Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela
Informe de Human Rights Watch. que motivo la expulsion de Vivanco en Venezuela.
Resumen ejecutivo
En diciembre del 2008 se cumplirán 10 años desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El Presidente Chávez fue elegido con el compromiso de reformar el profundamente desacreditado sistema político venezolano. Su primer logro importante, la sanción de una nueva Constitución en 1999, fue una oportunidad extraordinaria para que el país fortaleciera el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La Constitución de 1999 amplió significativamente la protección de los derechos humanos, por ejemplo, al otorgarle prevalencia a las obligaciones jurídicas internacionales en esta materia por sobre las leyes internas. También creó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia e intentó dotarlo de la independencia institucional necesaria para actuar como el último garante de los derechos fundamentales.
Sin embargo, esta oportunidad histórica ha sido, en gran medida, desperdiciada. El revés más dramático se produjo en abril de 2002, cuando un golpe de estado destituyó temporalmente a Chávez de su cargo y lo reemplazó con un presidente de facto quien, en su primer acto de gobierno, disolvió las instituciones democráticas del país, suspendió la legislatura y desarticuló al Tribunal Supremo. A las 40 horas el golpe había llegado a su fin, Chávez volvió a ocupar su cargo y se restableció el orden constitucional. No obstante, si bien esta desestabilización de la democracia venezolana duró menos de dos días, ha acechado a la política de ese país desde entonces al darle al gobierno un pretexto para adoptar una amplio espectro de medidas que han debilitado garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1999.
La discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. En algunas oportunidades, el presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. En términos más generales, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.
Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1999 y, en especial, de la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger derechos fundamentales. Después del golpe de 2002, lo más perjudicial para el estado de derecho en Venezuela fue que en 2004 Chávez y sus aliados coparan el Tribunal Supremo con aliados del gobierno.
Ante la ausencia de una fiscalización judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado políticas con frecuencia discriminatorias que han afectado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
Este libro examina el estado de la democracia venezolana actual desde una perspectiva de derechos humanos. No aborda todas las cuestiones urgentes de derechos humanos que enfrenta el país hoy en día, muchas de las cuales son anteriores a la presidencia de Chávez. Más bien, se concentra en el impacto que las políticas del gobierno de Chávez han tenido sobre instituciones que desempeñan un rol fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos: los tribunales, los medios de comunicación, los sindicatos y la sociedad civil.
Las conclusiones del libro se basan, principalmente, en una investigación desarrollada por Human Rights Watch durante varias visitas a Venezuela entre diciembre de 2006 y julio de 2008. También utiliza información obtenida durante visitas previas, realizadas a partir del año 2002. Human Rights Watch llevó a cabo extensas entrevistas con funcionarios del gobierno, autoridades judiciales, juristas, académicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas en Venezuela. http://hrw.org/spanish/reports/2008/venezuela0908/1.htm#_Toc207123475
Resumen ejecutivo
En diciembre del 2008 se cumplirán 10 años desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El Presidente Chávez fue elegido con el compromiso de reformar el profundamente desacreditado sistema político venezolano. Su primer logro importante, la sanción de una nueva Constitución en 1999, fue una oportunidad extraordinaria para que el país fortaleciera el estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La Constitución de 1999 amplió significativamente la protección de los derechos humanos, por ejemplo, al otorgarle prevalencia a las obligaciones jurídicas internacionales en esta materia por sobre las leyes internas. También creó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia e intentó dotarlo de la independencia institucional necesaria para actuar como el último garante de los derechos fundamentales.
Sin embargo, esta oportunidad histórica ha sido, en gran medida, desperdiciada. El revés más dramático se produjo en abril de 2002, cuando un golpe de estado destituyó temporalmente a Chávez de su cargo y lo reemplazó con un presidente de facto quien, en su primer acto de gobierno, disolvió las instituciones democráticas del país, suspendió la legislatura y desarticuló al Tribunal Supremo. A las 40 horas el golpe había llegado a su fin, Chávez volvió a ocupar su cargo y se restableció el orden constitucional. No obstante, si bien esta desestabilización de la democracia venezolana duró menos de dos días, ha acechado a la política de ese país desde entonces al darle al gobierno un pretexto para adoptar una amplio espectro de medidas que han debilitado garantías fundamentales establecidas en la Constitución de 1999.
La discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. En algunas oportunidades, el presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. En términos más generales, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos y golpistas, independientemente de que éstos tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.
Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1999 y, en especial, de la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger derechos fundamentales. Después del golpe de 2002, lo más perjudicial para el estado de derecho en Venezuela fue que en 2004 Chávez y sus aliados coparan el Tribunal Supremo con aliados del gobierno.
Ante la ausencia de una fiscalización judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado políticas con frecuencia discriminatorias que han afectado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
Este libro examina el estado de la democracia venezolana actual desde una perspectiva de derechos humanos. No aborda todas las cuestiones urgentes de derechos humanos que enfrenta el país hoy en día, muchas de las cuales son anteriores a la presidencia de Chávez. Más bien, se concentra en el impacto que las políticas del gobierno de Chávez han tenido sobre instituciones que desempeñan un rol fundamental para asegurar el respeto de los derechos humanos: los tribunales, los medios de comunicación, los sindicatos y la sociedad civil.
Las conclusiones del libro se basan, principalmente, en una investigación desarrollada por Human Rights Watch durante varias visitas a Venezuela entre diciembre de 2006 y julio de 2008. También utiliza información obtenida durante visitas previas, realizadas a partir del año 2002. Human Rights Watch llevó a cabo extensas entrevistas con funcionarios del gobierno, autoridades judiciales, juristas, académicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas en Venezuela. http://hrw.org/spanish/reports/2008/venezuela0908/1.htm#_Toc207123475
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