Fallo de Tribunal DC....Carta diario EL MERCURIO 05 AGOSTO 2007

Señor Director:

A riesgo de ser sancionado por el Tribunal del Partido Demócrata Cristiano, me permito públicamente disentir de dos increíbles afirmaciones que hace en su fallo de mayoría. Se dice "no es permisible que dichos acuerdos sean cuestionados públicamente por sus militantes (6º)", y lo que se expresa en el Considerando 12º en cuanto a que el pacto relativo a los derechos humanos que tiene rango constitucional en Chile, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, sería aplicable al único "sujeto obligado por dicho tratado que es el Estado de Chile".
Estas dos afirmaciones, firmadas por distinguidos camaradas, uno ex ministro de Relaciones Exteriores y otros destacados jefes jurídicos de la
Cancillería y de la Corfo, y la subsecretaria de Justicia, me parecen un
error descomunal y son un retroceso inconcebible no sólo de nuestra democracia partidaria, sino que constituyen un retroceso de todo lo que hemos logrado en materia de libertades a partir del año 1990. Pienso que ni siquiera Stalin se habría atrevido a poner por escrito una afirmación que pretende amordazar la crítica política, eliminando el derecho a cuestionar los acuerdos políticos. Situaciones de discrepancia interna han existido siempre y recuerdo la oposición que se nos hizo -hace veinte años- por un ex presidente del partido y destacados militantes al acuerdo de la inscripción de la Democracia Cristiana en el Registro de Partidos para participar en el
plebiscito de 1988. Esos militantes -Fuentealba, Huepe, Palma, Sandoval, Pacheco, entre otros muchos- llegaron incluso a no inscribirse en un acto de rebelión, de conciencia, según expresaron en su época. A nadie se le ocurrió pasarlos a ningún tribunal.
En cuanto a que el Pacto de San José de Costa Rica se aplique al sujeto Estado, nos parece una trasnochada visión del derecho internacional. El pacto precisamente garantiza derechos individuales en el más amplio y estricto sentido ante cualquier amenaza o atentado, y obliga, en
consecuencia, a todos los órganos de una sociedad de la misma forma que la Constitución obliga a toda la sociedad, ya sean órganos del Estado o los ciudadanos, materia que hoy día nadie discute en la doctrina constitucional moderna.
RAMÓN BRIONES ESPINOSA
Abogado