lunes, marzo 02, 2009

De fines y medios . Jorge Navarrete.


Defendí en esta misma tribuna la conveniencia y legitimidad de un pacto electoral entre la Concertación y el partido Comunista. Frente a la imposibilidad de modificar una ley que ha marginado a un importante sector político del parlamento, un acuerdo de esta naturaleza, amén de optimizar las posibilidades electorales de ambos, permitiría en los hechos poner término a la exclusión.

Dicho esto y cuando todavía resuenan los ecos del viaje de la Presidenta Bachelet a Cuba, ha resucitado una vieja polémica al interior del progresismo, la que a mi juicio merece un debate más serio y sereno, el que ojalá esté por encima de la guerrilla de descalificaciones que hemos escuchado durante los últimos días.

En el contexto de un mundo polarizado por la Guerra Fría, la Democracia Cristiana nació a la vida política como un partido que defendió que los indispensables esfuerzos por una mayor justicia social no eran incompatibles con el irrestricto respeto a los principios que inspiran una democracia. Esta idea fue bellamente expresada por Radomiro Tomic en el III Congreso Ideológico de la DC, al afirmar: “somos las legión de los que creen y combaten por hacer simultáneos el pan y la esperanza; somos la síntesis entre la justicia y la libertad”.

Ese mismo concepto inspiró el nacimiento de la Concertación de Partidos por la Democracia, que más allá de los esfuerzos que hizo la dictadura y la derecha por mostrar las bondades de la modernización económica -y, por esa vía, justificar o explicar las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en nuestro país-, abrigó la convicción de que no hay prosperidad posible para un pueblo cuyos ciudadanos ven sistemáticamente conculcados sus derechos y libertades políticas.

Permítanme expresarlo de forma más brutal y categórica: esto es lo que distingue a quienes creen, o no, en la democracia. Es cierto que la mayoría de los dirigentes de la derecha chilena que hoy critican al gobierno por su condescendencia con el régimen cubano, son los mismos que ayer colaboraron en forma entusiasta o justificaron la dictadura de Pinochet. Pero todo eso no debe oscurecer otra verdad incómoda para muchos: también una parte de nuestra izquierda adolece de un doble estándar inaceptable.

Embriagados por cualquier retórica que se adorne con ese sonsonete revolucionario -con la complicidad de una industria mediática y cultural que ha banalizado las atrocidades de las dictaduras de izquierda- intelectuales, escritores y políticos de la más diversa monta y talento han caído en la tentación de distinguir entre dictaduras malas y buenas. En ese contexto, las declaraciones del Secretario General del PC, Guillermo Tellier, afirmado que en Cuba hay libertad de expresión para la disidencia, no sólo son una obscenidad política, sino peor, constituyen una burla y afrenta a la causa de la lucha por los derechos humanos en Chile y en el mundo.

He aquí la cuestión fundamental entonces. ¿Es posible, incluso en un escenario de un pacto político electoral, aun carente de cualquier acuerdo programático, soslayar este gravísimo hecho? ¿Puede la Concertación en general, y la DC en particular, aunque sea por la noble causa de terminar con la exclusión, ser parte de una lista con sectores que carecen de esta más mínima convicción democrática?

Si de verdad esta discusión es más de principios que de rendimiento electoral, hay un punto que me parece atendible: quizás el imperativo ético y político de hacer más igualitaria e inclusiva nuestra democracia, deba acometerse por otras vías que no signifiquen acompañarse por partidos o personas que no creen en ella.

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