Vicios públicos, virtudes privadas. Jorge Navarrete

Sospecho que la ciudadanía podría recitar contra algunos servidores públicos cargos más graves que la anécdota del diputado Alinco.

ARTICULO 495, número 5, del Código Penal: "Será castigado con multa de una unidad tributaria mensual el que públicamente ofendiere el pudor con acciones o dichos deshonestos". Esta es la sanción que quizás tendrá que pagar el diputado René Alinco por, según Carabineros, haber sido sorprendido manteniendo relaciones sexuales al interior de una camioneta en un lugar público.

Lo ocurrido el pasado 26 de agosto se expandió rápidamente a través de las redes sociales. Como suele ocurrir en estos casos, se multiplicaron los comentarios, los que -con más o menos ingenio- también tenían como protagonistas a varios colegas del honorable. Al día siguiente, cuando los medios escritos recogieron la noticia, nos enterábamos, además, que el supuesto infractor sería citado a la Comisión de Etica de la Corporación, debido a que -en palabras del diputado Juan Luis Castro- lo ocurrido era "vergonzoso e impropio de un parlamentario".

Ninguna autoridad puede reclamar privilegios frente a lo que dispone la ley. Además, y por definición, sabemos que la vida privada de los personajes públicos se ve significativamente restringida. Sin embargo, ¿estamos ante la presencia de un hecho noticioso -el que ha sido profusamente cubierto con toda la sorna y mal gusto que exhibe una parte de la prensa- que merezca, además, un juicio tan categórico por parte de algunos?

Más allá de haberse violado una disposición legal, cuya cada vez menor aplicación sólo se explica por lo obsoleto de su contenido, si de actos "vergonzosos e impropios" se trata -para seguir con la sentencia moral que pronunciara el colega del imputado-, sospecho que la ciudadanía podría recitar una larga lista de cargos contra algunos de nuestros servidores públicos; todos ciertamente más importantes que la anécdota que estamos comentando.

Los conflictos de interés, el tráfico de influencias, la permanente utilización del cargo en la persecución de intereses particulares, la falta de preparación y rigor en el trabajo, el mal uso de fondos públicos o el abuso de autoridad son sólo algunas de las cuestiones que realmente deberían llamarnos a escándalo; especialmente por quienes no incurren en dichas prácticas -los que quiero creer constituyen una mayoría-, pero cuyo silencio también contribuye a que los ciudadanos no hagan las debidas distinciones.

Ahora bien, todavía es posible pensar que estamos ad portas de un proceso en el cual la opinión pública comienza a interesarse, discutiendo abiertamente y sin tapujos, respecto de la vida sexual de nuestras autoridades y dirigentes políticos. Pero si esto es correcto, mal no vendría un poco de ecuanimidad. En otras épocas, frente a episodios bastante más sabrosos, la influencia de quienes detentan mayor poder -a la sazón de acciones judiciales, censura de libros y otras publicaciones escritas, amén del silencio cómplice de la prensa- burlaron el juicio público que hoy se le hace al diputado.

Este episodio también revela algo de clasismo. ¿Se habría filtrado el parte de Carabineros de haberse visto afectado un influyente personaje, ya sea por su dinero o apellidos vinosos? ¿Sería tan sagaz la prensa, y severos algunos, si la víctima no fuera este rudimentario diputado, de inarticulado y escaso lenguaje, que se autodenomina como obrero?