A DIEZ AÑOS DE LA “MEMORIA DEL SILENCIO”. Jaime Esponda F.

Este 25 de febrero se cumplen diez años desde que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) emitiera su informe final, titulado “Memoria del Silencio”, referido al enfrentamiento armado interno sufrido por ese país, entre 1962 y 1996, que deparó un total estimado de doscientas mil victimas fatales, de las cuales más del ochenta por ciento pertenecía a los pueblos originarios.Tal como ocurrió en otros países de la región, el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en el curso de las tratativas de paz que culminaron en 1996 con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, recogieron, aunque a regañadientes, el clamor de la sociedad civil y de la comunidad internacional de “conocer y hacer pública la verdad”, como requisito indispensable para lograr la reconciliación del país. El objetivo principal asignado a la CEH comprendió investigar los hechos acaecidos en aquella guerra fratricida, a fin de ofrecer “elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido (…) abarcando todos los factores, internos y externos” y, también, formular recomendaciones encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional.
El rol protagónico de las Naciones Unidas en la creación y gestión de la CEH obedeció a que, desde sus inicios, la ONU se involucró en el proceso de paz, como moderadora de las conversaciones entre las partes y, a través de su Misión en Guatemala (MINUGUA), verificadora de sucesivos acuerdos. Así, el Secretario General nombro como comisionado coordinador de la CEH a Christian Tomuschat, quien, a su vez, designo a los dos comisionados de nacionalidad guatemalteca, Alfredo Balsells y Otilia Lux; y fue la ONU que, mediando la cooperación internacional, sostuvo el funcionamiento y la gestión financiera de la CEH y de todo su personal de apoyo, bajo la responsabilidad de Fernando Castañón.
Para todas las personas que asistieron, hace una década, al Teatro Nacional es inolvidable el momento en que Christian Tomuschat, al entregar del informe final, leyó el siguiente párrafo: “agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”, es decir, realizados "con la intención de destruir total o parcialmente a dichos grupos”.
Esta fue, sin duda, la conclusión más impactante del informe, basada en una investigación que estableció que “en varias regiones del país, el Ejército identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla”, fuertemente influido por prejuicios racistas evidenciados en la circunstancia de que “el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a un determinado grupo étnico”. Dicha identificación se tradujo en “el exterminio masivo de comunidades mayas inermes”, incluidos niños, mujeres y ancianos, “aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado”. Se trata de las 626 masacres atribuidas por la CEH al Ejército de Guatemala.
En general, la Comisión documentó violaciones de derechos humanos que afectaron a un total de 42,275 víctimas, de las cuales 23,671 corresponden a ejecuciones arbitrarias y 6,159 a casos de desaparición forzada, a manos del Ejército. En cuanto corresponde a la guerrilla, el informe consignó que le fue atribuible el tres por ciento de aquellas violaciones, destacando 32 masacres, entre cuyas víctimas también aparecen mujeres y niños, ejecuciones arbitrarias y reclutamiento forzado de menores.
Sobre la base de sus conclusiones y de acuerdo con su mandato, la CEH presentó recomendaciones al Gobierno de Guatemala. En relación con la persecución de las responsabilidades penales derivadas de las violaciones de derechos humanos y actos de genocidio, si bien tales conclusiones y recomendaciones no revisten carácter vinculante, lo cual ha sido hasta hoy motivo de crítica por personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, la Comisión fue muy clara en señalar al Estado su obligación de hacer efectivas dichas responsabilidades, “persiguiendo, enjuiciando y castigando” los crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado, en particular, "los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala".
Respecto a medidas de reparación a las víctimas y sus familiares, la Comisión recomendó al Gobierno poner en marcha un programa que comprendiese “medidas individuales y colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural”, entre las cuales, desde luego, se prioriza el resarcimiento material, mediante indemnizaciones y, específicamente, la restitución de tierras a los indígenas, sin perjuicio de las correspondientes medidas de rehabilitación y reparación psicosocial, moral y simbólica. Interesante fue la recomendación de que el Estado costease estas medidas, “poniendo en marcha la reforma tributaria globalmente progresiva establecida en los Acuerdos de Paz” y mediante “una reorientación de los gastos de inversión social y la disminución de los gastos militares”.
Trascendiendo las derivaciones directas de los casos particulares, el informe postula la “primacía del poder civil” sobre el militar y, en consecuencia, recomienda introducir profundas reformas de inspiración democrática a la legislación y a la doctrina militar, de acuerdo a “criterios jurídicos, morales y doctrinales acordes con la Constitución Política de la República y las reformas de la misma derivadas del cumplimiento de los Acuerdos de Paz”. En seguida, abordando “una de las causas históricas del enfrentamiento armado”, se aborda también el fenómeno del racismo y la exclusión de los pueblos indígenas, para cuya superación la Comisión insta a que se cumpla en su integridad el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que, en 1999, ya había enterado cuatro años de vigencia. Por último, haciendo tácita referencia a otra de las causas del enfrentamiento armado, la CEH recomendó al Gobierno realizar “con urgencia una reforma fiscal justa, equitativa y globalmente progresiva” que, por lo demás, estaba ya contemplada en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que las partes suscribieron el 6 de mayo de 1996.
A diez años de “La Memoria del Silencio”, si bien han operado positivos cambios en Guatemala, principalmente, la consolidación de la democracia representativa, el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha sido parcial. Desde 2003, se han impulsado programas de compensación económica que constituyen solo el inicio de una política de reparación integral como la planteada por la CEH y que han sido criticados por víctimas que se dicen discriminadas o que denuncian incumplimiento de compromisos adquiridos con ellas por el Estado. Por su parte, la Comisión del Organismo Ejecutivo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2006, no tuvo la aptitud de optimizar los esfuerzos para dar con el paradero de las víctimas.
Sin duda, la situación más delicada dice relación con las consecuencias penales de los crímenes atroces cometidos durante el enfrentamiento armado interno. La impunidad de los responsables de genocidio, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales se mantiene, salvo excepciones como el asesinato de Myrna Mack. En no más de cinco de los 626 casos de masacres documentadas por la Comisión los tribunales ordinarios han dictado sentencia condenatoria. De ello se desprende que el Estado de Guatemala no ha cumplido su obligación de investigar, procesar y sancionar penalmente a los responsables. Tal es la causa por la cual se incoan procedimientos en la judicatura española, cuyos resultados, de no mediar inimaginables extradiciones de los imputados, son perfectamente predecibles, como ha ocurrido con las solicitudes de captura y extradición de Ríos Montt, caso emblemático de impunidad que, en Guatemala, se prolonga por años y se encuentra virtualmente paralizado.
El Gobierno encabezado por el Presidente Alvaro Colom es depositario de la esperanza de la comunidad internacional en que, al fin, el Ejecutivo velará por que se cumpla la obligación de hacer efectivas las responsabilidades derivadas de tan condenables hechos. Si bien en este primer año de ejercicio del Ejecutivo no se ha observado una alteración de la situación precedentemente descrita que dé inicio seguro a un cambio integral, profundo y efectivo del sistema judicial, el anuncio presidencial de que ordenará abrir los archivos del Ejército, los cuales podrían contener antecedentes de valor para el esclarecimiento judicial de violaciones de derechos humanos, así como su promesa de que hará “todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad”, han sido valorados como un signo del compromiso del mandatario para encaminar al país hacia una situación que permita el cumplimiento pleno de las responsabilidades del Estado.
Pero, más allá del desenlace judicial de las pasadas violaciones de derechos humanos, el Presidente Colom tiene sobre sus hombros una tarea aún más compleja, que nadie exige se cumpla íntegramente en su periodo de gobierno: remover las causas profundas del largo enfrentamiento armado, aún insuperadas: una estructura económica de concentración extrema y radicalmente desigual y excluyente, ligada a la cultura racista y discriminatoria de quienes detentan el poder económico. Hoy, la respuesta no será la insurrección armada, como en 1962, pero si se abandonase la suerte del país al desarrollo natural de los acontecimientos podrían sobrevenir sucesos no menos dolorosos que los del pasado. El Gobierno del Presidente Colom tiene la oportunidad histórica de acelerar el camino hacia la Paz Justa y Duradera basada en la Justicia, del que Guatemala solo ha transitado el trecho inicial.
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