El Paradigma Hondureño. Gonzalo Wielandt

Centroamérica presenta dos factores históricos que explican la transición de los conflictos armados a la violencia posconflicto. El primero dice relación con la transición de la dominación oligárquica a la transnacional y el segundo con la transición del militarismo al crimen organizado transnacional. En Honduras, el conflicto armado es desplazado por la recomposición de las fuerzas sociales y cambios en el sistema político. La recomposición de las fuerzas sociales mediante el surgimiento de elites transnacionales tuvo la capacidad de transitar de acuerdo a la ocupación norteamericana a una base geopolítica contrainsurgente en los años ochenta y cimiento contrarrevolucionario en Centroamérica. En 1989, la fracción transnacional asume el poder del Estado, orientándose a un modelo neoliberal e inserción a la economía global. No obstante ello, en Honduras si bien no hubo conflicto armado, las condiciones para ello existían al igual que en El Salvador y Nicaragua, lo que explica que las válvulas de escape dosificaran dicho conflicto a través de la violencia posconflicto. En este sentido, de acuerdo estadística policial internacional el año 2005 Honduras registraba 16 grupos pandilleros, lo que comprende un total de 36.000 miembros, por cierto en armas. Las características estructurales comunes que explican la violencia posconflicto yacen, entre otras causas, en la ausencia de un Estado solidario que deja existir el abandono y la carencia social. Por otra parte, en Centroamérica debido a la alta criminalidad, ya se ha instalado un Estado posnacional, caracterizado en que las policías privadas superan en número de miembros a las policías públicas. Todo este escenario configura, en particular en Honduras, un cuadro político-social de alta complejidad que debe ser analizado responsablemente desde una visión político-estratégica global y no parcial desde la experiencia histórica del nacionalismo metodológico de los países de la región en particular.
Honduras es un país, cuyos grupos populares, difícilmente denominados como clases debido a la no certera existencia de conciencia de clase, no tienen expresión en el sistema de partidos. Sólo los grupos dominantes se manifiestan en la estructura de los partidos políticos. Por lo tanto, los parlamentarios y presidentes en Honduras representan diversos grupos dominantes y a sus respectivos intereses de clase que se articulan políticamente en los poderes del Estado. Esto es crucial para entender el actual momento de crisis. Zelaya fue electo como presidente de la república en representación de un o de unos de los grupos dominantes, cuyo canal político es el Partido Liberal-Constitucionalista. El discurso de campaña y vencedor de Zelaya fue el discurso anticriminalidad, lo que se ajusta plenamente a la situación social del país. Sin embargo, algo pasó en el curso de su mandato que lleva a cabo un cambio de giro e integra a Honduras, unilateralmente, al ALBA. Se suma a ello, determinadas intenciones de reelección que llevan en última instancia a la crisis institucional. Crisis institucional que se entiende, desde la perspectiva de Honduras, como un conflicto entre y dentro de grupos dominantes de la estructura de partidos políticos de la oligarquía y elite transnacional hondureña. En otras palabras, un conflicto al interior del bloque sociopolítico dominante.
Más allá de discutir si técnicamente hubo o no golpe de Estado, el problema de fondo surge por el conflicto internacional que afecta a los países de la región. Un conflicto entre democracias insuficientes, pero más o menos democráticas, y democracias degradadas, más o menos dictaduras. En estricto rigor, aparece el enfrentamiento entre las democracias tradicionales latinoamericanas y el régimen político liderado por Hugo Chávez en Venezuela. Esta conflictividad internacional detonada por la asonada de la tendencia de la democracia degradada lleva a fragmentaciones internas de algunos países que pueden derivar en situaciones de insospechadas y sorpresivas consecuencias. Esto implica un desafío de difícil salida para la OEA en caso de no comprender la situación hondureña en su global singularidad.
La OEA debe hacer valer criterios democráticos universales para resolver el conflicto hondureño y no contribuir a generar tensiones políticas que solo favorecen escenarios más conflictivos de lo que hoy se presentan. Esto es, buscar una salida a través de los mecanismos democráticos tradicionales que en última instancia son las elecciones democráticas. Cualquier otra salida puede detonar aún más el grado de conflicto existente. De persistir salidas no electorales del conflicto, además de deslegitimar la gestión política de la OEA, potencia la belicosidad de la crisis, ya que tal como lo señala Iván Witker: La crisis hondureña sólo invita al pesimismo. Sus ingredientes hacen inviable la idea de una mediación de tipo multilateral, que quizás logre apaciguar momentáneamente los ánimos, más no una solución de largo plazo. No sólo porque los sucesos ocurren en una de las zonas levantiscas por excelencia, sino debido a lo ineluctable que son ciertos procesos históricos y que Trotsky graficaba con notable precisión: "Es posible que alguien no quiera mirar la guerra, pero ésta es inevitable cuando ella te mira".
Es preciso entender que el enfrentamiento entre democracias insuficientes más o menos democráticas y democracias degradadas más o menos dictaduras debe ser entendido y asumido por la OEA. De tal modo, que ésta pueda mensurar y ponderar de mejor manera el trato de los conflictos regionales y evitar, en consecuencia, su deslegitimación regional y con ello, lo más importante, un conflicto, probablemente armado, de carácter regional de alcance amenazante insospechado para la seguridad regional y democrática de América Latina.
Gonzalo Wielandt
Doctor © en Sociología, LMU München.
Experto en Política estratégica global, Conflicto posnacional y violencia posconflicto.
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