La renovación que queremos.Marta Canto es Secretario General del Instituto Jorge Ahumada y Álvaro Ramis es Ex Presidente de la FEUC.

Un antiguo proverbio chino afirma que cuando se apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo.

Eso nos puede pasar si reducimos las demandas de cambio y renovación de la política a un par de gestos, a cuatro nombres de dirigentes partidarios y una docena de frases clichés. Por cierto que es necesario que los partidos de la Concertación sean capaces en lo inmediato de dar muestras de desprendimiento político, de generosidad cívica y altura de miras, superando la sordera por conveniencia en que caen sus dirigentes. El problema es que la crisis del actual sistema de partidos no se supera sin una agenda de transformaciones mucho más ambiciosas. La luna a la que apuntan las pifias ciudadanas desafía a algo mucho mayor que es necesario saber reconocer y cambiar, cueste lo que cueste.
En primer lugar se apunta a la disociación endémica entre ética y política. No sólo se trata del reclamo por la fidelidad de los partidos a sus postulados y principios fundamentales. También es una demanda de coherencia en la ética procedimental, en la manera como se hacen las cosas. Fidelidad por lo tanto ideológica, pero sobre todo fidelidad práctica, que se exprese en la autorregulación de las definiciones que los propios partidos hacen de su vida interna, de su relación con el Estado, de sus formas de deliberación y sanción de propuestas, candidaturas y posiciones.

La condición sine qua non para todo este proceso es contar con dirigentes políticos con la humildad necesaria para decir “me equivoqué”, “no tomé en cuenta la opinión de las personas”, “no escuché a quienes debía”.

Por mucho tiempo se ha culpado de este déficit ético a la ausencia de una legislación sobre partidos políticos que sea apropiada. Sin embargo, este argumento oculta que los primeros llamados a clarificar sus formas de funcionar, proceder y operar son las orgánicas políticas mismas. Nada impide que un partido pueda generar normas estrictas, que definan la necesidad de impulsar de motu proprio recambios generacionales, cuotas de participación por sexo, limites estrictos al nepotismo, al clientelismo y a toda forma de corrupción, incluso de aquella que la ley permite y ampara en la actualidad.

¿Qué impide a un partido hacer público un código de ética que explicite sus compromisos en estas materias, que vaya más allá de las exigencias legales? Un código de buenas prácticas, con altos estándares de responsabilidad y transparencia, que abarque no sólo a todos los cargos electos del partido, sino también a los militantes con algún cargo de responsabilidad aunque no hayan sido elegidos por elección directa, a los responsables internos y a todos los funcionarios del partido.

Un segundo reclamo apunta a superar la endémica distancia entre el mundo social y el mundo político. Esta distancia explica buena parte de la esterilidad de muchas de las buenas ideas e intenciones que han abundado en estos últimos veinte años. La experiencia nos muestra que en Chile no es posible alcanzar los grandes objetivos democratizadores y de justicia social que la gran mayoría de la nación anhela sin consolidar antes “la unidad política y social del pueblo”. Esta unidad no se puede entender sólo como un pacto entre partidos, sino como la construcción de un bloque histórico por los cambios, que incluya a la sociedad civil organizada, con el fin de alcanzar metas de progreso económico, de superación de las desigualdades y de construcción de un Estado capaz de garantizar, en forma cada vez más extensiva y exigible, los derechos de la ciudadanía.

Esta unidad debería entenderse como algo más ambicioso que en un pacto entre cuatro partidos. Se trata de recrear una articulación entre partidos, movimientos sociales, ONGs, sindicatos y nuevas formas de participación social que permita ampliar los límites de la institucionalidad heredada, tal como se hizo en los años negros de la dictadura. Recordemos que en ese tiempo se configuraron espacios que convocaban sin distinción partidista a todos los que anhelaban el cambio democrático.

Un proceso de esta naturaleza debería posibilitar la emergencia de una forma de participación ciudadana mucho más clara, directa, y lúcida. A su vez, los partidos políticos recuperarían legitimidad, prestigio, y capacidad de articulación de demandas dispersas. Pero la condición sine qua non para todo este proceso es contar con dirigentes políticos con la humildad necesaria para decir “me equivoqué”, “no tomé en cuenta la opinión de las personas”, “no escuché a quienes debía”. Tal vez es mucho pedir, pero es el único punto de partida que mostraría que más allá de las palabras hay voluntad de cambiar.