martes, mayo 17, 2011

Cultura política de la democracia en Chile, 2010 Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles.Autores: Dr. Juan Pablo Luna Pontificia Universidad Católica de Chile Dra. Elizabeth J. Zechmeister Vanderbilt University Dr. Mitchell A. Seligson Coordinador científico y editor de la Serie Vanderbilt University

Resumen Ejecutivo
Este año la encuesta LAPOP Chile 2010, perteneciente al Barómetro de las Américas, incluyó una serie de novedades temáticas y metodológicas. En este resumen discutimos primero las principales innovaciones técnicas, y luego los resultados principales. A la par de estas innovaciones se mantuvieron los rasgos esenciales del procedimiento muestral utilizado en 2006 y 2008, realizando muestras con cobertura rural y urbana, representativas de la población no institucionalizada mayor de 18 años de edad, mediante la realización de entrevistas cara a cara. No obstante, en 2010 la muestra utilizada fue aplicada mediante un procedimiento completamente aleatorio (es decir, sin la utilización de cuotas de sexo y edad como en las muestras aplicadas en 2006 y 2008). La encuesta fue realizada entre el 23 de Abril y el 11 de
Junio de 2010, y cuenta con 1.965 cuestionarios completos.


En términos de las innovaciones metodológicas, es la primera vez que nuestras encuestas se
realizan utilizando PDAs. Esto no sólo permitió asegurar una mayor calidad del trabajo de campo y su supervisión, sino que también facilitó la integración de dos experimentos integrados en la encuesta (uno para estimar la incidencia de “compra de votos” en la pasada campaña electoral, y otro para estimar la elasticidad-precio de la participación electoral). Ambos produjeron resultados que reseñamos más abajo.

Además, a raíz del terremoto y tsunamis del 27 de febrero de 2010, decidimos realizar una
comparación (cuyos resultados sustantivos se analizan en el capítulo VIII) entre zonas con alta incidencia de daño por el terremoto, y zonas menos afectadas. Esto se tradujo en la utilización de una sobre-muestra de 400 casos, localizada en los extremos sur y norte del país (el Apéndice I presenta una discusión detallada del procedimiento de muestreo y levantamiento de datos). Finalmente, también para su incorporación al estudio sobre los efectos del terremoto, utilizamos unidades de GPS, las que nos permiten localizar precisamente el lugar en que cada una de nuestras entrevistas fue realizada.

En términos sustantivos, la ronda 2010 del Barómetro de las Américas se centró en el análisis de las consecuencias políticas y actitudinales de la crisis económica global. Aunque finalmente dicha crisis afectó sólo parcialmente a las economías de la región, intentamos medir los impactos que distintos “niveles de crisis” y grados diferentes de capacidad gubernamental para lidiar con los efectos negativos de la recesión ejercen sobre un amplio complejo actitudinal. En el caso de Chile, los resultados obtenidos están, en gran medida, pautados por un tono positivo.

Si bien el país fue uno de los objetivamente más afectados por la crisis en el Cono Sur, el impacto económico real, y la percepción de crisis fueron amortiguados. Dicha “atenuación” parece atribuible al manejo contra-cíclico que emprendió el gobierno de Michelle Bachelet durante los últimos meses de 2008 y fundamentalmente en 2009. Las medidas macroeconómicas y la inyección de recursos ahorrados en épocas de bonanza en la economía fueron complementadas por la implementación de políticas sociales y de un amplio programa de protección social.

En este contexto, nuestros hallazgos indican que la aprobación del gobierno de Michelle Bachelet siguió un patrón inverso al usual. Esto se aplica doblemente. Por un lado, se trata de un gobierno que comenzó siendo relativamente mal evaluado y que terminó siendo el mejor evaluado de la historia (desde que contamos con instrumentos de opinión pública fiables). En términos comparados, la gestión de la crisis realizada por el gobierno chileno es la mejor evaluada entre los veintiséis países que componen nuestro Barómetro. Por otro lado, se trata de un gobierno que fue mal evaluado durante épocas de prosperidad económica, y muy bien evaluado en medio de la recesión ocurrida principalmente en 2009. Si bien cerca de un 20% de los encuestados reporta haber sufrido una disminución en su nivel de ingresos durante los últimos doce meses (posiblemente atribuibles a los impactos de la crisis), la mayoría de los chilenos considera que la crisis existió, pero no fue grave. Por otra parte, y a diferencia de lo

hallado a nivel regional, solamente un 2% de los encuestados atribuye la culpa de la crisis al gobierno, siendo los principales culpables, “el sistema económico internacional” y el “capitalismo”.

La alta aprobación presidencial, tiene a su vez, una serie de correlatos importantes. Por un lado, encontramos aumentos relativos, aunque en la gran mayoría de los casos de corte significativo, en el apoyo al sistema político, la legitimidad de la democracia y la satisfacción con su funcionamiento. Por otro lado, también se reportan caídas significativas en los niveles percibidos de inseguridad pública, en la victimización por crimen, y en cuanto a las percepciones y niveles de victimización por corrupción.
Siendo estos últimos usualmente bajos en Chile, su reducción es aún más sorprendente. La evaluación de los gobiernos locales es también muy buena.

La reducción de la percepción y victimización por delincuencia no es sólo alentadora desde el
punto de vista de la seguridad ciudadana, sino también, respecto al apoyo a la democracia como régimen político. Particularmente esto es importante ya que un escenario de alta delincuencia es el que genera, en abstracto, mayores grados de tolerancia a un eventual golpe de estado. Por su parte, también es relevante notar que en un contexto en que la mayoría de las instituciones políticas y sociales mantienen niveles similares de confianza en la población chilena a través del tiempo, la confianza en el sistema de justicia ha aumentado en forma significativa.

En este contexto francamente positivo, nuestro estudio también plantea una serie de desafíos para la democracia chilena. Los datos muestran, de forma elocuente, la consolidación de una democracia de “baja intensidad” en el país, caracterizada por muy bajos niveles de interés en la política (los más bajos hallados en toda la región), muy bajos niveles comparativos de participación en procesos de consulta a nivel local, y también, los más bajos niveles de la región en cuanto a la simpatía con los partidos políticos y la inscripción electoral. Estos últimos, muestran además, una fuerte estratificación etárea, ya que una muy alta proporción de los jóvenes chilenos no se encuentran inscritos para votar y poseen bajos niveles de interés en la política.

Una interpretación posible de estas tendencias consiste en pensar a Chile como un caso “post-
materialista”, en que la política ha perdido centralidad en función del desarrollo económico y la creciente prosperidad. Si bien alguno de los datos con que contamos permiten sostener esta hipótesis, otros sugieren interpretaciones menos benévolas.En particular, sugerimos que el sistema de partidos chileno se encuentra desconectado de la ciudadanía. Esto coincide con el debilitamiento de la movilización electoral en base a corrientes programáticas amplias, y con la consolidación progresiva de liderazgos personalistas. Los datos que presentamos respecto a los patrones de votación en la pasada elección sugieren que los candidatos que lograron ser vistos como “menos partidarios”, contaron con ventajas competitivas significativas por sobre candidatos más tradicionales. De consolidarse esta tendencia, nuevas ventanas de oportunidad para movimientos “anti-políticos” podrían abrirse. Mientras tanto, las identidades políticas fraguadas en la transición, y estructuradas en torno a la Alianza por Chile y a la Concertación de Partidos por la Democracia movilizan progresivamente a una proporción menor (y en el sentido más literal, en proceso de extinción) del electorado.

A nivel de los gobiernos locales describimos también una situación ambigua. Por un lado, sus
autoridades son directamente elegidas por la ciudadanía y tienen a su cargo importantes políticas sociales, como la educación y la salud. Por otro, se encuentran insertos en un sistema de gobierno altamente centralizado y en un país en que los procesos de devolución territorial y promoción de la participación local han tenido, a lo sumo, tímidos impulsos. Igualmente ambiguas son las actitudes de los chilenos respecto al ámbito político local, presentando por una parte un nivel promedio de solicitudes realizadas ante la autoridad local, y siendo por otro lado, de los que menos participan en instancias de consulta ciudadana en la gestión local. Respecto a su grado de satisfacción con la gestión local, la ciudadanía chilena se ubica, en términos comparados, en una posición relativamente favorable, aunque estratificada socialmente. Esto último denota otra contradicción. Quienes más necesitan y recurren a la municipalidad (los sectores pobres), parecen tener niveles de satisfacción relativamente más bajos que quienes solucionan sus problemas y necesidades por otras vías (comprando prestaciones de mayor calidad en el mercado).


La posibilidad de contar con una sobremuestra que nos permite comparar entre regiones con alto y bajo impacto del terremoto del 27 de febrero de 2010 y los tsunamis que lo siguieron, nos permitió estimar el impacto que tienen en la evaluación de una serie de instituciones políticas y sociales este tipo de catástrofes naturales. Si bien alguno de los hallazgos que presentamos a este respecto son propios del caso chileno (como por ejemplo, la baja aprobación específica del accionar de la ONEMI, o el impacto negativo de haber presenciado saqueos en las cercanías del hogar sobre la evaluación de distintas instituciones), otros nos permiten especular sobre el impacto genérico de este tipo de fenómeno en la opinión pública. Esto es lo que hacen, en el capítulo VIII del informe, Elizabeth Zechmeister, Ryan Carlin, y Gregory Love.

Los dos capítulos (IX y X) directamente a cargo del equipo local del Instituto de Ciencia Política de la PUC (liderado por Juan Pablo Luna e integrado por Héctor Bahamonde, Germán Bidegain, Roody Reserve y Giancarlo Visconti) se centran en describir las dinámicas estructurales (IX) y coyunturales (X) que parecen haber determinado el resultado electoral de 2010. Dicho resultado es sumamente relevante porque ha generado, luego de 20 años de hegemonía de la Concertación, alternancia en el ejecutivo a favor de un candidato de la Alianza por Chile (Coalición por el Cambio). Además de este resultado, el proceso electoral del que damos cuenta en el capítulo X también refleja algunas tendencias relativamente preocupantes sobre la “salud” del sistema de partidos chileno.

En este marco, se reportan también los resultados de dos experimentos integrados al cuestionario del Barómetro de las Américas aplicado en Chile. El primero de dichos experimentos intenta, a través de un método de “list experiment”, estimar la magnitud de la compra de votos en la última elección. No encontramos, en el país evidencia significativa respecto al impacto de esta práctica que sí ha sido verificada, en otros casos latinoamericanos mediante la aplicación de técnicas equivalentes. Dicho esto, nuestros resultados indican que el tipo de “regalo” que los candidatos realizaron en la última campaña consistió, esencialmente, en el reparto de merchandising electoral.

Tampoco encontramos evidencia clara sobre el impacto electoral de la implementación de
programas sociales de transferencias condicionales. En el caso de Chile, y a diferencia de lo que reportamos para otros casos de la región, quienes reciben una política social de este tipo no son más propensos a participar de las elecciones, ni a apoyar electoralmente al oficialismo. Tampoco poseen niveles de simpatía significativamente mayores con los partidos del oficialismo.

El segundo experimento que incluimos en nuestra encuesta, estructurado en base a la técnica
conocida como el método de la evaluación contingente, intenta estimar la elasticidad-precio del derecho a votar en tres elecciones sucesivas. En este caso los resultados son significativos y eventualmente preocupantes. Contrariamente a lo que podría esperarse, encontramos que el ingreso de la persona no tiene un impacto significativo en la “venta del derecho a voto” a cambio de una compensación monetaria.

No obstante, encontramos evidencia significativa respecto a la influencia de la edad de la persona en su propensión a ceder su derecho a participar en la elección de sus representantes democráticos. Los jóvenes chilenos, quienes de hecho participan en el juego electoral en mucha menor proporción que sus compatriotas más viejos, son significativamente más propensos a cambiar sus derechos políticos por una compensación monetaria. Tal como argumentamos en el capítulo X, la solidez y persistencia de este tipo de actitudes en la juventud chilena pone en tela de juicio el potencial impacto que, aisladamente, se suele atribuir a distintas propuestas de reforma institucional actualmente en discusión en el país (como la actual discusión sobre la transformación del sistema de inscripción voluntaria/voto obligatorio en uno de inscripción automática y voto voluntario). En definitiva, nuestros datos sugieren que el problema de la participación política, así como el progresivo alejamiento entre partidos políticos y ciudadanía responden a dinámicas no sólo institucionales, sino a procesos estructurales y de más compleja resolución.

En síntesis, nuestro informe está pautado por una fuerte contradicción. Por un lado, presentamos una larga serie de buenas noticias respecto al devenir reciente de las actitudes de los chilenos respecto al régimen político y a la sociedad en la que viven. En términos comparados, tanto en el tiempo, como a nivel regional, estos hallazgos son muy auspiciosos.

Por otro lado, también presentamos un diagnóstico oscuro respecto al funcionamiento de algunas dimensiones institucionales del sistema político chileno. En particular, la consolidación progresiva de una democracia de “baja intensidad”, especialmente en sectores sociales que pronto serán mayoría en el país (los jóvenes) es un síntoma de alarma. A su vez, la configuración de un sistema de partidos altamente estable y cerrado a nivel de elites políticas, pero cada vez más distanciado de la ciudadanía también resulta alarmante. En este contexto, la ciudadanía posee una mayor tendencia a inclinarse por opciones “no partidarias” y disociadas de la elite política tradicional. Al mismo tiempo, los alineamientos del pasado que estructuran los campos identitarios asociados a los dos grandes pactos políticos que dominan
el juego electoral, resultan cada día más inocuos al momento de movilizar electoralmente a las nuevas generaciones que se integran a la ciudadanía (aunque no al juego electoral).

En definitiva, esperamos que este informe resulte un aporte útil para identificar mejor los
claroscuros del sistema político chileno contemporáneo y su funcionamiento (al menos desde el punto de vista de la opinión pública), y poder orientar así la búsqueda de herramientas que nos permitan construir una democracia más plena y de mejor calidad.

Link para seguir leyendo texto completo.


posted by Carlos Espinoza Jara at 10:27