LIBERALISMO A MEDIAS. Andres Rojo

 La principal promesa del actual Gobierno era agregar eficiencia a un modelo político y económico sintonizado con el liberalismo, definido por la Real Academia como “actitud que propugna la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas” o, en su segunda acepción, como “doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa individual, y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural”. Sin embargo, ya transcurrida la mitad del primer año del Gobierno del Presidente Piñera se está haciendo cada vez más evidente que no hay una mayor delegación en las capacidades individuales sino una concentración en el Estado de las decisiones.

            Salvo el sector de la economía, en el que de todos modos ha habido una serie de interpelaciones a la responsabilidad empresarial, no hay mayor liberalismo en la vida cotidiana de las personas.   El ejemplo no es ideal, pero el instructivo de la Intendencia Regional de Coquimbo respecto a la forma de vestir de sus funcionarios revela una actitud más autoritaria que liberal sobre un asunto tan personal como el atuendo.  Es evidente que se puede pedir prudencia por tratarse de funcionarios públicos, pero detallar lo permitido y lo prohibido muestra más una actitud paternalista que confianza en la responsabilidad propia de cada persona, como debería ser en el caso del liberalismo.

            Este mismo paternalismo estatal, sin embargo, es aplaudido en el caso de los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra, cuando el Estado es el que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizar las labores de rescate.   Sin duda, después se le presentará la factura de los gastos a los dueños de la mina, pero es el Estado el que les impide asumir su responsabilidad como empresarios, independientemente de las sospechas sobre su voluntad para actuar con decisión y sentido de urgencia.

            Tampoco se ha avanzado en una visión liberal de los derechos públicos y políticos.   Ni se ha planteado siquiera la modificación del sistema electoral o el funcionamiento de la política, y hasta se ha reprimido la expresión del malestar ciudadano y sectorial cuando se ha intentado realizar manifestaciones públicas.   Es cierto que de esa forma se ha ganado en orden, pero se ha perdido en el ejercicio de la libre expresión, que sin duda debe ser parte fundamental del liberalismo.   Hasta a los damnificados del terremoto se les indica dónde vivir, sin la libertad de elegir por sí mismos.

            Incluso en el ámbito de la economía, tampoco se ha avanzado significativamente en la liberalización de la iniciativa individual, como podría haberse esperado de un Gobierno que se identificaba explícitamente con el liberalismo, a diferencia de la Concertación que implementó un modelo liberal sin declararlo.

            Evidentemente, cualquier Gobierno que se inicia con un terremoto tiene dificultades para poner en práctica su programa, pero con períodos presidenciales de cuatro años se precisa mayor agilidad.