HidroAysén y el renacimiento de la política. Carlos Huneeus

Endesa tiene una historia institucional de identificación con el Estado, desde su fundación por la Corfo en los años 40. Privatizada al final del régimen militar y adquirida por sus ejecutivos, bajo el liderazgo de José Yuraszeck, se expandió a la distribución con el control de Chilectra, formando el grupo Enersis, que vendieron en 1997 a Endesa España (“el escándalo del siglo” como se conoció esa venta), infringiendo la ley de sociedades anónimas por atender sus intereses y no los de los accionistas.

Al igual que la jerarquía de la Iglesia Católica, que ignoró el huracán que se estaba incubando por las denuncias de abusos contra niños y la condujo a una grave crisis, las autoridades deben tomar en serio la importancia de la demanda medioambiental a la cual adhiere la mayoría de los chilenos y adecuar la estrategia de “crecimiento” a ella.

La decisión a favor de HidroAysén pone de manifiesto la tensión entre débiles instituciones que deciden proyectos de gran envergadura y poderosas empresas que tienen un enorme poder para influir en las autoridades y en la opinión pública. Los neoliberales, siguiendo a F. Hayek, advierten el peligro de malas decisiones del estado, ignorando que ellas pueden ser adoptadas por la influencia del poder económico. Esta tensión es muy fuerte en un gobierno con ministros ligados al sector privado (el ministro de Energía fue un alto ejecutivo) y con un presidente que ha sido un hombre de negocios.

Esto remite a las relaciones entre la democracia y la economía. Cuando se restableció la democracia, se definió una estrategia de consolidación por el desempeño económico, justificada porque el 48% estaba en la pobreza. Esa favoreció los intereses de los empresarios, definidos como los principales actores, desconociendo los que tienen los trabajadores. No es casual que definiciones sobre el futuro de la matriz energética de Chile sean tomadas a partir de proyectos privados, que buscan sus propios intereses, aumentar el consumo, y no sean adoptadas por el estado, que debe velar por el bien común.

Esa estrategia privilegió alcanzar el “crecimiento” definido por bienes económicos, subordinando la política a alcanzar ese objetivo, y no consideró debidamente las necesidades medioambientales. Además, hubo cambios en la estrategia, porque de su definición inicial de “crecimiento con equidad”, se avanzó a buscar el crecimiento a secas, sin hacerse cargo de “las escandalosas desigualdades”. Disminuir la pobreza no conduce a una mayor justicia social y económica. La autoridad descuido los intereses de sus votantes, que le dieron la espalda en las elecciones de 2009.

El país ha crecido, saliendo del subdesarrollo, y la definición de “crecimiento” de 1990 está obsoleta, no sólo por sus debilidades, sino también porque enfrenta nuevos y más complejos desafíos. No es la pobreza la tarea dominante, sino la vulnerabilidad de los estratos populares y medios; se debe controlar la riqueza, porque es fuente de poder político que puede dañar la calidad de la democracia. Y el medio ambiente tiene que ser integrado al corazón de la estrategia de desarrollo. Los ciudadanos tienen menos preocupación por los bienes materiales, que los poseen, sino por bienes inmateriales, “postmateralistas”. Los electores quieren servicios públicos de mayor calidad y una mejor calidad vida, en lo cual la protección de la naturaleza ocupa un lugar prioritario.

Este cambio de intereses se expresó en Europa la primera generación después de la II guerra mundial, terminada la reconstrucción. Los jóvenes exigieron una mejor educación, demandas que no fueron atendidas y llevaron a las protestas estudiantiles en Alemania y Francia en 1967 y 1968, que obligaron a los gobiernos a introducir profundos cambios en las universidades.

Al igual que la jerarquía de la Iglesia Católica, que ignoró el huracán que se estaba incubando por las denuncias de abusos contra niños cometidos por sacerdotes y la condujo a la grave crisis en que se encuentra, las autoridades deben tomar en serio la importancia de la demanda medioambiental a la cual adhiere la mayoría de los chilenos y adecuar la estrategia de “crecimiento” a ella. Las protestas de Hidroaysén van más allá de la cuestión energética del país. Un millón de jóvenes en la educación superior es un resultado de esta estrategia de crecimiento y son ellos los que plantean exigencias que la autoridad no podrá eludir.

También es un potente mensaje para la Concertación, que se alejo hace años del movimiento estudiantil y sin la confianza de los jóvenes no podrá ser una real alternativa de poder el 2012 y el 2113.

De la subordinación de la política a la economía que hubo desde 1990, se sebe avanzar a la primacía de la política, con autoridades capaces de decidir de acuerdo a los intereses generales del país.