DEMOCRACIA PROTEGIDA. Andres Rojo.

      Distintos hechos ocurridos en los últimos días demuestran las debilidades de nuestro sistema democrático, así como la falta de atención a la necesidad de avanzar en su perfeccionamiento antes de que la confianza de la ciudadanía en la estructura política llegue a un punto en el que comiencen a considerarse la validez de otras formas de organizar la sociedad.

            Por ejemplo, cuando se aprueba un proyecto como el de HidroAysén, con una fuerte oposición ciudadana, se hace necesario determinar el ámbito de materias en los que prevalece la soberanía popular y aquellos en los que es posible reservar la decisión a la autoridad electa, aunque esta haya sido elegida a partir de la promesa de actuar en determinada dirección.

            Del mismo modo, cuando se produce una movilización estudiantil pidiendo el diálogo con la autoridad para determinar reformas al sistema de educación superior y el Ministro responde que tiene que seguir la opinión de los que no se han expresado, nuevamente se llega a un área en la que no resulta clara la posibilidad de que la ciudadanía sea la que, por mayoría, determine las acciones a seguir.

            Se argumenta al respecto que no se pueden plebiscitar todos los asuntos controvertidos, pero sucede precisamente lo contrario: Cada cuatro años la gente concurre a las urnas para optar entre alternativas que no parecen diferenciarse en los asuntos substanciales, y entre una y otra elección no hay posibilidades de que las personas, titulares de la soberanía popular, expresen su opinión.  Es como si el derecho a la expresión y la opinión quedara suspendido.

            En Chile tenemos lo que se conoce como un sistema democrático representativo, pero este no exime de la posibilidad de plebiscitar los asuntos en los que hay un evidente desacuerdo entre el Gobierno y los gobernados, siendo que son los gobernados los que tienen la atribución de designar a las autoridades, sin que estas se puedan arrogar el derecho de negarle al pueblo el derecho a manifestar su voluntad en cada momento.

            Con el desarrollo de la tecnología, es perfectamente factible que se consulte con cierta regularidad a las personas sobre los asuntos de interés público que sean controvertidos.   Acabamos de ver que en Haití se demoraron ¡meses! en decidir quién había ganado las elecciones.   En Chile se sabe el mismo día, incluso antes de que se haga de noche.

            Otro aspecto que no se condice con la modernidad reside en las restricciones al derecho de reunión.   No tiene argumento valedero que las intendencias, que son autoridades políticas, deban autorizar las movilizaciones sociales.   Se puede aceptar que coordinen con los organizadores las medidas para el orden público, pero no que depende de estas la autorización para ejercer derechos consagrados por la Constitución.

            Es curioso que se restrinja la participación de las personas en política y, al mismo tiempo, se manifiesta inquietud por la escasa identificación de la gente con las instituciones y los liderazgos políticos, cuando son estos los que deberían acercarse a la gente para representar sus intereses.  Eso es la esencia de la democracia representativa, pero lo que se hace recuerda el intento de la dictadura de establecer una democracia “protegida”, ignorándose el hecho que la libertad de expresión y la participación ciudadana son pilares de un sistema político auténticamente democrático.

            Mientras la democracia no reconozca que hay aspectos que tienen que ser mejorados, incluyendo por supuesto que la gente tenga alternativas realmente distintas para elegir, se corre el riesgo de que un número creciente de personas comience a desconfiar de la democracia como sistema de gobierno y ya se sabe qué ocurre cuando se llega a esa situación.