La UDI protege a su gente . Ricardo Solari

Entre los políticos se suele decir que el último partido leninista que sobrevive en Chile es la UDI. Esta frase se explica por la disciplina, sentido de equipo, verticalismo y habitual unanimidad que existen en esa organización de derecha.
Aunque esta unanimidad se rompió en la última elección de su directiva nacional, a partir de la competencia abierta por el diputado conservador José Antonio Kast, nunca se trató de calificar negativamente esos atributos. El balance del crecimiento del partido desde su fundación por Jaime Guzmán, en septiembre de 1983 hasta nuestros días, es positivo. Una gran bancada de diputados y senadores e importantes alcaldes son parte del bagaje de una organización que cuenta con respaldo empresarial, una base poblacional relevante y un circuito intelectual (centro de pensamiento, universidades afines) de gran tamaño e influencia.
Pero nada es perfecto en las instituciones. La UDI cultivó por años una adhesión sin matices al régimen del general Pinochet y terminó siendo el partido que defendía la impunidad en relación con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Sólo una década después de concluido el gobierno de Pinochet, luego de que el general abandonara la comandancia en jefe del Ejército y ocurriera su detención en Londres, se vio un cierto cambio de actitud. Joaquín Lavín es el primero en el partido que gira y admite los dramas y dolores ocurridos entre 1973 y 1990.

Incluso hoy se puede concluir, en el análisis de ese ciclo histórico, que las Fuerzas Armadas fueron más lejos y más rápido que el partido de la derecha en reconocer los horrores y en ajustar cuentas con su propio pasado.

Ahora ocurre un caso parecido con los temas de probidad. Pese al papel clave que jugó Pablo Longueira para poner en marcha la agenda Pro Transparencia, acordada con el gobierno del Presidente Ricardo Lagos en el año 2004, y en el rol que han jugado los presidentes UDI de la Cámara y el Senado en la puesta en marcha de medidas que mejoren la claridad de procedimientos y gastos del Parlamento, parece ser que en la UDI lo que prima es la defensa corporativa cuando un militante es acusado de faltas a la probidad.

Así fue en el caso GMA, que involucró a los alcaldes de Huechuraba y Recoleta, aun cuando las denuncias se originaran en militantes del partido o en gente muy cercana a la organización. Solidarizaron con el curioso procedimiento de arriendo de “oficinas” de su diputado por Las Condes, no opinan sobre las también controvertidas instalaciones de su diputada en Iquique y cierran filas e incluso cuestionan al fiscal que investiga el extraño caso de triangulación de honorarios que involucra a la diputada Nogueira.

Renovación Nacional, en cambio, puso un exigente estándar al quitar el cupo parlamentario y expulsar del partido al diputado Maximiano Errázuriz por hechos de probidad, aun antes de concluirse la primera fase de la investigación judicial.

Los partidos de la Concertación, a su tiempo, entendieron que los militantes involucrados en casos de corrupción no podían ser tratados como ciudadanos comunes. En su condición de personeros políticos, están sometidos a reglas más exigentes, en donde la tesis de la condición de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario no tiene cabida. Y por eso, después de muchos equívocos, se pasó del desgarrador análisis del caso a caso, a la decisión de suspensión inmediata de militancia para todos aquellos funcionarios involucrados en casos de connotación pública, hasta que el tribunal los exonerara definitivamente de toda responsabilidad.

Falta por ver cuál va a ser el estándar UDI en estas materias. Ojalá que no sea la impunidad.
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