooperación públicaprivada

para el fomento del desarrollo productivo y exportador de Chile y que

fomente el desarrollo productivo apoyando la innovación tecnológica de

nuestras empresas.

b. Más y mejor sociedad civil, promoviendo su organización y

fortalecimiento para contar con personas no sólo concientes de sus derechos,

sino también con capacidad efectiva de ejercerlos; así como, ciudadanos

empoderados capaces de ejercer una participación activa en la defensa de sus

derechos como consumidores.

c. Más y mejores mercados para evitar la excesiva concentración

económica, facilitar en emprendimiento y favorecer el crecimiento de la

economía y la generación de riqueza. Queremos más y mejores mercados,

más transparentes, libres de abusos de poder y competitivos.

8 Ejes para una estrategia de desarrollo integral y sustentable

A partir de estas definiciones, proponemos 8 ejes para una nueva estrategia de

desarrollo integral y sustentable que permita hacer de Chile un país moderno

para todos:

Eje 1: Mejorar nuestro Recurso humano: educación y capacitación

Eje 2: Apoyo al emprendimiento y mayor productividad de nuestras empresas

Eje 3 Más empleos y empleos de calidad

Eje 4. Impulso a la innovación, desarrollo científico, tecnológico y desarrollo de

clusters productivos

Eje 5: Un cambio radical en la gestión del Estado

Eje 6: Más competencia, menos concentración

Eje 7: Una red de desarrollo humano y social eficaz

Eje 8: Un Desarrollo Sustentable: Energía y Medio ambiente

Eje 1: Mejorar nuestro recurso humano: educación y capacitación

56. Chile tiene un límite en su desarrollo si no mejora su principal capital: su

gente. Invertir en la formación de las personas es la primera prioridad. Nuestra

política se centrará en a) avanzar en la calidad de la educación chilena para

todos; b) impulsar un nuevo sistema de capacitación laboral.

Un salto en la calidad de educación

57. Una educación de calidad para todos debe sustituir el peso del origen socioeconómico

por el valor del mérito y el esfuerzo y hacer posible extender las

oportunidades de educación a lo largo de la vida para que todos se integren en

la modernización. Tenemos las condiciones para dar un salto en la calidad.

Para ello es necesario seguir incrementando los ingresos, con más inversión

en los sectores más vulnerables e incentivos a la calidad; mejorar la gestión y

rendición de cuentas del sistema educacional; mantener el esfuerzo en el

aumento de cobertura en educación inicial y superior; y mejorar

significativamente la formación y el desarrollo profesional de los profesores /as

para tener docentes con prestigio y preparación de excelencia. La educación

superior debe integrarse en la red global de instituciones; garantizar la calidad,

la movilidad de los estudiantes y la investigación; y dar un fuerte impulso a la

formación de profesionales y técnicos con altas competencias.

Un nuevo sistema de capacitación laboral

58. Debemos acortar las brechas de productividad en los sectores informales.

Necesitamos reformar radicalmente los mecanismos de formación para las

capacidades laborales. Debemos corregir profundamente lo que estamos

haciendo en la capacitación laboral y empresarial. Una política de capacitación

para la vida laboral de todos los chilenos debe establecer un sistema que

establezca el derecho a la capacitación laboral cada 5 años, con un subsidio

directo a los trabajadores y un sistema de certificación de competencias

laborales. Es urgente mejorar la empleabilidad tanto de jóvenes como de

adultos, de hombre y de mujeres.

Eje 2: Apoyo al Emprendimiento y mayor productividad de nuestras

empresas

59. Una estrategia de desarrollo integral para Chile requiere de la existencia y

aporte de empresas de distinto tamaño. El retraso de un segmento de ellas

tiende a frenar el proceso global y es una de las causas de concentración de

los ingresos. Es preciso abordar la heterogeneidad productiva de Chile,

apostar firmemente por la ampliación del emprendimiento y apoyar el

desarrollo competitivo de las empresas de menor tamaño. Las empresas de

menor tamaño representan el 97% de las empresas del país, generan el 15%

de las ventas y proporcionan el 70% del empleo.

Igualdad de oportunidades para las empresas de menor tamaño

60. Es nuestra convicción que cuando el Estado asume regularmente que

todas las empresas son iguales y les exige lo mismo, independientemente de

su tamaño, limita el libre ejercicio de la actividad económica y conculca el

derecho a los propietarios y propietarias de las empresas de menor tamaño y

las discrimina. La garantía constitucional de un trato igualitario debe

expresarse en garantizarles la igualdad de oportunidades.

Las empresas de menor tamaño son centrales para una nueva fase de

desarrollo

61. Democracia Cristiana considera a las empresas de menor tamaño y los

emprendedores como instrumentos centrales para una nueva fase de

desarrollo para Chile, no como sujetos que necesitan de políticas públicas para

sobrevivir. Este desarrollo debe basarse en una mayor productividad,

innovación y crecimiento de las empresas de menor tamaño, lo que impactará

en la desconcentración del poder económico, una mejor distribución de los

ingresos, y un desarrollo basado en la persona, arraigado en las comunidades

territoriales y con respeto al medio ambiente.

Políticas de emprendimiento para las MIPES

62. Nos comprometemos con una política que considere el fortalecimiento de

las empresas de menor tamaño como un aspecto central de la estrategia de

desarrollo del país en las próximas décadas. Ésta debe contemplar el fomento

decidido del Estado al emprendimiento; una institucionalidad al más alto nivel

que asuma la responsabilidad de la política pro MIPES y la descentralización

de decisiones en el nivel regional y local. Impulsamos un Estatuto de la

Pequeña Empresa, con normas especiales para el trabajo de las empresas de

menor tamaño, en especial aquellas de carácter tributario, medio ambiental,

laboral, sanitario y municipal. La Democracia Cristiana asume un especial

compromiso con los que quieren emprender o a quienes habiéndolo intentado

no han tenido éxito y desean reemprender.

Políticas que reconozcan las diferencias

63. Para garantizar la actividad económica de los distintos tamaños de

empresas, el Estado debe diseñar e implementar políticas que reconozcan las

diferencias entre ellas. En este contexto debe apoyarse con decisión y

creatividad el acceso de las empresas de menor tamaño al financiamiento y a

las tecnologías de información; a una capacitación adecuada y permanente; y

a los distintos instrumentos de gestión de los riesgos. Complementariamente

se debe facilitar la formalización de empresas; promover su asociatividad

gremial y económica; apoyar la integración entre las pequeñas y grandes

empresas a través del fomento de los encadenamientos productivos; e

impulsar la incorporación de las empresas de menor tamaño en clusters de los

sectores productivos más dinámicos. Una relación virtuosa entre distintos tipos

de empresas a través de encadenamientos y clusters implica promover las

buenas prácticas entre los proveedores y las empresas demandantes y el

desarrollo de instrumentos que impidan y sancionen los abusos.

El estado debe desarrollar un programa de fomento productivo

64. Para la Democracia Cristiana, la precariedad actual de las empresas de

menor tamaño se debe mayoritariamente a fallas de Estado y el mercado,

producto de una aplicación mal entendida del principio de subsidiariedad. El

Estado debe desarrollar un programa sustantivo e integral de fomento

productivo, corrigiendo esas fallas a través de: 1) un sistema educacional y de

capacitación que aborde las competencias laborales y el emprendimiento para

mejorar la productividad de la fuerza de trabajo de las empresas de menor

tamaño; 2) financiamiento adecuado, con productos diseñados para las

empresas de menor tamaño. A través de una banca de tercer piso, el estado

debe comprometer la participación de la banca privada en la provisión de

productos pertinentes y competitivos para las empresas de menor tamaño; 3)

políticas para enfrentar el endeudamiento. Se reconoce que se ha producido

fallas de mercado y de Estado que son responsables en parte del

endeudamiento tributario y previsional de algunas de estas empresas; 4)

políticas pertinentes para la innovación, que surjan de sus demandas; 5)

acceso a materias primas y tecnología en volúmenes, plazos y precios no

discriminatorios; 6) acceso a información de mercados, nacionales e

internacionales.

Nueva institucionalidad

65. Proponemos una institucionalidad única y del más alto nivel que, se

reproduzca a nivel regional y territorial, para formular políticas públicas

integrales y coordinadas, con tuición sobre todas las instituciones del Estado, o

con participación del Estado vinculadas al fomento productivo. En la

formulación de las políticas, el Estado debe tener especial consideración de los

requerimientos de los actores locales; la fiscalización del buen uso de los

subsidios otorgados, adecuándolos a las condiciones cambiantes; la

priorización del acceso a la capacitación a empresas y trabajadores más

precarios; que se compromete con la difusión de los instrumentos.

Congreso programático sobre empresas de menor tamaño

66. Se acuerda convocar a un congreso programático sobre las empresas de

menor tamaño, dando seguimiento, impulso y concreción a las propuestas de

este Congreso.

Responsabilidad Social Empresarial

67. El crecimiento económico del país se sustenta en sus empresas y

emprendedores. Reconocemos el derecho que tienen las empresas y

empresarios a prosperar y a generar riqueza. La empresa en la que creemos

los demócratas cristianos es aquella socialmente responsable, aquella que a

partir del estricto cumplimiento de la ley se reconoce a sí misma como un actor

fundamental para el desarrollo y bienestar del país, con derechos y

obligaciones. Con derecho a que le vaya económicamente bien y con

obligaciones y responsabilidades con sus principales públicos con los que se

relaciona y con el país en su conjunto.

Eje 3: Más empleos y “trabajo decente”

68. La desigual distribución de la riqueza es reflejo de una desigual distribución

de los ingresos del trabajo, la que tiene su origen en las diferencias en la

educación y en el funcionamiento del mercado del trabajo. Para abordar los

problemas relacionados con el empleo es preciso mejorar el nivel de

competencias de la fuerza laboral; enfrentar la situación del empleo juvenil y la

aún baja tasa de participación laboral femenina; fortalecer la sindicalización y

la negociación colectiva; y proteger a los trabajadores de la alta rotación

laboral y volatilidad de sus ingresos.

La importancia de una adecuada política laboral

69. La democracia Cristiana afirma la importancia de una adecuada política

laboral, que subordine el modelo económico a la satisfacción de las

necesidades de las grandes mayorías y colabore a la generación de los

equilibrios entre capital y trabajo. Una política laboral que contemple dentro de

ella, mecanismos de negociación colectiva expeditos y diálogo laboral abierto y

colaborativo.

Trabajo decente

70. El trabajo es un derecho que dignifica a la persona. Más personas deben

acceder a un “trabajo decente”, especialmente mujeres y jóvenes. Ello requiere

una política pública para combatir la informalidad. En Chile, los empleos en

general siguen siendo precarios y de baja calidad. Los trabajos temporales van

en aumento, afectando a más de un millón de trabajadores que viven en la

inseguridad, la discriminación en los beneficios y la desprotección social. La

alta rotación en el empleo y los períodos de cesantía alejan a la mayoría de

jubilar con pensiones dignas. A ello hay que sumar el empleo desprotegido de

todo derecho laboral de los trabajadores independientes y los trabajadores a

domicilio. Dentro de los empleos de baja calidad se encuentran aquellos bajo

el régimen de subcontratación u otras modalidades que, por su temporalidad,

alta rotación, y precarias condiciones de higiene y seguridad, se diferencian

notablemente de aquellos realizados por los trabajadores directos de las

empresas principales. La subcontratación es, en muchos casos, una práctica

empresarial y del Estado que busca desvincularse de las obligaciones con los

trabajadores y rebajar los estándares.

Salario Ético

71. Junto al “trabajo decente” acogemos la idea de un “salario ético”.

Buscamos la consagración del salario justo a nivel constitucional, es decir, la

justa retribución por el trabajo, que permitan al trabajador y su familia, llevar

una vida digna. La mayoría de los salarios de nuestro país constituyen un

ingreso precario y el salario mínimo sigue siendo insuficiente para que un

hogar supere la línea de la pobreza.

Un modelo democrático de relaciones laborales.

72. Las políticas para mejorar la calidad de los empleos deberán focalizarse no

sólo en mejorar la productividad del trabajo y el nivel de los salarios, sino

también en fortalecer las organizaciones sindicales y la negociación colectiva.

Propugnamos un modelo democrático de relaciones laborales basado en el

reconocimiento del trabajo como centro de la economía, el equilibrio entre el

capital y el trabajo, la libertad sindical, el derecho efectivo a huelga, la

formación sindical y el diálogo social.

Mejorar la negociación colectiva

73. La negociación colectiva debe ampliarse posibilitando negociar más allá de

los marcos de la empresa, a nivel sectorial, por categorías de trabajadores, por

ramas productivas o grupo de empresas. Esta modalidad negociadora no

reemplaza, sino que complementa, la negociación por empresas en donde

cada organización podrá mejorar los estándares conquistados en el nivel

superior. Toda negociación colectiva debe tomar en cuenta la realidad

diferenciada de las micro y pequeñas empresas.

Sindicatos fuertes y autónomos.

74. Los trabajadores y sus organizaciones deben ser los protagonistas

principales para extender y potenciar la negociación colectiva. Es la

representatividad del sindicato y su legitimidad democrática la que funda sus

capacidades de interlocución. La libertad sindical es el derecho del trabajador

a organizarse y actuar sindicalmente sin peligros, limitantes o intromisiones

que pueden provenir de los propios empresarios o del Estado. Sin sindicatos

fuertes no hay una real negociación colectiva ni diálogo social. Se debe dotar

de mecanismos de negociación colectiva a los trabajadores del sector público

e impulsar un nuevo Código del Trabajo. Así mismo, debe eliminarse la

prohibición a los dirigentes sindicales de asumir cargos políticos, que es una

discriminación en contra de los trabajadores que urge corregir.

Institucionalizar el diálogo social.

75. Apoyamos y promovemos una colaboración activa de los trabajadores, los

empresarios y el Estado para lograr los acuerdos necesarios que permitan

crear más empleos y mejorar la calidad de los mismos. Proponemos la

creación de un Consejo Económico Social, institución para el diálogo entre

estos distintos actores, articuladora de entendimientos y acuerdos en materias

laborales, económicas y sociales.

Garantizar el derecho a huelga

76. Es esencial garantizar constitucional y legalmente el derecho efectivo a la

huelga, eliminando todo obstáculo que impida el libre ejercicio de la misma, tal

como la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga.

Institucionalidad efectiva

77. Un adecuado ejercicio de los derechos laborales supone una

institucionalidad de protección efectiva y acorde a las necesidades de la

ciudadanía, con servicios públicos competentes, recursos y atribuciones. La

justicia laboral debe garantizar el acceso, transparencia y celeridad como

pilares de una cultura de derechos; debe garantizarse el derecho a la

asistencia judicial gratuita a través del establecimiento de un sistema de

defensoría laboral pública. Así mismo, el Estado debe propender a la

ampliación de los modelos alternativos de solución de los conflictos colectivos,

como la mediación y el arbitraje.

Mejorar la empleabilidad

78. Una política para mejorar la empleabilidad debe enfrentar prioritariamente:

la creación de un sistema nacional de información e intermediación laboral; la

capacitación ocupacional sistemática y permanente; el perfeccionamiento del

seguro de desempleo; y el diseño de incentivos que prioricen la creación de

empleo juvenil y femenino. La discusión sobre flexibilidad laboral debe

centrarse en generar mayor inserción laboral femenina y menor desempleo

juvenil

Mejorar seguro de desempleo

79. Aspiramos a un seguro de desempleo con un pilar solidario efectivo que

asegure tasas de reemplazo suficientes y mecanismos reales de protección

social, y un sistema de intermediación laboral y capacitación al desempleado

que respete los derechos laborales adquiridos por los trabajadores tal como las

indemnizaciones por término de contrato.

Subcontratación

80. Promovemos el mejoramiento de las condiciones de trabajo de quienes

laboran en régimen de subcontratación, así como la fiscalización y sanción

drástica de los abusos que se cometen en este ámbito.

Certificar estándares laborales

81. Demandamos mayor transparencia respecto de los resultados de controles

y procedimientos de organismos públicos sobre las empresas, debiendo existir

un registro público de empresas infractoras a las normas laborales, de salud,

medioambientales y provisionales, particularmente las deudoras de

imposiciones. Proponemos establecer criterios de acreditación o certificación

de estándares laborales, para la selección de empresas proveedoras del

Estado o con aquellas que contrate o con aquellas receptoras de beneficios

públicos.

Eje 4. Apoyo a la innovación, desarrollo científico, tecnológico y

desarrollo de clusters productivos

82. La innovación es un pilar estratégico para el desarrollo socio económico de

Chile. Es una oportunidad y una exigencia para el país. Esta innovación

deberá promover un desarrollo más inclusivo, que genere oportunidades a

todos los chilenos y chilenas. Debemos desarrollar nuevos bienes y servicios

exportables e innovar aprovechando nuestras ventajas comparativas y

competitivas, agregando valor y tecnología a los recursos naturales

tradicionales; desarrollando encadenamientos productivos; promoviendo la

explotación de recursos naturales no tradicionales y encontrando nuevos

nichos competitivos. Chile debe incorporase a la sociedad del conocimiento

promoviendo una cultura de innovación en los sistemas político, educativo,

científico y productivo.

Innovar es una exigencia para el país

83. La innovación requiere voluntad, visión de futuro y audacia del mundo

empresarial, y mayor disposición al cambio y capacidad creativa de los

trabajadores. También exige prioridad y una estrategia de mediano plazo del

Estado y respuestas más apropiadas del mundo de la investigación.

Requerimos de un punto de inflexión en este ámbito.

Cooperar Para Competir

84. La cooperación entre el sector privado y el Gobierno; entre los trabajadores

y los empresarios; entre las instituciones educacionales y las empresas; es

una condición necesaria para enfrentar los desafíos de la competencia en los

mercados globales. La ampliación y fortalecimiento de la confianza y la

cooperación entre los distintos actores de las cadenas productivas son

imprescindibles en el desarrollo de clusters relevantes para el país y para el

despliegue de la innovación.

Inversión en ciencia y tecnología

85. Los incentivos a la innovación deben orientarse hacia la investigación de

punta en nuestras universidades y centros de excelencia como también hacia

el fomento en adoptar y adaptar la tecnología disponible en los países

desarrollados. Debemos aumentar sustantivamente la formación de recursos

humanos altamente calificados. Para ello Chile debe incrementar el gasto

público en investigación e innovación y aún a tasas más elevadas de parte del

sector privado. El impuesto específico a la minería y otros recursos públicos y

privados deben corregir el déficit existente.

Revertir la brecha digital

86. Las tecnologías de información cobran vital importancia para la educación,

el emprendimiento, la interacción de los ciudadanos con el Estado y entre las

personas. La conexión a Internet de alta velocidad y el acceso a los servicios

de telecomunicaciones deben ser universales. En particular, al Estado le

corresponderá garantizar que toda escuela chilena cuente con conectividad,

equipamiento y docentes capacitados para la educación digital, generando

equidad en el acceso de nuestros niños y jóvenes a las tecnologías de

información.

Chile, país minero

87. En el desarrollo de Chile el aporte de la minería ha sido muy significativo.

No solo en lo económico, sino en el perfil socio-económico de las regiones con

actividad minera y del país en su conjunto. A fin de asegurar la sustentabilidad

económica de la minería chilena y potenciar su sustentabilidad social y

ambiental, es preciso superar el enfoque rentista que muchas veces ha

prevalecido en las políticas públicas referidas a ella y fortalecer el desarrollo

del cluster minero. Nuestro desarrollo en este ámbito debe fortalecer las

condiciones de producción de la minería artesanal y de la pequeña minería, de

tal forma que sea más inclusivo y se realice con respeto al medio ambiente,

patrimonio histórico y las comunidades locales.

Codelco, empresa de clase mundial.

88. Codelco debe mantener su carácter estatal, avanzando en niveles de

gestión y operación de excelencia que le permitan consolidarse como empresa

de clase mundial. Debe liderar la incorporación de innovación y tecnología a

nuestros recursos naturales y el tránsito a una economía del conocimiento. Es

necesario modernizar su gobierno corporativo y terminar con el 10% que va a

las Fuerzas Armadas, las cuales deben contar con el financiamiento que

requiera la defensa nacional a través del presupuesto nacional.

Derogación del DL 600.

89. El DL 600 promulgado el año 1975 para atraer y favorecer la inversión

extranjera le entregó a ésta condiciones especiales en tributación y protección.

Después de 30 años de aplicación y en las actuales condiciones de estabilidad

democrática, económica, jurídica y social, consideramos que la minería en

Chile debe entregar condiciones de igualdad a inversionistas nacionales y

extranjeros. Por tales razones proponemos la derogación del DL 600.

Chile, potencia agro-alimentaria

90. La ruralidad y sus actividades agroalimentarias y forestales son uno de

nuestros grandes activos para desarrollarnos más y mejor, de manera más

equilibrada territorialmente. Apostamos a una agricultura con liderazgo

mundial, capaz de satisfacer los nuevos requerimientos de los consumidores

nacionales y extranjeros por alimentos seguros y saludables. Este liderazgo

debe sustentarse en el aporte y desarrollo de todos los actores sectoriales,

incluida la pequeña y mediana agricultura, y sus beneficios ser distribuidos

equitativamente.

Avanzar hacia una agricultura del conocimiento

91. Tal desafío nos exige seguir incorporando más tecnología e innovación a

los recursos y procesos productivos alimentarios, avanzando hacia una

agricultura del conocimiento, y apostar a la calidad y diferenciación de nuestros

productos. Igualmente nos demanda estar entre los mejores del mundo en los

estándares laborales, ambientales y de sanidad animal y vegetal y asumir

desafíos de envergadura como la producción y exportación de genética animal

y vegetal, mejorar la producción de alimentos procesados y funcionales y el

desarrollo de la biotecnología y de la nutrigenómica. La agricultura del

conocimiento es una agricultura más sofisticada, lo que obliga al diseño de

instrumentos de política agrícola de nueva generación sustentados en nuevas

capacidades de los diferentes actores productivos.

Chile, país de servicios

92. En la etapa que viene Chile debe avanzar hacia una economía de servicios

y conocimiento aprovechando las ventajas de escala y localización para

desarrollar complejos industriales y de servicios (clusters) competitivos a nivel

mundial (cobre, vino, salmones). Además, Chile está en óptimas condiciones

para constituirse en puente entre el cono sur de América, la cuenca del Asia-

Pacífico, NAFTA y la Unión Europea, lo que le permite transformarse en un

gran centro o plataforma de negocios y servicios.

Eje 5: Un cambio radical en la gestión del Estado

Nuestra visión del Estado

93. Tenemos una visión de desarrollo en la cual las personas deben ejercer y

fortalecer su libertad, satisfacer de manera integral sus necesidades básicas,

tener acceso igualitario a las oportunidades, calidad de vida y felicidad

personal, familiar y comunitaria. El rol del Estado debe ser el de un proveedor

de condiciones mínimas y dignas y un igualador de oportunidades. El Estado y

sus instituciones son creadas por el ser humano (personas) y deben estar al

servicio de lograr el respeto de cada uno de sus derechos. Por tanto el Estado

debe promover el desarrollo de un espíritu libre, emprendedor y trascendente,

fomentando el bien común y alentando una sociedad justa y fraterna.

Un Estado capaz de responder a las demandas de personas y

comunidades

94. Promovemos un Estado que sea capaz de responder de manera oportuna,

ágil y con dignidad hacia las crecientes y aceleradas demandas de personas,

familias, comunidades y sociedad civil en general. Para ello, los tres poderes

del Estado deben tener claramente delimitadas sus funciones con mecanismos

de contrapeso de sus funciones. A su vez, para el ejercicio eficaz y eficiente de

sus funciones, las autoridades y funcionarios públicos deben contar con una

misión y objetivos claros, recursos apropiados, competencias necesarias y, a

su vez, deben sostener una conducta ejemplar y asumir la responsabilidades

de sus actos.

Un Estado “socio”

95. Deseamos un Estado que sea “socio” de personas, familias y comunidades

a través de todo el país en sus proyectos de emprendimiento y desarrollo

personal y comunitario. Promovemos la participación social de las personas a

través de organizaciones intermedias entre ellas y el Estado, queremos un

Estado en total sintonía con la sociedad civil, atendiendo a realidades y

necesidades muchas veces particulares no generalizables y estandarizables,

un Estado que atienda a la equidad de las personas y familias de nuestra

patria.

Un Estado que lidera un proyecto de país.

96. El Estado tiene un papel insustituible en la articulación de una estrategia de

desarrollo y en liderar su implementación. Como garante del bien común, es el

instrumento principal para ampliar los espacios de libertad, inclusión y

progreso. Queremos un Estado líder estratégico, comprometido con un

proyecto de país. El crecimiento integral requiere un Estado integrador, amable

y eficiente, que utiliza su poder para contrarrestar y disminuir la concentración

de poder prevaleciente, aumentar las libertades personales y fortalecer la

sociedad y sus comunidades.

Con una gestión de excelencia.

97. Más que el tamaño del Estado, lo que importa es su fortaleza y la forma en

que gasta los recursos (en qué y cómo). Eficiencia, eficacia, austeridad,

probidad, transparencia y excelencia son valores que deben caracterizar al

nuevo Estado y deben reflejarse en la forma en que cumple su misión.

Una reestructuración radical del Estado

98. Una reestructuración radical del Estado requiere terminar con la dispersión

institucional en algunas áreas; posibilitar la generación de estructuras públicas

más flexibles, que se adapten a las necesidades específicas que exigen las

políticas y programas en ejecución; favorecer, de manera consensuada, la

renovación de su personal, incorporando mecanismos que mejoren su calidad

técnica y profesional y aumentar su capacidad de fiscalización y regulación en

los ámbitos relevantes.

Eje 6: Más competencia, menos concentración

Mercado y competencia esenciales en nuestro ordenamiento económico

99. El mercado y la competencia son instrumentos esenciales de nuestro

ordenamiento económico. Permiten la eficiencia del sistema económico, lo que

se traduce en más y mejores bienes y servicios para atender las necesidades

de las personas. El mercado y la competencia posibilitan, también, una mayor

libertad y superación de las personas y estimula la necesaria innovación. Sin

embargo, para que dicho progreso sea compatible con los objetivos de la

democracia y la justicia social se requiere de políticas del Estado orientadas a

regular los mercados para hacerlos más eficientes y transparentes en su

funcionamiento.

La excesiva concentración económica es dañina para la democracia

100. En Chile hay una gran concentración de la propiedad. Pocos grupos de gran

tamaño son dueños de la mitad de los valores que se cotizan en la bolsa. La

propiedad de los bancos, de las AFP, de las ISAPRES, de las compañías de

seguro está concentrada en pocos grupos. Lo mismo ocurre con el comercio

del retail y la propiedad de algunos recursos naturales como la tierra y el agua.

Consideramos que la excesiva concentración económica es dañina para la

democracia, especialmente cuando ésta influye indebidamente en las

decisiones políticas, en los medios de comunicación y facilita el ejercicio de

prácticas abusivas sobre el mundo del trabajo y los pequeños empresarios.

Todo esto sin perjuicio que los grandes conglomerados económicos pueden

alcanzar notables ganancias de productividad y competitividad, condición

necesaria para participar en el mundo globalizado.

Institucionalidad efectiva para la competencia

101. Garantizar la competencia con reglas claras y un ambiente económico

estable es un requisito fundamental. Esta es una materia en la cual tenemos

deficiencias e insuficiencias como país. Es deber del Estado contar con la

institucionalidad y con las herramientas efectivas que velen por una real

competencia, especialmente en aquellos servicios donde hay alto nivel de

concentración, o donde se evidencian prácticas colusivas. Si bien en los

últimos años se han producido avances en esta área, persisten servicios de

carácter monopólico que no tienen otra justificación que la inercia o el ejercicio

de poder por grupos de presión. El Estado debe proteger frente a los abusos

que se producen como consecuencia de las asimetrías en el poder negociador

entre empresas y atender los problemas que el proceso competitivo genera en

grupos vulnerables que operan a menor escala o son menos eficientes y que

no son capaces de subsistir a la competencia. Nuestra institucionalidad

reguladora y fiscalizadora debe perfeccionarse y ponerse a la altura de la

existente en el mundo desarrollado.

Poner límites a la concentración

102. Proponemos establecer ciertas limitaciones a la concentración por la vía de

aplicar políticas públicas como las existentes en países desarrollados, a través

de normativas que regulan – por ejemplo- los descuentos por volumen para

proteger a los pequeños y medianos comerciantes ; leyes de grandes

superficies para cautelar la existencia de pequeños y medianos empresarios

como parte de la cultura de los barrios y ciudades; fortalecimiento de la

institucionalidad reguladora por la vía de ejercer plenamente las atribuciones

que disponen, resguardando su debida independencia y aumentando y

aplicando con rigor penas correspondientes a quienes infringen el principio

libre competencia.

Defensa de los Consumidores

103. La protección de los consumidores es una condición necesaria para

alcanzar el desarrollo, así como para construir un país más justo.

Consumidores exigentes e informados no sólo se ocupan de si mismos sino

que con su comportamiento contribuyen a mejorar la calidad de los productos y

servicios, y con ello contribuyen al bienestar de la población completa y al

progreso de la economía. Con el avance del país se requiere seguir

fortaleciendo la protección de los consumidores, facilitando los mecanismos

para que ejerzan sus derechos, fortaleciendo la regulación en aquellos

mercados que tienen características monopólicas (estén en manos públicas o

privadas), y facilitando y promoviendo la asociatividad de consumidores, no

sólo como un contrapeso necesario y eficiente ante empresas y agrupaciones

de éstas, sino también como una forma moderna de promocionar la

participación ciudadana y la asociatividad.

Eje 7: Una red de desarrollo humano y social eficaz

104. Chile debe garantizar el derecho a una vida digna para todos y

responder en forma eficaz a las situaciones de incertidumbre y los

problemas que las personas viven en el transcurso de sus vidas. El

aseguramiento efectivo de derechos económicos y sociales requiere de

políticas de cohesión y desarrollo social que, como lo demuestra la

experiencia chilena, son necesarias para generar igualdad de oportunidades

y reducir la desigualdad. Para ello es necesario fortalecer una red de

desarrollo y promoción social enfocada a las familias y personas, capaz de

garantizar el acceso a servicios básicos de calidad a toda la población para

responder a sus necesidades en el ámbito de la salud, la educación y la

seguridad social, atendiendo a los cambios demográficos y el

envejecimiento de la población, y capaz de erradicar la pobreza y la

indigencia.

Desarrollo social versus asistencialismo

105. En el combate a la pobreza, el Estado debe avanzar hacia el desarrollo

social sin abandonar aún su rol subsidiario para apoyar a las familias y grupos

más vulnerables de la sociedad. Las políticas para la erradicación de la

pobreza deberán contemplar subsidios y programas descentralizados y bien

focalizados que pongan su foco en la familia. La entrega de subsidios

monetarios, deberá ir acompañada de un sistema de incentivos para dejar de

recibirlos. Aspiramos a que las personas sean autovalentes en su desarrollo.

La asistencialidad es un paliativo en casos extremos y por corto tiempo, ya que

atenta contra el desarrollo integral del ser humano

Perfeccionar nuestro sistema tributario

106. Asimismo, la tarea de garantizar derechos sociales supone asumir la

necesidad de perfeccionar nuestro sistema tributario para hacerlo más

progresivo, más eficiente disminuyendo la evasión fiscal y controlando la

excesiva elusión fiscal. Se trata de contar con una estructura tributaria que

permita financiar responsablemente el gasto social.

Eje 8: Un desarrollo sustentable: energía y medio ambiente

107. Sin energía no hay desarrollo. Es un elemento clave para el crecimiento

económico y la lucha contra la pobreza, por lo tanto, debe conseguirse a los

costos más convenientes y bajos para los consumidores finales y productivos.

La Democracia Cristiana tiene el desafío de combinar la mirada técnica con un

sentido social de desarrollo, considerando la voz de la ciudadanía y poniendo

la opción por los pobres en el centro del debate. Al mismo tiempo, debemos

enfrentar el tema con una mirada ética, de futuro, considerando un desarrollo

sustentable que asegure que el medio ambiente será perfectamente habitable

por nuestros descendientes. La Democracia Cristiana propone un uso racional

de los recursos medioambientales, estando en contra de quines se oponen a

cualquier intervención humana en el medio ambiente.

El Estado debe promover desconcentración y competencia efectiva

108. El panorama actual es de altos precios internacionales, estrechez y

dependencia energética. Las políticas energéticas son decisiones de largo

plazo que tienen efectos geopolíticos, económicos, sociales y ambientales. El

Estado tiene la obligación de orientar una política energética que, al mismo

tiempo que vele por el bienestar de los ciudadanos, contribuya a un desarrollo

sustentable. Para ello debe promover la desconcentración y la efectiva

competencia en el mercado energético, muy especialmente en lo que se

refiere a la generación, transmisión y distribución eléctrica.

Eficiencia Energética

109. Proponemos, en primer lugar, la eficiencia energética para enfrentar los

problemas de abastecimiento, lo cual requiere de mejores procesos

productivos, tecnologías, cambio de hábitos de consumo y responsabilidad con

el medio ambiente. Chile debe seguir usando su potencial hidrológico,

reforzando normas y métodos para evaluar los beneficios y costos de las

soluciones hidroeléctricas y considerando la expresión de la ciudadanía. La

energía solar en el norte, energía geotérmica y mareomotriz en casi todo el

territorio, energía eólica, bío-energía y otras no convencionales son

posibilidades cada vez más accesibles. El Estado debe ser un activo promotor

de estas fuentes de energía, buscando alianzas para hacerlas viables

económicamente, así como educando a la ciudadanía respecto a estas fuentes

de energía.

Diversificación energética

110. Postulamos el estudio de todas las alternativas disponibles, tanto las

energías renovables y no renovables convencionales y las energías

renovables no convencionales, bajo la convicción que la energía es

indispensable para el crecimiento y la eliminación de la pobreza y sin olvidar

que cualquiera de ellas tiene impactos no deseados. El Estado debe impulsar y

financiar los estudios, así como informar y facilitar el acceso a la ciudadanía

los resultados de éstos. Por otro lado, la diversificación energética incluye las

fuentes, abastecedores y proveedores.

Energía Nuclear

111. Dado el pequeño tamaño del sector eléctrico, de la ausencia de experiencia

y fuerza de trabajo profesional experto, del carácter sísmico de nuestro

territorio que demanda máxima seguridad frente al riesgo de fallas

estructurales en plantas nucleares, sostenemos que este tipo de energía no es

viable para Chile en el corto plazo. Con todo, no debemos descartar estudiarla

sólo por prejuicios; se requiere de información seria y objetiva que considere

tanto los aspectos positivos como los negativos. La humanidad sabe aprender

de sus fracasos y, por lo tanto, debe analizarse su conveniencia.

Política ambiental para un desarrollo sustentable.

112. Desde nuestra visión, el eje de la política ambiental debe ser la persona

humana y su acción debe expresarse en impulsar un desarrollo sustentable.

Indicadores de gestión ambiental

113. Compatibilizar crecimiento económico y protección ambiental significa

proteger la calidad y cantidad de recursos naturales que soportan el

crecimiento de la economía, con mecanismos acordes a los desafíos de corto

y mediano plazo. Postulamos un efectivo control y seguimiento con un sistema

de indicadores del estado y gestión ambiental tanto pública como privada, de

acuerdo a estándares internacionales, con mecanismos transparentes, análisis

del gasto público necesario para la protección ambiental efectiva, e

instituciones con capacidades para verificar la calidad del ambiente y la

situación de los recursos naturales.

El valor de nuestra biodiversidad

114. . El país debe avanzar en conocer, valorar y proteger su biodiversidad,

particularmente el patrimonio genético, en sus distintos ámbitos ecosistémicos

y territoriales, transformándola en uno de los ejes de su desarrollo sustentable

y generando oportunidades laborales y productivas.

Protección de áreas naturales, bosque nativo y recursos hídricos

115. En esta etapa, Chile debe avanzar hacia una gestión más integral en la

protección de sus áreas naturales, especialmente en la protección para el

bosque nativo Así mismo, proteger la calidad ambiental de las aguas que es un

bien finito y escaso, y al ir creciendo la población y su nivel y calidad de vida,

las necesidades van aumentando. Es por eso que es central ver el recurso

hídrico como eje en la planificación de las cuencas del país. El

aprovechamiento eficiente, racional y sostenible de los recursos hídricos es

fundamental para proporcionar salud, calidad de vida, y desarrollo económico y

social a los ciudadanos de Chile.

Gestión de residuos sólidos

116. La gestión de los residuos sólidos es otra dimensión que adquiere la mayor

importancia, planteando la necesidad de acceder a estándares modernos de

su manejo e implementar acciones de promoción de la minimización.

Prevenir el calentamiento global

117. En el ámbito global, frente al cambio climático, la DC trabajará para que

Chile haga éticamente lo correcto para disminuir sus emisiones y que como

país candidato para sobrevivir relativamente bien al escenario del

calentamiento global, genere políticas públicas para el cuidado de nuestros

recursos hídricos, del suelo y el mar, y la protección de la salud de las

personas. Chile debe hacer esfuerzos para acceder a mecanismos de

desarrollo limpio, adelantándonos a los problemas del futuro con acciones

concretas en el presente.

Sello verde para Chile

118. Promover una imagen país o “sello verde” que crea un valor que refuerza la

competitividad como una marca para Chile que da garantías de país limpio y

preocupado de su sustentabilidad, generando confianza en nuestros

consumidores extranjeros, que tienen una cultura ambiental cada vez más

desarrollada.

Turismo basado en nuestro patrimonio ambiental

119. Así también, desarrollar una actividad turística basada en el respeto y

preservación de nuestro patrimonio ambiental y de la identidad cultural, con un

sistema integral de áreas protegidas, públicas y privadas que sobre la base de

la conservación proporcione oportunidades de desarrollo.

IV. Hacer de Chile un país con más y mejor democracia

120. La historia de Chile nos muestra que cuando se ha deteriorado la

convivencia política entre los chilenos y nos hemos apartado de los cauces de

la democracia y de la paz, nuestra sociedad ha pagado un alto costo en dolor y

desarrollo. Al contrario, los períodos de mayores avances en bienestar y

justicia social, han sido cuando la política se ha desenvuelto en un marco de

estabilidad, legitimidad social y búsqueda de acuerdos.

Agotamiento del sistema político y crisis de representatividad.

121. Por eso, hoy percibimos con preocupación síntomas de agotamiento del

sistema político para responder las grandes transformaciones que ha

experimentado la sociedad chilena en las últimas décadas. La escasa

participación electoral de los jóvenes, la marginación de sectores de chilenos

de la representación política como consecuencia del sistema electoral, el

desprestigio de las instituciones democráticas, la farandulización de la política

evidencian una crisis de representatividad que plantea la necesidad urgente

de emprender reformas profundas en nuestro sistema democrático para

hacerlo más eficaz y acorde a las nuevas realidades.

Firme compromiso con la probidad

122. Uno de los desafíos es mejorar la calidad de la política. Ello depende en

primer lugar de las conductas y acciones de los dirigentes políticos.

Reafirmamos el sentido ético de la política. La Democracia Cristiana se

compromete a impulsar todas las acciones necesarias para hacer de Chile un

país reconocido por su transparencia y honestidad. Así mismo pide perdón por

aquellos casos de corrupción que han involucrado a militantes en el ejercicio

de su función pública y se compromete a arbitrar las medidas necesarias para

prevenir y sancionar actos de esta naturaleza.

Transparencia

123. La Democracia Cristiana promoverá la transparencia, tanto en el sector

público, como al interior del partido. En ese contexto, manifestamos nuestro

apoyo a los proyectos de ley sobre el lobby y acceso a la información que

actualmente se tramitan en el Parlamento.

Erradicar la corrupción

124. La utilización indebida de recursos públicos debe ser erradicada de raíz.

Los discursos no bastan, deben tomarse medidas efectivas que aseguren la

transparencia y corrección en el uso de los dineros de todos los chilenos. La

Democracia Cristiana quiere un Estado de cara al país, donde los ciudadanos

puedan observar sus actuaciones y ser ellos el principal agente de control. Con

este fin impulsaremos:

a. Reformas al control financiero y auditorias de la Contraloría General de la

República

b. La creación de un Agencia de Calidad de las Políticas Públicas que se

encargue del control de gestión, para evaluar el avance de leyes y programas

gubernamentales, dependiente del Congreso Nacional

c. Elevar los estándares de acceso a la información pública.

d. Establecer que los aportes a las campañas electorales sólo pueden hacerlos

las personas naturales, debidamente identificadas y con carácter público,

eliminando, las donaciones de empresas o grupos de interés.

e. Establecer el financiamiento público de los partidos con rendición de cuentas

públicas.

Practicar con el ejemplo

125. Así mismo , la Democracia Cristiana acuerda impulsar un conjunto de

medidas al interior del partido orientadas a garantizar la transparencia y

probidad y a resguardar que los militantes sean un verdadero ejemplo para la

ciudadanía:

• Cumplimiento de un estándar mínimo de buena conducta (Código de Buenas

Conductas) y de requisitos para quienes postulen a un cargo de elección

popular, asuman una función pública. o partidaria.

• Sanciones para actuaciones y prácticas irregulares, como nepotismo o

aprovechamiento moral ilícito, de forma tal que

• Base de datos de faltas disciplinarias y delitos de los militantes en el ejercicio

de su función pública, a objeto de que se conozca cabalmente su

comportamiento

• Base de datos de méritos de militantes que postulan a cargos de elección

popular, o ejercicio de cargos públicos.

• Comisión de Ética para otorgar visto bueno a los candidatos a un cargo de

elección popular. Esta Comisión funcionará a nivel provincial o regional, y a

nivel nacional

• Rendición de cuenta pública a miembros de directivas nacionales, regionales

y comunales.

• Declaración de intereses , antecedentes y patrimonio a candidatos a cargos

partidarios

• Respuesta de las autoridades del PDC en un plazo determinado, a las

consultas que efectúen los militantes

• Acceso a información de la vida interna del Partido.

• Regular el uso de recursos económicos en las elecciones internas del partido

• Parlamentarios, alcaldes y altos funcionarios públicos deberán explicar a las

instancias regulares del PDC, una vez al año, la naturaleza de sus funciones y

los resultados de sus actuaciones en el ejercicio del cargo.

Hacia una nueva Constitución

126. El perfeccionamiento y la profundización de la democracia chilena requieren

de mejores instituciones, mayor participación, descentralización del poder.

Postulamos más y mejor democracia. En este contexto creemos necesario

abordar un conjunto de cambios y reformas constitucionales que hacen

indispensable una nueva constitución, todo esto en la idea de proceso. El

procedimiento dependerá del proceso y la DC asume esto como tarea urgente

y central, de socialización, sumatoria, articulación y logros.

Un Estado Democrático y Social de Derecho

127. Asumimos el principio de Estado democrático y social de derecho. Somos

partidarios de cambiar el régimen político, por uno que se caracterice por el

equilibrio, descentralización y desconcentración del poder.

Reforma al sistema binominal

128. Creemos necesario rehacer, incorporar y hacer realidad, los derechos

fundamentales y eliminar los restos de los enclaves de la dictadura, como el

sistema binominal, el proceso de reforma constitucional y los quórum difíciles

que se han heredado.

Participación electoral equilibrada de hombres y mujeres

129. La Democracia Cristiana promoverá y aplicará los mecanismos necesarios

para corregir la subrrepresentación de mujeres en candidaturas a cargos

internos del Partido como de representación popular y garantizará una

participación equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas a los

cargos señalados anteriormente

Consejo Económico-Social

130. Postulamos la creación de un Consejo Económico-Social que sea capaz de

institucionalizar el diálogo facilitando la mediación social y que genere un

espacio a las organizaciones sociales y los cuerpos intermedios de la

sociedad.

Régimen Unicameral

131. Proponemos optar por un régimen unicameral que representa mejor la

soberanía popular. Una sola Cámara para un nuevo Chile asegura el equilibrio

de los poderes. Esta decisión debe ir acompañada de mecanismos que

permitan mayor eficiencia, calidad legislativa y de fiscalización y la rendición de

cuentas como una obligación institucional.

Nueva Ley de Partidos Políticos

132. Impulsaremos una nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos

Políticos, que entre otros incluya la obligatoriedad del principio y práctica

democrática a su interior, la tarea de formación política y ciudadana, el debido

financiamiento de los partidos. la limitación de la reelección de los cargos de

elección popular y estatuir que los cargos de representación popular

pertenecen a los partidos.

Inscripción Automática y voto obligatorio

133. Postulamos la inscripción automática y el voto obligatorio

Primarias Obligatorias y simultáneas

134. Promovemos elecciones primarias obligatorias y simultáneas para elegir

candidatos de representación popular en todos los partidos.

Partidarios de un Régimen Semi-presidencial.

135. Nos manifestamos partidarios de un régimen semi presidencial

Construir a Chile desde las regiones y gobiernos locales.

136. Para ganar el futuro, Chile se debe construir desde sus regiones. La

Democracia Cristiana considera que el proceso de descentralización

impulsado por los gobiernos de la Concertación es aún insuficiente. Asumimos

el compromiso de su profundización, propiciando un desarrollo más equilibrado

de nuestro territorio y sus habitantes, reconociendo nuestras capacidades y

potencialidades a nivel regional y local y relevando el rol de la sociedad en la

construcción de su destino.

Proceso gradual de desconcentración

137. La descentralización y desconcentración administrativa debe darse en el

marco del Estado Unitario, iniciando un proceso de descentralización política

orientado por el principio de gradualidad para avanzar hacia un Estado

Regional. Con este fin proponemos a) diferenciar y separar las competencias

de la Administración Regional que corresponden al Gobierno regional, de las

competencias de Gobierno , que corresponden al Intendente; b) la elección

directa de los Consejeros Regionales y del Presidente del Consejo Regional,

asumiendo éste las facultades de los actuales intendentes en tanto órganos

ejecutivos del Gobierno Regional; c) este proceso debe ir junto a una política

de descentralización fiscal, dotando a las regiones del financiamiento

necesario para cumplir con sus Objetivos de Desarrollo

Fortalecimiento de los Municipios

138. La descentralización debe llegar al Municipio, incrementando sus

competencias y recursos para el ejercicio de sus facultades de gestión y

financieras. Esto significa fortalecer las administraciones locales, con

atribuciones y recursos directos para la administración de los sistemas de

educación, salud, transporte, fomento productivo, medio ambiente y demás

temas propios del desarrollo local. Ello debe ir acompañado de un mayor

equilibrio entre Alcaldes y Concejales; responsabilidad en materia de vialidad

urbana loca; instituciones que aseguren una participación efectiva de la

comunidad en la gestión local como presupuestos participativos y control

ciudadano de la gestión local y mecanismos que aseguren probidad y

transparencia, basados en indicadores y sistemas de información.

Revisar la división política- administrativa de Chile
139. El proceso de descentralización requiere también de una revisión de la

División Político Administrativa del País y de los Tribunales Regionales

Electorales; de un apoyo efectivo al tejido productivo regional y local; la

promoción del desarrollo de la capacidad de innovación y emprendimiento, a

través -entre otros- de la consolidación de universidades, institutos

profesionales y centros d formación técnica de carácter regional. Así mismo, es

necesario revisar los mecanismos de control de la legalidad administrativa,

favoreciendo la fiscalización ex post.

Gobiernos para Áreas Metropolitanas

140. Impulsaremos la creación de Áreas Metropolitanas que deberán estar

dotadas de un gobierno electo democráticamente. Se trata de que las grandes

áreas urbanas cuenten con autoridades electas para una gestión urbana

integrada que les brinde mayor capacidad de gobernabilidad.

De la “promoción popular” a la “participación comunitaria”

141. La profundización de la democracia y la búsqueda de un desarrollo más

equitativo requiere una mejor distribución del poder. Es fundamental crear una

nueva relación entre el Estado, las empresas y las personas, en que la

comunidad organizada sea un auténtico espacio de ejercicio de derechos y

toma de decisiones, constituyéndose en un actor relevante del equilibrio del

poder en la sociedad. En los albores de este nuevo siglo entendemos que la

democratización de la información y la incorporación y aprovechamiento de las

nuevas tecnologías son herramientas facilitadotas para promover la

participación.

Espacios para nuevas formas de participación ciudadana

142. Las personas en el mundo de hoy necesitan espacios para manifestar sus

opiniones no como “consumidor” si no que como verdadero actor y gestor de

su realidad y compromiso. Para ello debemos reconocer la legitimidad de

nuevos actores sociales y comunitarios, motivando y promoviendo la

participación en acciones que surjan de la ciudadanía y generando liderazgos

en los temas sociales emergentes.

Hacia una nueva forma de hacer gestión pública

143. Así como ayer impulsamos la “promoción popular”, hoy queremos

hacernos cargo de los nuevos desafíos y construir una fuerza comunitaria

fuerte, propositiva y convocante , liderando un gran movimiento nacional de

“participación comunitaria”. La Democracia Cristiana se propone impulsar un

gran proceso movilizador de “participación comunitaria” y una nueva forma de

hacer gestión pública en que el estado, instituciones y funcionarios tengan

contacto con las organizaciones sociales de base (juntas de vecinos, centros

de padres, organizaciones ciudadanas, de medio ambiente, de consumidores,

gremios, comités de adelanto, adultos mayores, entre otras).

Reconocer el derecho a la participación

144. Proponemos también que una nueva Constitución reconozca

explícitamente el derecho a la participación ciudadana como un derecho

humano, conforme a los tratados internacionales; establezca el rol de la

comunidad organizada en la búsqueda del bien común; impulse la creación de

Consejos Económico Sociales a nivel nacional, regional y comunal; contemple

la facultad de iniciativa popular de ley y de ordenanzas municipales; consultas

ciudadanas y plebiscitos vinculantes en temas de interés publico nacionales,

regionales o comunales; el principio de “responsabilización” y que una

expresión de aquello sea la posibilidad de convocar a plebiscitos revocatorios

del mandato de las autoridades; elimine la restricción de dirigentes sociales y

sindicales para acceder a cargos de elección popular; establezca presupuestos

participativos obligatorios a nivel regional y comunal y mecanismos de

reconocimiento de la participación y el voluntariado como un valor social y una

responsabilidad ética.

Ciudadanos más concientes y organizaciones sociales con más poder

145. Así mismo la Democracia Cristiana promoverá el proyecto de ley de

“Asociacionismo y Participación Ciudadana”, dotando de los recursos

necesarios al Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil; modificar la actual Ley

de Juntas de Vecinos para evitar el debilitamiento y atomización de las

organizaciones; evitar que funcionarios municipales sean dirigentes de

organizaciones sociales y comunitarias en la comuna en que trabajan;

establecer sanciones a conductas de autoridades y funcionarios públicos y

municipales que atenten contra la autonomía de las organizaciones sociales o

intervengan indebidamente en ellas haciendo uso de su cargo; establecer que

los Ministerios y Servicios Públicos incorporen la participación ciudadana en el

diseño, ejecución, evaluación y control social de sus proyectos y programas..

Queremos ciudadanos concientes y más comunidades, por ello proponemos

subsidiar a las organizaciones sociales.

Medios de comunicación para una mejor democracia

146. Los medios de comunicación ejercen hoy una influencia decisiva en la

política y la vida en sociedad. La ciudadanía tiene mayor interés por la

información. Los medios ( prensa escrita, radios, televisión e Internet) forman

parte de la vida cotidiana de las personas ejerciendo una mediación entre la

realidad y las personas.

Hacia un periodismo y medios de comunicación libres

147. La Democracia Cristiana considera que la situación actual de la propiedad

de los medios de comunicación y de la inversión publicitaria, produce un

desequilibrio que arriesga la pluralidad y diversidad de ofertas. De allí que la

existencia de un periodismo libre y un sistema de medios de comunicación que

de cuenta de la diversidad creciente de la sociedad y de sus grados de

libertad, liberalidad y autonomía respecto de las organizaciones tradicionales,

reviste la mayor importancia. En este contexto , sostenemos:

• el compromiso con el pluralismo en las comunicaciones, la libertad de

expresión y de prensa y de velar por la ética en el periodismo;

• la necesidad de elevar el derecho a la información a la categoría de derecho

social (no sólo individual) con rango constitucional, en los términos que lo

señalan instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos por

Chile;

• la ampliación de la industria de la comunicación social, mediante la creación

de un sistema nacional de fomento a los emprendimientos periodísticos y el

desarrollo de las empresas de medios de comunicación social. El Estado debe

ejercer un rol subsidiario en esta materia y apoyar a las personas y

comunidades en especial, abriendo los nuevos espacios de comunicación

digital.

• El fortalecimiento de las prácticas e instancias de autorregulación.

Garantizar el derecho a la información

148. La Democracia Cristiana propone, en el marco de una nueva constitución

política, elevar el derecho a la información a la categoría de derecho social que

el Estado debe garantizar a través de los mecanismos y organismos

determinados para ello. La información es un derecho social, que contribuye

en los procesos de promoción del pueblo. La democracia de las plazas y

espacios públicos fue reemplazada por la democracia de los medios de

comunicación, la que en Chile es imperfecta ya que el 90 de los medios se

encuentran en manos de la derecha política y económica lo que atenta contra

la existencia de una plena democracia. Debe existir una entidad que proteja y

promueva el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas.

Criterios de transparencia

149. Proponemos legislar sobre criterios de transparencia en la asignación de

frecuencias y mecanismos de control de su uso.

Radios comunitarias

150. Proponemos autorizar la publicidad a las radios comunitarias con el fin de

terminar con la discriminación que les afecta, promover la competencia y

promover la localización y cultura del territorio, esto es identidad cultural. Con

este fin postulamos:

• la revisión de las funciones y recursos de la Subsecretaria de

Telecomunicaciones, Subtel, que le permita cubrir todo el país haciendo

fiscalización, y que tenga una regulación adecuado al país.

• una Ley de Radios Comunitarias

• incrementar los recursos del Fondo del Fomento a los Medios de

Comunicación Regionales disponiendo que al menos un 30% de los recursos

de dicho fondo financien proyectos de medios de comunicación comunitarios.

• el Estado debe preocuparse de su avisaje publicitario desde un punto de

vista ideológico y democrático.

Colegio de Periodistas
151. Debe ser una Corporación de Derecho público al igual que los otros

colegios profesionales. Postulamos fortalecer su rol ético, fomentar la creación

de una federación de empleados de los medios de comunicación, apoyar la

tramitación de la Ley para Periodistas y proponer la Derogación del Artículo A

del Código Penal.

Televisión digital

152. Adoptar un sistema de televisión digital que privilegie la existencia de más

canales de TV, mejores contenidos, más oferta de comunicación a nivel

nacional, regional y local, generando más democratización y diversidad

cultural. La democracia Cristiana se inclina por una norma que permita un

mayor rango de medios de comunicación.

Chile en el corazón de la DC.

153. Para la Democracia Cristiana es más importante la decisión ética y correcta

que la mera conquista de posiciones de poder. Por eso asignamos una

importancia capital a la lealtad con los principios, a la consecuencia y

coherencia en el actuar de sus miembros. Quienes, en representación de la

Democracia Cristiana, ocupan cargos públicos deben ejercerlos con absoluta

honestidad, transparencia, autonomía respecto de los grupos de presión y

buen criterio, para servir al bien común. Sólo de este modo podremos aspirar a

contar con la confianza de la ciudadanía que es, a su vez, la base para el

desarrollo político y económico del país.

Ética y lealtad a los principios.

154. Ello exige lealtad a los principios del partido, sobretodo cuando militantes

actúan en calidad de representantes políticos del partido. Exigimos ética y

lealtad política y sujetamos a los militantes a estándares en su comportamiento

público, sancionando su incumplimiento. Valoramos las diferencias internas,

pero queremos erradicar las prácticas de fraccionalismo interno que han

dividido la vida interna de nuestro partido.

Unidad interna

155. Una de las demandas más importantes que se han hecho a nuestro

partido en esta etapa del Congreso, es la de su unidad interna. El partido que

queremos todos es un partido unido, capaz de convivir respetando la

diversidad de aportes dentro de un cauce doctrinario común y de resolver sus

diferencias internas dentro de un espíritu fraterno. Por tanto la fraternidad es el

valor superior de unidad en las ideas.

Vanguardia en la reforma de los partidos

156. La DC será vanguardia en la reforma de los partidos políticos chilenos.

Deseamos transitar desde un partido con una fuerte burocracia en sus

estructuras a un verdadero movimiento social. Reformaremos nuestra

estructura orgánica, modificando las formas de funcionamiento con el fin de

responder adecuadamente a las nuevas realidades de una sociedad con una

alta intermediación de los medios de comunicación y ciudadanos con más

información y mayores opciones de participación.

Elegir a las mejores personas

157. Debe establecerse un sistema de selección de los candidatos a

representantes populares de la Democracia Cristiana, que permita elegir a las

mejores personas y con mayores posibilidades en forma transparente y eficaz.

Renovación de los liderazgos

158. Es urgente, no sólo en la DC, sino también en todos los partidos de Chile,

una renovación de sus liderazgos. Es nuestra decisión que los cargos de

elección popular y de carácter interno – ocupados por los militantes del partido

– tengan límites a la reelección indefinida.

Un partido con mayor autonomía regional y local

159. Asimismo, es necesario realizar una adecuada descentralización del

partido, a través de su fortalecimiento en el nivel local y regional, generando

estrategias y apoyando la formación de liderazgos que - en cada localidad y

región - se identifiquen con su comunidad originaria, ampliando así el trabajo

partidario a la sociedad civil. Planteamos mayor autonomía regional y la

necesidad de dotar a las instancias regionales de lo necesario para poder

cumplir este mandato. Planteamos el desafío de que nuestros representantes a

cargos de elección popular también cumplan un criterio de localidad efectiva.

Un padrón transparente

160. Queremos sincerar y transparentar el padrón de militantes del partido.

Buenos militantes que respondan a la complejidad y diversidad de la

sociedad actual

161. La DC debe ser un partido moderno y doctrinario, que renueve sus ideas

acorde a la evolución que ha tenido la sociedad chilena y mundial, que

defienda sus valores y que haga una política eficiente. La sociedad actual es

compleja y de tendencias diversas. A esa complejidad y diversidad debe

responder la nueva DC. Para eso requiere de un militante nuevo que asuma

esta nueva sociedad como la que es. No importa la cantidad de militantes que

tenga el partido, lo importante es su calidad y compromiso - esto es - el partido

de los mejores, los mejores en servicio y compromiso con Chile y la DC. Un

partido donde sus militantes estén comprometidos con la acción del partid en

la base de la sociedad. Con buenos militantes se genera un buen movimiento.

Una de las obligaciones mínimas de los militantes, es financiar al partido, por

medio de cuotas mensuales.

Un partido abierto

162. Para cumplir bien su misión en este tiempo nuevo, nuestro partido debe

conjugar la participación de sus militantes y la cercanía con la comunidad que

debe representar. Para esto debe tener un espíritu permanente de escucha y

apertura. A la vez, usar métodos profesionales para conocer las demandas de

los electores y comunicarse en forma efectiva con la ciudadanía. Somos un

partido abierto a Chile y sus inquietudes. Queremos una militancia más activa

y un partido que vaya más allá de su militancia.

Un partido inserto en la base social

163. La Democracia Cristiana debe retomar su tradición de inserción en el

mundo social. Para ello debe trabajar con las organizaciones sociales en

sentido amplio y diverso, generando un apoyo real y concreto con información

y asesoría; promoviendo la formación de redes de organizaciones, aportando a

la formación de sus dirigentes y estableciendo un catastro de dirigentes

sociales DC.

Un partido de militantes, adherentes y voluntarios

164. Los militantes no pueden ser pasivos, por lo que deben hacer política fuera

de las sedes partidarias. Queremos también promover adherentes y

voluntarios que - sin ser militantes - quieran también acompañarnos.

Un partido profesional para responder a nuevas realidades

165. Las estructuras del partido deben adecuarse a las nuevas necesidades de

apertura y profesionalización de los partidos modernos para insertarse en la

compleja sociedad actual. Por tanto, la estructura organizacional de la nueva

DC debe modernizarse coherente con los nuevos tiempos, con exigencias

máximas de eficiencia en la acción política que deben desarrollar tantos sus

dirigentes como los militantes.

Un partido con una gestión eficiente.

166. Un partido moderno debe contar con un equipo electoral de alta

competencia técnica que maneje en forma permanente información sobre los

electores, saber lo que piensa la ciudadanía y, sobre esa base, tomar mejores

decisiones. Asimismo debe disponer de un equipo de comunicación que apoye

la estrategia para comunicarse con la sociedad y construir una imagen

verdadera del partido, a la vez que usar las oportunidades que abren las

nuevas tecnologías, especialmente para formar redes orientadas a los jóvenes.

El partido y sus dirigentes deben actuar sabiendo que los medios de

comunicación son esenciales en la construcción de una imagen positiva o

negativa respecto de nuestras decisiones. Pretendemos dividir lo político de la

gestión partidaria. Esperamos aprovechar las nuevas tecnologías para motivar

otras formas de participación y cooperar en la difusión e información. Exigimos

transparencia financiera – a nivel nacional, regional, provincial y comunal.

Debe haber claridad patrimonial en el partido y claridad del destino de los

bienes partidarios dejados al partido por el esfuerzo de sus militantes

Un partido moderno desde su matriz histórica

167. Un Partido Demócrata Cristiano moderno, significa; renovación de las ideas

y programas, sin perder el sentido del Humanismo Cristiano; coherencia entre

el discurso y la acción, sobre todo que estos digan relación con representar

fielmente los intereses de la gran mayoría de nuestros compatriotas; ser

representativos electoralmente, para eso el partido debe usar los medios que

la técnica moderna entrega para ser eficiente a la hora de los resultados

electorales; seguir abriendo las puertas a las mujeres y hombres que quieran

liderar - con la DC - las transformaciones sociales que hagan de Chile un país

más justo y bueno. Una DC moderna no significa renunciar a nuestro legado

histórico. Es más, la modernidad de un partido se caracteriza porque,

sustentándose en su matriz histórica, es capaz de representar a la sociedad

actual en un nuevo pacto social - entre ciudadanía y partido – anteponiendo,

por sobretodo, el interés del país y su gente. Chile está en el corazón de la DC.

Las relaciones internacionales del PDC

168. La DC mantendrá su participación activa en las organizaciones políticas

internacionales que compartan los principios del humanismo cristiano, el

régimen democrático y la justicia social. En su vinculación con partidos u

organizaciones políticas afines manifiesta su pleno respeto a las distintas

realidades nacionales.

Comisión y criterios para la reforma de los Estatutos

169. Habrá una comisión especial formada por el presidente del Tribunal

Supremo (quien la presidirá) y por otro representante elegido por el mismo

tribunal, tres integrantes elegidos por el Consejo Nacional, dos representantes

de las directivas regionales, un representante de la bancada de senadores y

otro por la de diputados, un representante del conjunto de alcaldes y otro por

los concejales, dos integrantes que representen a la JDC elegidos por su

Consejo Nacional, cuatro representantes elegidos por la presente Comisión de

Modernización Partidaria y el secretario general del PDC (quien actuará como

su secretario para todos los efectos). Esta comisión tendrá el mandato de

proponer – dentro del plazo de noventa días - los nuevos estatutos partidarios

que cumplan con los criterios reflejados en este documento y especialmente lo

siguiente:

1. Reorganizar el padrón de militantes a objeto de transparentarlo.

2. Redefinir los términos de la militancia, así como reformular los

derechos y deberes de los mismos y especialmente en orden a que dichos

militantes asuman obligaciones en la base partidaria, organizaciones sociales y

fuerzas vivas del país. El pago de cuotas y la formación son obligatorias y se

deberá proveer de mecanismos para hacerlas efectivas.

3. Promovemos al PDC como un movimiento y – como tal – deseamos

dar forma a la condición de “voluntarios” orientados a toda la actividad política

del partido y su acción en la sociedad chilena.

4. Se establecerán límites a la reelección indefinida en los cargos

internos y de representación popular.

5. Se asegurará la convivencia interna y se deberán proveer de nuevos

mecanismos para que los militantes y autoridades que asumen la

representación del PDC respeten las decisiones políticas debidamente

adoptadas por el partido. La normativa deberá respetar el principio de “máxima

diversidad al interior del partido y máxima unidad hacia fuera del partido”. Se

revisará y reformulará el Código de Ética del partido de modo de que sea

fácilmente conocido y exigible. Se reestablecerá la Comisión de Ética del PDC

como instancia autónoma y efectiva.

6. Se establecerá una estructura partidaria flexible y modalidades que

consideren el tamaño y geografía, así como número de militantes en cada

localidad.

7. Se dividirá la gestión partidaria y de lo propiamente político. Se

establecerán criterios para la efectiva transparencia financiera y patrimonial del

PDC a todos sus niveles. Se establecerán rendiciones de cuentas de las

directivas a todo nivel. Las directivas deberán adoptar un programa de gestión

política que pueda ser evaluado en el tiempo.

8. Se arbitrarán medidas para el establecimiento de un solo instituto de

formación y de estudio partidario que aproveche toda la capacidad profesional

del partido; así como elabore y ejecute un solo plan nacional de formación que

sea ejecutado comunalmente.

9. Se reformularán los frentes y departamentos, su número, su

organización y funciones. Se propenderá a descentralizar instancias y

decisiones. También se reformularán los equipos técnicos, contemplando

mecanismos para una efectiva planificación estratégica a nivel nacional, regional

y local.

10. Se estudiará la reformulación de la estructura de la Mesa Nacional,

Consejo Nacional y Junta Nacional en orden a cambiar su fuente de legitimidad

y representatividad. Se discutirá el destino de las instancias distritales.

11. Habrá una instancia autónoma, permanente y ecuánime que tenga

por misión evaluar lo electoral, así como las fortalezas y debilidades de cada

localidad, de modo de proponer a las instancias correspondientes el modo de

proceder para proveer los cargos de elección popular. En todo caso, dicha

instancia deberá establecer criterios objetivos, que propendan a ser estables en

el tiempo y conocidos con debida anticipación de modo de evitar

discrecionalidades. Es nuestra decisión elevar los estándares para ser candidato

a elección popular.

12. Habrán plazos para las resoluciones de los tribunales partidarios y

mecanismos para cumplirlos.

Otras instancias de representación partidaria

170. Se recomienda la creación dentro del PDC de un instrumento

permanente para la promoción de las Artes y la Cultura consecuente con el

carácter de pilar de futuro que se ha dado al tema de cultura en el V Congreso;

y la creación de una instancia partidaria permanente de representación del

mundo campesino, renovando el compromiso de la DC con la ruralidad y las

familias del campo.

V. Poner a Chile en un nivel de liderazgo en el ámbito

internacional

La humanización de la globalización

171. En un mundo en que el crecimiento, la estabilidad y la seguridad de las

naciones dependen no sólo de lo que ocurre dentro de las fronteras sino de los

acontecimientos del mundo global, la Democracia Cristiana aspira a que Chile

tenga una voz cada vez más influyente en el concierto internacional basada en

la defensa de principios fundamentales como la democracia y los derechos

humanos, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y el respeto

al derecho internacional. De esta forma realiza su aporte a la humanización de

la globalización y a la construcción de una sociedad mundial pacífica,

equitativa, solidaria y respetuosa de la diversidad étnica, religiosa y cultural.

Apostamos por una globalización incluyente.

El mundo es más complejo

172. La globalización se expresa no solamente en lo político y lo económicofinanciero

sino que impacta también en el ámbito de la cultura, de los valores,

de las costumbres y, en especial, en las expectativas y la calidad de vida de

las personas. El mundo es hoy más complejo, inseguro, competitivo, con

amenazas, desafíos y oportunidades de alcance planetario. Las desigualdades

entre países ricos y pobres, las violaciones a los derechos humanos, el

terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, el

calentamiento global de la tierra, son las sombras que nos hablan de la

necesidad de humanizar la globalización, colocando a la persona humana, su

dignidad y derechos, en el centro de las cosas.

Derechos Humanos

173. El respeto de los derechos humanos forma parte de la historia moral de la

humanidad. La Democracia Cristiana promueve el desarrollo y vigencia plena

del Derecho Internacional Humanitario, como asimismo todo otro instrumento

jurídico internacional y nacional que promueva el respeto de los derechos

humanos. En este sentido compromete su voluntad para seguir perfeccionando

los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos

humanos, del derecho humanitario y la justicia internacional. En este sentido,

es preciso la inmediata aprobación y ratificación del Estatuto de Roma sobre la

Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana de Desaparición

forzada de personas y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.

Promoción de la paz mundial

174. La Democracia Cristiana ratifica su vocación por la promoción y

construcción de la paz. La Democracia Cristiana respalda la solución pacífica

de las controversias internacionales en conformidad con los procedimientos y

principios del derecho internacional, y en base a los valores de la solidaridad,

la cooperación entre Estados y la plena vigencia y respeto de los derechos

humanos. Apoya decididamente el empleo de medios de nuestras Fuerzas

Armadas en Operaciones de Paz bajo mandato de las Naciones Unidas.

Fortalecimiento de la cooperación internacional

175. Chile debe fortalecer una política de cooperación internacional solidaria, que

promueva el desarrollo humano, en el marco de la democracia y el respeto de

los derechos humanos. La cooperación internacional de Chile debe estar

dotada adecuadamente en estructura, personal y recursos, ser un instrumento

potente de política exterior y promover la participación activa de todos los

actores públicos y privados vinculados internacionalmente.

Compromiso con una alianza mundial para el desarrollo

176. Queremos una mundialización que promueva el cumplimiento efectivo de

los acuerdos de las Cumbres del Milenio y de Monterrey. Soñamos al 2025 con

tener una humanidad sin hambre ni pobreza. Necesitamos financiamiento para

el desarrollo de tal forma de transitar desde una globalización de la volatilidad

financiera, que ha causado daño a los países en desarrollo, a un

financiamiento innovador del desarrollo productivo y el empleo. Apoyamos la

presencia activa de Chile en la iniciativa con otros países del norte y del sur en

la identificación de financiamiento innovador para combatir el hambre y la

pobreza. Así se contribuye a una globalización de la solidaridad.

Reformas al sistema financiero internacional

177. La Democracia Cristiana apoya la reforma de la arquitectura del sistema

financiero internacional de Bretton Woods. Creemos especialmente que el FMI

y Banco Mundial deben ser reformados para que escuchen mejor la voz del

mundo del desarrollo y contribuyan más eficazmente a una globalización

incluyente.

De la reinserción al posicionamiento internacional

178. Chile ha llevado a cabo desde 1990 una estrategia exitosa de reinserción

internacional política, económica y comercial reincorporándose a la comunidad

internacional y pasando a ser un actor global en comercio e inversiones.

Alguno de los sellos más notables han sido la promoción internacional de la

democracia y de los derechos humanos, la paz, la integración, los acuerdos

políticos y los Tratados de Libre Comercio, llegando a ser un referente en el

concierto internacional. En la etapa que viene, nos proponemos pasar de la

inserción al posicionamiento internacional, adoptando una estrategia de

acuerdos, que promueva el desarrollo integral de nuestros pueblos.

Regionalismo abierto y relaciones estratégicas

179. Chile debe mantener una política de regionalismo abierto y fortalecer su rol

como un actor relevante para avanzar en la integración latinoamericana con

los parámetros del Siglo XXI, junto con reforzar su relación con Norte América,

la Unión Europea, Asia y los miembros de APEC. Asimismo fortalecer

nuestras relaciones políticas con el Medio Oriente, con una agenda de

cooperación que contribuya a los esfuerzos de paz de la comunidad

internacional. En este contexto, apoyamos la creación de un Estado palestino

independiente, al lado del Estado de Israel, conviviendo ambos en paz y

armonía con los demás pueblos de la región.

Cambio climático: un tema para la agenda internacional

180. La Democracia Cristiana trabajará para relevar el tema ambiental en la

agenda internacional, abogando porque se avance decisivamente en la

implementación de los compromisos contenidos en la Convención Marco de

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el Protocolo de Kyoto.

Integración y cooperación Latinoamericana

181. La integración latinoamericana se construye en base a la plena vigencia de

la democracia y los derechos humanos. Sobre estos principios, la Democracia

Cristiana reitera la prioridad que le asigna a las relaciones con América Latina

y su voluntad de impulsar una “integración para el Siglo XXI” que conduzca

gradualmente a la creación de una “Comunidad Latinoamericana de

Naciones”, desde México al Cono Sur, reconociendo la especificidad de cada

cual, pero con un marco político y económico básico compartido. Para avanzar

hacia el desarrollo y derrotar la pobreza y la desigualdad debemos fortalecer

nuestra integración productiva, energética, física y digital.

Relaciones vecinales

182. Las relaciones vecinales de Chile son un tema de paz, integración,

desarrollo, seguridad y cooperación. Esta es una dimensión estratégica de

nuestra política exterior, que permitirá la proyección de nuestro propio

desarrollo y el de nuestros vecinos. En este contexto, manifestamos nuestra

disposición para avanzar hacia el perfeccionamiento del acceso al mar de

Bolivia de manera mutuamente satisfactoria. Debemos impulsar el desarrollo

de los proyectos de integración física, energética, y digital, y promover un

amplio programa de cooperación política, social, financiera, técnica, cultural y

científica con Argentina, Bolivia y Perú.

Política migratoria de acogida

183. Basados en el principio de solidaridad internacional promovemos una

política migratoria de acogida humanista responsable y solidaria, sustentada

en los derechos humanos y la co-responsabilidad de los Estados en la gestión

migratoria, con una especial valoración de las mujeres, los niños, niñas y

adolescentes migrantes. Asimismo, abogamos por un reforzamiento de la

vinculación con la comunidad chilena residente en el exterior, que se exprese

en el derecho al voto y el acceso a beneficios y apoyos a quienes quieran

regresar al país.

Una visión amplia sobre la política de defensa

184. El nuevo contexto de las relaciones entre la política y la seguridad

internacional han mostrado que las visiones sobre la defensa deben ser

amplias, multidisciplinarias y ser tratadas con un sentido de largo plazo. La

ampliación de la globalización, la profundización de la democracia y los nuevos

desarrollos tecnológicos exigen nuevas formas de entender y asumir la

defensa nacional. Los temas de la defensa de hoy están más cerca de la

ciudadanía y la confianza en las instituciones castrenses es creciente. En la

despolarización, normalización y reimpulso de las relaciones civiles-militares

con base en crecientes confianzas el rol de la Democracia Cristiana ha sido

principal.

Desde lo que hemos avanzado

185. Desde los años noventa los avances en este ámbito han sido sustantivos:

reformas constitucionales que han afirmado el liderazgo de las autoridades

políticas del Estado; apoyo a la reinserción internacional de Chile,

particularmente desde el punto de vista del desarrollo de la agenda de

cooperación internacional en materias de seguridad y defensa; instalación de

una nueva política sobre relaciones de seguridad en el ámbito vecinal; una

política para la participación de Chile en temas de la agenda de seguridad

internacional, en particular en operaciones de paz bajo mandato de Naciones

Unidas; actualización del Servicio Militar Obligatorio, incrementando su

voluntariedad, y modernización de las instituciones armadas, no solo desde el

punto de vista de su equipamiento sino, especialmente, de su organización,

doctrina y personal.

Finalidad de la defensa nacional

186. La Defensa Nacional tiene como finalidad proteger a Chile, su pueblo, su

territorio y su soberanía. Las Fuerzas Armadas son instituciones

fundamentales en el logro de dichas tareas. Los medios de la defensa nacional

son instrumentos del Estado para la promoción y protección de la paz, la

democracia y la vigencia de los derechos humanos. La Política de Defensa es

de Estado y pública, y debe ser participativa, plenamente transparente y

generadora de acuerdos.

Cooperación internacional en materia de defensa y seguridad

187. La Democracia Cristiana impulsa la cooperación internacional en materia

de seguridad y defensa. Reafirmamos también el apoyo a los instrumentos

internacionales que establecen el desarme en todas sus formas.

Modernización de la política de defensa

188. Los procesos de modernización y desarrollo de la política de defensa y de

las instituciones armadas deben ir en sintonía con las políticas y el avance del

país.La Democracia Cristiana adopta en materia de modernización de la

Defensa Nacional un enfoque personalista y comunitario, lo que significa poner

en el centro de las políticas sectoriales la preocupación por las personas del

sector y sus familias. En este marco asume el compromiso de impulsar las

iniciativas en las siguientes materias:

• Incremento de la profesionalización y progresiva disminución de la

conscripción, mediante el impulso a los proyectos sobre Soldado Profesional.

Para ello, la Democracia Cristiana seguirá impulsando la reforma al servicio

militar obligatorio mediante la promoción de los principios de voluntariedad e

igualdad ante la carga pública en su cumplimiento, el fortalecimiento a las

políticas de beneficios y compensaciones de naturaleza social, laboral,

educacional y de capacitación a los jóvenes que lo realicen, e instauración de

un sistema de objeción de conciencia.

• Modernización de la carrera militar para el personal de las Fuerzas Armadas,

acorde con las necesidades de la defensa nacional en el siglo XXI, pero

sostenible desde una perspectiva financiera para el Estado.

• Corrección de las distorsiones en materia previsional y el establecimiento de

un sistema de seguridad social para las Fuerzas Armadas coherente con la

profesión militar, pero financieramente sustentable.

• Reforma a la Justicia Militar y al régimen disciplinario de las Fuerzas

Armadas, de modo que sean acordes con las garantías constitucionales sobre

el debido proceso y con los avances del Derecho Internacional Humanitario.

• No discriminación arbitraria por ninguna causa e igualdad de acceso a la

asistencia religiosa.

• Continuar con la incorporación plena de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Financiamiento de la defensa nacional

189. La Democracia Cristiana promueve el establecimiento de un modelo de

financiamiento de la defensa que permita, por una parte, satisfacer las

necesidades de defensa del país, y por otra, que sea coherente con el

conjunto de las prioridades de gasto del Estado. En este marco se propone

derogar la Ley N ° 13.196 y sus modificaciones, llamada “Ley Reservada del

Cobre” y la Ley N ° 7.144 que creó el CONSUDENA; normalizar el sistema de

financiamiento de la defensa, aproximándolo a las normas generales sobre

manejo financiero y presupuestario del Estado; y establecer un sistema de

evaluación de los proyectos de adquisición de al defensa nacional.

VI. Hacer de Chile una sociedad con una mejor vida humana

190. Los chilenos y chilenas tienen hoy mayores aspiraciones para sus vidas y

las de sus familias. Ya no basta el acceso a los servicios básicos. Las

personas quieren una mejor vida, tiempo para compartir con la familia y la

recreación; acceso a una educación de calidad con oportunidades reales para

surgir; tranquilidad en sus barrios; viviendas dignas; equipamiento e

infraestructura adecuada en las ciudades; espacios para la expresión cultural

y la producción artística; medio ambiente sano; protección del entorno natural y

patrimonial.

Necesidad de un cambio cultural: menos individualismo, más solidaridad

191. Para construir una sociedad con una mejor vida humana necesitamos

promover un cambio cultural, pasar de una sociedad “individualista” (de

individuos) a una sociedad solidaria (de personas). Hoy vemos que

avanzamos hacia una sociedad individualista, materialista y consumista.

Reconocemos que nuestra cultura tiene una impronta discriminadora y

excluyente. Por ello, el desafío mayor radica en hacer un giro real hacia una

sociedad donde los valores predominantes no sean la exclusión y el

enriquecimiento desigual, sino más bien la integración y la solidaridad. Un

planteamiento actual es “economía de mercado, Sí; sociedad de mercado, No”.

Políticas de cohesión y desarrollo social para asegurar una vida digna
192. Chile debe garantizar el derecho a una vida digna para todos y responder

en forma eficaz a las situaciones de incertidumbre y los problemas que las

personas viven en el transcurso de sus vidas. El aseguramiento efectivo de

derechos económicos y sociales requiere de políticas de cohesión y desarrollo

social que, como lo demuestra la experiencia chilena, son necesarias para

generar igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad. . Para ello es

necesario fortalecer una red de desarrollo y promoción social enfocada a las

familias y personas, capaz de garantizar el acceso a servicios básicos de

calidad a toda la población para responder a sus necesidades en el ámbito de

la salud y la educación, atendiendo a los cambios demográficos y el

envejecimiento de la población, y combatiendo la pobreza y la indigencia.

Una vida mejor parte por la familia.

193. Una mejor vida más humana, parte por la vida familiar. La familia es la

institución que hoy tiene mayor importancia para los chilenos y chilenas, está

vinculada a su bienestar personal y su felicidad. Es el principal núcleo de

apoyo en todos los países latinoamericanos. Constatamos que hoy la familia

es también, para muchos, fuente de tensiones y quiebres. Por todo ello no

puede quedar fuera del interés público y del Estado como garante del bien

común.

Asumir los cambios en la vida familiar

194. Reconocemos los cambios en la familia que derivan del paso progresivo

desde el modelo aún predominante de familia nuclear biparental, legal, con

indisolubilidad del vínculo, con roles determinados e hijos dependientes, a una

familia caracterizada por la diversidad, que se sustenta en la adaptación a un

contexto cambiante, en el cuestionamiento de las normas sociales que

controlaban la vida privada y en la creciente libertad en las decisiones

familiares. Ya no existe un modelo único de vida en familia. Entre esos

cambios se encuentran la nueva mentalidad de los jóvenes respecto a la

formación de familia, el aumento de las relaciones sexuales prematrimoniales,

la iniciación sexual precoz, los embarazos adolescentes; la iniciación precoz

de la vida sexual y el constante bombardeo de los medios de comunicación

que promueven una erotización desmedida; el incremento de la jefatura de

hogar femenina; nuevos significados de la vida en pareja y las rupturas

matrimoniales.

Chile un país que envejece.

195. Chile es un país que envejece. Los adultos mayores son el segmento de la

población que crece más aceleradamente y en general, las familias no cuentan

con las condiciones para incorporarlos al hogar: las viviendas son pequeñas,

se carece de los recursos suficientes para su mantención y el cuidado de

salud.

Condiciones de vida que dificultan la vida familiar

196. Por otra parte, no contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la vida en

familia, entre otros aspectos, los horarios laborales y algunos sistemas de

turnos; la estrechez de las viviendas; el diseño urbano de las grandes

ciudades; la falta de espacios recreativos; el uso abusivo de las tecnologías,

que afectan el tiempo familiar.

El flagelo de la violencia intrafamiliar

197. Resulta preocupante constatar la violencia intrafamiliar. Uno de cada cuatro

niños sufre de violencia física y tres de cada cuatro experimentan violencia

psicológica en su familia. Del mismo modo, la violencia contra las mujeres por

parte de sus parejas es un flagelo que daña a la sociedad.

La falta de políticas integrales hacia la familia

198. Para enfrentar estas nuevas realidades familiares no bastan las políticas

sectoriales, se requieren políticas integrales. Hoy priman las iniciativas

orientadas hacia la juventud, adultos mayores, mujeres, niños en forma aislada

y desconectadas de la vida familiar.

Para asumir estos desafíos afirmamos:

El Derecho a tener una familia

199. Siendo la familia una institución tan importante para el desarrollo de las

personas y de la sociedad, el derecho a tener una familia debe incluirse dentro

de los derechos esenciales de las personas.

El reconocimiento y protección de la diversidad de situaciones familiares

200. Reconocer y proteger las diversas situaciones familiares como

característica de estos cambios.

Promover el ideal del amor estable y apoyar la función de los padres en el

cuidado de los hijos

201. Centrar nuestra preocupación en que las familias puedan vivir el ideal de

amor estable y cumplir la función de cuidar a sus hijos y a sus padres mayores

Apoyo especial a familias más vulnerables

202. Apoyar especialmente las familias que viven en condiciones de pobreza, las

que están constituidas por un solo padre o por mujeres jefas de hogar con

políticas integrales

Garantizar un conjunto de derechos para que la familia pueda cumplir su

función

203. Los padres tienen la obligación de amar, cuidar y ser un ejemplo de

autoridad para sus hijos. Para apoyar esos deberes, debemos avanzar hacia el

establecimiento de un conjunto de derechos de las familias, tales como el

dedicar tiempo a la vida familiar; contar con seguridad social; acceder a una

educación de calidad; atención oportuna de salud; vivienda digna; salario justo;

justicia eficaz. Sólo de esta manera, la familia estará en condiciones de cumplir

las funciones que le asigna la sociedad.

Fomentar maternidad y paternidad responsables

204. Favorecer el ejercicio de la maternidad y la paternidad responsable,

significa apoyarlos en el cuidado de sus hijos y generar condiciones para que

las parejas tengan los hijos deseados. Se requiere reforzar la responsabilidad

parental y la paternidad activa. Las familias con varios hijos deben contar con

un apoyo especial de la sociedad cuando pertenecen a sectores sociales

vulnerables.

Apoyo a familias numerosas

205. Impulsar políticas de fomento a la natalidad. El Gobierno debe poner

especial énfasis en el apoyo a las familias que decidan tener varios hijos. Así

mismo es necesarios evitar la discriminación de la mujer en los costos por

concepto de maternidad o edad fértil. Estos costos deben asumirlos hombres y

mujeres por igual.

Impulsar políticas para compatibilizar la vida laboral y familiar

206. Establecer una regulación más estricta de turnos y horarios laborales en los

casos de las empresas con faenas especiales. El Estado y las empresas

deben implementar programas de apoyo para el núcleo familiar de esos

trabajadores. Proponemos aumentar el postnatal masculino.

Promover relaciones democráticas y responsabilidades compartidas en la

familia
207. Promover relaciones democráticas basadas en el respeto, la solidaridad y

las responsabilidades compartidas, para el desarrollo integral de todas y todos

los miembros de los miembros de una familia.

Impulsar políticas para erradicar la violencia intrafamiliar

208. Emprender políticas efectivas para erradicar y prevenir la violencia

intrafamiliar, justicia eficaz y rehabilitación de víctimas y victimarios. La

Democracia Cristiana repudia absolutamente la violencia basada en el género,

que afecta a las mujeres en el plano económico, político, sicológico, sexual y

físico, en especial el femicidio como uno de los grandes males sociales.

Brindar un trato especial para la realidad de los quiebres familiares

209. Asumir los quiebres familiares como una realidad que produce dolor en las

familias y requiere de un trato especial, tanto en el ámbito de la salud mental

como en el la justicia, con sistemas especiales. Para los casos de quiebres

matrimoniales, se priorizará la definición de la tuición siempre sobre la base del

interés superior del niño, pero incluyendo la posibilidad de una tuición

compartida entre padre y madre.

Defender siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes

210. Reafirmamos el compromiso de la Democracia Cristiana de velar siempre

por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Prevenir y acompañar el embarazo adolescente.

211. Abordar con respuestas preventivas y de acompañamiento adecuadas el

embarazo adolescente, tanto en los sistemas de educación como de salud.

Políticas integrales e Institucionalidad pro-familia

212. Crear una institucionalidad del más alto nivel para promover políticas

integrales hacia la familia; incluir un PMG de familia en la gestión pública e

incorporar el enfoque familiar en la formulación e implementación de políticas

públicas. Así mismo es necesario fortalecer y aumentar significativamente los

Tribunales de Familia, creando mayor cantidad de instituciones para el apoyo

jurídico y terapéutico de las partes.

Regular derechos patrimoniales de uniones de hecho

213. Regular los derechos de índole patrimonial que nacen de las uniones de

hecho.

Considerar necesidades de la familia en ciudades, barrios y viviendas

214. Proponer una planificación urbana que permita un desarrollo familiar más

adecuado evitando la excesiva extensión de las ciudades. Del mismo modo,

los barrios, especialmente los construidos con fondos públicos, debieran tener

amplios espacios para la recreación, la vida familiar y la vida comunitaria.

Medios de comunicación preocupados por la familia

215. Apelar a los medios de comunicación, particularmente los públicos, para

promover la vida familiar y una mayor regulación en la difusión y horarios de

material con un alto nivel de erotización.

Promover una sexualidad responsable

216. Promover políticas que propendan a la postergación de la edad de iniciación

de la actividad sexual de manera que las personas puedan tomar sus

decisiones personales en relación con una sexualidad responsable, en

conciencia y fundada en el amor. Se debe evitar confundir las políticas de

prevención del VIH con mensajes que promuevan un inicio temprano de la

actividad sexual. Se deben incluir programas de formación de la familia,

afectividad y sexualidad en la malla curricular obligatoria del Ministerio de

Educación

Una sociedad donde exista equidad de género

217. Un país con una buena vida humana garantiza la igualdad de derechos y

respeta las diferencias entre hombres y mujeres. La Democracia Cristiana

define como una prioridad política el equilibrio de género en todos los ámbitos

de la sociedad, para lo cual promoverá los cambios culturales, sociales,

institucionales y legales en esta dirección y la redefinición de políticas públicas

que cuenten con recursos para su eficaz implementación.

Equilibrio en la representación política de las mujeres

218. Así mismo, promoveremos y aplicaremos los mecanismos necesarios para

corregir la sub representación de mujeres en candidaturas a cargos internos

del Partido como de representación popular.

Una sociedad donde haya cooperación entre generaciones

219. Queremos también una buena vida para nuestros adultos mayores. Por eso

promovemos una política de cooperación entre las generaciones por la cual

jóvenes y viejos pueden aprender y apoyarse. Muchas personas mayores

asumen importantes tareas al interior de sus familias, apoyando a sus hijos y el

cuidado de sus nietos. Así mismo, creemos que la familia tiene una

responsabilidad insustituible con sus adultos mayores. Rechazamos las

discriminaciones basadas en la edad. Deseamos aprovechar las capacidades

de las personas de edad para la comunidad, promoviendo el desarrollo de

programas y la organización de las personas de la tercera edad pueden

expresar y aportar sus habilidades y capacidades.

Mejorar derecho a seguridad social, vivienda y salud en la vejez

220. El aumento de la población adulta mayor hace imprescindible mejorar el

derecho a la seguridad social para reducir los riesgos de la pobreza en la

vejez, ampliando la incorporación de los trabajadores en el sistema e

incorporando un pilar solidario que garantice una pensión mínima para todos

los adultos mayores. Este pilar solidario debe contemplar inequidades

provenientes del mercado laboral, particularmente aquellas relacionadas con la

maternidad y los sectores de menores ingresos. En este contexto se propone:

a) eliminar para los jubilados el aporte de 7% de salud; b) que todas las viudas

reciban el 100% de jubilación del cónyugue; c) mejorar el bono de invierno de

las pensiones más bajas. Así mismo proponemos perfeccionar el Programa

Vínculos, en el marco del Chile Solidario ampliando su cobertura a

matrimonios o parejas que vivan solos para acceder, reparar, terminar o

ampliar vivienda. En el ámbito de la salud, abogamos por una atención

oportuna en atención y entrega de medicamentos para los adultos mayores en

la atención primaria y por establecer una atención de cuidados personales

para las personas que están en estado de dependencia por parte del sistema

de salud del Estado.

Programa de educación para adultos mayores

221. La Democracia Cristiana propone generar un proyecto de educación

permanente dirigido a los adultos mayores que aborde temas de autocuidado,

desarrollo de artesanía, capacitación de dirigentes, fomento al micro

emprendimiento, capacitación computacional, cursos en áreas recreativas y

sociales.

Empoderar a los adultos mayores

222. Estimular y fomentar el ejercicio activo de la ciudadanía y la participación

ciudadana de las personas mayores, .a través de sus propias organizaciones

asociativas, para dialogar con las autoridades locales, regionales y nacionales

en las distintas áreas de interés. El empoderamiento social se logra, a través

de una participación cívica creciente de todos y cada uno de los adultos

mayores.

Una sociedad con espacios para el desarrollo de la vida juvenil

223. Un buen lugar para vivir, debe asegurar espacios para la vida juvenil y

proveer los apoyos que los jóvenes necesitan para tomar decisiones respecto

a sus proyectos de vida, en una sociedad donde muchos ven frustradas sus

aspiraciones y son víctimas de sus contradictorios mensajes. De allí la

importancia de favorecer la asociatividad de niños y jóvenes y generar

espacios de encuentro desde sus intereses, que les permitan canalizar sus

iniciativas. La Democracia Cristiana considera fundamental reconquistar para

la democracia a las nuevas generaciones a través de una formación ciudadana

que estimule la comprensión de que el ejercicio de los derechos va

acompañado de responsabilidades en la sociedad.

Encarar las causas y efectos de la drogadicción, violencia y delincuencia

juvenil

224. Los jóvenes que recurren a la violencia, las adicciones y la delincuencia

representan un desafío para toda la sociedad. Debemos encarar las causas de

estos problemas, ampliando sus oportunidades de desarrollo, vinculando a los

padres y promoviendo políticas y programas que favorezcan el aprendizaje de

formas no violentas de resolución de conflictos y la rehabilitación de la

dependencia del alcohol o drogas. Se propone reforzar los programas de

prevención y rehabilitación y reestudiar el rol del Conace.

Promover una vida sana para los jóvenes

225. Consideramos necesarios hacer un esfuerzo sustantivo en materia de

salud, deporte y recreación para garantizar el acceso expedito y de calidad en

la atención en salud para los jóvenes chilenos y estimular estilos de vida

sanas.

Fomentar el emprendimiento Juvenil.

226. Realizar un esfuerzo real en materia de emprendimiento juvenil. Apostamos

por una juventud innovadora y emprendedora que genera empresas y

oportunidades con verdadera responsabilidad social. Para generarlas

condiciones que impulsen el emprendimiento de los jóvenes, proponemos

elevar los fondos y capitales de riesgo para micro y pequeñas empresas de

jóvenes; eliminar las barreras de entrada para levantar un negocio y generar

una política sistemática de apoyo a los emprendedores jóvenes.

Fortalecer la institucionalidad juvenil.

227. Fortalecer la institucionalidad juvenil con el fin de desarrollar políticas

públicas propias para los jóvenes que permitan garantizar derechos e

iniciativas que vayan en directo beneficio de los jóvenes en Chile.

Una sociedad diversa, fraterna e inclusiva

228. Una sociedad que promueve una buena vida humana, respeta la diversidad

y busca el reconocimiento fraternal. Aspiramos a que la diversidad sea

incorporada en las políticas públicas y que la inclusión de todos y todas sea

nuestro norte.

Una nación pluri-étnica

229. Reconocemos en nuestros pueblos originarios raíces para nuestro

desarrollo. Por eso, defendemos el derecho de los pueblos originarios a

desarrollarse en plenitud y armonía, en la sociedad chilena, conservando su

identidad ancestral. Comprometemos el apoyo para el logro de una nación

pluri-étnica y una sociedad inclusiva que considere a los distintos pueblos

originarios a partir de su territorialidad, idiosincrasia, patrimonio cultural y

natural y permita su plena participación. Bajo estos principios postulamos el

reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; su participación en los

principales órganos de decisión política del Estado en el ámbito local, regional

y nacional, y -en el caso de la Isla de Pascua- a través de un parlamentario

propio que lo represente; la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios;

la promoción de la autonomía de las regiones y territorio insular apoyando un

estatuto especial de administración; la ratificación del Convenio 169 de la OIT

sobre Pueblos Indígenas y Tribales; la ratificación de la Declaración de las

Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas; la

generación de políticas publicas con identidad territorial tales como salud,

educación, vivienda, desarrollo social y otros; la creación de una Comisión

permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en el PDC y velar

porque los pueblos originarios conserven el derecho ancestral sobre el uso de

los recursos naturales, como agua, tierras, energía, etc. También debemos

redoblar el empeño para eliminar la pobreza y marginación en que muchos de

ellos se encuentran.

Políticas sobre inmigrantes

230. Chile se enriquece también con el aporte de sus inmigrantes. La

Democracia Cristiana llama la atención sobre a necesidad de incorporar dentro

de una política de inmigración a las nuevas corrientes inmigratorias que están

llegando a Chile con su componente de la interacción cultural y el respeto

debido a las manifestaciones de cada grupo. -

Apoyo a las personas con discapacidad

231. Desde la lógica de adaptar el medio a la persona y no la persona al medio,

las personas con discapacidad deben ser reconocidas como diferentes pero

iguales en derechos y oportunidades. El estado debe asegurar la provisión de

recursos para que todas las personas con diversidad funcional y sus familias

puedan asegurar condiciones mínimas de vida. La creación y funcionamiento

del Fondo Nacional de la Discapacidad durante los gobiernos de la

Concertación ha sido un aporte en tal sentido. Sin embargo sigue existiendo

una estrecha relación entre discapacidad y pobreza. Más de 2 millones y

medio de personas sufre algún tipo de discapacidad; el 90% de ellas vive en

un contexto de pobreza o exclusión. Por ello planteamos para esta etapa

impulsar una política pública de inserción laboral y acceso a la seguridad

social, cautelando que el acceso a un trabajo remunerado no sea incompatible

con la pensión de invalidez, incentivando que en todas las empresas haya

accesibilidad para las personas con discapacidad.

Un país que garantiza la seguridad ciudadana

232. La seguridad ciudadana es uno de los bienes más preciados por las

personas y la sociedad. Para hacer de Chile un lugar donde vale la pena vivir,

es indispensable garantizar ciudades seguras y la plena libertad y ejercicio de

los derechos humanos, en un ambiente sano y adecuado al bien común social.

La delincuencia es un problema ha ido en aumento y que afecta la tranquilidad

de la población, su patrimonio familiar y, en casos más graves, la salud física y

psicológica de las personas. La postergación de medidas más efectivas

repercute en un costo en la credibilidad de las instituciones democráticas. Una

nueva política debe caracterizarse por la sensibilidad frente a la situación que

viven miles de familias afectadas por la inseguridad en sus barrios. Frente a

ello, reafirmamos nuestra profunda convicción por el valor del Estado de

Derecho para el buen funcionamiento de una sociedad. Velaremos para que

las instituciones responsables cumplan su rol de protección a la población,

sanción a los culpables y generación de mejores condiciones de seguridad.

De la seguridad ciudadana a la tranquilidad ciudadana

233. Necesitamos parar la espiral de violencia y delincuencia que está

afectando nuestra vida en común. No queremos ciudades llenas de rejas ni

queremos a nuestros jóvenes en las cárceles. No obstante, la Democracia

Cristiana rechaza las soluciones simplistas para un problema complejo, como

si dependiera sólo del aumento de las penas o las cárceles. Queremos pasar

del concepto de seguridad ciudadana basado en la judicialización de la

delincuencia, al de “tranquilidad ciudadana”, con un enfoque en la prevención y

en la rehabilitación; con procesos penales rápidos y eficientes; medidas

alternativas para los jóvenes infractores de ley con incentivos para superarse y

duras sanciones para quienes no aprovechen esas oportunidades; con buenos

programas de reinserción social y de apoyo a las víctimas de la delincuencia.

Las experiencias más exitosas de combate al crimen descansan sobre

normas legales efectivas, una fuerza policial bien equipada y con

reconocimiento, un sistema judicial justo y también sobre una participación

más decidida de la comunidad.

La Democracia Cristiana debe liderar la persecución eficiente de la

delincuencia.

234. La comprensión de las múltiples causas de la delincuencia, no anula la

responsabilidad que deben asumir los responsables de actos contrarios a la

Ley, que dañan la convivencia social. Las instituciones responsables de hacer

cumplir la Ley, investigar, juzgar y sancionar a los responsables deben ser

apoyadas en su labor. Un criterio central para la actuación de estas

instituciones debe ser el respeto de la persona humana, tanto en garantizar los

derechos de imputados y detenidos como en proporcionar a las víctimas la

mejor atención y protección de su integridad física y psicológica. Bajo estas

premisas, la Democracia Cristiana debe liderar la construcción de hogares,

barrios y ciudades seguras y en impulsar la persecución penal eficiente de la

delincuencia. Comprometemos políticas para que nuestros barrios y calles

sean seguros y tranquilos, con espacios públicos y desarrollo urbano

equitativo. Procuraremos un sistema penal eficiente que garantice el castigo a

los culpables. Nuestra población tiene derecho a exigir una convivencia libre

de violencia, delincuencia o cualquier otra forma de maltrato.

Trabajo policial con la comunidad.

235. El trabajo policial debe perfeccionarse desde dos líneas complementarias:

un mayor acercamiento a la comunidad y el fortalecimiento de brigadas

especializadas para actuar pro activamente enfocando la acción policial en

territorios o fenómenos delictuales determinados. No es posible avanzar en

mayores niveles seguridad sino contamos con la participación de la

comunidad. Esto significa que es la propia comunidad la que conoce mejor su

entorno, sus problemas y puede ser ella la que potencie los programas

preventivos y controle el cumplimiento de las políticas públicas de prevención y

el correcto funcionamiento de las instituciones responsables.

Mejorar la institucionalidad.

236. Para el logro de mejores resultados de control es preciso mejorar la

institucionalidad y coordinación del Ministerio Público y las policías. Para

controlar la efectividad de su trabajo es necesario considerar mecanismos de

supervisión y cuenta pública que permitan que la ciudadanía conozca el

cumplimiento de su función.

Prevención desde la infancia: educación en valores

237. Prevención desde la infancia. Nuestro niños tienen derecho a desarrollarse

en ambientes sanos, libres y acogidos en sus necesidades, físicas,

psicológicas y espirituales Evitar las conductas violentas, la infracción a la Ley

o la mala convivencia, requiere una apuesta por la educación. Educación en

valores, en normas de convivencia que construyen sociedades orientadas

hacia el bien común. Debe considerarse la integración trasversal en los planes

de educación de los principios éticos que compartimos socialmente y que

deben ser una base segura para las nuevas generaciones.

Prevención focalizada en familias de alto riesgo

238. Prevención focalizada en las familias del infractor para evitar el inicio de

nuevas carreras delictuales. Debemos preocuparnos de la situación de las

miles de familias cuyo jefe de hogar se encuentra privado de libertad. La

condena penal criminaliza a toda una familia limitando sus posibilidades de

plena integración social. Esto se traduce en un circulo vicioso, en donde, en

muchos casos, las parejas de los infractores o un hijo reemplazan al jefe (a) de

familia en las actividades ilícitas que este (a) desarrollaba.

Medidas alternativas en el sistema penal de adolescentes

239. Se advierte la necesidad de fortalecer las condiciones de infraestructura y

programas del sistema Penal Adolescente en la convicción de que se está

frente a un grupo de alto riesgo socio – delictual que requiere para su

rehabilitación intervenciones multidisciplinarias y por períodos prolongados de

tiempo. El éxito en la rehabilitación, de un porcentaje de estos menores,

significa la oportunidad de un desarrollo pleno como personas y retribuye

socialmente en la reducción, en el mediano y largo plazo, de la actividad

delincuencial del país. En el marco de la justicia juvenil se debe perfeccionar el

sistema de medidas alternativas de modo que estas sean una alternativa

válida de rehabilitación y sanción, distinta de la encarcelación de estos

jóvenes.

Mejorar el funcionamiento del sistema penal.

240. La Democracia Cristiana estima necesario redefinir la política procesal

penal en el país. La función del sistema procesal penal no debe limitarse a la

sola solución del caso, como un simple medio estadístico, sino que debe

procurar la aplicación de justicia al caso concreto, mejorando la calidad de los

términos en las causas tramitadas. En tal sentido, si bien hay una controversia

entre partes con sus posiciones, el tribunal debe velar por que se aplique la

política establecida para la sanción del delito.

Una sociedad que prioriza la educación de su gente

241. La herramienta principal para avanzar hacia una buena vida humana es la

educación. La Democracia Cristiana señala con fuerza que la principal

fortaleza de Chile está en su gente, por lo que la educación es la piedra

angular de nuestro futuro. En el umbral del segundo centenario de nuestra

independencia, el país debe estar en condiciones de garantizar a todas las

familias chilenas una educación de primer nivel.

La educación integral de las personas.

242. La educación es fundamental para el desarrollo integral de cada persona en

todas sus dimensiones, intelectuales, valóricas y espirituales, físicas y

artísticas; así como para la formación de ciudadanos capaces de vivir en

común y asumir la vida en democracia. Así mismo, la educación es un derecho

y factor esencial para la movilidad e integración social, la superación de la

pobreza y la disminución de las inequidades. También cumple un papel

fundamental para el desarrollo de las naciones en un mundo globalizado,

competitivo y en que el conocimiento y el uso masivo de las nuevas

tecnologías se han convertido en el capital más preciado, en donde las

capacidades de crear, innovar y emprender se han convertido en la condición

de futuro.

Calidad para Todos.

243. El desafío de esta etapa es dar un salto cualitativo que nos permita

consolidar una base educativa sólida, en términos de calidad y equidad, para

formar integralmente a las personas. La promesa de la escuela o de toda

institución educativa en democracia es hacer florecer los talentos de los

estudiantes para así reducir las diferencias sociales y económicas

inmerecidas y hacer funcionar a la sociedad sobre la base del mérito y el

esfuerzo. Tenemos que dar un salto en la calidad. Para ello es necesario

seguir incrementando los gastos en educación, con más inversión,

especialmente en los sectores más vulnerables; mejorar la gestión y rendición

de cuentas del sistema educacional; mantener el esfuerzo en el aumento de

cobertura en educación inicial y superior; y mejorar significativamente la

formación y el desarrollo profesional de los profesores/a para tener docentes

con prestigio y preparación de excelencia.

La familia: primera educadora

244. La primera responsabilidad de la educación radica en la familia, a quien se

le debe asegurar la libertad para escoger el establecimiento que mejor

responda a los requerimientos de sus hijos y dar espacios para su

participación activa y responsable en el proceso educativo. La familia es

también la primera educadora, lo que le permite ejercer control sobre la calidad

de la educación de sus hijos.

El deber del Estado.

245. La educación es un bien público que el Estado debe asegurar, conjugando

la libertad de enseñanza (el derecho de los padres libres para elegir la

educación de sus hijos) y el derecho de todos y todas a una educación de

calidad. Ambos, principio y derecho, le obliga a ejercer especial control cuando

los recursos son públicos y los resultados educativos de un establecimiento

son deficientes.

Financiamiento necesario.

246. Estado debe realizar un esfuerzo muy superior en educación, aspiramos a

que en el mediano plazo se invierta un porcentaje muy superior al actual

porcentaje del PIB, en niveles similares a los que han alcanzado los países

desarrollados. Aspiramos que Chile llegue a un nivel de igualdad educativa,

reduciendo sustantivamente la diferencia de años de estudio entre los chilenos

de más escasos recursos, y los chilenos más ricos.

Un sistema educativo con derechos garantizados

247. Para la DC es central establecer un sistema educacional que otorgue

garantías a las cuales tendrá derecho todo niño y niña que viva en Chile. Este

sistema tendrá una dimensión de acceso, de permanencia y también de

egreso de una educación que asegure resultados de aprendizaje de calidad.

Deberá favorecer especialmente a los que se quedan atrás. El objetivo es

articular una verdadera red de iniciativas, recursos y dispositivos que el país

ofrecerá a todos los ciudadanos desde que nace hasta su vida adulta. Estas

garantías se expresarán en la educación infantil, la educación básica y media,

la educación superior y la educación permanente o a lo largo de la vida. Así

mismo es necesario contar con alternativas de educación no formal para

jóvenes y adultos que lo necesiten.

Comunidades escolares.

248. Reconocemos a las instituciones escolares como comunidades que reúnen

a docentes, alumnos, familia, padres y apoderados y otros profesionales en

torno a un proyecto educativo. En ese espacio se debe dar una convivencia

participativa fundada en el respeto y la solidaridad.

Garantizar y promover la autonomía de las instituciones educativas.

249. Es un valor central, ella se refiere a la libertad que tiene todo

establecimiento educacional para definir, implementar y desarrollar su propio

proyecto educativo. Para los demócratas cristianos el fortalecimiento de la

libertad, la democracia y de una sociedad diversa y solidaria, pasa por la

existencia de establecimientos educacionales públicos y privados que con

autonomía desarrollen opciones educativas variadas a las cuales las familias

puedan acceder.

Marco curricular: base común de formación para la nación

250. Al mismo tiempo, se requiere de un marco curricular compartido y de

normas que permitan la existencia de una base común de formación para toda

la población. En esa dimensión el sistema educativo crea y recrea la Nación.

Educación cívica y educación sexual

251. Proponemos incorporar en los planes de estudio materias relacionadas con

la educación cívica y educación en materia de prevención sexual.

Respeto y confianza para nuestros Profesores.

252. Reconocemos el rol central de los docentes y el carácter insustituible de la

escuela, a quienes confiamos la formación de las nuevas generaciones. Ellos

tienen toda nuestra confianza y requieren de una justa valoración de su

trabajo, el reconocimiento por su desempeño que debe ser evaluado. Hay que

brindarles posibilidades de mayor profesionalización y una carrera profesional

docente que estimule a todos los profesores. Se requiere una política de

formación inicial que asegure calidad, pertinencia y brinde oportunidad de

especialización de sus egresados. Se considera necesario rescatar el espíritu

pedagógico y la vocación de servicio público presente en la formación de

profesores en las históricas escuelas normales del país. Queremos respeto y

confianza para nuestros profesores y nuestras escuelas; queremos que

nuestros profesores y nuestras escuelas respeten y confíen en nuestros hijos.

La educación privada.

253. La educación privada, incluida la subvencionada, tiene una larga tradición

en Chile y la DC la valora como expresión de la libertad, riqueza y diversidad

cultural de nuestra nación y por su aporte al desarrollo educativo. Los privados

deben responder con responsabilidad e idoneidad a la confianza que las

familias y la sociedad les entregan.

Sin fin de lucro

254. La educación privada, que recibe financiamiento estatal, debe ser

administrada por personas jurídicas sin fines de lucro, este no debe estar

presente en la educación subvencionada. Como humanistas cristianos

entendemos que el lucro no contribuye al verdadero espíritu de la labor

educativa, que no es otra que colaborar a la formación integral de las personas

y comunidades, y para ello es necesario que los recursos que se destinen a la

educación sean usados integralmente para ese fin.

Una educación pública de calidad.

255. La DC está por promover las escuelas públicas. Le interesa que ellas

mejoren sustantivamente la calidad de la educación que imparten,

especialmente en las comunas más pobres en las regiones, en zonas rurales y

en centros metropolitanos. Parece llegado el momento de terminar la

dependencia de las escuelas públicas sólo de las municipalidades y abrir la

posibilidad de que ellas dependan de nuevas Corporaciones Públicas

descentralizadas ya sea en el nivel local o regional. Deberían iniciarse

gradualmente experiencias de este tipo a la brevedad, evaluarlas y en función

de eso considerar su extensión. Estas Corporaciones deberán contar con los

equipos técnicos que le permitan administrar los establecimientos y

gestionarlos en lo pedagógico. Las instituciones a cargo de gestionar la

educación pública deben tener las atribuciones, la flexibilidad, las herramientas

técnicas y los apoyos necesarios para poder promover la máxima calidad de

sus centros educativos.

Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

256. La educación en tanto actividad pública, debe estar expuesta al escrutinio

social con amplia disponibilidad de información sobre su accionar, de manera

que todos los actores responsables de la actividad educativa den cuenta de su

gestión y de sus resultados, se sometan a procesos de evaluación y rindan

cuenta pública de los recursos que reciban.

Eliminar las prácticas discriminatorias.

257. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación,

especialmente para los más desfavorecidos; hay que propender a eliminar las

barreras que se conviertan en obstáculo familiar para matricularse y asistir a

las escuelas; asegurar el derecho a la no discriminación conlleva eliminar las

diferentes prácticas que limitan no sólo el acceso a la educación sino también

la continuidad de estudios y el pleno desarrollo y aprendizaje de cada persona.

La selección y expulsión de alumnos discriminatoria y arbitraria son prácticas

ajenas a la esencia de la educación pública, y la concebida como aquella que

recibe financiamiento público.

Escuelas inclusivas

258. El desarrollo de escuelas inclusivas es el fundamento de escuelas más

justas y democráticas. Una educación pública será de calidad si ofrece los

recursos y ayuda que cada quien necesita para estar en igualdad de

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y ejercer el derecho a

la educación. Desde la perspectiva de la equidad, es preciso equilibrar los

principios de igualdad (lo común) y diferenciación (lo diverso).

Áreas educativas especiales

259. : Promover, a través de la educación, al mundo rural, considerando su

sustentabilidad a partir del respeto y el trabajo solidario con las distintas

comunidades rurales. Reconociendo y respetando su derecho a permanecer

en sus lugares de origen, garantizando los mismos derechos de acceso y

calidad a la educación para nuestros jóvenes. Garantizar la educación

diferencial para todos los niñas/as y jóvenes con discapacidades,

permitiéndoles su pleno desarrollo e integración a la sociedad. El país debe

fortalecer también la educación ambiental formal y no formal, construyendo

una cultura de valores que promuevan el respeto por nuestro patrimonio

natural y el desarrollo sustentable.

Una educación superior que responda a los desafíos del mundo actual.

260. Los Demócrata Cristianos reconocemos que en el mundo globalizado

actual, la educación superior debe asumir los complejos desafíos de ser

eficiente y competitiva y, al mismo tiempo, contribuir a la estrategia de

desarrollo espiritual y material del país impulsando la innovación, la creatividad

y el emprendimiento. La educación superior debe integrarse en la red global de

instituciones; garantizar la calidad, la movilidad de los estudiantes y la

investigación; y dar un fuerte impulso a la formación de profesionales y

técnicos con altas competencias: 100 mil jóvenes de excelencia (profesionales

y técnicos) con estudios de postgrado en el extranjero en la próxima década.

Calidad de la educación superior.

261. La democracia cristiana afirma la necesidad de fortalecer los actuales

sistemas de aseguramiento y acreditación de la educación superior. Es deber

del Estado resguardar la fe pública y pertinencia de la calidad de las actuales y

futuras instituciones y carreras.

Apoyos a los Estudiantes para velar por la equidad en el acceso y

permanencia.

262. Se debe avanzar hacia el mejoramiento y ampliación de las becas, créditos

y apoyos económicos que se otorgan a los alumnos de distintas universidades,

institutos profesionales y centros de formación técnica. Velar por que se

cubran las necesidades de mantención y egreso, de tal forma que puedan

desarrollarse en igualdad de condiciones.

Más y mejor información sobre mercado laboral

263. Se requiere de mayor información sobre el mercado laboral de las distintas

carreras y sobre las instituciones que las ofrecen. Corresponde al Estado

potenciar la vinculación entre la oferta laboral y los polos de desarrollo

económico.

Participación.

264. Las Instituciones de Educación Superior deben fortalecer los valores

democráticos, potenciando la participación activa de los distintos actores de

acuerdo a la realidad en cada una de estas corporaciones.

Formación Técnica.

265. En el actual estado de desarrollo de país, para ganar el futuro es

fundamental promover la educación técnica de calidad y ligarla a las

necesidades del mundo productivo y desarrollo tecnológico. Es importante

vincular la formación técnica superior con la secundaria, y al mismo tiempo

asegurar una formación sólida vinculada con las prácticas y el mundo laboral y

productivo.

Desarrollo Científico y Tecnológico.

266. El desarrollo del país y su inserción en los mercados internacionales

requiere de un renovado esfuerzo para integrar la investigación científica y

tecnológica de nuestros centros de educación superior en la estrategia

productiva de la nación, impulsando y promoviendo la transferencia

tecnológica desde estos centros hacia la industria nacional para lograr mejores

estándares de calidad y eficiencia de la economía y apoyando iniciativas que

fortalezcan el emprendimiento.

Salud: un sistema de garantía y acceso para todos

267. Un buen lugar para vivir tiene que responder adecuadamente a las

necesidades de salud de su población. Hoy debemos entender la salud como

un bien de protección social que pone su acento en las personas como sujetos

de derechos exigibles. Nos proponemos avanzar gradualmente hacia un

sistema con reglas de garantía y acceso de carácter universal, que integre a

todos los chilenos y chilenas, incluidas las personas de las fuerzas armadas y

a los que aún se mueven en la informalidad laboral, haciendo efectivo nuestro

sueño de que la salud sea un derecho real para todos los chilenos y chilenas, y

un pilar fundamental de un desarrollo sustentable y cohesionado socialmente.

Abordar la salud en un contexto de política social integral.

268. Los problemas de salud se relacionan con aspectos fundamentales para la

calidad de vida. En este contexto , las políticas sociales deben impulsar una

agenda que integre aspectos como la planificación urbana, el tipo de vivienda,

la vida en comunidad, el cuidado del medio ambiente, los estilos de vida, el

abordaje de la problemática de salud mental y del envejecimiento, entre otros .

Ni asistencialismo ni negocio: personas responsables de avanzar hacia un

país saludable.

269. Desde nuestra concepción de persona humana un sujeto de derechos es

más responsable de su propia salud, de la de su familia y comunidad. Por esto,

propiciamos la participación en salud y un equilibrio entre derechos y

responsabilidades. Así también nos hemos opuesto a una mirada reduccionista

de la salud como “negocio”. Tampoco aceptaremos una mirada anclada en el

asistencialismo. Por lo anterior, nuestros planteamientos en el ámbito de la

salud se orientan a dar más poder a las personas para hacerse cargo de un

país más saludable, haciéndolas co responsables de la ejecución de las

políticas públicas y en la asunción de actitudes personales y comunitarias que

fomenten la salud y prevengan el daño.

Valores que nos inspiran.

270. Para nosotros hacer el bien individual y colectivamente, evitar el daño,

respetar la autonomía de las personas y decidir en base a la mayor justicia

social posible, son los valores esenciales de cualquier política pública. En este

contexto, la defensa de la vida y la dignidad de la persona, estarán siempre en

el centro de nuestras definiciones básicas en materia de salud. Practicando la

tolerancia y el respeto a las demás opciones, defenderemos nuestra visión de

la vida, y por ende, seguiremos impulsando nuestros principios, quizás por

caminos más complejos y difíciles, pero siempre acordes con nuestra mirada

humanista cristiana. La solidaridad, es también un valor esencial para la

construcción de un país saludable, lo cual deberá expresase en las vías de

financiamiento de la salud, la disposición a donar órganos, sangre, y el

cuidado de enfermos y postrados. Debemos preocuparnos de generar las

condiciones para una sociedad solidaria en salud, a través del testimonio

consecuente y de estrategias de Estado eficaces y persistentes.

Los nuevos desafíos:

271. En el ámbito de la salud, aunque contamos con indicadores semejantes a

los países más desarrollados, el perfil epidemiológico ha cambiado surgiendo

nuevas patologías, que se agudizan en la población con menores niveles de

escolaridad. Las enfermedades crónicas y cardiovasculares, el tabaquismo, el

sedentarismo, la depresión, los cánceres, y una población que para el año

2027 tendrá alrededor del 20% de mayores de 60 años, y en la que además

persisten profundas inequidades constituyen nuestros principales desafíos.

Nuestro compromiso

272. Seremos garantes de la correcta implementación de la reforma de salud y

buscaremos su perfeccionamiento en el tiempo en base a la evidencia. A

través de ella, nos proponemos de aquí al 2027:

(i) cambiar hábitos y estilos de vida, reduciendo a la mitad el consumo de

tabaco; obesidad; alcoholismo y otras dependencias, así como los niveles de

sedentarismo;

(ii) disminuir las tasas de mortalidad por causas cardiovasculares y cánceres

tratables a niveles de países como España o Canadá;

(iii) (iii) disminuir las diferencias de expectativa de vida y tasas de mortalidad

según estrato socioeconómico

(iv) (iv) disminuir el gasto de bolsillo, especialmente en quintiles más pobres en

al menos un 50%, para igual fecha.

Criterios para abordar la reforma de salud.

273. La reforma de salud debe :a) anticipar el daño a través de acciones

intersectoriales desde las políticas sociales, que impacten en hábitos y estilos

de vida –particularmente a través de la educación y promoción-, y que

entreguen responsabilidad y poder a las personas para actuar

responsablemente respecto de su propia salud y la de su entorno, para

generar ciudades, escuelas y lugares de trabajo saludables; b) priorizar

acciones de recuperación y rehabilitación integrales, efectivas y de calidad; c)

poner acento en la atención ambulatoria en un contexto familiar, comunitario y

participativo; y d) estimular la complementariedad público privada.

Salud reproductiva: apoyo a la planificación familiar

274. La Democracia Cristiana ha apoyado, desde el gobierno del Presidente

Eduardo Frei Montalva, una política de planificación familiar que incluya el

acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados y

abortos. Ésta debe considerar la mayor participación y diálogo de los actores

sociales. Postulamos el acceso expedito de las mujeres en edad fértil a

métodos que le permitan regular su maternidad pero, al mismo tiempo y sin

ánimo de violentar la conciencia individual de cada una, la disminución

progresiva del uso de métodos que pueden interferir con el desarrollo

embrionario, como los dispositivos intrauterinos y las píldoras de uso postcoital.

El Estado debe abordar el mayor gasto que implican otros tratamientos

de control de la fecundidad con menor riesgo vital.

Políticas integrales para la infertilidad

275. Declaramos nuestra voluntad de apoyar, mediante la implementación de

políticas públicas integrales, a aquellas parejas que sufren por problemas de

infertilidad y que buscan, por medio del uso de los avances de la ciencia

médica, realizarse a través de la maternidad y paternidad. Al mismo tiempo,

postulamos el establecimiento de normas legales que pongan límites a la

manipulación de embriones humanos prohibiendo su crío-preservación, pues

aún cuando esta técnica mejora la eficiencia de estas terapias, significa

condenar a miles de seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo a un

estado de suspensión dependiente de la mera voluntad de sus progenitores o

incluso, de la empresa creada para mantenerlos. Asimismo, deben regularse

estrictamente las demás cuestiones éticas que rodean la reproducción humana

asistida y los derechos de las personas que nacen fruto de dichas terapias,

incluyendo el de conocer su propio origen.

Articular el sector público y privado.

276. La articulación del sector público y privado debe orientarse tras el objetivo

de aumentar la oferta de servicios en infraestructura y tecnología y

competencias de los recursos humanos para brindar servicios de excelencia a

lo largo de todo el país y responder no sólo a las necesidades de hoy, sino a

las del mañana. Así mismo debemos aumentar el gasto en salud y su

eficiencia. Al año 2027, deberemos superar el 7% del PIB- y llegar a que al

menos el 50% de dicho gasto se efectúe en acciones de promoción, fomento,

prevención y en actividades de la Atención Primaria.

Mejorar la institucionalidad

277. Para abordar estos desafíos es necesario fortalecer la capacidad rectora

del Ministerio de Salud en el ámbito de la Salud Pública; mejorar las

competencias y dar más poder a los gobiernos regionales para actuar

multisectorialmente y avanzar en la descentralización hacia los municipios ,

con una fuerte participación de la ciudadanía.

Un sistema de protección social que fortalezca la equidad

278. Para hacer de Chile un lugar donde las personas puedan tener una buena

vida humana necesitamos consolidar los avances en materias sociales y

reconocer los cambios y nuevas necesidades que enfrentamos para crecer de

manera inclusiva. Durante los gobiernos de la Concertación se ha transitado

gradual pero sostenidamente, desde políticas asistenciales a políticas de

desarrollo y promoción social. Para la Democracia Cristiana, un sistema de

protección social implica no solo proteger a la persona, familias o comunidades

frente a los cambios coyunturales, sino también habilitarlos para enfrentar las

contingencias que se puedan presentar. La DC debe luchar por asegurar el

conjunto de derechos que confieren a las personas la capacidad de obrar. No

basta que la sociedad garantice libertades si las personas no tiene capacidad

efectiva de hacer su vida.

Garantizar acceso universal y prestaciones de calidad

279. El sistema de protección que promovemos debe cumplir tres funciones

fundamentales: garantizar el acceso universal y de calidad a las prestaciones;

asegurar su financiamiento y dar garantías de eficiencia en la compra y

provisión de los servicios. Necesita también de un defensor del ciudadano que

fiscalice el cumplimiento de las garantías de los derechos.

Un Estado garante del derecho de las personas a un sistema de protección

social integral

280. Proponemos generar un nuevo pacto social que instale un nuevo enfoque

para abordar la pobreza y sus contingencias, promoviendo un Estado garante

de los derechos de las personas en un sistema de protección social integral

que involucre educación, políticas de prevención de riesgos, previsión, salud y

empleo. La Democracia Cristiana procurará que las políticas públicas
respondan a un enfoque de derechos garantizados.

Una Institucionalidad capaz de articular y empoderar a los ciudadanos

281. Lo anterior requiere de una institucionalidad social capaz de articular la

gran dispersión de programas sociales, consejos, comités, servicios y

ministerios, que hoy impiden una adecuada coordinación y diluyen las

responsabilidades. Ello implica que los ciudadanos cuentan con instrumentos

adecuados para exigir sus derechos; terminar con el centralismo en la toma de

decisiones e implementación de las políticas sociales; evaluación de impacto y

pertinencia de los programas.

Financiamiento público

282. Para financiar este nuevo sistema proponemos que el royalty a la minería

tenga una tasa equivalente al promedio de los países exportadores de

minerales y que sus recursos sean destinados al desarrollo equitativo de las

regiones del país.

Seguridad social: acceso a prestaciones básicas , uniformes e igualitarias

283. La seguridad social por su naturaleza una herramienta de protección social

fundamental para la búsqueda de una sociedad más humana, más justa y más

solidaria. Por ello no puede estar sujeta al mercado y debe garantizar el

acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes e

igualitarias en seguridad social. El estado debe promover la libre elección entre

el sistema público y de reparto (INP) y las (AFP).

Crear un sistema público de pensiones

284. Proponemos crear un sistema de pensiones público de reparto, solidario y

sin fines de lucro; y establecer un segundo piso provisional administrado por

corporaciones sin fines de lucro o por las actuales AFP, a las cuales no se

puede incorporar bancos ni compañías de seguro. Por otra parte, debe crearse

una AFP del Estado, a las mismas normas que las demás AFP. En este nuevo

sistema debe ser obligatorio el aporte patronal y debe haber participación de

trabajadores y empleadores en los directorios de las AFP. En cuanto al

financiamiento, el Estado debe hacerse cargo de las cotizaciones del aporte

patronal en el caso de las cooperativas pequeñas y medianas y de las micro y

pequeñas empresas. En cualquier caso, habrá prohibición para que las AFP

participen en la elección de directores de empresas donde ellas tengan

inversiones y tendrán la obligación de invertir los recursos de los fondos

provisionales en el país.

Reparar daño previsional

285. En temas provisionales asumimos el compromiso de reparar el daño que

afecta a cerca de 130.000 personas que se desempeñaron en el sector público

y de enfrentar una reforma justa y apropiada al sistema de las FF.AA.

Políticas para afiliación de trabajadores independientes

286. Respecto a la cobertura provisional se deben establecer los mecanismos

para hacer efectiva la afiliación de todos los independientes para pensiones,

salud, riesgo del trabajo y demás regímenes provisionales.

Condena al fraude previsional

287. Condenamos el fraude provisional. Para evitarlo debemos establecer los

instrumentos necesarios para que la recaudación de las cotizaciones sea

efectiva, a fin de incrementar los saldos de las cuentas individuales. Por otra

parte debemos fortalecer las prestaciones de bienestar social, para los

trabajadores y sus familias, especialmente las que otorgan las cajas de

compensación. Asimismo, el estado debe invertir en cultura provisional, es

decir, destinar recursos al fomento del conocimiento de los derechos y

obligaciones provisionales.

Un medio ambiente que permita una buena vida humana

288. Una buena vida humana requiere velar por nuestra continuidad como

especie, y la posibilidad de que todos puedan desarrollar vidas plenas y

dignas. Ello depende de la coexistencia armónica y equilibrada con la

naturaleza de la que somos parte.

Gestión solidaria e integral

289. El ambiente requiere de una gestión solidaria por parte de todos los

actores de la sociedad que debe ser estimulada a través de la educación y

participación ciudadana Todos somos corresponsables y protagonistas del

cuidado ambiental como una labor comunitaria.

Abordar los problemas de contaminación

290. Los problemas de contaminación, producto de diversas fuentes y del

ineficiente control, sigue siendo un problema prioritario que termina afectando

a la población más vulnerable de las zonas urbanas y rurales y no se convierta

en una nueva modalidad de violencia estructural en el país. La DC debe

comprometerse firmemente con esta dimensión de los problemas ambientales.

Prevenir el cambio climático

291. En el ámbito global, frente al cambio climático, la DC trabajará para que

Chile haga éticamente lo correcto para disminuir sus emisiones y que como

país candidato para sobrevivir relativamente bien al escenario del

calentamiento global, genere políticas públicas para el cuidado de nuestros

recursos hídricos, del suelo y el mar, y la protección de la salud de las

personas. Chile debe hacer esfuerzos para acceder a mecanismos de

desarrollo limpio, adelantándonos a los problemas del futuro con acciones

concretas en el presente.

Una sociedad que mejora el entorno para la vida en común

Ciudades, barrios y viviendas para una buena vida humana

Ciudades integradas

292. Asumimos como principio básico que la proyección y desarrollo integral de

las personas sólo se da en una vida en comunidad. Por ello, las ciudades y sus

barrios se deben construir sobre cuatro ejes fundamentales:

1) Sostenibilidad Urbana, entendida como la capacidad de las ciudades y sus

comunidades para hacer compatible su desarrollo con el medio ambiente,

proteger los espacios naturales, promover el crecimiento económico y la

generación de empleos, y garantizar de creación de estabilidad o cohesión

social.

2) Solidaridad, ya que las ciudades sostenibles o competitivas son

incompatibles con la existencia de desigualdades sociales o territoriales. La

creación de políticas públicas que terminen con la segregación social urbana y

las desigualdades de acceso de las comunidades a los beneficios del

desarrollo definen el derecho de todos a la ciudad.

3) Participación, como la necesidad de dar transparencia las decisiones

públicas y fortalecer el derecho de las personas a aportar al bien común.

Entendemos a la comunidad como el núcleo central de la ciudad, y por ello

debemos fortalecerla a través de la participación efectiva y responsable, lo que

fortalece el sentimiento de ciudadanía, incrementa el capital social y la

identidad.

4) Descentralización, como la clave para la gobernabilidad de nuestras urbes.

Acercar el gobierno de la ciudad a la gente debe ser un imperativo político, que

obliga a dotar de poderes, instrumentos y recursos necesarios a los municipios

y las regiones para construir mejores ciudades. Por ello, para la adecuada

gobernabilidad de las áreas metropolitanas promovemos la elección de

autoridades para una gestión urbana integrada.

Espacios públicos para la vida en común

293. Las ciudades deben ofrecer espacios públicos seguros para la vida en

común. La falta de integración social y desigualdad urbana puede debilitar

seriamente la cohesión social y la estabilidad económica y democrática. Las

ciudades deben ser espacios de integración y cohesión social. Creemos en el

“Derecho a la Ciudad”, que permita a todas las personas compartir los

beneficios de las ciudades y su desarrollo, no ser excluidas y segregadas,

para poder participar democráticamente la construcción de lugar que habita.

Espacios de identidad en la diversidad

294. Queremos ciudades con identidad, donde prime la diversidad y el

sentimiento de pertenencia y arraigo. Las políticas públicas deben reconocer y

reforzar la diversidad de ciudades, pueblos y barrios de nuestro país.

Ciudades atractivas, que privilegien la calidad de vida.

295. Nuestras ciudades deben ser atractivas y competitivas privilegiando la

calidad de vida de las personas, asegurando la protección del patrimonio y su

entorno. Los procesos de crecimiento urbano deben siempre mejorar la vida en

las ciudades, garantizando que las personas internalicen y asuman en forma

solidaria los impactos que sus decisiones generan sobre resto de la comunidad

y el medio ambiente.

Ciudades a escala humana

296. Las ciudades deben construirse a escala humana, haciendo de las

comunidades el núcleo base la organización. Ciudades más humanas, seguras

y amables se construyen a partir de sus barrios, con la amplia y solidaria

participación de las personas. Aspiramos por ello a una ocupación equilibrada

del territorio nacional, tanto al interior de las áreas urbanas como en los

territorios rurales, con ciudades y pueblos a escala humana, que garanticen a

las personas a lo largo del territorio el acceso a servicios públicos de

excelencia.

Garantizar el acceso a la vivienda.

297. El acceso a la vivienda debe ser una preocupación fundamental del Estado

quién debe garantizar viviendas dignas para el desarrollo de la vida familiar.

Rol del estado

298. Al Estado le corresponde un rol central en la planificación, regulación y

gestión de las ciudades, definiendo políticas públicas eficientes, eficaces y

sustentables que reconozcan la función de los gobiernos de las ciudades y la

función social de la ciudad. Entre las principales políticas públicas

sostenemos que:

• Para la creación de ciudades sustentables y competitivas se requiere

garantizar el acceso de las personas los beneficios urbanos mediante más

conectividad y sistemas de transporte público que reduzca los tiempos de

desplazamiento, promueva la calidad de vida y mejoren el medio ambiente.

• Las familias son la base para el desarrollo de las personas y la vida en

común, por ello es imprescindible que la ciudad pueda ofrecer espacios

públicos seguros para vida en comunidad y viviendas dignas para el desarrollo

de la vida familiar. Posibilitar el acceso a la vivienda debe ser una

preocupación fundamental del Estado.

• Los desafíos del país obligan a mirar lo que hemos construido en el pasado,

implementado activas políticas de recuperación y revitalización de los barrios

interiores y aquellos más vulnerables y socialmente segregados, a través de

políticas integrales sociales y urbanas.

• La construcción de la ciudad contemporánea es una responsabilidad

compartida entre el Estado, la comunidad y el sector privado. La construcción

de espacios de participación y concertación deben propender a hacer a todos

los ciudadanos responsables de aportar a la construcción colectiva de el

espacio que habitamos.

Una mejor ruralidad para todos.

299. Al igual que sus compatriotas que viven en las ciudades, los chilenos y

chilenas que viven en el campo frecuentemente se sienten solos al enfrentar

los nuevos desafíos asociados a los cambios vertiginosos que viven. Aspiran a

una vida mejor y a acceder rápidamente a los beneficios del desarrollo; como

todos los chilenos, demandan ser parte activa y plena de los éxitos de Chile. El

debate sobre las desigualdades existentes en el país no siempre considera

con la fuerza necesaria la desigualdad rural – urbana, la que se manifiesta

notoriamente en los índices de desarrollo humano comunal. Tampoco

considera la concentración de la tierra y el agua, aspecto que en conjunto con

la baja productividad de la mano de obra constituyen las principales fuentes de

desigualdad en el mundo rural.

Ruralidad: una oportunidad para Chile

300. La sociedad chilena está expresando nuevas demandas al mundo rural: por

estilos de vida más sanos y saludables; por un contacto más directo con la

naturaleza; por entornos más amigables y apacibles; y por tradiciones e

identidad. De algún modo desean disfrutar y gozar de lo rural. La satisfacción

de estas demandas, que cada vez serán más visibles y masivas, son parte de

las tareas que se debieran emprender para tener un desarrollo más centrado

en las personas. La ruralidad constituye una oportunidad para Chile, para

mejorar su bienestar y humanizar su desarrollo.La incorporación plena y

equitativa de la ruralidad al país como una realidad diversa y multifuncional

debe ser el principal desafío político y cultural de un proyecto de futuro que

pudiera implementarse a través de un pacto económico y social en que el

Estado y los distintos actores de la sociedad se comprometan a enfrenar la

pobreza rural y a reducir radicalmente sus desigualdades. Ruralidad y

modernidad no son términos contradictorios. Volver a comprometerse con el

desarrollo del campo y verlo como un espacio en que se puede vivir mejor que

en las ciudades no es mirar el pasado sino el porvenir. A la Democracia

Cristiana le corresponde liderar y conducir este desafío dado su profundo e

histórico compromiso con el mundo rural y campesino.

Agricultura familiar

301. La agricultura familiar, conformada por la pequeña y mediana agricultura,

constituyen uno de los elementos estructurales más característicos y

definitorios de la ruralidad y agricultura chilena. Porque nos interesa un campo

con gente y un sector agroalimenario y forestal con una pluralidad de actores,

un compromiso especial en el tiempo que viene será con el desarrollo de la

agricultura familiar y con los territorios rurales con mayores dificultades para

desarrollarse productivamente.

Apoyo a la creatividad y expresión cultural.

Nuestra visión de cultura

302. Una buena vida humana contempla el desarrollo de las artes y la valoración

de la cultura en sus distintas manifestaciones, su promoción y cuidado como

una expresión de nuestra identidad y de la diversidad de nuestra comunidad.

Nuestra visión de cultura incluye la creación artística y la vida intelectual y

también aquella de carácter antropológico social, que abarca la experiencia,

costumbres, tradiciones y creaciones que expresan los modos de vivir juntos,

que influyen en el desarrollo y las posibilidades de los seres humanos.

Propiciamos tanto las expresiones doctas como las distintas manifestaciones

de la cultura popular, entendiendo que todas ellas forman parte de nuestra

historia. Ampliamos esta visión en nociones tales como “cultura de la vida” o

“la cultura de la paz”, que afirma los valores culturales esenciales para la

sociedad que aspiramos. Como democratacristianos quisiéramos avanzar

hacia una “cultura de la solidaridad”, que rechaza el egoísmo y la violencia. La

cultura es también una dimensión fundamental para el desarrollo del país.

Identidad, libertad de expresión y desarrollo

303. .Nuestra preocupación por la cultura abarca la conciencia acerca de

nuestra identidad y patrimonio cultural, la libre creación artística, el arte popular

y las nuevas y diversas formas de producción cultural. Afirmamos la más plena

libertad para los creadores y su realización, así como la necesidad de la

promoción pública de la cultura y las artes. El Estado debe procurar un

adecuado financiamiento- público y privado- para que todas las personas

tengan acceso a la cultura y al desarrollo de su creatividad; debe promover las

iniciativas particulares y las distintas asociaciones de creadores, artistas y

productores. El desarrollo de Chile y su política exterior deben considerar la

promoción de las expresiones culturales chilenas como un aspecto esencial de

su riqueza como país. El turismo cultural es un instrumento de desarrollo

regional.

Acceso de todos a la creación y bienes culturales

304. Promovemos el mayor acceso de la población a la creación y a las

manifestaciones artísticas y bienes culturales, a través de políticas focalizadas

y fomento de la cultura a nivel local.

Política para protección y difusión de l patrimonio cultural

305. Favorecemos una política permanente de protección, difusión y

conservación del patrimonio tanto material como inmaterial y el establecimiento

de un fondo descentralizado para este fin, estableciendo la categoría del

paisaje cultural. Corresponde al estado un compromiso permanente con la

protección del patrimonio cultural y natural. En palabras de la Convención

sobre la Protección del Patrimonio Mundial de 1972, “el deterioro o la

desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un

empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”.

Fortalecer la institucionalidad

306. Expresamos la voluntad política de fortalecer la institucionalidad cultural;

promover la relación entre cultura y educación y la incorporación de

contenidos culturales en los medios de comunicación; perfeccionar la

infraestructura y equipamiento de los museos; definir nuestras políticas

culturales en un marco amplio de cooperación internacional e intercultural, en

particular reforzando los vínculos con los países de América Latina y el

Caribe; incentivar la participación del sector privado en el campo cultural.