El riesgo de las promesas de campaña . Edgardo Riveros.
Un aspecto esencial de fortaleza para un gobierno es su credibilidad. En ella descansa un objetivo que busca todo aquel que conduce una sociedad: generar confianza.
A este respecto, el actual gobierno está puesto a prueba en materias claramente identificables. Algunas, colocadas por la oposición, como los conflictos de intereses, a raíz de la trayectoria, patrimonio y actividades ejercidas por el Presidente de la República y parte significativa de su equipo. Otras, como a la que nos referiremos, colocadas por el propio Mandatario como elemento central durante su campaña.
En estas últimas cabe el cobro de un compromiso y, por tanto, si no se da satisfacción a lo ofrecido, se transforman en un boomerang, particularmente si de ellas se hizo uso no sólo para fortalecer la opción propia, sino también para desacreditar al adversario.
En esta categoría se encuentra el tema de la delincuencia y la seguridad pública. Durante la campaña, el ofrecimiento de la candidatura de Sebastián Piñera fue categórico: acabar con la delincuencia en nuestro país. Junto con ello, se dejaba explícito que los gobiernos de la Concertación eran incapaces de controlar este fenómeno y menos de hacer lo que ofrecía la Alianza, de terminar con él.
Si no se cumple lo libremente prometido, ello quedará en el marco de la más pura demagogia y en el uso de una publicidad engañosa. A estas alturas, ya no son palabras rudas contra el que asalta, afecta la vida, la integridad física o los bienes de las personas, lo que se exige al Gobierno para el cumplimiento de su compromiso. Tampoco éste se cumple con eslóganes o con medidas comunicacionales efectistas.
Sin embargo, es posible que las autoridades actualmente en el poder, ante la realidad que cotidianamente deben enfrentar, comprendan que conllevaba una enorme injusticia formular acusaciones livianas a quienes, haciendo grandes esfuerzos, incluidos los de fortalecer a nuestras policías y judicatura, fueron presentados poco menos que como cómplices de los delincuentes, bajo la recurrida frase “que sean los delincuentes y no la gente honesta los que sientan temor”.
A diario conocemos de actos delictivos, algunos de alto impacto. Ya comienzan voces a exigir el cumplimiento de las expectativas y esto irá en aumento, transformándose en uno de los aspectos de mayor desgaste para el Gobierno. Comparativamente, Chile sigue siendo un país seguro, pero requiere un constante reforzamiento de sus políticas preventivas, de reinserción y de sanción. Estas acciones, efectuadas dentro de nuestro Estado de Derecho y en cuanto convoquen al conjunto de nuestra comunidad, tendrán amplio apoyo. En la medida que el tema siga siendo tratado con lenguaje de campaña, parecerá que se está eludiendo el compromiso de fondo con la ciudadanía.
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