Un golpe bajo al sistema público de salud. Macarena Lobos. CIEPLAN

El Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto que para algunos jubilados elimina y

para otros rebaja la cotización para salud. Si bien se valora la voluntad de aumentar la pensión

líquida de los jubilados más vulnerables, la propuesta genera graves perjuicios institucionales. Al parecer, en este anuncio se impusieron los argumentos políticos por sobre los técnicos.

Esto queda de manifiesto, en primer lugar, en que la propuesta vulnera principios básicos de

la seguridad social moderna, como son su carácter contributivo y solidario. En efecto, excluye

a los adultos mayores de la responsabilidad de cotizar, sin que exista mayor fundamento para

beneficiarlos a ellos y no a otros sectores tanto o más necesitados. Sólo por dar un ejemplo, ¿por qué excluir de la obligación de cotizar a los adultos mayores y no a una madre jefa de hogar que gana el sueldo mínimo?

En segundo lugar, la propuesta no focaliza adecuadamente el gasto social. Si se van a destinar US$ 200 millones al año, según cifras del ministro de Hacienda, ¿por qué hacerlo en el segmento de los adultos mayores, en que la pobreza tiene una incidencia de 8,9%, y no en el segmento de los menores de 18 años, donde alcanza a 20%?

En tercer lugar, la propuesta atenta gravemente contra la sustentabilidad financiera del sistema

público de salud, pues las cotizaciones que se dejarán de efectuar serán en su gran mayoría

recursos que dejará de percibir FONASA. ¿Cómo le serán repuestos esos US$ 200 millones

anuales? ¿Aumentarán los copagos? ¿Se reasignarán desde otro ministerio? ¿Se aumentará algún impuesto? Este es un asunto particularmente grave. La experiencia internacional muestra que el costo de la salud sube tanto por la transición demográfica como por el creciente uso de tecnologías costosas. Es esperable, entonces, que el gasto en salud como porcentaje del PIB se incremente en Chile en los próximos años. Y ante ello, inexplicablemente, el Ejecutivo plantea reducir las fuentes de financiamiento del sistema público.

Lo más preocupante es que esta propuesta de beneficios sociales sin financiamiento sustentable no es un hecho aislado, sino una tendencia que se ha repetido en varias iniciativas, como el bono bodas de oro, la extensión del posnatal y el ingreso ético familiar, en los cuales nada se ha anunciado respecto de su financiamiento en régimen. En este sentido, es de extrema gravedad que se estén creando beneficios sociales permanentes que pudieran estar siendo financiados con ingresos transitorios, como los provenientes del alto precio del cobre o del alza transitoria de impuestos que se acaba a fines de esta administración.