Propuesta estatista de la DC . La Segunda Editorial.

Ante la actual crisis mundial han resurgido en la DC las nostalgias estatistas. Así, el presidente del partido, Juan Carlos Latorre, ha planteado que el Estado intervenga de manera más directa, y propuso una reforma constitucional para que el Gobierno asuma un papel protagónico respecto de las empresas en problemas financieros o en vías de quiebra. El Estado chileno debería poder “intervenir con alguna participación en la empresa o alguna otra fórmula para evitar el desempleo”, plantea.
Su propuesta encontró un apoyo sólo relativo en la Concertación. Ricardo Solari, vicepresidente del PS, advirtió que “es un riesgo usar el dinero de los contribuyentes para una política que pueda terminar siendo regresiva y menos eficiente que trasladar directamente ingresos a los hogares más modestos, mediante los instrumentos de que el Estado dispone hoy”. Pero en el Gobierno, el ministro Secretario General (s) dijo que el planteamiento “es bienvenido y se estudiará”. Una alta fuente lo estimó “muy razonable, pero se debe aclarar que no se trata de un modelo de intervención donde el Estado pase a controlar el 100% de la empresa, sino de una fórmula que permita que el Estado ayude a la compañía para que ésta siga funcionando”.

En la Alianza, el empresariado y centros de estudios como Libertad y Desarrollo, el rechazo fue completo. En LyD se la calificó como una idea totalmente superada por la historia hace más de 30 años, que sólo complicaría más los problemas de las empresas. En Chile —recordaron— funciona el cambio de giro, y la Ley de Quiebras permite utilizar los factores productivos de las empresas que quiebran. Al intervenir, “lo que está haciendo el Estado es financiar las pérdidas de algunos privados con dineros de todos los contribuyentes”. En todo caso, la Constitución permite al Estado participar en la actividad empresarial, siempre que sea autorizado por una ley de quórum calificado (art. 19, N°21) —la misma fórmula que utilizó EE.UU. para aprobar el plan de rescate financiero—, mas no por simple decisión administrativa del Ejecutivo. Un alto dirigente de la Sofofa coincidió en que existen otros mecanismos más eficientes para traspasar recursos en forma directa y focalizada a los sectores más vulnerables, “sin tener que transformarse en Estado-Empresario”.

Técnicamente, este debate está zanjado. Pero, en un año electoral, puede tomar forma la tentación de crear una polémica para hacer aparecer a la oposición como socialmente insensible. Ya ocurrió así con la reforma laboral, en la campaña presidencial de 1999. En tiempos de dificultad, ideas erradas, pero con un buen envoltorio, pueden resultar más atractivas que las correctas, pero de más difícil comprensión
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