Atacama: Gobierno puede perder el control de los acontecimientos. Santiago Escobar

El manejo de los acontecimientos en la mina San José se le está yendo de las manos al gobierno. El despliegue de un bus de Fuerzas Especiales y de un refuerzo de 40 estudiantes de la Escuela de Suboficiales de Santiago, con orden de usar la fuerza cuando la situación quede fuera de control, parece una inflexión de todo lo hecho hasta ahora.
Los acontecimientos lentamente han ido develando yerros, omisiones y un desorden enorme por parte de las autoridades administrativas que tenían que ver con la fiscalización de la mina. Incluso ha empezado una danza de fechas entre servicios, y el foco de la incompetencia ha quedado puesto hoy en el gobierno central y no en los servicios regionales.
El tema ha trascendido a la imagen país, y no se descarta que tenga impacto negativo en la cartera de proyectos mineros que sumarian unos 50 mil millones de dólares para los próximos años.

El manejo comunicacional, que si bien se sintonizó rápidamente con el dolor de los familiares de los mineros, parece tambalear al haber agotado el stock emotivo y generalizarse la convicción de que habrá que contabilizar muertos. Y que la emoción devastadora de tales hechos haga reaccionar, en su desesperación, de manera violenta a los familiares y compañeros de trabajo, haciendo inevitable un acto de autoridad.

Lo que ello implicaría y cómo hacerlo no está claro, pero detrás del despliegue policial de las últimas horas estaría la mano del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien hace pocos días fue frontal en la televisión para declarar que se debía incluso, buscar penalizar criminalmente a las empresas y sus ejecutivos, y que en este caso estaría equilibrando sus dichos.
La irresponsabilidad manifiesta por parte de los empresarios, lo cuales habrían invertido prácticamente casi nada en materia de seguridad y su silencio de más de doce días han exacerbado los ánimos.

Además se han insinuado presiones políticas para mantener la mina en funcionamiento pese a las infracciones cursadas; la existencia de eventuales acuerdos entre la empresa y los trabajadores para seguir explotando pese a los riesgos de seguridad debido al alto precio del cobre y a los bonos laborales que ello implicaba; el no funcionamiento del comité paritario de higiene y seguridad motivado en lo anterior; e, incluso, que se habría estado sacando cobre de los pilares de sustentación, a raíz de lo cual la mina se habría desplomado.

El tema ha trascendido a la imagen país, y no se descarta que tenga impacto negativo en la cartera de proyectos mineros que sumarian unos 50 mil millones de dólares para los próximos años, debido a los inevitables cambios de legislación que la situación inducirá.

Todo ello hace que el perfil de autoridad del gobierno esté hoy en el tapete, no solo para controlar la situación en la mina, sino para viabilizar un curso de acción con la menor cantidad de efectos colaterales. La pregunta es si eso se logra con carabineros. El Mostrador