Gobierno y elecciones presidenciales. Victor Maldonado

Átame
Hasta hace poco, la derecha parecía tener el pleno convencimiento de que podía dictarle las normas de comportamiento al gobierno en período de campaña. Eran los tiempos en que estaba convencida de que ganaría pasara lo que pasara.
Los líderes de oposición parecían creer que les bastaba censurar una actividad catalogándola como "intervención electoral" para que dejara de hacerse. En el momento de apogeo de esta actitud parecen estar ofreciendo un trato de respeto de los prisioneros a cambio de rendición incondicional.
Pero el control democrático no es lo mismo que la imposición autoritaria. Lo que la oposición estaba haciendo era fundir en una sola cosa su papel fiscalizador en el Parlamento y la explicitación de su juicio político acerca de lo que más le convenía que ocurriera como sector en plena competencia. Desde luego, el rol fiscalizador de los parlamentarios está fuera de discusión. Se trata de un control democrático irrenunciable.
Nadie está por sobre la ley, y menos que nadie las autoridades del Estado. El uso de recursos públicos para fines partidarios está sancionado en nuestra legislación y hay que ser rigurosos en su cumplimiento. No porque la competencia electoral sea muy intensa ha de ser por ello menos limpia. Lo ideal es que ocurra a la inversa. Y el gobierno debe garantizar que así se cumpla.
En democracia se entrega poder para la promoción del bien común de la comunidad, no para obtener ventajas ilegítimas. De manera que ni éste ni ningún gobierno esté autorizado a romper las reglas del juego. Puede que pierda o puede que gane, pero siempre ha de actuar con exactitud. Otra cosa completamente distinta consiste en pretender que, porque se está en un año electoral, el gobierno ha de reducir sus actividades al mínimo, mientras que la oposición puede desplegarse a sus anchas.
En otras palabras, tampoco se han de buscar ventajas ilegítimas y desproporcionadas mediante la autocensura gubernamental, más aun en lo que se relaciona con actividades que le son más propias y esenciales. Tan perjudicial para la democracia es el exceso como la ausencia del Ejecutivo cada vez que los ciudadanos son convocados a las urnas.

Entre mudos y gritones

En particular es criticable el cuestionamiento a la presencia de autoridades de gobierno en terreno y la participación en el debate cotidiano sobre la pertinencia y efectividad que están teniendo las políticas que el propio Ejecutivo está logrando en la práctica.
Resulta que la ausencia y el silencio del gobierno no son políticamente neutros. La oposición suele afirmar que lo que está haciendo la administración Bachelet es inefectivo, tardío o hasta perjudicial para los intereses ciudadanos.
Por cierto, si el gobierno permanece mudo, ha de ser porque no tiene argumentos para responder y, por lo tanto, avala con su silencio la visión unilateral de sus adversarios.
Lo menos que se pueda esperar un opositor, al afirmar que un gobierno está perjudicando los interés del país, es que se le conteste explicando cómo, cuándo y por qué se está implementando una política. Es lo que espera un ciudadano que quiere formarse un juicio propio, luego de escuchar los diversos puntos de vista en pugna.
Es más, también desde el oficialismo se puede emplazar a la oposición por lo que considera una actitud poco constructiva u obstruccionista frente a iniciativas que requieren tramitación parlamentaria.
Lo que resulta sorprendente es que se puedan encontrar parlamentarios opositores que se quejen por ser respondidos en sus acusaciones. Por supuesto, no es lo que esperaban ni lo que planificaron que ocurriera, pero ésa no es razón suficiente para confundir respuesta con agresión.
Mal que mal, la idea de concebir el período electoral como la contienda desigual entre gritones y mudos es decididamente absurda.


Condenados a dar la cara

Respecto de las salidas a terreno, el contrasentido es todavía más evidente. Y lo cierto es que hay que aspirar a un mínimo de coherencia entre lo que se afirma y lo que se hace. Si uno anuncia a los cuatro vientos que un gobierno ha fracasado, y que se requiere cambiarlo, no debería darle gran importancia a lo que éste haga o deje de hacer en el corto período que le queda.
La oposición debería ser la más interesada en conseguir que las autoridades del gobierno salgan de sus oficinas y den la cara, a lo largo de Chile, asumiendo sus desastrosos resultados en toda su magnitud y en terreno.
Pero si en vez de esto la oposición se indigna por la Presidenta y los ministros de norte a sur, entonces algo falla en lo que se declara.
Lo cierto es que tener a la Presidenta con mayor respaldo desde la recuperación de la democracia, es algo de importancia decisiva; que al gobierno lo apoye una amplia mayoría, importa; tener la mayoría de las figuras públicas más reconocidas, tiene su peso; que la administración de Bachelet se haya validado en el adecuado manejo de la crisis, resulta determinante.
Lo cierto es que Piñera ha sido alcanzado en las encuestas, que Frei lo supera en características de liderazgo que resultan ser clave y que, cuando se ha llegado a una especie de empate, lo que termina por romper este equilibrio inestable no son las figuras, sino el juego en equipo.
En los hechos, el discurso de la oposición ha ido cambiando sin variar en nada el comportamiento que exige del oficialismo. Hace un tiempo, la búsqueda del "desalojo" parecía casi doctrina oficial, y la crítica era muy intensa y nada de sutil.
A medida que las encuestas han ido arrojando un creciente apoyo a Bachelet y a sus colaboradores, la crítica despiadada fue cambiando hasta llegar a un evidenciado afán de validarse como un continuador esencial de las conquistas sociales y de la prosperidad de estos años.
Y esto es lo que define el rol político que puede y debe tener el gobierno en este período. Apegado al más estricto respeto a las normas éticas y democráticas, desde la Presidenta Bachelet hacia abajo, el gobierno puede llenar de contenido la decisión presidencial.
Bachelet puede presentar y hacer visibles los logros de su administración. Puede presentarlos como el éxito más reciente de los gobiernos de la Concertación. Puede pedir la continuidad y proyección de lo realizado.
Puede presentar a sus adversarios como lo que son: una opción diferente y, en su opinión, menos deseable. Puede decir que Frei representa lo que quiere para Chile. Puede desplegarse por el país dirigiendo al gobierno y mostrando lo que se ha hecho. No hay territorios censurados o vetados para la Presidenta, que lo es de toda la nación. La Presidenta puede pedir respaldo para su gestión y solicitar apoyo para quien la representa y es el candidato único de su coalición.
No puede hacer más, pero no ha de hacer menos. Nadie honradamente entendería que se actuara de otra forma. Si al gobierno y a sus autoridades les importa lo que han hecho y quieren su continuidad, lo menos que pueden hacer es decirlo. Si creyeran lo contrario, la Concertación ni siquiera debería haberse molestado en presentar candidato. Pero sí tiene candidato y sí importan las diferencias.
Por lo demás, lo que en política todos deben hacer es presentarse tal como son y mostrar sus cartas. Quienes deciden son los ciudadanos.
Víctor Maldonado

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