Director de Gendarmería . Pamela Pereira. Carta a la Segunda

Señora Directora:
El nombramiento del Sr. Iván Andrusco como director de Gendarmería razonablemente ha provocado un fuerte rechazo no sólo de las familias de víctimas de crímenes ocurridos durante la dictadura, sino también de quienes tienen una mirada de sociedad que se corresponde con la democracia y sus valores de respeto a los derechos humanos. Durante la dictadura militar, se crearon para realizar tareas represivas distintos organismos (DINA, CNI, Comando Conjunto, DICOMCAR y otros). Quienes formaron parte de éstos fueron elegidos por sus mandos, pero a la vez cada cual comprometió su voluntad y tuvo la decisión de ser parte de los mismos. En dichos organismos no hubo personas contra su voluntad. Para su quehacer represivo, utilizaron recintos secretos de detención, la tortura como su práctica cotidiana de interrogatorios, secuestraron, asesinaron, y allanaron domicilios entre otras conductas. Estas, realizadas con carácter sistemático, constituían desde la época de su comisión crímenes de lesa humanidad....Una mirada del problema es la relativa a las responsabilidades penales, pero una mirada de sociedad y desde la ética política nos conduce necesariamente a preguntarnos si quienes integraron con mando operativo tales organismos represivos tienen la legitimidad para en condiciones de normalidad democrática ser reconocidos sin más como autoridades, a partir de una designación política tan importante como lo es la jefatura de un servicio público —Gendarmería— en que por las funciones que realiza cuenta con personal armado. A nadie que fue parte de un engranaje organizado para violentar la dignidad humana, y permaneció en dicha entidad por propia voluntad, porque no se conoce ningún antecedente que la persona de que se trata haya renunciado en algún momento a tal organismo, es posible reconocerle legitimidad como autoridad del Estado.

Valoro que el gobierno del Presidente Piñera mantenga sin cuestionamiento alguno el programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, y que incluso en su jefatura haya designado a una persona que muestra una gran convicción de agilizar la tramitación de procesos pendientes. Pero, en el asunto que nos ocupa, el razonamiento gubernamental es equivocado, al suponer que el tema en debate se resuelve según una decisión tribunalicia. Eso lleva a una conclusión errada, porque éste es un tema de sociedad que está más allá del espacio judicial. Este es un asunto que se resuelve desde la política, en la medida en que se da la realidad de una persona nombrada en un cargo de autoridad, sin que al parecer hubiere explicitado a quienes lo nombraron que él también fue parte del engranaje de una entidad represiva que detuvo ilegalmente, torturó y asesinó personas. Para las decisiones políticas no se requieren sentencias judiciales. Estas últimas sólo se requieren para que alguien cumpla sanción penal.

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