El asistencialismo conservador de Sebastián Piñera. Julio Reyes V

El Presidente Piñera ha señalado en diversas oportunidades que su principal batalla es contra la pobreza y por eso releva el Ingreso ético familiar y su primera etapa denominada Asignación Social como una política social innovadora que tiene $64.000 millones este 2011 para dar "una bonificación extraordinaria que será destinada a las familias que forman parte del Programa Chile Solidario y se encuentren en situación de extrema pobreza”.

Esta Asignación Social incrementa las transferencias directas ($38.500 mensuales promedio por grupo familiar) a las casi 130.000 familias del programa Chile Solidario (que beneficia a las familias que viven en la indigencia o extrema pobreza) e inaugura -a juicio de muchos- una política social marcada por un fuerte asistencialismo conservador en que reduce el problema de la extrema pobreza a la escasez de ingresos y que apuesta a que la entrega de bonos generara el efecto estadístico de disminuir la indigencia y no disminuirá las brechas y desigualdades sociales que nos ubica como el país más desigual de la OCDE.Estas transferencias de la Asignación Social de Mideplan -que llega al 22% de las familias que viven en condición de pobreza- tienen débiles mecanismos para su condicionalidad ya que por ej. el 97% hoy va al programa de control del niño sano y lo mismo ocurre con la matrícula en la educación básica.El incentivo a la inserción laboral de las mujeres -propuesto por Mideplan- no derriba las barreras de entrada existentes en las empresas y probablemente no funcione este diseño de premio a la persona por 3 cotizaciones previsionales continuas sin estímulo al empleador (como ocurre en el subsidio al empleo de los jóvenes).Lamentablemente en el diseño Piñera/Kast no hay mecanismos de empoderamiento para esas familias y sólo se le transfieren bonos por conductas sociales logradas, lo que las hace dependiente del gobierno de turno que decidirá si hay o no bonos y pueden terminar estos recursos en facilitar un clientelismo electoral que tanto la gusta a la derecha popular.Una política progresista que empodera y potencia socialmente debe apuntar a la inclusión social y debiera tener reales estímulos a la inserción laboral, en este caso para las mujeres jefas de hogar y para que los hijos de estas familias accedan a la educación pre-escolar (sala cuna y jardín) donde se produce el estímulo más poderoso para tener una mejor educación que los prepare para el futuro.Una política social democrática debe darle prioridad al tema de la empleabilidad y la incorporación al mercado del trabajo (que incluso premie la búsqueda de empleo y la capacitación) y al desarrollo de incentivos a la generación de ingresos propios como fórmula para salir de la extrema pobreza; ya que el principal drama que se vive hoy es que el 80% de las personas del quintil más pobre no tiene trabajo estable. Hacer una inversión social de esta magnitud (US$ 130 millones anuales) para apoyar a las familias más vulnerables requiere un consenso político y técnico (que desafortunadamente este Gobierno no ha buscado) que desemboque en buenas políticas públicas que estimulen y empoderen a esas familias que viven en la pobreza y no las conviertan en “adictas” al bono del gobierno de turno.